Tras el allanamiento que personal de la DDI de Pilar encabezó en la casa de la excontadora del Puerto María José Pucurull por un caso de defraudación por administración fraudulenta similar al que denunciaron autoridades del Consorcio de Gestión, se conocieron detalles de la maniobra delictiva de la que está acusada.

Pilar a Diario detalló en su web que la situación se detectó en enero, cuando Pucurull se triplicó el sueldo sin autorización: de poco más de un millón y medio que tenía que cobrar, percibió $ 4,6 millones. Algo similar había pasado el mes anterior.

Eso provocó que le exigieran la renuncia y la devolución de 5 millones de pesos. Allí comenzaron a investigar otras maniobras y detectaron que había vinculado el token bancario con su celular para hacer operaciones que implicaron un robo de casi de 112 millones de pesos.

Pilar a Diario reveló que Pucurull "había realizado el endoso de 19 cheques por un total de $ 111.967.993,19, ingresando un CUIL a su nombre y otro a nombre de una presunta firma llamada Guly S. A.", la distribuidora de bebidas a la que llegó la DDI de Pilar este lunes, antes de allanar a la contadora pública en su domicilio de Independencia al 800.

La causa penal por defraudación por administración fraudulenta tramita en la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar y a cargo del fiscal Camafreita Steffich, quien pidió al Juzgado de Garantías interviniente los allanamientos.

En la casa de Pucurull secuestraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación. La contadora fue aprehendida para la notificación de la causa y recuperó la libertad. 

María José Pucurull enfrenta desde 2022 una causa por maniobras delicitiva similares interpuesta por el Consorcio de Gestión del Puerto, donde era contadora.

La denuncia llegó a la Justicia luego de una auditoría a cargo de un estudio contable contratado por el Puerto, que descubrió irregularidades en los movimientos bancarios.

Detectaron que registraba montos apócrifos de servicios de Prefectura y desviaba esos fondos a sus cuentas personales y que luego adulterba los extractos bancarios.

Personal de la DDI de Pilar trabajó este lunes en San Pedro para allanar un domicilio particular y la sede de una empresa en el marco de una causa que investiga una estafa en la que está involucrada la excontadora del Puerto.

Los efectivos allanaron en Independencia al 800 la casa de María José Pucurull, investigada por maniobras defraudatorias en una empresa de Pilar donde trabajó luego de que la despidieran del Consorcio de Gestión del Puerto tras ser denunciada por maniobras defraudatorias contra ese organismo público.

Además, la DDI estuvo antes es una empresa distribuidora de bebidas —cuyo vínculo con el expediente no fue explicitado— en un procedimiento relacionado con la misma causa, según los propios efectivos informaron a autoridades locales que se presentaron para constatar la veracidad del operativo.

Desde la empresa no estaban al tanto de la posibilidad de un procedimiento de esas características, por lo que convocaron a la DDI local para que verificara, ante el riesgo de que estuvieran ante un operativo apócrifo, como sucedió el año pasado en una financiera del centro.

Una vez que quedó constatado que todo estaba en carriles normales, los efectivos de la DDI Pilar continuaron con las tareas que les había ordenado un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro, donde tramita la causa, que investiga defraudación por administración fraudulenta.

Una empresa de Pilar es la denunciante. En la causa obra que Pucurull habría practicado maniobras defraudatorias consistentes en el presunto desvío de unos 185 mil dólares de cuentas de esa compañía que la investigada habría tenido a su cargo.

La acusación es similar a la que las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto local hicieron contra la contadora en 2022, cuando denunciaron en la Justicia el presunto desvío de dinero de las cuentas del organismo a cuentas personales.

Esa denuncia está sustentada en una auditoría practicada por las contadoras Eva Díaz y Mariela Brambilla, que detectaron irregularidades en los movimientos bancarios del consorcio.

Pucurull fue acusada de registrar montos apócrifos en servicios adicionales de Prefectura, desviar esos fondos hacia sus cuentas personales y adulterar los extractos bancarios durante, al menos, 2021 y 2022, por lo que fue despedida.

De la misma manera, la empresa de Pilar prescindió de sus servicios tras detectar una maniobra delictiva similar y decidió radicar la denuncia penal en la Justicia de su jurisdicción.

La empleada del Consorcio de Gestión contrató a un reconocido estudio jurídico penalista de San Pedro, que ya asumió su defensa formal en la causa que tramita en la Fiscalía de Marcelo Manso. Identificada por el presidente del organismo como María José Pucurull, está acusada de desviar millones de pesos a su cuenta personal a través de un a maniobra que incluyó la adulteración de documentación interna.

La denuncia penal por defraudación que el Consorcio de Gestión del Puerto radicó contra la contadora, identificada como María José Pucurull por el propio presidente del organismo, Eliseo Almada, tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, donde ya hay presentación de defensa particular para la acusada.

La empleada jerárquica del Consorcio contrató al estudio jurídico del reconocido abogado penalista Mauricio Gugger, quien, según obra en los registros judiciales, al otro día de radicada la denuncia se presentó como abogado particular para ejercer la defensa de la acusada.

Consultado por La Opinión, Gugger confirmó que tomó el caso pero informó que por lo pronto la decisión es no brindar declaraciones a la prensa hasta tanto la propia denunciada lo considere, mientras analizan lo que obra en el expediente judicial, con el que recién empezaron a tomar contacto.

La denuncia fue radicada el jueves 13. La presentación la hizo el estudio jurídico de Carlos Casini en representación del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Eliseo Almada, y el director por el sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza.

La contadora Pucurull fue denunciada luego de que el estudio contable de sus colegas Eva Díaz y Mariela Brambilla detectara irregularidades en los movimientos bancarios del Consorcio. Puestas a investigar por orden del Gobierno provincial, hallaron lo que se considera una maniobra delictiva.

La denuncia señala que Pucurull desviaba fondos que alcanzaron los 5 millones el año pasado y los 4 millones para el año en curso de las cuentas del Consorcio a una a su nombre y adulteraba los extractos bancarios utilizados como registros de control interno.

En esa adulteración, los fondos que desviaba a su cuenta aparecían engrosando el monto que se pagaba a Prefectura por servicios adicionales, explicó el presidente del Consorcio Eliseo Almada.

La denuncia por defraudación que autoridades del Consorcio de Gestión radicaron en Fiscalía dio lugar a una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 que conduce Marcelo Manso, cuyo equipo analiza los pasos a seguir en el marco del inicio de la investigación penal preparatoria correspondiente.

Como detalló La Opinión, la denuncia fue radicada por el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, y por el director por parte del gremio de Apuntadores, Diego Balcaza, quienes con la asistencia letrada del estudio jurídico de Carlos Casini, que asiste al Puerto en la mayoría de los temas legales, se presentaron ante el fiscal para dejar asentada la situación.

En la denuncia, además de describir la maniobra delictiva que aseguran pergeñó la contadora María José Pucurull para desviar millones de pesos de las cuentas del Consorcio a su cuenta personal, con adulteración de documentación interna como “pantalla” para el robo, los acusadores pusieron a disposición elementos de prueba y ofrecieron testimonios.

Pero además, solicitaron a la Justicia una serie de medidas de prueba que el fiscal Manso deberá ponderar para poner en marcha cuando considere que sea necesario avanzar en ese sentido como parte de los elementos que deberá reunir para la investigación.

Los denunciantes pidieron una pericia informática que permita ingresar al sistema del Consorcio para recabar las “huellas” de la maniobra delictiva porque, aseguraron, “está todo a la vista” y cada movimiento irregular se hizo con el usuario y contraseña de la contadora Pucurull.

Además, pidieron peritajes sobre la documentación existente en las oficinas del Puerto, que incluyen hasta una pericia caligráfica porque, señalaron en la denuncia y lo ratificó Eliseo Almada al aire de Sin Galera el sábado, hay anotaciones “de puño y letra” de Pucurull que permiten dar cuenta de la maniobra.

Almada explicó que los extractos bancarios oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron “adulterados” y que en la oficina donde la contadora desarrollaba sus tareas en el Puerto obran tres copias de esos extractos, con diferencias.

Además del original, hay otro que oficiaba de “machete” en el que la propia Pucurull hizo anotaciones, dijo Almada, marcando con círculos y escribiendo los montos que había transferido a su cuenta y que debía “dibujar” en el extracto bancario “trucho”.

Porque la tercera copia era eso: un extracto adulterado, falsificado, “trucho”, en el que el dinero que se transfería a su cuenta, según dice la denuncia, aparecía como parte de los servicios que presta Prefectura. Es decir que recargaba la cuenta de la fuerza naval como si allí hubiese ido a parar el monto que enviaba a su propia cuenta personal.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro radicó una denuncia penal en la que apunta a la contadora del organismo, a quien el presidente Eliseo Almada identificó como María José Pucurull, por defraudación al Estado. La acusan de haber desviado millones de pesos a su cuenta personal y de la adulteración de documentación interna para disfrazar la maniobra delictiva.

La denuncia fue radicada por Almada junto a uno de los varios directores que tiene el Consorcio, el representante del sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza, y tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, que recibió la presentación penal con el detalle de la maniobra este jueves.

“Lo que ha pasado en el Consorcio de Gestión del Puerto es muy grave, ha trastocado lo que se ha venido trabajando y opaca lo que se ha venido haciendo. Para mí es una desilusión, en lo personal, muy grande”, dijo Eliseo Almada, que brindó detalles en exclusiva en Sin Galera este sábado.

“Todo arranca con sospechas, con maniobras que desde hace un año empecé a notar como malos manejos, la falta de información por parte de una persona empleada del puerto”, dijo Almada. Para obtener el detalle de la maniobra tuvieron la ayuda de dos contadoras, Eva Díaz y Mariela Brambilla, contratadas de manera externa para hacer una tarea en el Consorcio mientras Pucurull estaba de licencia.

“El desvío de fondos que encontramos hacia su cuenta personal se torna de una gravedad sin precedentes”, dijo Almada.

La denuncia, explicó el presidente del Consorcio, “es por el desvío de fondos públicos del Consorcio hacia la cuenta personal de la responsable jerárquica del área, la contadora Pucurull”, quien cargaba esos dineros que se llevaba como si se los hubieran pagado a Prefectura por servicios adicionales.

El análisis que las contadoras externas hicieron corresponden a 2022 y 2021: 4 millones de pesos para este año y casi 5 millones para el año pasado. Es decir que en los dos períodos en los que se fijaron hay un desvío de alrededor de 9 millones de pesos a favor de la denunciada.

“En una estructura como la del Consorcio y con las atribuciones que se le habían conferido, tenía el manejo de hacer absolutamente todo y que ningún empleado ni yo teníamos acceso a la información, aunque la pedí en reiteradas oportunidades”, dijo Almada sobre la sopresa que causó que esta irregularidad no se haya detectado antes.

“Se falsificaban los extractos bancarios del Banco de la Provincia. Descargaba los originales y en el puerto se han encontrado que se manipulaban de puño y letra de la contadora Pucurull”, reveló sobre la modalidad de la maniobra delictiva.

“Tenemos un auditor externo que lo nombra la Provincia y tampoco había alertado esta maniobra. Más grave aún, el Tribunal de Cuentas tampoco” señaló el presidente del Consorcio y agregó: “Es que se falsificaba tan bien el extracto, donde los números cerraban, que no teníamos manera de verlo porque la encargada de hacer las transferencias era ella”.

“Todos los movimientos fueron hechos con su usuario y su contraseña”, informó Almada.

En el Consorcio, las contadoras externas encontraron tres extractos bancarios por mes: uno original; uno adulterado de puño y letra por la acusada, en la que unía los montos que se transfirió con los de Prefectura; y el adulterado, donde su cuenta desaparecía y todo ese dinero figuraba como pagado a la fuerza naval.

“No falsificaba un documento emitido de la Prefectura sino el documento interno del Consorcio”, explicó Almada. Además, dijo el presidente del Consorcio, la denunciada engañaba al otro contador, a quien le hacía firmar las autorizaciones con montos genéricos para luego, cuando le tocaba hacer la tarea a ella, disponer el detalle donde producía el desvío de fondos a su cuenta

“El Consorcio mueve mucho dinero, cuando empezamos a ver esto y le informa a la Provincia, vemos que hay un goteo de movimiento de dinero. Para cualquier ciudadano 300, 500, 700 mil pesos es muchísimo dinero, pero para la facturación del Puerto es casi insignificante”, explicó el funcionario.

“Fue muy difícil darse cuenta de esta maniobra. Todas las pruebas y la información que recabamos nos lleva directamente a la contadora Pucurull, que contaba con ciertos privilegios que eran apañados por directores, que le transfirieron ciertos manejos con los que yo no estaba de acuerdo, aunque no me saco ningún lazo del cuello. Estas cosas son parte de lo que pasó en julio, cuando ofrecí mi renuncia”, revelo Almada.