El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno evalúe, previa consulta a los organismos de contralor y a la Asesoría General de Gobierno, “la viabilidad de la contratación con la empresa Cecaitra y las posibles irregularidades en su funcionamiento”.

Los ediles radicales propusieron analizar la rescisión contractual del convenio suscripto con la firma. El expediente será tratado sobre tablas en sesión y, como ante cada cosa que se presenta relacionada con el tema, habrá que ver si el oficialismo está dispuesto a acompañar.

En la sesión también será tratado el pedido de informe que elevó el concejal Mauro de Rosa, presentado en abril de este año. Ese expediente, sin embargo, será enviado a archivo porque el edil consideró que sus inquietudes ya fueron respondidas en las reuniones que hubo con funcionarios del gabinete.

Así, una de las grandes tareas que tienen los concejales como representantes de la sociedad quedó vacía de contenido: hicieron un pedido de informe, lo mandaron a comisión y ahora lo archivan porque ya obtuvieron respuestas.

Todo ello sin que la comunidad pueda tener conocimiento de los pormenores, más allá de la tarea periodística de este medio, que publicó notas sobre las reuniones con los miembros del Ejecutivo.

La iniciativa radical también se origina en la adjudicación para la prestación del “Servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial”. Es decir las fotomultas.

La ordenanza fue sancionada en agosto de 2024, pero en los meses posteriores surgieron diversos cuestionamientos a la empresa. El bloque detalló el allanamiento la sede de Cecaitra, en el marco de una “causa por presuntas irregularidades en facturación sin la debida autorización legal”.

También las derivaciones políticas que tuvo el caso, que motivó la renuncia del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por la presunta implicancia de su pareja, la concejal y presidenta del HCD de Pilar, Claudia Pombo, señalada por “el direccionamiento de fotomultas a un grupo de gestores que ofrecían descuentos indebidos cuyos fondos no ingresaban a las arcas públicas”.

Otros argumentos refieren a las actuaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el intendente de Tigre, “por haber concedido el servicio de fotomultas a Cecaitra”.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina está liderada por Bernardino García y su hijo Mariano García, quienes se alternan en la presidencia. 

Figura como asociación civil sin fines de lucro, Cecaitra no tributa IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, y opera como prestadora de servicios de fotomultas en diversos municipios, incluso sin licitaciones o mediante contratos directos, según advirtió el Tribunal de Cuentas. 

“Es una cámara empresarial que actúa de hecho como concesionaria del servicio de fotomultas, operando radares, procesando infracciones y cobrando multas, pero legalmente no lo es”, fundamentaron desde la UCR.

El de María Mamani es un caso testigo de un sistema que en desde hace mucho tiempo abunda en los municipios bonaerenses y que somete a una gran cantidad de personas a la precarización laboral.

Son hombres y mujeres que cumplen tareas en el ámbito estatal con magros haberes, obligados a cubrir horas diarias sin una remuneración que contemple las normas de trabajo, sin aportes previsionales y sin la cobertura de una obra social.

En el Municipio de San Pedro existen cientos —entre los sindicatos hablan de entre 300 y 400— que perciben entre 80 y 150 mil pesos por mes, aproximadamente, y que están diseminados en diferentes áreas. 

Algunos de ellos llevan muchos años en esta condición. Todos ingresaron con la esperanza de ser incorporados formalmente en la planta de personal. Muchos lo lograron, otros esperan desde hace años que les cumplan la promesa que les hacen ante cada campaña.

Son contratados vía programas que se alimentan de fondos provinciales como el de "Asistencia Económica a Familias en Situación de Exclusión Social con Contraprestación de Tareas”. 

Se trata de los famosos “decretos”, una ayuda social que en muchas ciudades, como en San Pedro, se convirtió en el primer escalón del empleo municipal.

María Mamani lleva más de 17 años vinculada a la Municipalidad. En la actualidad está asignada por el Gobierno como aporte para el Museo Paleontológico.

En Sin Galera narró que su vinculación comenzó cuando su amiga Marisa Corvalán (exdirectora de Turismo) la convocó para el Museo Histórico Fray José María Bottaro. 

Contó que trabajó “dos años, siendo la Comisión que presidía el exintendente Eduardo Donatti" quien le pagab”, para después quedar bajo la órbita municipal vía la figura del “decreto”.

Llegó a hablar con el entonces jefe de Personal, Juan José Kasta —en la época de Pablo Guacone—, quien le indicó que no había cupo para entrar al Municipio. Luego se desempeñó en el Paseo de los Túneles durante siete años, tarea que compartía en simultáneo en el Jardín de Infantes Santos Quirós. 

"Comencé a mandar notas al Municipio, reclamando a María José Mora, de quien nunca obtuve una respuesta. Luego a Marcela Cuñer, cuando era secretaria de Turismo, y nada”, contó.

María siempre estuvo en los museos, entre ellos en el histórico de Vuelta de Obligado. "Iba con mi autito”, expresó y aseguró: “Siempre trabajé”.

En julio cumplirá ocho años en el Museo Paleontológico. “Pese a las notas nunca me dijeron que no me querían. Entiendo que cada sector tiene su personal, pero no molesto a nadie y nunca fui una persona conflictiva”, describió.

“Ahora cobro 94 mil pesos yendo los días martes, viernes, sábado, domingo y feriados al Museo. Pero no tengo mutual, no me voy a jubilar, vivo con mi hijo que hace changas. Y uno se va poniendo viejo y necesita de medicamentos”, manifestó.

“La última nota que le envié al señor Cecilio (Salazar) le pedí que me diga que nunca voy a entrar al Municipio. Quiero que me digan que nunca voy a entrar, para saber qué hago, porque hoy mi situación económica se complicó”, agregó.

Mientras tanto, María Mamani, que es guía de turismo, vende tortas y otras exquisiteces para sostenerse en medio de un contexto complejo.

Su caso ilustra el de muchos que, a regañadientes, por su precariedad laboral son sometidos a la subsistencia diaria. “Para el Municipio no existo. Y lo que me duele es que no me reconozcan”, concluyó.

El Gobierno municipal abrió los sobres de la licitación para contratar personal de seguridad privada en el cementerio local, una demanda de los vecinos que asisten asiduamente a la necrópolis local a raíz de robos y hechos de vandalismo que se incrementaron durante los meses de pandemia.

Una sola empresa presentó oferta para hacerse cargo del servicio, por lo que la adjudicación deberá hacerse ad referendum del Concejo Deliberante, donde el Ejecutivo enviará el proyecto de ordenanza correspondiente para convalidar la contratación.

Riesgo Cero es la empresa que se presentó a la licitación y que prestará el servicio de seguridad privada en el Cementerio. En el Gobierno ya trabajan en el contrato para que comiencen a desempeñar tareas una vez que el Concejo haya prestado consentimiento.

Los concejales sesionarán el jueves próximo y el Ejecutivo tiene intenciones de que el contrato sea convalidado en esa sesión, por lo que deberán acordar tratarlo sobre tablas sin que pase por las comisiones correspondientes para su análisis.

Además de contratar seguridad privada, el intendente decidió sumar a un funcionario político para coordinar el Cementerio local y, como adelantó en exclusiva La Opinión, el elegido es el exconcejal Américo “Cacho” Quintana.