Los casos de incumplimientos de contratos de obra resultan frecuentes en San Pedro, si bien muchos optan por mantener en silencio la problemática con la finalidad de alcanzar, algún día, el objetivo.

El vecino que contrata quiere que cumplan con lo prometido, más cuando al cerrar el acuerdo, en muchos casos firmado mediante un convenio, realiza un anticipo de dinero que va desde el 30 al 50 por ciento del monto total.

¿Y si no cumple? Sí, hay quien, o quienes, no cumplen. Para el damnificado existen recursos, principalmente la denuncia, que en algunos casos llegan a la Oficina de Defensa del Consumidor, o directamente en la Justicia por “estafa”.

Una de estas pequeñas empresas cuenta con innumerables acusaciones. “Está primero en el ranking”, dijo Sabrina Utrera Montes, jefa de la Oficina de Defensa del Consumidor. Obvio que no todos son iguales. Otros se comportan correctamente.

“Son muchos los damnificados. En mi caso no sé más qué hacer con este hombre”, dijo Mauro, uno de los damnificados que contó su caso.

“Es un contratista y estafador de San Pedro. A mí, como a mucha gente, la ha estafado. Firmamos un contrato por una extensión de gas natural, legalizado como debe ser, donde se le pagó la mitad de la obra. La segunda mitad se debía abonar al terminar el trabajo. El plazo de ejecución era de tres meses. Pero pasaron dos años y medio, tres inviernos, y nada”, detalló.

Consultado sobre qué recursos adoptó, Mauro dijo: “Cero avances y mil respuestas de su parte, y ante tantas mentiras lo denuncié en Defensa del Consumidor. Yo y mucha gente más. Y lamentablemente no tengo respuesta de nadie. Mientras tanto, este sujeto sigue estafando gente y cobrando plata, con tanta impunidad que me hace pensar que se debe a que se codea con gente de la política local (efectivamente, es así)”.

Indignado, pero no abatido, porque aseguró que no bajará los brazos, Mauro reflexionó que “cualquier ciudadano común hace un paso equivocado y lo paga. Pero, este tipo no para de defraudar a la gente y nadie hace nada teniendo mil denuncias en su contra, con contratos incumplidos y pruebas por doquier”.

“Tal vez no logre nada con esto que estoy diciendo, en un San Pedro donde todo se empareja para abajo, donde nos acostumbramos a que lo malo sea normal. Por eso, trato de advertir que, si alguien está por firmar un contrato por una obra de agua, gas o cloacas, si lo hace con este individuo los va a estafar, se va a quedar con su dinero, y lo que es peor, con su tiempo”, agregó.

Mauro dijo haber recurrido a la Municipalidad y a Litoral Gas. “En Defensa del Consumidor me dijeron que es el hombre más denunciado en San Pedro, y yo acoto que ninguna persona de bien, ningún laburante merece ser robado por este chanta”.

Si el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que sostienen el Municipio y la Coopser mantuviera su fin solidario, y que el 4 % del aporte que realizan los socios de la Cooperativa en las facturas de consumo energético fuera a estos emprendimientos (y no a la Plaza Constitución), para lo cual fue creado, no existirían estos casos.

La Coopser se desligó del sector de obras, una decisión que erosionó los objetivos para los cuales fueron creadas estas instituciones: fomentar la colaboración y el desarrollo comunitario a través de distintos proyectos, en este caso, dotar de mejores servicios a los barrios.

Con el FOPC el bienestar colectivo ya no existe. Y con esto se desvanece el espíritu del cooperativismo. Esa falta de compromiso es lo que habilita, indirectamente, la ocurrencia de estos hechos.

¿Quién controla estos casos, independientemente de lo que puedan derivar las denuncias en la Justicia? Sabemos que Litoral Gas primero lo inhabilitó y luego le restringió los permisos por estos motivos, que no puede ir más allá de tres obras mensuales.

Pero, si se trata de agua o cloacas, también debe haber controles, en este caso del Municipio, que debe establecer una marca celosa sobre el cumplimiento y, fundamentalmente, sobre la calidad de lo realizado.

Tres consejeras escolares denunciaron penalmente una situación que se sospecha como irregular en la contratación de proveedores para obras y que apunta a otro de los integrantes del cuerpo, señalado como el presunto “facilitador” de la práctica que no respetó los procedimientos habituales para ese tipo de trabajos, cuyo continuidad en el cargo será definida en sesión especial el viernes.

Las consejeras Patricia Sabaté (Juntos), Cecilia Macchia (Frente de Todos) y Vanina Zubieta (electa por Cambiemos pero ahora en el FdT) radicaron la denuncia penal en Fiscalía para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos que tendrían al consejero Cristian Novaro, vocal primero del cuerpo, sindicado como quien facilitó lo que entienden como una irregularidad en la contratación de empresas para una obra.

La situación se reveló cuando un proveedor presentó una factura por unos trabajos para los que fue contratado tras ganar una compulsa de precios, pero los consejeros habían visto en la tarea a la competencia, es decir al prestador que había perdido en el concurso porque su presupuesto no había sido el elegido y aprobado.

Los proveedores informaron que el consejero Cristian Novaro fue quien les dijo que presenten ambos presupuestos pero que se podían asociar para hacer la obra, independientemente de quien fuera adjudicado, lo que las denunciantes consideran una grave irregularidad en la que podría haber delito.

“Veníamos observando que un proveedor facturó una obra y la había realizado otro, no sabíamos cómo era, lo citamos. Cuando llegó la facturación, nos explicaron que habían sido convocados, que en el Consejo Escolar les pusieron el precio que tenían que cobrar por esa obra, que uno estuvo de acuerdo y otro no, y que esto ya había pasado en otro trabajo que se les había encargado”, reveló en Radio Cuarentena Patricia Sabaté.

La consejera informó que se desayunaron de la situación cuando convocaron a los proveedores para que dieran explicaciones acerca de por qué uno figuraba en la factura y el otro estaba trabajando en la obra, teniendo en cuenta que ambos habían presentado presupuestos porque eran los únicos en condiciones de llevar adelante la tarea, que tenía ciertas especificidades.

“En realidad se habían asociado y eso no corresponde, porque tendrían que haber pasado un presupuesto entre los dos y que nosotros pidiéramos otro presupuesto a otro proveedor”, explicó Sabaté. Ello implica que en la “asociación” no informada, se privó a otros prestadores de participar de la compulsa de precios para la obra.

“El Consejo, depende del valor de la obra, llama a licitación o pide presupuestos. Esta era una obra de electricidad. Generalmente se les pide a los proveedores que puedan realizar esa obra. En este caso era un tendido especial para colocar una trifásica para que funcionen en una escuela los aires acondicionados, era una tarea muy específica”, explicó la consejera.

Los dos proveedores fueron convocados a participar de la compulsa de precios porque eran, de los que habitualmente se presentan ante obras del Consejo Escolar, los que estaban en condiciones de hacer frente a esa tarea, que debía desarrollarse en el edificio que comparten las escuelas primaria 3 y secundaria 12.

Todo indica que habría sido el consejero escolar Cristian Novaro el que les “recomendó” la asociación y que pasaran presupuestos de manera tal que la obra, de 236 mil pesos en total, se le adjudicara a uno de los dos pero para que la hicieran juntos.

“La pasaron por ese monto, por eso la factura no se pagó. Cuando la arquitecta y la gente de infraestructura ve la factura, se la pasa al secretario técnico y ven lo que había ocurrida deciden que no, que esa factura de 236 mil pesos no se iba a pagar, porque no se podía pagar así, porque creíamos que estaba otra persona haciendo la obra”, precisó Sabaté.

La obra tenía que ver con la instalación de una línea trifásica de electricidad que permitiera alimentar los equipos de aire acondiconado que la escuela adquirió e instaló con un subsidio específico. “Había que hacer el tendido de la red nueva para colocar la trifásica de manera tal que puedan funcionar”, señaló la consejera.

“No te puedo hablar de costos porque no lo conozco, puede haber sido razonable. Aparte están los materiales que fueron adquiridos en una casa de electricidad, se compraron y fueron abonados, presentó la factura”, agregó.

Los proveedores dijeron que “como era una obra grande la podían hacer juntos, porque el conocimiento de uno podía ayudar al del otro” y Sabaté entiende que lo habrían hecho “en el desconocimiento del proceso que lleva” la compulsa de precios para la contratación.

La denuncia abarca esta obra y la de la instalación de 45 ventiladores que se colocaron en escuelas, “a razón de 3.500 pesos por la instalación y el cableado de cada uno”, un trabajo que se contrató en el verano. “En esa obra hubo el mismo procedimiento, se juntaron los dos proveedores”, dijo Sabaté.

La sospecha de las consejeras escolares denuncinates está puesta en el procedimiento de contratación, que entienden fue irregular y que además podría comportar algún tipo de delito, por eso radicaron la denuncia penal para que la Justicia investigue.

El viernes habrá una sesión especial en el Consejo Escolar en la que el cuerpo definirá el futuro de Cristian Novaro, puesto que entienden que debería ser apartado del cargo mientras se sustancie la investigación en su contra. Romina Roselló es la primera suplente de la lista en la que fue electo el consejero señalado en la denuncia.

Este lunes, con la debida anticipación de cinco días hábiles, se presentó el pedido para esa sesión. Mientras tanto, el denunciado sigue en su puesto. La Opinión intentó comunicarse con Novaro, sin que respondiera los llamados hasta el momento de publicada esta nota.

“Esto lo hizo él, generalmente todo lo que es órdenes de trabajo con presupuesto son tratadas y aprobadas en sesión, y esto había sido aprobado en sesión pero no sabíamos cómo habíamos llegado a esto, no sabíamos lo que había ocurrido previamente”, aseguró Sabaté.

Los consejeros escolares electos en 2021 juraron el 9 de diciembre pasado. Myriam Bonilla y Cristian Novaro por el Frente de Todos, y Patricia Sabaté por Juntos. Completan el cuerpo el presidente Jorge D’Andrea, que reemplazó al fallecido Fernando Cajide, Cecilia Macchia y Vanina Zubieta.