La Justicia autorizó al Municipio de San Pedro a disponer de todos los elementos secuestrados cuando fue desbaratado el denominado puerto seco de colectora de ruta 9, en marzo del año pasado.

En ese allanamiento secuestraron gran cantidad de combustible, detergentes, lubricantes y otros productos cuya procedencia nadie pudo acreditar y que todo indica estaba vinculado al mercado negro.

Hasta el momento, nadie se presentó en la Justicia para reclamar esos elementos, que están en el Corralón municipal desde que terminaron de inventariar todo cuando se produjo el operativo policial.

La Municipalidad planteó, a través de la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, que esos elementos acarrean un riesgo para el personal que trabaja en el Corralón, así como para los ocasionales transeúntes.

El planteo fue utilizar el combustible y los lubricantes en maquinaria municipal, a lo que la Justicia accedió, aunque el Estado local deberá devolver lo que haya utilizado si se presenta alguien que acredite su propiedad, lo que es muy poco probable a esta altura.

Respecto de la causa penal, quedó prácticamente paralizada porque la investigación no logró establecer con precisión quiénes eran los responsables de ese puerto seco en la colectora de la ruta 9, a pesar de que en San Pedro muchos aseguraron saber de quiénes se trataba.

La única persona imputada hasta el momento es la mujer que estaba presente a la hora de los allanamientos, a quien acusaron de tenencia ilegal de armas tras secuestrar un revólver, tres pistolas y una escopeta con sus municiones.

Las personas que se ocuparían de la compra y venta de mercaderías en ese lugar, encargados de adquirir combustibles, lubricantes y otros productos de manera irregular para revenderlo desde ese "centro de distribución" todavía no fueron imputadas.

Las pericias sobre los teléfonos celulares y las libretas con anotaciones que secuestraron durante el allanamiento del 20 de marzo de 2025 serán fundamentales para que la causa avance sobre quienes manejaban ese mercado ilegal de combustibles, lubricantes, aceites y artículos de limpieza, entre otros productos que, todo indica, compraban a transportistas de manera irregular.

La Fiscalía Federal que conduce Matías di Lello confirmó a La Opinión el secuestro de documentación durante los allanamientos que Gendarmería Nacional encabezó en San Pedro el miércoles por la mañana en el marco de una causa por "contrabando".

Los gendarmes secuestraron diversa documentación y copiaron registros digitales. Todo será analizado en procura de establecer vinculaciones con los delitos investigados.

Di Lello tiene a su cargo una causa que investiga la presunta triangulación en exportaciones que habría derivado en mecanismos de evasión impositiva y que configurarían delitos relacionados con la introducción en operaciones clandestinas de comercio exterior.

En San Pedro los gendarmes allanaron un estudio contable, un estudio relacionado con despachantes de aduana y un establecimiento exportador, informaron fuentes del caso.

Además, llegaron por error a una vivienda de Gomendio y Obligado, donde reside una familia que adquirió recientemente la propiedad y nada tiene que ver con la investigación.

Una denuncia del municipio permitió desbaratar este martes otro puerto seco en la ruta 9. Ocurrió en proximidades del puente del paraje La Buena Moza, cerca de un establecimiento hotelero ubicado en el carril Buenos Aires-Rosario.

Personal de la DDI y de la Comisaría llegaron con una orden de allanamiento luego de que el Municipio denunciara ante la Justicia la sospecha de que, al igual que en como ocurrió en el kilómetro 158 del carril Rosario - Buenos Aires, funcionaba en este lugar un centro clandestino de compraventa de combustible.

La policía secuestró una gran cantidad de tambores metálicos de 200 litros que estaban apilados en ese lugar. En varios de ellos había combustible almacenado.

También secuestraron bombas de mano para carga y descarga del combustible, un batán para el transporte del fluido y otros elementos de interés para la causa.

Todo lo incautado quedó en un depósito a disposición de la Fiscalía 7, que dispondrá personal para la tarea de inventariar lo secuestrado, mientras trabaja para establecer el origen ilícito del combustible.

Tras el fin de semana largo, los primeros días hábiles serán fundamentales para que la Justicia avance sobre la causa que investiga la existencia de un "puerto seco" ilegal en el kilómetro 158 de la colectora de la ruta 9, donde el viernes hubo un allanamiento.

La investigación comenzó tras la denuncia de la Municipalidad, luego de que detectaran situaciones irregulares que establecieron serias sospechas sobre la comisión de delitos relacionados con la compraventa ilegal de combustible.

Con celeridad, la fiscala Viviana Ramos consideró que los elementos aportados por el Gobierno municipal eran suficientes como para solicitar un allanamiento y el Juzgado de Garantías interviniente lo autorizó de inmediato.

Al arribar al lugar se encontraron con que no era sólo un "puerto seco" clandestino de combustible. También había cloro, aceites, jabones y una multiplicidad de mercadería que obligó al personal policial y de la Justicia a permanecer varios días para hacer el inventario de todo lo que había.

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Gobierno del gabinete de Cecilio Salazar, Martín Baraybar, fue cauto respecto de la posible participación de empleados municipales en la red delictiva, puesto que la Justicia todavía está trabajando.

Pero las sospechas existen y todo indica que las ramificaciones que la investigación profundizará con el correr de los días llegarán a personal del Estado local relacionado directa e indirectamente con quienes gerenciaban ese lugar.

Entre los propios municipales hay muchos que aseguran haber escuchado versiones que involucran a compañeros de diversas áreas en algunas de las modalidades delictivas que se desarrollaban allí.

"Por el momento no podría afirmar esa situación, está enmarcado en las investigaciones que lleva adelante la Justicia", dijo con cautela Baraybar sobre la vinculación de empleados municipales en el caso.

En ese marco, advirtió que "en el caso de ser así se tomarán las medidas necesarias que le corresponden al Poder Ejecutivo municipal". Esto es sumarios administrativos que podrían derivar en sanciones, con el despido como posibilidad.

"Es muy prematuro todavía poder determinar autores, vinculaciones y demás, está en proceso de investigación", señaló el secretario de Gobierno, cuyo par de Seguridad, Carlos Farré, fue el que radicó la denuncia

Con instrucciones expresas del intendente Cecilio Salazar y tras recabar elementos que permitieron tener sospechas firmes respecto de los delitos relacionados al "puerto seco" ilegal, la denuncia fue presentada en la UFI 11.

La policía continuaba trabajando este sábado en la finca ubicada en la Ruta 9, km 158, carril Rosario-Buenos Aires, donde el jueves por la tarde se llevó a cabo un allanamiento por una causa que denunciada por el Municipio.

Supuestamente allí se vendía combustible, otros líquidos, y diferentes mercaderías, de dudosa procedencia, estando sospechadas de ser derivaciones de casos de piratería del asfalto.

La tarea de los uniformados se relaciona con el inventario que se dispuso sobre todos los elementos existentes, situación que se asemeja a los denominados Puertos Secos.

Además, la orden judicial implicaba la custodia de todo lo existente en este predio, compuesto por una casilla en el frente y dos galpones en la parte posterior, y en cuyo patio un sinnúmero de tanques plásticos que almacenaban los fluidos.

Las versiones indicaron que cuando se aproximaba la comitiva, quienes se hallaban en el lugar desaparecieron hasta perderse en el campo. Una vez adentro, uno de los efectivos expresó que por la variedad de los productos “parecía un shopping”.

La investigación también ha dejado la sospecha de que parte de esa mercadería se comercializaba en negocios de la ciudad, y que en el caso de los combustibles, podría haber involucrados algunos empleados municipales.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, dijo en Sin Galera que notaban situaciones extrañas en el lugar y que fue el secretario de Seguridad, Carlos Farré, quien se lo dijo al intendente, se hizo la denuncia y la Dra. Ramos actuó con celeridad.

Luego llegó la orden del Juzgado de Garantías, que dispuso el allanamiento. “Se encontraron elementos como líquidos, combustibles y detergentes. Hay otra etapa que está en proceso de investigación, pero que necesitará antes del recuento de los elementos”.

Lo mismo dijo sobre las versiones de la vinculación de empleados municipales: “Por el momento no podría afirmar nada. Está enmarcado en las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante”.

Personal policial y de la Justicia continuaba este viernes con las tareas de requisa e inventario en el predio allanado en el kilómetro 158 de la colectora de ruta 9 donde llegaron en el marco de una causa que investiga un "puerto seco" ilegal.

Fuentes de la investigación señalaron a La Opinión que en el lugar "hay de todo" y que podría llevar "varios días" registrar e inventariar la mercadería, que sospechan sería de procedencia ilícita.

La policía informó este viernes que durante el allanamiento secuestraron cuatro armas de fuego con su respectivas municiones y que notificaron a una mujer que estaba en el sitio al momento del arribo.

Además, incautaron teléfonos celulares que serán peritados en procura de establecer los mecanismos de la actividad ilícita y libretas con anotaciones de interés para la causa.

Hay sospechas respecto de que las personas que se ocupaban de las tareas propiamente dichas de compra y venta de mercaderías en ese lugar se habrían ido al observar el arribo de la comitiva policial, que llegó con orden de allanamiento pero no de detención.

En diversos comercios de barrio hay quienes aseguran que recibieron comunicaciones de personas allegadas a  la actividad del lugar allanado en las que les avisaban que por lo pronto las ventas iban a estar "suspendidas hasta nuevo aviso".

Esos comercios serían abastecidos de una multiplicidad de mercadería proveniente de ese "centro de distribución" ubicado en la ruta 9, denunciado en la Justicia por la Municipalidad  por actividades relacionadas con la compra y venta de mercadería de procedencia ilícita.

Combustibles, lubricantes, aceite, jabones y otros artículos formarían parte del amplio stock de mercadería disponible. Además, hay sospechas de que habría otros espacios donde guardaban elementos para la distribución.

La modalidad delictiva relacionada con la actividad de "puerto seco" implica el acopio de mercadería de procedencia ilícita, muchas veces vinculada a piratería del asfalto, que luego es volcada al mercado negro o a través de mecanismos de "blanqueo" vía facturación apócrifa.

El allanamiento que comenzó este jueves es el primer paso de una causa que, todo indica, tendrá varias ramificaciones en procura de establecer quiénes vendían y quiénes compraban la mercadería de procedencia ilícita para su reventa en el mercado minorista.

"Es un shopping", graficó una persona que participó del procedimiento, sorprendido por la diversidad de mercadería que encontraron en el lugar allanado. La causa tramita en la Fiscalía 5 y se esperan novedades respecto de la profundización de la investigación.

Personal policial allanaba este jueves por la tarde un establecimiento ubicado en la colectora de la ruta 9, sobre el kilómetro 158 del carril Rosario - Buenos Aires, en el marco de una causa que investiga la presunta existencia de un "puerto seco" ilegal en esa zona.

Un gran despliegue policial se vio desde alrededor de las 17.00, con la presencia de patrulleros de la Comisaría, DDI, Policía Científica y móviles de la Secretaría de Seguridad municipal como respaldo.

La sospecha que motivó el procedimiento y la causa penal en trámite está relacionada con delitos vinculados a la compraventa irregular de combustible y otra mercadería que se practicaría en ese lugar.

La investigación busca atribuir responsabilidades ante denuncias que indican que en ese lugar comprarían combustible desviado por transportistas —los choferes sustraerían el fluido a sus empleadores— para la reventa.

Además de combustibles, en el lugar se comercializarían lubricantes, aceites, jabones y otra mercadería de procedencia ilícita. 

La situación fue detectada por la Secretaría de Seguridad municipal que conduce Carlos Farré, desde donde elevaron la denuncia a Fiscalía, con instrucciones expresas del intendente Cecilio Salazar.

La modalidad "puerto seco" es un tipo de delito que implica el acopio de mercadería de procedencia ilegal —puede ser combustible, cereal, fertilizantes u otros productos— que luego es volcada al mercado negro o a través de mecanismos de "blanqueo" vía facturación apócrifa.

Cuando finalicen las tareas policiales en el predio allanado se podrán conocer detalles respecto de si hubo elementos secuestrados y cuáles son los alcances de las responsabilidades de las personas allanadas en los delitos investigados.

Los allanamientos que encabezó personal de la Prefectura Naval en San Pedro en el marco de una causa por contrabando de neumáticos fueron en simultáneo con otros en distintos puntos del país.

En Capital Federal, José C. Paz, Ezeiza, Moreno, Campana y Zárate, donde estaba el centro de distribución de la mercadería que ingresaba ilegalmente al país hubo procedimientos.

Más de 50 mil neumáticos fueron secuestrados, provenientes de Paraguay de manera ilícita para ser colocados en el mercado argentino y comercializados de manera irregular en diversas ciudades, entre ellas San Pedro.

Seis personas están involucradas en el caso, uno de ellos el responsable de vender esas cubiertas a través de redes sociales en la ciudad, cuyo domicilio fue allanado, en Chivilcoy al 1400.

Además, requisaron otras dos viviendas vinculadas a él: uno en Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, de su expareja, y otro de familiares en Miguel Porta al 1500.

La investigación comenzó luego de que en mayo pasado secuestraran diversos elementos importados de manera ilegal y celulares que fueron peritados para la causa, que tramita en el Juzgado Federal de Campana.

Las pericias permitieron establecer que había una red organizada para el ingreso irregular vía contrabando desde Paraguay de neumáticos que luego eran distribuidos en distintas ciudades, entre ellas San Pedro, por los sospechosos de ser parte de la organización delictiva.

En total secuestraron 54.852 cubiertas de diversas marcas y medidas, 13 automóviles, armas de fuego, teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Una causa federal con ramificaciones en diversas ciudades trajo a personal de la Prefectura Naval de Rosario a San Pedro para allanar tres domicilios en el marco de una investigación por contrabando, es decir por violación a la normativa que regula el código aduanero.

El operativo comenzó este miércoles por la mañana y terminó casi entrada la noche, cuando trasladaron a Campana a un aprehendido que está sospechado de formar parte de la red que investiga la Justicia.

Los allanamientos tuvieron lugar en el domicilio del sospechoso, ubicado en Chivilcoy al 1400, y en otras dos viviendas relacionadas, una de ellas de su expareja, en Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, y otra en Miguel Porta al 1500.

La investigación llegó a San Pedro porque el sospechoso comercializaba desde su domicilio y a través de redes sociales neumáticos cuya procedencia es al menos dudosa.

Habría un centro de distribución con sede en Zárate desde el que salían esos neumáticos a distintos puntos del país sin más documentación respaldatoria que remitos que serían apócrifos.

En San Pedro, además de trasladar al sospechoso para la notificación de la causa —recuperó la libertad y este jueves por la mañana ya estaba en la ciudad—, incautaron dos automóviles que eran sometidos a pericias.

La Justicia mantiene reservas respecto a la investigación puesto que las ramificaciones son muchas y podrían derivar en otros procedimientos en distintas ciudades.