Un grupo de vecinos, contribuyentes y ciudadanos de San Pedro elaboraron una nota dirigida al intendente Cecilio Salazar y al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a una eventual cesión de inmuebles municipales como parte de un acuerdo para cancelar la deuda que el Municipio mantiene con Ashira S.A.

La presentación surge en el marco del convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y la empresa recolectora de residuos, mediante el cual se busca refinanciar una deuda superior a los 3.600 millones de pesos en un plan de pago de 90 cuotas.

Para entrar en vigencia, el acuerdo requiere la aprobación del Concejo Deliberante por mayoría especial de dos tercios, es decir, el voto favorable de 12 concejales.

En la nota, los firmantes sostienen que los bienes del patrimonio municipal "constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina", y advierten que utilizar tierras o inmuebles públicos para cancelar deudas corrientes "representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".

Además, consideran que la situación financiera de la comuna "no debe resolverse descapitalizando a San Pedro" y proponen que el Ejecutivo y el cuerpo legislativo busquen alternativas de financiamiento, planes de pago o mecanismos de reestructuración que eviten desprenderse de recursos inmobiliarios públicos.

Por ese motivo, solicitaron formalmente al intendente Cecilio Salazar que desista de cualquier iniciativa que implique la transferencia de bienes municipales y reclamaron al Concejo Deliberante que rechace un eventual proyecto de ordenanza destinado a convalidar esa posibilidad.

El planteo vecinal se conoce mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar el convenio con Ashira, firmado tras el conflicto que semanas atrás afectó la recolección de residuos debido a la demora en los pagos del Municipio a la empresa. Según informó el propio Gobierno, el acuerdo apunta a otorgar previsibilidad financiera para garantizar la continuidad del servicio, aunque comprometerá recursos municipales durante siete años y medio, alcanzando a tres gestiones de gobierno.

La propuesta del convenio incorpora un nuevo elemento al debate político que deberá darse en el Concejo Deliberante, donde no solo se analizarán las condiciones de refinanciación de la deuda, sino también las distintas alternativas para garantizar su cumplimiento sin afectar el patrimonio público municipal.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

San Pedro recibió al primer turista en el marco del convenio de promoción turística impulsado por la Rueda de Turismo Social y Sindical, la Dirección de Turismo de la Municipalidad y prestadores privados del distrito. 

El visitante fue alojado en el Hotel Howard Johnson, uno de los establecimientos que forman parte de esta propuesta destinada a fortalecer la actividad turística local.

La recepción estuvo encabezada por el concejal Martín Rivas y el gerente del hotel, Guido Novak, quienes dieron la bienvenida al huésped con una tradicional ensaimada mallorquina.

La iniciativa tiene como objetivo incorporar a San Pedro a nuevos circuitos de turismo social y sindical, promoviendo la llegada de visitantes durante todo el año y contribuyendo a reducir la estacionalidad de la actividad.

El convenio forma parte de una estrategia de promoción que busca consolidar vínculos con organizaciones sindicales de distintos puntos del país, ampliando la difusión de los atractivos de San Pedro y creando nuevas oportunidades para hoteles, comercios, prestadores de servicios y emprendedores locales.

Este sábado, San Pedro fue sede de la Segunda Reunión Federativa 2026 de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, un encuentro que reunió a autoridades y representantes de los cuarteles bonaerenses para analizar la actualidad del sistema y proyectar acciones de cara a los próximos desafíos.

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Normal, donde desde las primeras horas de la mañana fueron recibidos los integrantes de la Comisión Directiva de la Federación, presidentes de regiones, directores de sistemas y representantes del Fondo Federativo.

En esta oportunidad, la Región Norte y los Bomberos Voluntarios de San Pedro estuvieron a cargo de la organización y recepción de los participantes.

Durante el encuentro se debatieron distintas propuestas vinculadas al fortalecimiento institucional y operativo de los cuarteles, haciendo especial hincapié en la necesidad de prepararse ante escenarios de emergencia cada vez más complejos. Entre las preocupaciones planteadas figuró la posibilidad de incendios forestales de gran magnitud y eventuales catástrofes asociadas al fenómeno climático conocido como “Super Niño”, cuyas proyecciones contemplan precipitaciones superiores a los 300 milímetros e incluso eventos que podrían alcanzar los 500 milímetros acumulados.

Otro de los anuncios destacados fue el lanzamiento de una escuela de formación destinada a dirigentes de instituciones bomberiles. La iniciativa apuntó a fortalecer la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de administrar y conducir los cuarteles.

Asimismo, se avanzó en la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Argentina del Quemado, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas relacionadas con la prevención, atención y capacitación en situaciones vinculadas a quemaduras.

La cuestión económica también ocupó un lugar relevante en la agenda. Desde la Federación manifestaron su preocupación ante un proyecto que podría derivar en una reducción del 50 por ciento de los recursos presupuestarios destinados a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. Según advirtieron, un recorte de esa magnitud pondría en serio riesgo el sostenimiento operativo de las instituciones y el mantenimiento de las unidades móviles.

En contrapartida, las autoridades impulsaron otra iniciativa orientada a garantizar recursos acordes a los costos actuales que afrontan los más de 260 cuarteles bonaerenses. Los fondos estarían destinados principalmente a la adquisición de herramientas de rescate, equipamiento de protección ignífuga para el personal y al mantenimiento y renovación de la flota de vehículos de emergencia.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer el sistema provincial de bomberos voluntarios, considerado una pieza fundamental en la respuesta ante emergencias y catástrofes en todo el territorio bonaerense.

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Unsada) firmó un convenio con la Municipadlidad de San Pedro para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

La propuesta será gratuita, presencial en el Polo Universitario de Salta y Arnaldo, y contará con una duración de tres años.

Comenzará a dictarse durante el segundo cuatrimestre de este año, con inicio previsto para agosto.

La inscripción será online y próximamente se brindarán más detalles sobre el proceso para los interesados de San Pedro y la región.

Ell secretario académico de la Unsada, Walter Bonillo destacó que se trata de una carrera con amplia salida laboral y adelantó que quienes ya cuenten con experiencia o formación previa podrán presentar antecedentes para solicitar equivalencias.

Por su parte, el rector Jerónimo Ainchil valoró el trabajo conjunto con el Municipio y señaló que el objetivo es acercar nuevas propuestas educativas a la comunidad.

La Municipalidad anunció la firma de un convenio para gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de todo el partido.

Será con la Cooperativa Tecnorae y el objetivo es generar un  "sistema de gestión integral" para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

El secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias y el director de Ambiente, Gustavo Solá, recorrieron las instalaciones de la empresa, ubicadas en Pilar.

Los RAEEs son aquellos artefactos que funcionaron enchufados o con pilas, por ejemplo, computadoras, celulares, cables, y controles remotos, entre otros.

Desde el Gobierno remarcaron que es "fundamental" no tirar este tipo de artículos a la basura común, ya que "pueden dañar nuestra tierra y el agua que tomamos".

"A través de este convenio, no solo mitigamos riesgos ambientales y sanitarios, sino que impulsamos un modelo de economía circular", explicaron.

Además, consideraron que el manejo brindado por Tecnorae reducirá la "presión sobre los recursos naturales" y fomentará la sustentabilidad.

Anunciaron que, en los próximos días, lanzarán un cronograma de recolección especifico para este tipo de residuos, tanto para San Pedro, como para las localidades. 

El intendente Cecilio Salazar y el presidente del club América, Sandro Velasco, firmaron un acuerdo para regularizar el uso de una porción de terreno del camping que no estaba anexada en la ordenanza original pero que formaba parte de las instalaciones.

El convenio debe ser validado por el Concejo Deliberante, que sumará así ese espacio al concedido mediante ordenanza municipal sancionada en 2005 y cuyo vencimiento operará en 2035.

El club y el Municipio firmaron el acuerdo tras el conflicto que se desató cuando Matías Gómez, una persona a la que América le había otorgado la explotación del camping, rescindió el contrato pero anunció que no se iba a ir de ese sector.

Bien informado, Gómez le dijo a Velasco y al resto de la comisión directiva que esa porción de terreno por la que se accedía al camping desde calle Juan de Garay y lindera a la zona próxima al buque museo no formaba parte del predio cedido por ordenanza.

La situación motivó el reclamo de vecinos de América y hasta una denuncia penal. Tras una reunión con el intendente, los directivos del club se llevaron el compromiso de que Gómez se iría y de que esa porción de terreno sería anexada de manera formal.

La firma del convenio cumple la primera parte de ese compromiso, que ahora debe ser revalidado por el Concejo Deliberante para que quede firme. Mientras tanto, los miembros del club comenzaron a limpiar la zona para volver a poner en marcha el camping.

La cooperativa Las Canaletas tendrá concesión oficial del predio que ocupa en el barrio del mismo nombre, en la zona de Juan Ismael Giménez al 1600, cuando el Concejo Deliberante apruebe el convenio firmado con el Gobierno municipal.

La cooperativa fue fundada en la década del 60 con el apoyo de la Unesco y es un referente ineludible de la zona, con actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas y educativas, que tienen al camping y a la escuela de canotaje de la que surgió la atleta olímpica Brenda Rojas como principales.

El acuerdo implica una concesión por dos décadas, que empezarán a correr cuando el Concejo apruebe la ordenanza y el Gobierno la promulgue y publique en el Boletín Oficial correspondiente. Ese plazo, llegado el momento, podrá ser prorrogado.

La cooperativa debe mantener sus actividades sociales, educativas, culturales y comunitarias, "persiguiendo su objetivo específico", es decir lo que obra en sus estatutos, y no puede "ceder su uso a terceros ni cambiar el destino sin autorización expresa".

En el contrato quedó expresamente establecido que Las Canaletas no puede podar, extraer o producir cualquier tipo de daño a las especies arbóreas sin la autorización correspondiente por parte de la Municipalidad.

El Municipio podrá utilizar el predio para "eventos, reuniones, capacitaciones, charlas, actividades comunitarias o culturales, siempre y cuando ni interfieran de manera sustancial con el normal desarrollo" de las de la cooperativa.

Queda afuera del convenio el edificio donde funcionan el Centro de Salud del barrio y la FM La Correntada, uno en el primero piso y la otra en el segundo, según consta en el contrato.

El 1 de junio entró en vigencia el convenio que el Municipio de San Pedro firmó con el Instituto de Oncología Ángel Roffo para la derivación de pacientes con cáncer a ese hospital especializado.

Los pacientes oncológicos que sean atendidos en el Hospital local podrán ser derivados al Roffo, de acuerdo a lo que establezcan los médicos. 

El acuerdo implica que desde San Pedro podrán derivar pacientes "en el momento en el que lo considera acertado".

En el Instituto ubicado en Buenos Aires, primer establecimiento oncológico de América Latina, los pacientes sampedrinos derivados serán atendidos sin que se les cobre ningún tipo de coseguro o arancel.

Incluye estudios de alta complejidad, internaciones clínicas, cirugías y todo tipo de prácticas médicas que se prestan en el Roffo.

Al momento de apertura de la historia clínica del pacientes, el Instituto de Oncología solicitará la documentación y el Hospital local completará una planilla de derivación, de manera tal que el beneficiario tome conocimiento del inicio del tratamiento y dé su consentimiento.

El convenio tendrá vigencia hasta que alguna de las partes decida rescindirlo. El Roffo facturará sus prestaciones cada 30 días y el Municipio tendrá un máximo de 45 para saldar lo facturado, plazo tras el que comenzarán a correr intereses del 30 % mensual.

El Gobierno local podrá realizar auditorías en terreno para garantizar la calidad de la atención de los pacientes, supervisar tratamientos y procedimientos indicados durante la internación. 

El Instituto de Oncología Ángel Roffo es un prestigioso hospital especializado en patologías oncológicas que depende de la Universidad de Buenos Aires. 

El convenio que el Municipio firmó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que ese organismo utilice el predio de la exdepuradora para construir oficinas vence en dos meses y todo indica que el edificio volverá a manos del Estado local.

El Gobierno nacional tenía dos años para comenzar la obra desde la sanción de la ordenanzas y ese plazo se cumple el 16 de agosto. Hasta el momento, nunca ingresó proyecto alguno al Ejecutivo.

Ni en los casi cuatro meses del tramo final del mandato de Alberto Fernández ni en el año y medio que lleva Javier Milei hubo movimiento alguno para iniciar el expediente de obra, que implicaría ponerle fin a la desidia en el predio.

El convenio indicaba que Senasa se comprometía a presentar el proyecto. Pero también indicaba que se produciría la "caducidad automática de todos los derechos concedidos" si la obra no comenzaba antes de los dos años del convenio, que fue firmado en abril pero convalidado en el Concejo en agosto.

El acuerdo era por 20 años, con opción a renovación por otros diez, y por todo el lote ubicado en Rómulo Naón, entre Oliveira Cézar e Hipólito Yrigoyen, una superficie de 300 metros cuadrados.

El convenio fue firmado para la construcción de oficinas para el funcionamiento de Senasa, organismo que se comprometía a limpiar y conservar el predio, controlarlo y mantenerlo, pagar los servicios y correr con todo gasto que implicara el adecuado mantenimiento.

Sin proyecto presentado ni plan de obra a la vista por parte de un Gobierno nacional que no sólo no puso en marcha obra pública alguna sino que hasta detuvo las que estaban en ejecución, el Municipio estará listo en dos meses para recuperar el control absoluto sobre la exdepuradora.

Mientras tanto, el predio es tapera y cada tanto es objeto de intervención de Bomberos porque producen incendios en su interior. Incluso hubo denuncias de vecinos que fueron víctimas de robo de grupos que se juntan de noche en el lugar.

El convenio de colaboración entre el Municipio y la organización internacional FamilySearch para la digitalización de los archivos históricos del cementerio, es un paso hacia la preservación de la documentación que existe en este lugar desde 1886.

“¿Qué nos pasa hoy en el cementerio? Primero que los libros están destrozados por el abandono que tienen, la humedad, el moho y, entonces, a veces se nos hace muy difícil la búsqueda”, dijo a La Opinión el subsecretario de Obras Públicas, Adrián Devito.

“Tenemos las primeras inhumaciones en 1886 y hasta 2024. Eso es lo que se va a digitalizar”, contó Devito, que hasta hace pocos meses atrás estaba a cargo de la necrópolis.

“La primera parte, que es lo que se va a hacer ahora, va a llevar más o menos unas dos semanas. La tarea consistirá en sacar fotos a todos los libros de los ingresos de las inhumaciones que tenemos. Luego llegarán las digitalizaciones, cuyas imágenes serán enviadas al Municipio”, continuó.

El material existente solamente está alfabetizado desde 1937, lo cual facilita hallar nombres. El problema que se presenta es hacia atrás. Aquí ya no existe un orden por fecha, ni por apellidos. La búsqueda es por día, lo cual genera una demora importante. “Lleva tiempo hacerlo, más con el trabajo diario que existe. Vi que a esas cosas había que resguardarlas y por un motivo u otro no se podía concretar”, acotó Devito, promotor de esta iniciativa y a su vez el gestor de la llegada de FamilySearch a San Pedro.

“Esto nos va a facilitar tener todos los datos guardados y preservados para siempre. Y el trabajo del cementerio será mucho más ágil”, rescató. “A nosotros nos escribe gente de España, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etc., que se comunican para pedirnos datos por el tema de la ciudadanía. Con el nuevo sistema digitalizado las consultas también se podrán hacer directamente con FamilySearch, que van a cargar en su página de internet estos datos y se podrá consultar desde cualquier parte del mundo”, concluyó.

La Municipalidad y Osprera acordaron regularizar la deuda que la obra social mantiene por la prestación de servicios en el Hospital Subzonal San Pedro.

El convenio fue suscripto con la intervención que en estos momentos administra Osprera, y asegura la continuidad de las prestaciones médicas que generaron una situación deficitaria a la salud pública.

La deuda alcanza los $ 171.455.910,31. De estos, Osprera ya efectuó el primer desembolso por $ 99 millones.

El monto corresponde a los años 2022, 2023 y parte de 2024. No obstante, desde el Municipio aclararon que en ningún momento se interrumpieron las prestaciones. En el sector privado no sucedió lo mismo y en las oficinas de la obra social, las dificultades fueron denunciadas por distintos pacientes.

El resto de la deuda será abonada en tres pagos mensuales de más de $ 14 millones durante febrero, marzo y abril, totalizando aproximadamente 144 millones de pesos. 

En cuanto al saldo de $ 30 millones, será auditado en conjunto con las prestaciones actuales brindadas desde el Hospital, que serán abonadas una vez finalizado dicho proceso.

La ocasión resultó propicia para que el Departamento Ejecutivo anuncie que “estos fondos permitirán avanzar con el inicio de la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital, mejorando así la infraestructura del nosocomio”.

Tras varias semanas de entrenamiento administrativo y espera para la firma del acuerdo anunciado por las autoridades del Instituto de Obra Médica Asistencial, el hospital privado confirmó que hay pleno funcionamiento de todas las prestaciones contratadas.

“Empezamos hace varios días para que los pacientes tuvieran una buena atención porque al principio cuando se anunció comenzaron a venir y no teníamos terminado todo lo administrativo”, aclaró Gastón Vitale a La Opinión y frente a las múltiples consultas que se recibían a diario porque algunas personas que leyeron la noticia creyeron que desde el primer día estaban funcionando.

Los cerca de catorce mil afiliados que tiene la obra social en nuestra ciudad ya han accedido a turnos y especialidades sin necesidad de autorizaciones por fuera de ese centro sanitario. En Junio, la visita de las autoridades de la obra social con Homero Giles a la cabeza, recorrieron todas las instalaciones para celebrar el acuerdo que luego se transformó en convenio.

Respecto a los servicios con los que cuentan policías, docentes, auxiliares, empleados municipales que pertenecen al Ioma la respuesta del Director del Hospital SADIV, fue: “Acá está el sanatorio completo a disposición con todos los servicios activos. Las 66 camas, la unidad de terapia intensiva, hemodinamia, guardia, internación, todo“, indicó y luego remarcó “pediatría, porque pediatría es muy importante. Estimamos que en marzo vamos a tener neonatología y maternidad activa”.

Afiliados al Instituto de Obra Médica Asistencial se quejan a diario porque llegan al hospital privado y no encuentran respuestas acordes a los anuncios que los responsables de la obra social que nuclea a policías, docentes, auxiliares, trabajadores municipales y personal de toda la Provincia de Buenos Aires formuló hace varias semanas cuando visitaron el establecimiento.

El propio Homero Giles estuvo en San Pedro y luego difundió en toda la región el acuerdo con las autoridades de el Hospital Sadiv. Diagnóstico por imágenes, terapia intensiva, internación, consultorios y especialistas deberían haber comenzado a prestar servicios a los casi catorce mil afiliados locales y a los miles que no cuentan con alta complejidad en Bardero, Ramallo, Arrecifes y otras localidades que no cuentan con cobertura adecuada.

De hecho algunos municipios que derogaron el decreto que obliga a los municipales a adherir a Ioma lograron acuerdos con empresas de medicina prepaga y terminaron con demandas judiciales y hasta debates públicos que nunca terminan de solucionar las vicisitudes de los pacientes.

Hay reticencia a brindar explicaciones por temor a que se cancele la posibilidad de un acuerdo que beneficiaría a toda la región y haría decrecer la demanda en los hospitales públicos. En tiempos de campaña electoral también es difícil lograr que el trámite administrativo se concrete en un convenio que permita la facturación al IOMA.

La Opinión consultó a los responsables de SADIV: “estamos esperando que se firme el convenio porque solo hay un acta acuerdo. Hasta el momento no podemos atender porque el acta acuerdo no es un convenio”, señalaron. “Creemos que es inminente y tal vez tengamos novedades pronto”, agregaron.