La Municipalidad anunció la firma de un convenio para gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de todo el partido.

Será con la Cooperativa Tecnorae y el objetivo es generar un  "sistema de gestión integral" para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

El secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias y el director de Ambiente, Gustavo Solá, recorrieron las instalaciones de la empresa, ubicadas en Pilar.

Los RAEEs son aquellos artefactos que funcionaron enchufados o con pilas, por ejemplo, computadoras, celulares, cables, y controles remotos, entre otros.

Desde el Gobierno remarcaron que es "fundamental" no tirar este tipo de artículos a la basura común, ya que "pueden dañar nuestra tierra y el agua que tomamos".

"A través de este convenio, no solo mitigamos riesgos ambientales y sanitarios, sino que impulsamos un modelo de economía circular", explicaron.

Además, consideraron que el manejo brindado por Tecnorae reducirá la "presión sobre los recursos naturales" y fomentará la sustentabilidad.

Anunciaron que, en los próximos días, lanzarán un cronograma de recolección especifico para este tipo de residuos, tanto para San Pedro, como para las localidades. 

El intendente Cecilio Salazar y el presidente del club América, Sandro Velasco, firmaron un acuerdo para regularizar el uso de una porción de terreno del camping que no estaba anexada en la ordenanza original pero que formaba parte de las instalaciones.

El convenio debe ser validado por el Concejo Deliberante, que sumará así ese espacio al concedido mediante ordenanza municipal sancionada en 2005 y cuyo vencimiento operará en 2035.

El club y el Municipio firmaron el acuerdo tras el conflicto que se desató cuando Matías Gómez, una persona a la que América le había otorgado la explotación del camping, rescindió el contrato pero anunció que no se iba a ir de ese sector.

Bien informado, Gómez le dijo a Velasco y al resto de la comisión directiva que esa porción de terreno por la que se accedía al camping desde calle Juan de Garay y lindera a la zona próxima al buque museo no formaba parte del predio cedido por ordenanza.

La situación motivó el reclamo de vecinos de América y hasta una denuncia penal. Tras una reunión con el intendente, los directivos del club se llevaron el compromiso de que Gómez se iría y de que esa porción de terreno sería anexada de manera formal.

La firma del convenio cumple la primera parte de ese compromiso, que ahora debe ser revalidado por el Concejo Deliberante para que quede firme. Mientras tanto, los miembros del club comenzaron a limpiar la zona para volver a poner en marcha el camping.

La cooperativa Las Canaletas tendrá concesión oficial del predio que ocupa en el barrio del mismo nombre, en la zona de Juan Ismael Giménez al 1600, cuando el Concejo Deliberante apruebe el convenio firmado con el Gobierno municipal.

La cooperativa fue fundada en la década del 60 con el apoyo de la Unesco y es un referente ineludible de la zona, con actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas y educativas, que tienen al camping y a la escuela de canotaje de la que surgió la atleta olímpica Brenda Rojas como principales.

El acuerdo implica una concesión por dos décadas, que empezarán a correr cuando el Concejo apruebe la ordenanza y el Gobierno la promulgue y publique en el Boletín Oficial correspondiente. Ese plazo, llegado el momento, podrá ser prorrogado.

La cooperativa debe mantener sus actividades sociales, educativas, culturales y comunitarias, "persiguiendo su objetivo específico", es decir lo que obra en sus estatutos, y no puede "ceder su uso a terceros ni cambiar el destino sin autorización expresa".

En el contrato quedó expresamente establecido que Las Canaletas no puede podar, extraer o producir cualquier tipo de daño a las especies arbóreas sin la autorización correspondiente por parte de la Municipalidad.

El Municipio podrá utilizar el predio para "eventos, reuniones, capacitaciones, charlas, actividades comunitarias o culturales, siempre y cuando ni interfieran de manera sustancial con el normal desarrollo" de las de la cooperativa.

Queda afuera del convenio el edificio donde funcionan el Centro de Salud del barrio y la FM La Correntada, uno en el primero piso y la otra en el segundo, según consta en el contrato.

El 1 de junio entró en vigencia el convenio que el Municipio de San Pedro firmó con el Instituto de Oncología Ángel Roffo para la derivación de pacientes con cáncer a ese hospital especializado.

Los pacientes oncológicos que sean atendidos en el Hospital local podrán ser derivados al Roffo, de acuerdo a lo que establezcan los médicos. 

El acuerdo implica que desde San Pedro podrán derivar pacientes "en el momento en el que lo considera acertado".

En el Instituto ubicado en Buenos Aires, primer establecimiento oncológico de América Latina, los pacientes sampedrinos derivados serán atendidos sin que se les cobre ningún tipo de coseguro o arancel.

Incluye estudios de alta complejidad, internaciones clínicas, cirugías y todo tipo de prácticas médicas que se prestan en el Roffo.

Al momento de apertura de la historia clínica del pacientes, el Instituto de Oncología solicitará la documentación y el Hospital local completará una planilla de derivación, de manera tal que el beneficiario tome conocimiento del inicio del tratamiento y dé su consentimiento.

El convenio tendrá vigencia hasta que alguna de las partes decida rescindirlo. El Roffo facturará sus prestaciones cada 30 días y el Municipio tendrá un máximo de 45 para saldar lo facturado, plazo tras el que comenzarán a correr intereses del 30 % mensual.

El Gobierno local podrá realizar auditorías en terreno para garantizar la calidad de la atención de los pacientes, supervisar tratamientos y procedimientos indicados durante la internación. 

El Instituto de Oncología Ángel Roffo es un prestigioso hospital especializado en patologías oncológicas que depende de la Universidad de Buenos Aires. 

El convenio que el Municipio firmó con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que ese organismo utilice el predio de la exdepuradora para construir oficinas vence en dos meses y todo indica que el edificio volverá a manos del Estado local.

El Gobierno nacional tenía dos años para comenzar la obra desde la sanción de la ordenanzas y ese plazo se cumple el 16 de agosto. Hasta el momento, nunca ingresó proyecto alguno al Ejecutivo.

Ni en los casi cuatro meses del tramo final del mandato de Alberto Fernández ni en el año y medio que lleva Javier Milei hubo movimiento alguno para iniciar el expediente de obra, que implicaría ponerle fin a la desidia en el predio.

El convenio indicaba que Senasa se comprometía a presentar el proyecto. Pero también indicaba que se produciría la "caducidad automática de todos los derechos concedidos" si la obra no comenzaba antes de los dos años del convenio, que fue firmado en abril pero convalidado en el Concejo en agosto.

El acuerdo era por 20 años, con opción a renovación por otros diez, y por todo el lote ubicado en Rómulo Naón, entre Oliveira Cézar e Hipólito Yrigoyen, una superficie de 300 metros cuadrados.

El convenio fue firmado para la construcción de oficinas para el funcionamiento de Senasa, organismo que se comprometía a limpiar y conservar el predio, controlarlo y mantenerlo, pagar los servicios y correr con todo gasto que implicara el adecuado mantenimiento.

Sin proyecto presentado ni plan de obra a la vista por parte de un Gobierno nacional que no sólo no puso en marcha obra pública alguna sino que hasta detuvo las que estaban en ejecución, el Municipio estará listo en dos meses para recuperar el control absoluto sobre la exdepuradora.

Mientras tanto, el predio es tapera y cada tanto es objeto de intervención de Bomberos porque producen incendios en su interior. Incluso hubo denuncias de vecinos que fueron víctimas de robo de grupos que se juntan de noche en el lugar.

El convenio de colaboración entre el Municipio y la organización internacional FamilySearch para la digitalización de los archivos históricos del cementerio, es un paso hacia la preservación de la documentación que existe en este lugar desde 1886.

“¿Qué nos pasa hoy en el cementerio? Primero que los libros están destrozados por el abandono que tienen, la humedad, el moho y, entonces, a veces se nos hace muy difícil la búsqueda”, dijo a La Opinión el subsecretario de Obras Públicas, Adrián Devito.

“Tenemos las primeras inhumaciones en 1886 y hasta 2024. Eso es lo que se va a digitalizar”, contó Devito, que hasta hace pocos meses atrás estaba a cargo de la necrópolis.

“La primera parte, que es lo que se va a hacer ahora, va a llevar más o menos unas dos semanas. La tarea consistirá en sacar fotos a todos los libros de los ingresos de las inhumaciones que tenemos. Luego llegarán las digitalizaciones, cuyas imágenes serán enviadas al Municipio”, continuó.

El material existente solamente está alfabetizado desde 1937, lo cual facilita hallar nombres. El problema que se presenta es hacia atrás. Aquí ya no existe un orden por fecha, ni por apellidos. La búsqueda es por día, lo cual genera una demora importante. “Lleva tiempo hacerlo, más con el trabajo diario que existe. Vi que a esas cosas había que resguardarlas y por un motivo u otro no se podía concretar”, acotó Devito, promotor de esta iniciativa y a su vez el gestor de la llegada de FamilySearch a San Pedro.

“Esto nos va a facilitar tener todos los datos guardados y preservados para siempre. Y el trabajo del cementerio será mucho más ágil”, rescató. “A nosotros nos escribe gente de España, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etc., que se comunican para pedirnos datos por el tema de la ciudadanía. Con el nuevo sistema digitalizado las consultas también se podrán hacer directamente con FamilySearch, que van a cargar en su página de internet estos datos y se podrá consultar desde cualquier parte del mundo”, concluyó.

La Municipalidad y Osprera acordaron regularizar la deuda que la obra social mantiene por la prestación de servicios en el Hospital Subzonal San Pedro.

El convenio fue suscripto con la intervención que en estos momentos administra Osprera, y asegura la continuidad de las prestaciones médicas que generaron una situación deficitaria a la salud pública.

La deuda alcanza los $ 171.455.910,31. De estos, Osprera ya efectuó el primer desembolso por $ 99 millones.

El monto corresponde a los años 2022, 2023 y parte de 2024. No obstante, desde el Municipio aclararon que en ningún momento se interrumpieron las prestaciones. En el sector privado no sucedió lo mismo y en las oficinas de la obra social, las dificultades fueron denunciadas por distintos pacientes.

El resto de la deuda será abonada en tres pagos mensuales de más de $ 14 millones durante febrero, marzo y abril, totalizando aproximadamente 144 millones de pesos. 

En cuanto al saldo de $ 30 millones, será auditado en conjunto con las prestaciones actuales brindadas desde el Hospital, que serán abonadas una vez finalizado dicho proceso.

La ocasión resultó propicia para que el Departamento Ejecutivo anuncie que “estos fondos permitirán avanzar con el inicio de la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital, mejorando así la infraestructura del nosocomio”.

Tras varias semanas de entrenamiento administrativo y espera para la firma del acuerdo anunciado por las autoridades del Instituto de Obra Médica Asistencial, el hospital privado confirmó que hay pleno funcionamiento de todas las prestaciones contratadas.

“Empezamos hace varios días para que los pacientes tuvieran una buena atención porque al principio cuando se anunció comenzaron a venir y no teníamos terminado todo lo administrativo”, aclaró Gastón Vitale a La Opinión y frente a las múltiples consultas que se recibían a diario porque algunas personas que leyeron la noticia creyeron que desde el primer día estaban funcionando.

Los cerca de catorce mil afiliados que tiene la obra social en nuestra ciudad ya han accedido a turnos y especialidades sin necesidad de autorizaciones por fuera de ese centro sanitario. En Junio, la visita de las autoridades de la obra social con Homero Giles a la cabeza, recorrieron todas las instalaciones para celebrar el acuerdo que luego se transformó en convenio.

Respecto a los servicios con los que cuentan policías, docentes, auxiliares, empleados municipales que pertenecen al Ioma la respuesta del Director del Hospital SADIV, fue: “Acá está el sanatorio completo a disposición con todos los servicios activos. Las 66 camas, la unidad de terapia intensiva, hemodinamia, guardia, internación, todo“, indicó y luego remarcó “pediatría, porque pediatría es muy importante. Estimamos que en marzo vamos a tener neonatología y maternidad activa”.

Afiliados al Instituto de Obra Médica Asistencial se quejan a diario porque llegan al hospital privado y no encuentran respuestas acordes a los anuncios que los responsables de la obra social que nuclea a policías, docentes, auxiliares, trabajadores municipales y personal de toda la Provincia de Buenos Aires formuló hace varias semanas cuando visitaron el establecimiento.

El propio Homero Giles estuvo en San Pedro y luego difundió en toda la región el acuerdo con las autoridades de el Hospital Sadiv. Diagnóstico por imágenes, terapia intensiva, internación, consultorios y especialistas deberían haber comenzado a prestar servicios a los casi catorce mil afiliados locales y a los miles que no cuentan con alta complejidad en Bardero, Ramallo, Arrecifes y otras localidades que no cuentan con cobertura adecuada.

De hecho algunos municipios que derogaron el decreto que obliga a los municipales a adherir a Ioma lograron acuerdos con empresas de medicina prepaga y terminaron con demandas judiciales y hasta debates públicos que nunca terminan de solucionar las vicisitudes de los pacientes.

Hay reticencia a brindar explicaciones por temor a que se cancele la posibilidad de un acuerdo que beneficiaría a toda la región y haría decrecer la demanda en los hospitales públicos. En tiempos de campaña electoral también es difícil lograr que el trámite administrativo se concrete en un convenio que permita la facturación al IOMA.

La Opinión consultó a los responsables de SADIV: “estamos esperando que se firme el convenio porque solo hay un acta acuerdo. Hasta el momento no podemos atender porque el acta acuerdo no es un convenio”, señalaron. “Creemos que es inminente y tal vez tengamos novedades pronto”, agregaron.