Tras la firma del acuerdo con la Cooperativa Tecnorae, San Pedro tendrá un sistema de gestión para residuos electrónicos.

La puesta en marcha será a partir del mes de junio y hay distintos puntos de recepción para los desechos.

La dirección de Ambiente informó que durante la campaña recolectarán "aparatos de informática y comunicación, como computadoras, notebooks, tablets, celulares, impresoras, calculadoras y parlantes; pequeños y grandes electrodomésticos, como heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aspiradoras, planchas, tostadoras, radios y televisores; además de accesorios, herramientas eléctricas, juguetes y equipos deportivos eléctricos".  

Indicó que, dentro de los artículos no aceptados se encuentran "pilas, baterías, tóner de impresoras, luminarias, termómetros y objetos con mercurio".

Los centros de acopio funcionarán tanto en distintos puntos de la ciudad como en las localidades.

El cronograma comenzará el 3 de junio en la zona de la escuela Normal, en 11 de Septiembre y Güemes, de 10.00 a 16.00.

Continuará el 10 de junio en la zona de la escuela Industrial, en Sarmiento y 3 de Febrero, también de 10.00 a 16.00; mientras que el 17 de junio será en plaza Constitución, sobre Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, en el mismo horario.

La actividad seguirá el 24 de junio en barrio San Julián, en Oliveira Cézar y Humanes, de 10.00 a 16.00.

El 30 de junio llegará a Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal, de 10.00 a 14.00; el 2 de julio estará en Río Tala, también frente a la Delegación Municipal, de 10.00 a 14.00.

El 7 de julio habrá dos jornadas: una en Santa Lucía, frente a la Delegación Municipal, y otra en Pueblo Doyle, frente al Jardín Municipal, ambas de 10.00 a 14.00.

Finalmente, el cronograma concluirá el 14 de julio en Vuelta de Obligado, en la escuela primaria n.° 15, de 10.00 a 12.00.

Diversos focos de incendios continúan activos en la zona de islas frente a San Pedro, con presencia de humo y olor persistente en distintos sectores de la ciudad.

El naturalista Enrique Sierra informó que actualmente se registran siete focos en la Sección Quinta de Islas de Baradero.

De ese total, tres están a aproximadamente “un kilómetro al sudoeste de la escuela n.º 27”.

Además, reportó otros ocho focos en la Sección Cuarta de Islas de Zárate, a la altura del kilómetro 145 del río Paraná de Las Palmas.

“Estamos en temporada de niebla y el humo también representa un peligro para la navegación del río Paraná, además del impacto en la biodiversidad y la salud”, advirtió Sierra.

De acuerdo al seguimiento realizado por el naturalista, los incendios comenzaron el sábado 9 de mayo, cuando se detectaron los primeros cuatro focos en la zona de Las Lechiguanas.

En ese marco, la Municipalidad indicó que realizan un monitoreo “permanente de la situación mediante seguimiento satelital y contacto constante con autoridades entrerrianas”. 

Asimismo, señalaron que mantienen comunicación con organismos provinciales vinculados a la prevención y control del fuego. 

Recordaron las quemas de pastizales están prohibidas y remarcaron que en la provincia de Buenos Aires existe normativa vigente que regula las quemas autorizadas. 

También advirtieron que los propietarios de los campos son responsables ante cualquier situación derivada de este tipo de prácticas.

La dirección de Ambiente participa además de las tareas de monitoreo y control junto a Defensa Civil, manteniendo la predisposición operativa necesaria ante cualquier eventualidad.

Por último, solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

La Municipalidad anunció la firma de un convenio para gestionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de todo el partido.

Será con la Cooperativa Tecnorae y el objetivo es generar un  "sistema de gestión integral" para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

El secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias y el director de Ambiente, Gustavo Solá, recorrieron las instalaciones de la empresa, ubicadas en Pilar.

Los RAEEs son aquellos artefactos que funcionaron enchufados o con pilas, por ejemplo, computadoras, celulares, cables, y controles remotos, entre otros.

Desde el Gobierno remarcaron que es "fundamental" no tirar este tipo de artículos a la basura común, ya que "pueden dañar nuestra tierra y el agua que tomamos".

"A través de este convenio, no solo mitigamos riesgos ambientales y sanitarios, sino que impulsamos un modelo de economía circular", explicaron.

Además, consideraron que el manejo brindado por Tecnorae reducirá la "presión sobre los recursos naturales" y fomentará la sustentabilidad.

Anunciaron que, en los próximos días, lanzarán un cronograma de recolección especifico para este tipo de residuos, tanto para San Pedro, como para las localidades. 

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no procesar y dictó falta de mérito para el intendente Cecilio Salazar a los funcionarios Mariano Brañas y Ariel Álvarez y a los exfuncionarios Javier Silva y Jorge Ponzio en la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.

El magistrado consideró que "por el momento" no hay elementos suficientes como para "ordenar el procesamiento de los imputados ni tampoco para sobreseerlos", por lo que dispuso la falta de mérito para los cinco.

"No basta simplemente con contaminar, sino que dicha contaminación debe implicar un riesgo o peligro para la salud pública", dijo en su fallo Villafuerte Ruzo.

 Además, consideró que para establecerlo, deberá analizar "el caso concreto y con el auxilio de especialistas en la materia".

Como en la causa no hay "constancias o estadísticas médicas de atenciones sanitarias relacionadas a afecciones en la salud originadas particularmente por la presencia en el Paraná de desechos cloacales sin tratamiento previo", el juez dispuso la falta de mérito y pidió al Gobierno que le envíe información.

Así, ordenó a la Secretaría de Salud que remita "informes estadísticos respecto a diagnósticos relacionados a afecciones a la salud derivadas o transmitidas por agua contaminada por desechos cloacales, desde el año 2022 a la actualidad".

De la misma manera, requirió a la empresa a cargo de los estudios para la proyección de una nueva planta depuradora que eleve el informe final del denominado  "proyecto de optimización y ampliación del sistema de desagües cloacales de la ciudad de San Pedro".

Villafuerte Ruzo consideró que el Paraná, "como todo río, posee su capacidad de autodepuración".

El juez se preguntó si "¿sería posible la interrupción de los vuelcos de los desechos crudos al río Paraná hasta contar con la información científica sobre su capacidad de autodepuración?" y se respondió:  "Una respuesta positiva llevaría indefectiblemente a una situación nada agradable cuya descripción se omitirá".

Ello porque San Pedro no tiene otra opción: arroja los desechos cloacales al río desde 1982, cuando quedó fuera de servicio la planta depuradora ubicada en Rómulo Naón al 500.

De todas maneras, el juez consideró que "resulta llamativa la ausencia de una política preventiva y de un sistema de contralor y sancionador no penal", puesto que si no hay depuradora hace más de 40 años, cómo es posible que no haya habido acciones administrativas más eficaces para solucionarlo.

Salazar y los funcionarios del gabinete involucrados en la causa fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "contaminación ambiental". La investigación comenzó tras una denuncia de una ONG por los efluentes de la empresa Ingredion en Baradero.

Cuando el Juzgado de Campana a cargo de esa causa mandó a hacer análisis del agua en el río, se encontró con altos niveles de contaminación fecal previa, por lo que derivó los resultados a la Justicia Federal con competencia en San Pedro, que es la de San Nicolás.

La Fiscalía ordenó tomar muestras en la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo para constatar que el vuelco de efluentes cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio" en vigencia.

Por la causa hubo allanamientos en la Municipalidad y el fiscal Matías di Lello requirió documentación al Concejo Deliberante. Entre las personas citadas a declarar estuvo el director provincial de Agua y Cloacas bonaerenses, quien dijo que no había recibido "ningún proyecto relacionado" con la planta depuradora.

Ello fue antes de que se incluyera en el presupuesto provincial 2025 la elaboración del informe y proyecto, tarea que hizo la empresa 5 de Septiembre, cuyo resultado señaló que San Pedro necesitará inversión externa puesto que una nueva planta depuradora tiene un costo millonario en dólares.

El Consejo Profesional de Química bonaerense, que representa a matriculados que prestan servicios relacionados emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación "ante la contaminación desmedida de los afluentes del Río de La Plata" y reclamó "acciones urgentes" al Gobierno provincial.

Con una fotografía de las que el Consorcio de Gestión del Puerto tomó con drones en el marco de la varadura del buque Yasa Tokyo, los profesionales químicos se hicieron eco de la "mancha de caca" y expresaron su posición.

En ese marco, manifestaron "pofunda preocupación ante la contaminación desmedida registrada en los cursos de agua que atraviesan el territorio provincial y conectan con el Río de La Plata" y que causan "irreversibles daños tanto a la población como al ambiente".

Aseguraron que las "afectaciones ocasionadas" obedecen a "una falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires" sobre actividades industriales y agropecuarias. 

Señalaron, además, "el accionar negligente a cargo de las empresas responsables de realizar el debido tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de los efluentes cloacales".

Como ejemplo de esa preocupación señalaron los "altos niveles de metales pesados o de productos fitosanitarios registrados en las aguas del Río de La Plata", la ocasión en la que el arroyo Sarandí "se tiñó de rojo" y "la mancha de aguas servidas presente en el puerto de San Pedro, como así también a los desechos cloacales que se vierten al río en la localidad de Berisso, sin tratamiento alguno por parte de la empresa estatal ABSA".

Advirtieron que estas situaciones "vulneran cotidianamente el derecho a la población a un ambiente sano, los cuales se perpetran en un contexto generalizado de 'libre hacer' favorecido por las entidades gubernamentales encargadas de hacer cumplir las normativas vigentes y aplicar sanciones en tal sentido".

El Consejo Profesional de Química bonaerense pidió que se haga cumplir la ley que establece "la matriculación obligatoria de todo personal abocado a tareas vinculadas con la manipulación de productos químicos, y define un marco de cumplimiento de los protocolos vigentes de seguridad e higiene".

A su vez, pidió al Gobierno de Axel Kicillof que aplique "las políticas y acciones necesarias de modo que la actividad industrial y empresarial sea desarrollada bajo la ineludible obligación del cumplimiento de la Ley, y los protocolos sanitarios y ambientales".

En San Pedro, por el vertido de efluentes cloacales al río sin tratamiento alguno hay una causa penal que tramita en la Fiscalía federal de Matías di Lello y que tiene como imputados al intendente Cecilio Salazar y a funcionarios y exfuncionarios de su gabinete.

La causa, iniciada por una ONG ambientalista por vertidos industriales en el riacho Baradero, dispuso una serie de estudios que revelaron la presencia de materia fecal en el río, proveniente del vertedero de los efluentes cloacales de San Pedro, en inmediaciones del puerto.

La ciudad carece de tratamiento de los desechos cloacales desde que la planta depuradora fue clausurada en 1982. El año pasado, tras la causa penal, el Gobierno provincial dispuso en su presupuesto recursos para un estudio que permita avanzar en la resolución de la problemática.

Esta semana, el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro difundió imágenes áreas que ilustraban la varadura del barco Yasa Tokyo y que, a su vez, evidenciaban la falta de tratamiento que reciben los residuos cloacales antes de ser arrojados al río.

La noticia provocó revuelo y los sampedrinos compartieron sus diversas opiniones a través de las redes sociales.

“Cómo no se va a varar el barco así”, refirió Matías a lo que Mónica respondió: “Hermosa foto para los turistas”. 

Elsa preguntó: “San Pedro está cada vez peor, ¿quién va a irá a pescar?” y Corina reflexionó: “Y pensar que hay gente que vende y que consume pescados de ahí”. 

Oscar Marelli no estuvo de acuerdo y expresó: “Es agua que baja del rio Arrecifes y del Tala. Viene del campo por las fuertes lluvias que cayeron.  Es mas fácil criticar es lo que mejor les sale". 

Ángel retomó las consideraciones de Oscar y le respondió: “Fijate en la esquina de la foto, a la derecha. Ahí están los desagües cloacales. La justicia tomó muestras al lado del buque museo y en el puerto, lo que muestra la foto tomada desde altura”.  

"¿San pedro tiene tratamiento de efluentes? Porque recuerdo que antes se decía que había una planta depuradora", consultó Mario y Nelson acotó: "Hace más de 30 años que no funciona".

Julieta se sumó y expresó: "En la imagen, claramente, se ve dónde comienza la mancha, se debe volcar al río, lo mismo que existe en el río o lo más parecido posible, para eso existen las plantas depuradoras, no me parece una coincidencia que haya más sedimento de los normal. Así sucederá siempre y cuando no exista tratamiento de residuos". 

“Aplaudo la denuncia de ambientalistas sobre la falta de tratamiento de efluentes cloacales .Y ni hablemos del desagote de camiones atmosféricos en la vía pública. Espero que la Justicia busque y juzgue a los responsables de esta situación y no sólo a los actuales porque es un problema de larga data. Es hora de que los funcionarios públicos ineptos e irresponsables paguen judicialmente, más aún cuando se comete un daño tan irreparable como el referido”, sentenció Cristina. 

En marzo, el intendente Salazar y el secretario de Obras Públicas Mariano Brañas declararon en el Juzgado Federal por una causa que investiga contaminación ambiental por el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná, iniciada por una Asociación Civil baraderense. 

Este jueves, el intendente Cecilio Salazar y el secretario de Obras y Servicios Públicos Mariano Brañas prestadron declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Carlos Villafuerte Ruzo por la causa que investiga contaminación ambiental por el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná.

El jefe comunal y el funcionario de su gabinete conocieron el detalle de la imputación —al igual que Ariel Álvarez y Jorge Ponzio, quienes concurrieron el miércoles pero no declararon porque presentarán un escrito— relacionada con la falta de planta depuradora en San Pedro, situación que persiste desde 1982.

La Justicia lleva adelante la causa con imputaciones que corresponden a quienes están o estaban a cargo del Gobierno y las dependencias relacionadas desde enero de 2023, cuando se constató, tras la denuncia original, que el río estaba contaminado con materia fecal proveniente del desagüe cloacal ubicado en la zona portuaria local y en imediaciones del buque museo.

Tanto Brañas como Salazar hicieron hincapié en su declaración en que la situación lleva más de 40 años sin que se haya podido resolver a pesar de las múltiples gestiones que todos los gobiernos democráticos hicieron por el tema ante autoridades nacionales y provinciales.

La obra necesaria es millonaria y no podría ser afrontada con recursos propios del Municipio, algo que sucede en todos los distritos, cuyos presupuestos no contemplan obras de semejante magnitud sin fondos del Estado nacional o provincial, que además suelen estar vinculados a la financiación externa.

En su declaración, el intendente y su secretario de Obras Públicas destacaron que Provincia incluyó en su presupuesto para este año un estudio preliminar que está en marcha y que permitirá diseñar un plan de acción de obras para el año que viene.

Para que ello sea posible, la consultora debe tener listo ese estudio antes de octubre, de manera tal que el Gobierno bonaerense pueda incluir el paso siguiente en el Presupuesto 2026, con los recursos necesarios para su ejecución.

La causa por contaminación ambiental comenzó luego de una denuncia de una ONG ambientalista contra una empresa de Baradero por el volcado de sus efluentes al río. Cuando hicieron los análisis, detectaron que había materia fecal que venía desde San Pedro.

Previstas para esta semana, fueron pospuestas las indagatorias al intendente Cecilio Salazar y otros miembros de su gabinete por la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.

El abogado Hugo Lima (h) representa a Cecilio Salazar; al exsecretario de Servicios Públicos y actual de Producción, Ariel Álvarez; al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; y al exdirector de Obras Sanitarias, Jorge Ponzio.

Lima logró posponer las indagatorias hasta la semana que viene tras elevar la solicitud al juez Villafuerte Ruzo, en cuyo Juzgado Federal tramita el expediente, que comenzó tras la denuncia de una ONG por los vertidos al río de una fábrica en Baradero cuyos análisis revelaron que el agua venía con altos niveles de contaminación fecal previa.

Cecilio Salazar y Ariel Álvarez declararán el miércoles 26 de marzo a las 11.00 de la mañana, mientras que Mariano Brañas y Jorge Ponzio harán lo propio al otro día, a la misma hora.

El único que este martes se presentó ante el Juzgado Federal de San Nicolás fue Javier Silva, también imputado en la causa por su rol como secretario de Obras Públicas de la gestión Salazar.

Silva tiene asistencia de la Defensoría Oficial que conduce Héctor Galarza Azzoni y concurrió a la audiencia para tomar conocimiento de los alcances de la imputación.

Su declaración será por escrito y objetará los elementos probatorios, la recolección de esas pruebas y buscará deslindar sus responsabilidades en relación a la acusación que pesa sobre el Municipio y los funcionarios actuantes, relacionada con la falta de obras que permitieran evitar el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento al río.

En San Pedro, la planta depuradora dejó de funcionar en 1982 y desde entonces no hay tratamiento para los residuos cloacales, por lo que las responsabilidades de inacción u omisión atraviesan todas las gestiones políticas desde el retorno de la Democracia.

En su Mensaje Anual, el intendente anunció la firma de un convenio con una consultora que, con recursos provenientes de Provincia, lleva adelante un estudio previo que desembocará, eventualmente, en la confección un proyecto para el que luego habrá que buscar financiamiento.

Personal del Juzgado Federal de San Nicolás procedió este jueves a notificar al intendente, funcionarios y exfuncionarios que fueron imputados por el vuelco al río Paraná de efluentes cloacales sin tratamiento.

La causa tiene al intendente Cecilio Salazar, al exsecretario de Servicios Públicos —actual de Producción— Ariel Álvarez, al exsecretario de Obras Públicas Javier Silva, al actual de Obras Públicas Mariano Brañas y al exdirector de Servicios Sanitarios Jorge Ponzio involucrados.

Todos están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y de "contaminación ambiental" por la falta de planta depuradora para el tratamiento de efluentes cloacales, tras una denuncia en Baradero que derivó en análisis que comprobaron presencia de materia fecal en las aguas del riacho.

Las notificaciones, al menos de los funcionarios, se produjeron en el despacho de la Privada, en Palacio, este jueves durante la mañana. Las audiencias para tomar declaraciones indagatorias serán 18, 19 y 20 de marzo del año que viene.

La causa comenzó con una denuncia por los efluentes de la empresa Ingredion en el riacho Baradero. Cuando tomaron muestras, se percataron de que había altos niveles de contaminación fecal previa, es decir que provenía de la zona de San Pedro.

Luego, la Fiscalía Federal ordenó tomar muestras en la boca de salida de los efluentes de la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo. En ambas, constataron que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

Por eso en su momento hubo allanamientos en la Municipalidad y solicitud de documentación al Concejo Deliberante. Di Lello comprobó así lo que los sampedrinos ya sabemos: desde 1982 no hay planta depuradora en funcionamiento, es decir no hay tratamiento de los efluentes cloacales antes de ser volcados al río.

En el expediente obra una declaración del director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, quien señaló que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que los funcionarios locales "no habían manifestado inconvenientes al respecto".

En el Presupuesto 2025, Provincia incluyó en su planificación de obras 10 millones de pesos para "TdR para la elaboración del proyecto licitatorio para desagües cloacales en San Pedro".

Es decir que el año que viene el Gobierno bonaerense financiará los estudios necesarios para la elaboración de una evaluación marco para la posterior planificación del proyecto que, una vez cumplidos ese y los pasos siguientes, podrá derivar en un llamado a licitación.

El fiscal Federal Matías di Lello imputó al intendente Cecilio Salazar y a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno en la causa que investiga la contaminación ambiental del río Paraná por el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento.

La causa es la misma por la que el año pasado el Juzgado Federal de Villafuerte Ruzo ordenó allanar la Municipalidad para solicitar planos de la planta depuradora.

Los imputados, además de Salazar, son el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; el exdirector de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; al exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y el exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez.

Tras el allanamiento, el fiscal le requirió a la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, una gran cantidad de documentación relacionada y ahora avanza en el proceso para indagar a quienes considera "coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "contaminación ambiental".

La causa comenzó con una denuncia de una organización ambiental sobre la contaminación del río Paraná en Baradero que apuntaba a una empresa radicada en esa ciudad. Cuando la Justicia ordenó las pruebas, se encontraron con indicios del vuelco de líquidos cloacales en el riacho.

Así, el Juzgado Federal de Campana que tenía esa denuncia le pasó a Villafuerte Ruzo la situación de San Pedro, que corresponde a su competencia, para que disponga el desarrollo de la causa penal contra el Estado local.

Las muestras originales fueron tomadas frente a la descarga de la empresa Ingredion, en Baradero. El resultado arrojó contaminación fecal previa, confirmada luego por el área de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó nuevas muestras.

Los análisis del agua del riacho en San Pedro establecieron la presencia de coliformes fecales en alto grado. 

La investigación tuvo que constatar con la documentación secuestrada en la Municipalidad y pedida al Concejo Deliberante lo que todos los sampedrinos ya sabemos: no hay planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Las muestras se tomaron en la boca del puerto y en proximidades del buque museo General Irigoyen. En ambos casos, los responsables del análisis dejaron asentado que había "olores nauseabundos".

La Dirección de Control Técnico de la Autoridad del Agua (ADA) concluyó que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

La resolución cita diversas notas publicadas por La Opinión que dan cuenta de que la planta depuradora de calle Rómulo Naón está fuera de servicio desde 1982, fecha desde la que los residuos cloacales van al río sin tratamiento.

Del análisis de la documentación que Mónica Otero tuvo que llevar en papel a la Fiscalía Federal, la causa estableció que "en 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora".

La entonces secretaria Legal y Técnica reconoció ante la Justicia que la planta depuradora no sólo no está en funcionamiento sino que "tampoco se realizan tareas vinculadas a reciclaje o cualquier actividad relacionada con desechos, sean éstos cloacales o residuos".

El director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, dijo en su declaración testimonial que el organismo que conduce nunca tuvo ningún planteo del Gobierno local sobre el tema.

Dijo que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que "los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto".

La Justicia Federal tomará declaración indagatoria a Salazar, Brañas, Silva, Ponzio y Álvarez 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La causa penal que investiga la disposición final de residuos peligrosos en el río Paraná tiene a San Pedro entre los municipios que arrojan desechos cloacales sin tratamiento, por falta de planta depuradora.

El expediente judicial tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y tuvo varias diligencias procesales, entre ellas una orden de presentación —una especie de "allanamiento"— en la Municipalidad en busca de información sobre la planta depuradora.

Además, el año pasado la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, tuvo que ir al Juzgado Federal a llevar una gran cantidad de documentación en papel que había solicitado el fiscal, que ahora pidió los nombres de los responsabes de Obras y Servicios Públicos.

El requerimiento fue hecho al Concejo Deliberante, que ahora preside Pablo Vlaeminck, quien tuvo que hacer lo propio al Ejecutivo para responderle a Di Lello.

La directora de Asesoría Letrada remitió lo solicitado, con los decretos de designación y cese correspondientes, puesto que los funcionarios a cargo cambiaron respecto del año pasado.

En 2023, San Pedro tenía a Javier Silva como secretario de Obras Públicas y a Ariel Álvarez como secretario de Servicios Públicos, mientras que en Obras Sanitarias, como "director de Redes" estaba Jorge Ponzio.

Para el nuevo mandato, Cecilio Salazar hizo diversos cambios y enroques en el gabinete. Silva dejó de ser secretario y volvieron a unificar las áreas de Obras y Servicios Públicos, bajo la conducción de Mariano Brañas. Ariel Álvarez, por su parte, pasó a Desarrollo Económico.

Respecto de Obras Sanitarias, la Dirección que tuvo a su cargo Jorge Ponzio hasta diciembre permanece vacante y ahora hay una Subsecretaría de Servicios Públicos que conduce el expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Eliseo Almada.

La causa penal tramita en el fuero federal porque es en el marco de la ley 24051, que regula el tratamiento y disposición final de residuos considerados "peligrosos", es decir todo aquel que "pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

Una comisión de la División San Nicolás de la Policía Federal se presentó este lunes en la Municipalidad para requerir documentación relacionada con la ex planta depuradora. El procedimiento —técnicamente una “orden de presentación”, una especie de allanamiento— se dio en el marco de una causa penal por la contaminación del río Paraná.

Desde el Gobierno habían informado a La Opinión que los efectivos de la Federal llegaron porque había “un oficio del año pasado que no se contestó”, relacionado con planos de la planta depuradora, aunque desconocían en relación a qué causa.

La Opinión confirmó que se trata de una denuncia radicada por organizaciones ambientalistas ante la Justicia Federal por la contaminación del río a través de efluentes cloacales que tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y que abarca a toda la región.

Por eso la documentación requerida estaba vinculada a la ex planta depuradora, en procura de que la Justicia pueda establecer si este Municipio y los vecinos tienen tratamiento de los desechos cloacales domiciliarios o no.

En el caso de San Pedro, es de público conocimiento que los efluentes cloacales pasan de la cañería al riacho sin tratamiento alguno, con salida en la zona próxima al puerto local.