*Por Javier Silva

Se dice que el rey Pirro, tras ganar una batalla que lo dejó al borde del colapso, pronunció una frase inmortal: “Otra victoria como ésta y estaremos perdidos”.Desde entonces, una victoria pírrica es ese triunfo que, por su costo, destruye al propio vencedor. 

La analogía no es casual. El proyecto de ordenanza que busca prohibir al Municipio de San Pedro incorporar personal durante cuatro años, bajo cualquier modalidad, impulsado por concejales opositores al Departamento Ejecutivo, pretende mostrarse como un gesto de austeridad y responsabilidad fiscal.

Sin embargo, su efecto real podría convertirse en una de esas victorias que no conviene celebrar: una medida que, en nombre del “orden”, deja al Estado sin capacidad de funcionar y al borde de la ilegalidad.

Porque detrás del eslogan aparece el problema de fondo: la iniciativa choca con la legislación vigente, altera el equilibrio institucional, afecta servicios esenciales y abre la puerta a nulidades y conflictos jurídicos inevitables.

La redacción del proyecto, además, deja entrever cierta inmadurez normativa, producto quizá de un entusiasmo que no siempre va acompañado de una comprensión acabada del marco legal.

Es el tipo de iniciativa que suele surgir cuando el ímpetu político llega más rápido que la experiencia en la administración pública. El resultado es una ordenanza que pretende ordenar lo que todavía no se ha terminado de entender.

Y aquí es donde aparece la verdadera dimensión política del asunto: la oposición podría “ganar” la votación, pero el costo institucional, jurídico y operativo sería tan alto que esa victoria terminaría volviéndose en su contra.

La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) define con claridad las funciones dentro del Estado municipal.

El artículo 107 establece que:

“La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo.”

Y el artículo 108 inciso 9 agrega:

“Corresponde al Departamento Ejecutivo nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los empleados del Departamento Ejecutivo, con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal.”

Esto significa que:

✔ El Concejo Deliberante puede dictar normas generales: concursos, límites presupuestarios, estatutos, requisitos.✘ Pero no puede anular la facultad misma del intendente de designar personal.

Una prohibición absoluta de contratar —durante cuatro años y sin excepción más que algunos profesionales de la salud— invade directamente una competencia exclusiva del Ejecutivo, violando el reparto institucional que fija la Ley Orgánica.

El marco provincial del empleo municipal refuerza esa interpretación.

La Ley 14.656 y su Decreto Reglamentario 784/16 son claros:el acto de designación de personal solo puede ser emitido por el Departamento Ejecutivo (o por el mismo Concejo respecto de su propia planta).

Por eso, una ordenanza que prohiba contratar durante cuatro años no regula:invade, anula y altera una función ejecutiva reconocida por ley.

El artículo 1 del proyecto establece:

“Se prohíbe la incorporación de nuevos trabajadores al Municipio de San Pedro (…) por el plazo de cuatro (4) años.”

En ese período, el Municipio no podría:

La excepción prevista —solo para algunos profesionales de la salud y bajo estrictas condiciones— es a todas luces insuficiente.

El resultado sería una parálisis operativa y una sobrecarga estructural para los trabajadores actuales.

La prohibición absoluta plantea, además, problemas legales serios:

1. Nulidad por invasión de competencias

Al impedir al Ejecutivo ejercer una función propia, la ordenanza sería prima facie nula, violando el art. 108 inc. 9 de la LOM.

2. Incompatibilidad con la Ley 14.656

El decreto 784/16 exige que la designación de personal sea un acto del Ejecutivo.La ordenanza impide ese acto: contradicción plena.

3. Judicialización

Sindicatos, empleados municipales o el propio Ejecutivo podrían impugnar la norma, generando litigios y medidas cautelares que afectarían la gestión.

4. Conflicto institucional

El Concejo asumiría un rol operativo que la normativa no le reconoce, condicionando a esta y a la próxima gestión.

El Concejo Deliberante cuenta con herramientas legales para ordenar el gasto en personal:

Estas técnicas son válidas, razonables y constitucionalmente aceptables.Pero ninguna de ellas implica prohibir al Intendente designar personal.

Un congelamiento puede discutirse; una prohibición absoluta es, lisa y llanamente, inconstitucional a nivel municipal.

La duración —cuatro años— agrava el problema. La ordenanza condicionaría no solo a la gestión actual, sino a la próxima, restringiendo su capacidad mínima de gobernabilidad y violando la lógica democrática de alternancia.

Un Estado que no puede reemplazar a sus trabajadores esenciales deja de ser eficiente: se vuelve vulnerable.

El debate sobre el empleo público es legítimo y necesario. Pero una ordenanza que prohíbe por completo contratar personal:

Ordenar el Estado es indispensable. Pero ningún Estado se ordena paralizándolo.

Como diría el rey Pirro, una victoria así —aunque se proclame con entusiasmo— terminaría costándonos demasiado.

*El autor es abogado, exsecretario de Gobierno y exsecretario de Obras Públicas de la Municpalidad de San Pedro.

Los concejales que representan al Gobierno nacional de Javier Milei en San Pedro proponen prohibir al Municipio la contratación de trabajadores de cualquier tipo por cuatro años.

Los ediles Joaquín González y Melina Panatteri, del bloque Alianza La Libertad Avanza, elevaron el expediente para que sea debatido en las comisiones pertinentes cuando le den ingreso formal, lo que podría ocurrir en alguna sesión extraordinaria durante el verano o bien después del 1 de marzo.

El plan es establecer la prohibición de incorporar personal permanente, temporario, jornalizado o contratado a través de locación de servicios o programas especiales, con excepción de profesionales de la salud "cuando resulten estrictamente necesarios".

Aun así, el proyecto de ordenanza tiene un artículo que, así como está redactado, habilitaría al Ejecutivo a contratar de todas maneras cualquier tipo de trabajador, aunque podrá mejorarse la técnica legislativa para que quede claro que acaso se refiere al artículo anterior, que se extiende sobre los médicos, exceptuados de la prohibición. Bastaría con un “las excepciones a las que refiere el artículo 2”.

El apartado habla de la posibilidad de “excepciones” que estén "debidamente fundadas, con informe previo y expreso de impacto presupuestario, suscripto por el área competente" del Ejecutivo, lo que coincide con la modalidad habitual que tienen los expedientes de contratación.

Toda incorporación de personal se produce con un expediente que justifica la necesidad de contratación y proviene desde el área correspondiente. Otra opción de mejora de la redacción del proyecto podría ser aclarar en el artículo que esa "excepción" que dejan abierta debería pasar por el Concejo, para que ese cuerpo sea el que controle el cumplimiento de la ordenanza en todos sus términos.

En el proyecto señalan que la propuesta "no afectará derechos adquiridos", lo que implica ni más ni menos que respetar la legislación vigente en la materia, una aclaración que puede ser pertinente en los considerandos pero que también aparece en el articulado.

Además, indican que el Gobierno deberá remitir anualmente un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal, el ahorro generado por la ordenanza y el cumplimiento de objetivos de equilibrio fiscal y austeridad, lo que, después de todo, se hace cada año en la Rendición de Cuentas, aunque nunca está de más el detalle.

Uno de los artículos dice que el Gobierno deberá "priorizar la optimización del personal existente, la reorganización de funciones, la modernización administrativa y la mejora en la eficiencia del gasto" para llevar adelante la gestión sin incorporar personal, una obligación que en los 10 años que lleva Cecilio Salazar como intendente se cumplió en mayor o menor medida y cada tanto, según la coyuntura.

La propuesta de no sumar agentes por cuatro años afectaría no sólo a la administración Salazar sino a la que lo suceda, puesto que, de aprobarse, abarcaría los dos últimos años del actual Gobierno y los dos primeros del siguiente, lo que implica dificultades para el abordaje de una planficación integral.

Además, al no permitir el ingreso a planta permanente pondría en situación de riesgo a los más de 160 temporarios que, según establece la ley, deben ser cesados o estabilizados al año, aunque no siempre el Municipio cumple con ello.

González y Panatteri consideraron "una  obligación política y moral" del Concejo "poner límites claros al crecimiento del Estado". Aseguraron que contratar personal "genera compromisos de gasto permanente que trascienden los mandatos" y pone en riesgo "futuras gestiones municipales".

"Gobernar con responsabilidad implica priorizar el orden de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario y la asignación racional de los recursos antes que el uso del empleo público como herramienta coyuntural y política", consideraron.

En ese marco, señalaron que "la libertad económica, el desarrollo local y la generación de empleo genuino se producen en el sector privado y no en la expansión ilimitada de la estructura estatal".

"Los vecinos de San Pedro merecen una gestión austera, eficiente y transparente", sostuvieron Joaquín González y Melina Panatteri en el proyecto de ordenanza, el primero que presentan desde que asumieron como concejales.

La masa salarial municipal actual, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, alcanza los 1728 millones de pesos, según reveló La Opinión este martes, cuando el Gobierno confirmó que logró obtener los recursos para pagar.

En el Presupuesto 2026 están consignados 1006 trabajadores de planta permanente, 164 temporarios, 58 médicos de reemplazo y ocho guardavidas. En total son 1236 empleados municipales.

Además, hay que tener en cuenta al personal que trabaja vía contrato de locación de servicios y a los que están por "decreto de ayuda social con contraprestación de tareas", que cobran con fondos provinciales específicos.

El cálculo de recursos y gastos da cuentas de la problemática relacionada con la masa salarial sobre la que de alguna manera apunta el proyecto de los concejales libertarios: la mayoría de las áreas municipales sólo tiene asignación de recursos para pagar sueldos.

Como bien señalan Panatteri y González en el expediente, la problemática del personal municipal "no es nueva ni coyuntural" sino "estructural". En ese marco, el proyecto pone el tema nuevamente en debate. 

Si en la comisión hay voluntad, puede servir para un análisis serio entre Ejecutivo y Concejo para abordar una situación que, aun cuando este proyecto sea de difícil concreción, amerita un sinceramiento.

Pese a las críticas por haber obstruido el acceso a la peatonal Agenor Almada, a una semana de su apertura el Parador ReCreo es uno de los atractivos del verano. La sampedrina Pilar Vellón la responsable de coordinación y en el aire de Radio Cuarentena se refirió al desarrollo de la propuesta que inauguró el gobernador.

Todos los días se desarrollan diversos talleres enfocados a la infancia como los de arcilla, origami, teatro, biblioteca, espacio de cuenta cuentos, taller de reciclados, de pintura, entre muchos otros que enumeró Vellón.

Junto con los espacios preparados para los más chicos se encuentran el “Mundo Jóvenes y Familia” y el de “Espacios Libres”, en donde organizan juegos y clases de baile, expresión corporal, junto a otras alternativas que son gratuitas para todas las personas, ya sean turistas o sampedrinos.

Al ser consultada sobre la contratación de las personas que dictan esos talleres, indicó que “en función de los requisitos, salimos a buscar a las personas con la experiencia para llevarlo adelante”, ya que había varios capacitadores de la ciudad interesados en formar parte del equipo.

Respecto a los horarios de escasa presencia de público -sobre todo por la mañana de lunes a viernes- confirmó que uno de los objetivos del parador es lograr “una articulación con escuelas y centros educativos” ya que en otros horarios “está con una concurrencia muy buena”.

Para conocer todo lo que ofrece la productora que fue contratada por la provincia de Buenos Aires, se puede bajar una aplicación en el celular en el que además de la programación diaria se pueden encontrar distintos atractivos de San Pedro. “La app de ReCreo se actualizó el mismo día de la presentación” y se va completando con interesados en proponer ofertas de alojamiento o gastronómicas.

Sobre la cantidad de puestos de trabajos que se generaron y que habían sido destacadas por el Intendente Interino, Ramón Salazar, dijo: “Lo de los 50 puestos de trabajo es real, el 95 % de las personas es gente local. Las fuentes de trabajo no las generó el municipio, se fue seleccionando dependiendo de los talleres”.

Sobre su presencia en el programa y la posibilidad de incorprorar mano de obra local aseguró que: “Trabajo con una productora y respondo a ellos. Es una producción privada y los contratos son a través de la productora. Estamos viendo que estamos con el personal justo, pero no sabemos que va a pasar los fines de semana. Y si tenemos que reforzar el personal, y en caso de necesitar reforzar lo haremos. Me llegaron un montón de CV”.

Las productoras a cargo del proyecto son Ketama y SPA. La primera es una empresa que se encarga de diseñar, planificar y producir eventos, mientras que la otra compañía se ocupa de realizar shows de “alto nivel”. Ambas firmaron contrato con el gobierno y el sueldo promedio para los participantes ronda los sesenta mil pesos mensuales.