Militantes del movimiento La Dignidad, espacio político que a nivel nacional conduce Christian Romo y a nivel local, Juancho Correa, pidieron al Concejo Deliberante que interceda ante la problemática habitacional de un grupo de familias.

En el expediente elevado este miércoles, informaron que se encuentran "en emergencia habitacional" y solicitaron "la visita de una asistente social para constatar" su "forma de vida actual".

La nota, firmada por unas 20 personas, pide además que el Municipio les otorgue "terrenos para poder armar un plan de viviendas de autoconstrucción". En ese marco, aparece la escuela técnica profesional proyectada en Lucio Mansilla.

"Sabemos que el Municipio posee terrenos detrás del Corralón municipal, ex Matadero municipal, en estado de abandono", señalaron en alusión a la suspendida obra que iba a financiar el Gobierno nacional pero que quedó sin efecto, como toda la obra pública, desde la asunción de Javier Milei en Presidencia.

"Tomando ustedes esta solicitud y actuando de forma urgente, estarían solucionando la situación de aproximadamente 100 familias de nuestra ciudad que hoy estamos pasando por un estado de crisis general", dice el texto elevado al Concejo.

La escuela técnica profesional a construirse en esos terrenos fue anunciada en 2022 por el ministro de Educación del Gobierno de Alberto Fernández, Jaime Perczyk, cuando inauguró el jardín de Banfield.

El Estado nacional había girado alrededor de 154 millones de pesos al Municipio, que pagó con ese dinero el anticipo financiero a la empresa Indhal SRL, de Berazategui, que ganó la licitación.

En septiembre de 2023, en plena campaña electoral, hubo un "simulacro de inicio de obra". Tras ello, no hubo ningún otro movimiento en el terreno, que como bien señalan desde La Dignidad, está abandonado.

La empresa suspendió la ejecución de la obra, que nunca comenzó, "como consecuencia de la inestabilidad de precios y la provisión de materiales" tres días después de que asumiera Milei.

Un año y medio después de la firma del contrato, el Gobierno decidió rescindirlo por "incumplimientos graves" y "demora en exceso injustificada" por parte de la empresa, a la que le piden que reintegre el anticipo financiero y pague los seguros de caución correspondientes.

Andrea es una de las personas que aún mantiene la ilusión de llegar a la casa propia, aquella que jamás imaginó que se le presentaría ante los diversos factores que padecen muchos: las escasas oportunidades de convertir un sueño en realidad.

Está cerca de lograrlo si se respeta el listado. La de ella es una historia más dentro del plan de 84 Viviendas, las que a medio construir quedaron abandonadas hace dos años en los terrenos que Arcor cedió al Municipio, con la finalidad de emplazar un complejo destinado a gente que residía en las barrancas del Bajo Cementerio y el Bajo Puerto.

De la totalidad de las unidades, ocho estaban destinadas a discapacitados. “Yo quedé en la lista de espera, porque tengo una hija con invalidez. Las restantes 76 serían destinadas a gente que alquilaba”, comenzó contando Andrea en Sin Galera.

La construcción comenzó, pero jamás concluyó. En el medio surgió un conflicto con Arcor -ahora judicializado- y otro con la constructora Alfa, una de las pertenecientes a un grupo de empresarios quilmeños que, bajo la denominación de cooperativa de trabajo, cobraron certificaciones por trabajos que nunca concretaron.

El barrio quedó abandonado y no hay luz, agua ni cloacas. La mayor parte de adjudicatarios tomaro las viviendas que ya estaban sorteadas a su nombre. “La gente se metió porque decía que iban a usurpar. Además, dejaron de alquilar. Entonces las ocuparon como estaban, sin terminar”. 

En su caso, al no ocuparse las ocho para discapacitados, porque algunos no las quisieron y otros las vendieron, comenzó a preguntar cuál era la situación. Desde entonces inició la recorrida por Desarrollo Humano, Secretaría de Gobierno y hasta en el mismo barrio.

Para ella la necesidad no se discute: “Yo alquilo, vivo sola con mi hija, trabajo por hora, tengo una operación de columna con prótesis por lo que mi trabajo es limitado, pero debo trabajar, no me queda otra. Y el padre de mi hija, que era el que me ayudaba, quedó ciego”. Pero esto no es todo: “Ahora a mi hija le surgió un tumor en el ovario que debe ser extirpado”.

A Andrea le pasan cosas, las mismas que la llevaron a la desesperación por hablar y saber qué posibilidades tiene de acceder a una vivienda.

Por el momento, no obtuvo la respuesta deseada, pese a que le ofrecieron una ayuda para pagar el alquiler. “Muchas han cambiado de dueño o han sido ocupadas por otras personas. Muchas han sido usurpadas y no te puedo decir si quedaron en manos de gente que estaba en la lista de espera”, indicó.

También se enteró que a la ley la ponen los vecinos, “si aceptan que vos estés ahí. Tenés que ir a las casas de discapacidad y hablar para que te den una. Hay un grupo de WhatsApp que cuida del barrio, que no quieren que llegue gente de otros lugares que no sean los que están sorteados”.

Pese a todo, y a dos años de la deserción de la constructora, Andrea no pierde la esperanza de alcanzar su objetivo. “Entiendo la condición por el momento que todos pasamos. Pero es necesario que controlen el tema y llamen a la gente que está en la lista de espera, evitando conflictos con quienes están en el barrio. Porque con ellos debemos convivir en el futuro”. 

La visita del intendente Cecilio Salazar a la obra del barrio 55 Viviendas, ubicado en Mateo Sbert y Güemes, tuvo un cuestionamiento contundente de parte de la exconcejal municipal Sandra Mari.

Tras la noticia oficial que dio a conocer el Municipio, Mari -que se muestra muy crítica del Gobierno local- dijo “el señor intendente ahora se acuerda de recorrer las obras, pero se olvidó de hacerlo cuando firmaba los avances de obra de las 84 Viviendas, de las 89 y de otras”, que definitiva nunca se terminaron y las empresas constructoras se fugaron de San Pedro con el dinero en su haber.

“Ya resulta obsceno tanta mentira y alabanza hacia el gobernador”, enfatizó Mari, molesta por el informe del Municipio. “Se secó el manantial de pesos en San Pedro, que ahora quiere aterrizar en la provincia. ¡Basta Salazar! Se terminó la impunidad”, remató en Facebook.

También en las redes una vecina expresó su hartazgo por la situación que padece, evidentemente surgida tras un análisis de algunos factores que enfrenta en su vida diariamente.

Su bolsillo, el valor de las Tasas municipales y el cuestionamiento severo de la realidad de San Pedro le conformaron un póker de temas, que seguramente puede remplazar con otros que se hallaban en su mazo.

Este domingo Lilia utilizó Facebook para proclamar su ¿angustia?: “Quería pasar por acá, antes de irme a dormir, para descargar un poquito mi bronca y mi inquietud, que quizás importe poco. Mañana, lunes, se vence el impuesto municipal (Tasas), impuesto que tengo que pagar y que el señor intendente decidió volver a aumentar este mes”, comenzó diciendo.

“¿Ustedes se preguntarán por qué te quejas? No lo pagues y listo. ¿Saben qué?, lo pago para el día de mañana no dejarles deuda a mis hijos, porque hace unos años decidí poner a sus nombres esta vivienda. Dicho esto, me gustaría que este señor me explique en qué gasta lo recaudado, ya que deja mucho que desear las condiciones en que se encuentra nuestra ciudad: rutas sin terminar, calles llenas de pozos y ni hablar de la inseguridad que existe, con cinco a seis motos por día, robos de celulares, gente en moto sin casco, con dos o tres criaturas a bordo, y sigo...”

Y Lilia siguió: “Pasan por el paseo los inspectores tomando mates y hacen como que no ven nada, seis policías desparramados por el bajo ocupadísimos mirando sus celulares…”

Posiblemente Lilia dejó de lado, por el momento, el listado que su cerebro le dictaba. Prefirió resumirlo con una propuesta al intendente Cecilio Salazar: “Lo invito a que pase por mi casa y me explique en qué gasta la plata, por los menos, la mía. Muchas gracias”.

Los socios de la cooperativa Nuestro Sueño votarán el 6 de abril los pasos a seguir respecto de la obra de las 89 viviendas que se construyen en sus terrenos a través de un programa del Gobierno nacional similar al de las 84 viviendas de Villa Depietri.

Al igual que ese barrio, Nuestro Sueño tiene la obra "neutralizada" por la cooperativa Grupo Alfa —o por la 8 de Diciembre, que aparece como ganadora da la licitación—, es decir paralizada desde el año pasado y sin  novedades de que vaya a ser retomada.

El Consejo de Administración de Nuestro Sueño dispuso una serie de opciones entre las que los socios deberán elegir al momento de la votación para definir cómo avanzar, ante el riesgo que implica tener la obra paralizada.

Así lo decidieron en la última reunión, que Inés Mario, secretaria de la cooperativa, anunció en Sin Galera tendría lugar el 30 de marzo para que cada socio pueda “decidir qué es lo que quiere para su casa”.

En la reunión, quienes conducen la cooperativa pretendían que los socios votaran, pero hubo una moción para posponer en ese momento la votación.

Los socios quieren "ver al avance de obra antes de tomar la decisión".

Las opciones entre las que deberán elegir contemplan varias alternativas para que los socios decidan qué hacer frente al panorama actual. Nuestro Sueño es propietaria de los terrenos donde se erige la obra, puesta en marcha por administración municipal con recursos del Estado nacional.

La primera opción es exigir al Municipio la devolución del terreno para que cada socio finalice la construcción por sus propios medios, es decir la continuidad individual de la obra a partir de lo construido hasta el momento por la empresa ALFA.

Esta alternativa tiene algunos aspectos dudosos. Por un lado, el Concejo Deliberante no aprobó todavía esa cesión de terrenos, cuyo proyecto fue enviado el 15 de diciembre, muchos meses después de iniciada la obra y cuando ya estaba paralizada.

Por otro lado, la obra no fue "abandonada" respecto de su adjudicación sino "neutralizada", porque la empresa sigue a cargo pero no trabaja en reclamo de pagos adeudados y redeterminación de precios para continuar. Si esto es cierto o no, nadie lo sabe. No hay información sobre los pagos y certificaciones. La única documentación es un decreto que da por sentado que a octubre de 2023 se había ejecutado casi un 40% de la obra.

La segunda opción es "esperar tres meses" y en caso de que el Gobierno no retome las tareas exigir entonces la devolución del terreno para finalizar la construcción de manera individual y cada uno por sus propios medios.

La tercera es esperar tres meses y si el Estado no continúa la obra, "contratar en conjunto una empresa constructora" para que se haga cargo de finalizar las 89 viviendas.

La cuarta opción es que si pasados esos 90 días de espera no hay novedades del Gobierno, contratar de manera individual a la cooperativa Grupo Alfa para que finalice las tareas. A la luz de lo acontecido en las 84 viviendas parece la opción más riesgosa ya que en estos tiempos los materiales acopiados y los trabajadores iban desde una a otra obra como si fuesen de una misma empresa.

La quinta implica que luego del compás de espera de tres meses los socios queden liberados para "ceder a socio suplente el lote de acuerdo" en los términos en los que establece la cooperativa que puede hacerse esa cesión. Una práctica que Nuestro Sueño ya utilizó en su primera etapa cuando financiaba en cuotas lotes que fueron cambiando de titulares y aprobados en asambleas. 

En los próximos días, La Opinión dará a conocer varios de esos casos en los que hasta hoy, no han podido escriturar sus propiedades. 

El Instituto para la Vivienda bonaerense firmó convenios con la Federación de Cooperativas de Vivienda La Matanza (Fecoovima) y el Gobierno municipal para la construcción de 96 viviendas en la zona de Boulevard Moreno y Mateo Sbert.

Con un modelo similar al de la cooperativa Nuestro Sueño, que tiene en marcha 89 viviendas y algunas ya fueron entregadas, los convenios implican la construcción de unidades habitacionales en terrenos que tiene la Fecoovima.

El Gobierno local anunció que si bien el programa de viviendas “estará abierto a todos los interesados” pondrán “especial atención en convocar a trabajadores a través de los gremios de San Pedro”. La cooperativa, ubicada en Boulevard Moreno 834, comenzará a atender consultas en sus oficinas.

Para ser parte, las familias deberán asociarse a la cooperativa, que financiará el lote y los servicios. El Municipio informó que para ello tendrán que contar con ingresos suficientes como para abonar un anticipio y hasta 50 cuotas. Luego, el pago de las viviendas propiamente dichas, será en hasta 360 cuotas a través del Instituto de la Vivienda, una vez que habiten los hogares.

“Las viviendas serán de construcción tradicional con ladrillo cerámico y se entregarán pintadas y equipadas con cocina y termotanque. El barrio contará con red cloacal, red de agua, red de gas, red eléctrica, cordón cuneta y pavimento articulado en el centro de las calles”, informaron.

Desde el Instituto para la Vivienda informaron que el Gobierno bonaerense invertirá más de 1300 millones de pesos en estas 96 unidades habitacionales en San Pedro y que las casas “tendrán entre 56 y 58 metros cuadrados”.

La Federación de Cooperativas de Vivienda Provisión Integral de Obras Públicas, Servicios Públicos y Sociales La Matanza (Fecoovima) tiene presencia en diversos municipios de la provincia, además del distrito al que debe su nombre, donde impulsó la construcción de barrios bajo la modalidad que ahora desarrollarán en San Pedro.

Este sábado, el responsable de la empresa Proyecto Steel, Martín Oña, accedió a una entrevista con Lilí Beradi en Sin Galera y durante alrededor de media hora estuvo sentado en el estudio para responder en vivo en el programa todas las preguntas relacionadas con la denuncia por “estafa y administración fraudulenta” en la que está involucrado.

Oña relató lo que ocurrió desde que en diciembre del año pasado su socio Diego Pereyra decidió retirarse de la compañía y comenzó una “reestructuración” que implicó demoras en la ejecución de las obras tal como estaba previsto, aunque aseguró que “el dinero está para construir las viviendas”.

“No me preocupa porque no estafé ni voy a estafar a nadie”.

“A partir de mayo empezamos a recibir a todos los clientes, y desde entonces estamos dando respuestas para retomar la construcción”, dijo Oña e informó “Cerramos más de 20 acuerdos con personas que querían saber qué iba a pasar con su casa, nos sentamos y encontramos solución. Hay activamente siete obras empezadas de esos acuerdos y las otras 13 están en proceso de arranque, con fecha”.

Martín Oña y la empresa Proyecto Steel fueron denunciados por 14 personas que consideraron haber sido estafados por el constructor, porque la vivienda por la que desembolsaron el 50 por ciento del monto total de la obra no está en pie ni los materiales fueron acopiados, tal como dijo en Radio Cuarentena el abogado que patrocina a 11 de los denunciantes, Adrián Tellas.

“Tenemos buena predisposición del 85 por ciento de los clientes a los que tenemos que hacerles la vivienda, tenemos en total alrededor de 105 contratos”, sostuvo.

“Acá no hay nada sistemático, no es que nos dormíamos para que las cosas no se hagan”, dijo Oña y rechazó el planteo del abogado, que consideró que se trataría de “una estafa piramidal” por lo que difícilmente alguien pueda recuperar su dinero.

“Esto no es un estafa piramidal, para nada, tampoco considero que me fundí, cada obra tenía su caja para que se ejecute”.

Oña señaló a Ramiro Lascano, uno de los denunciantes que expuso su caso ante La Opinión como “una persona que rompe el esquema y quiere que todo esto desaparezca, que no le hagamos la casa a nadie” y que “empuja al resto”.

“No sé cuáles son sus razones, las sabrá él, pero es un acto totalmente dañino, manda fotos de mi familia, amenaza, yo creo que no tiene ganas de hacer su obra sino que esto se destruya, no sé qué ganaría él con todo esto”, dijo Martín Oña.

El constructor contó que a fines de marzo hubo un “acto vandálico” en sus oficinas, donde, relató, entró un grupo entre los que se encuentran los denunciantes y se llevaron información de los clientes que la empresa tiene en todo el país, a quienes, dijo, comenzaron a contactar para generar paranoia respecto de las posibilidades de la empresa de cumplir con las obras pendientes.

“Con Ramiro Lascano estuvimos reunidos, tratamos de llegar a un acuerdo y no quiere porque cree que soy un mentiroso y que las cosas no van a prosperar, entonces prefiere enloquecer al resto y no dejar que la empresa funcione”, se quejó Oña.

“El dinero está disponible para terminar las obras, hay que sentarse con cada uno y acordar el inicio, las formas y todo”.

Reconoció que pudo haber habido alguna “mala práxis”, así lo llamó, en cuanto a demoras en la ejecución, pero explicó: “Acá hay tiempos de trabajo de arquitectura, de Municipalidad, de gestoría, y todo el mundo sabe cuando cierra un contrato que esos tiempos existen. Todos los contratos tienen un tiempo de ejecución de obra, que no corre desde el día en que firmaste”.

“Hay muchos denunciantes que tienen trabajos hechos que no se cobraron”, dijo y apuntó a otra de las denunciantes que mantuvo contacto con La Opinión, Elizabeth de Dio: “Tiene el 30 por ciento de la construcción que no se certificó porque no se abonó y el contrato es claro con eso”.

“Nosotros nos dedicamos a construir. Estoy sentado acá, tengo la empresa funcionando, estoy en los zapatos de cada uno”, dijo y repitió: “La plata está para construir y para trabajar, estamos diciéndoles a los clientes que nos ayuden, con muchísima gente nos sentamos a charlar y hay otros que no quieren”.

Dos allanamientos en San Pedro y alrededor de 15 en la zona de Buenos Aires y el conurbano tuvieron lugar en los últimos días en el marco de la causa penal radicada en Capital Federal que investiga el incumplimiento de la empresa sampedrina Proyecto Steel respecto de contratos para la construcción de viviendas.

La denuncia radicada por decenas de damnificados es por estafa y administración fraudulenta, puesto que cada uno de ellos entregó entre 20 y 50 mil dólares para que la firma cuya cara visible es Martín Oña les construya la casa pero no obtuvieron nada a cambio.

El abogado de 11 de los damnificados que fueron a la Justicia, Adrián Tellas, explicó en Radio Cuarentena los alcances y el estado de la causa penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 7 de Buenos Aires, a cargo de Paula González.

Tellas contó que sus representados antes y después de radicar la denuncia intentaron comunicarse con la empresa y la respuesta que obtuvieron fue que “no estaban en condiciones de construir la casa” y que iban a “reestructurar la compañía”.

Además, “quienes optaron por la vía civil, que mandaron carta documento para iniciar mediación ni siquiera pudieron notificarlos, venían rechazadas”, señaló el abogado.

Los denunciantes son familias que firmaron contrato con Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel, para la construcción de viviendas bajo el sistema steel framing.

Entregaron en dólares el equivalente a la mitad del costo total del proyecto. El 40 por ciento estaba destinado a acopiar materiales “para congelar precio”, señaló el abogado. Sin embargo, “hasta donde se supo no hay acopio de material de ninguna de las personas que han puesto esos dineros”, indicó.

“Mi experiencia me indica que estos casos, aunque no hay uno igual a otro, se puede hacer un paralelo con estas estafas piramidales que son noticia corriente, con gente condenada, detenida, etc., en la que quizás no se pueden recuperar los fondos”, advirtió el abogado.

“Sería auspiciosa que la persona que cometiò estos delitos recapacite y pueda enmendar el mal que ha hecho, entiendo que quizás no pueda enmendarlo del todo, pero bueno, normalmente estos casos, cada vez más, terminan en condena”, agregó.

Respecto del dinero entregado, Tellas señaló que “la lógica indica que deberían estar en los corralones, por eso entendemos que si no hubo una intención inicial de de defraudar esa confianza depositada por cada uno de los clientes hay una administración infiel porque el dinero que debía destinarse a los materiales no se destinó a esos fines”.

Inicialmente, muchos damnificados pensaron en reclamar el material y contratar a otra empresa para continuar con la construcción, pero se encontraron con que al no haber acopio en los corralones habían perdido todo.

“En este momento rige un secreto de sumario porque hay posibilidades de hacer allaamientos, detención de personas, etc., por lo que no puedo dar mayores detalles. Pero normalmente el proceso es que tras la denuncia, se presentan pruebas, el fiscal analiza el mérito, solicita al juez medidas restrictivas de derechos o para procurar pruebas, cosas como detenciones, allanamientos, embargos”, explicó el abogado sobre el devenir de la causa.

Además de la cuestión penal, que puede implicar condenas de prisión, los damnificados esperan actuar en la vía civil para recuperar el dinero que pagaron, por el que deberán responder los responsables con su patrimonio, dijo el abogado.

“Hay casos de todo tipo, algunos verdaderamente conmueven, han puesto ahorros de toda la vida en este proyecto y ven frustrado poder continuar el proyecto y otros que como consecuencia de aprobar planos y no iniciar la obra debe pagar en barrios cerrados cánones mensuales más onerosos”, detalló.

El miércoles, la Policía Federal allanó dos domicilios ubicados en Sarmiento al 700, una oficina comercial y una vivienda familiar, donde secuestraron elementos de interés para la causa penal en trámite.