El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Carlos Casini, concurrió este lunes a la comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante tras una convocatoria impulsada por el concejal opositor Martín Rivas para que responda consultas respecto de la situación desatada tras la varadura del buque Yasa Tokyo.

Casini respondió preguntas de los concejales al otro día que el barco zarpara hacia su destino, el puerto de Luanda, en Angola, con 33 mil toneladas de trigo que había cargado entre el 18 y el 23 de mayo, fecha en la que intentó salir del puerto pero quedó varado en el canal de acceso.

Acompañado del ingeniero Dante Ambrogi, Casini dio explicaciones relacionadas con el fenómeno natural al que el informe oficial del Consorcio atribuyó la sedimentación excesiva que provocó la varadura y dio detalles acerca de las gestiones para el dragado practicado en la última semana y que permitió que el buque, finalmente, zarpara.

"Los estudios dirán qué es lo que pasó y si puede volver a pasar. Si esto vuelve a suceder, es una tragedia para el puerto", sostuvo el presidente del Consorcio. Aun así, aseguró:

"A pesar de la desgracia, hemos salvado la temporada".

El concejal Rivas dijo que el objetivo de la convocatoria, "las preguntas y el cuestionamiento" respecto del informe oficial tiene que ver con que "sería trágico para los intereses de la comunidad que vuelva a suceder".

Rivas pidió copia de los informes técnicos y acceso a las batimetrías previas al dragado de mantenimiento de mayo y posteriores al fenómeno de la varadura. "Esa información que usted solicita ya es pública", le dijo Casini, quien además le confirmó que una muestra de los sedimentos refulados serán enviados a analizar a un laboratorio.

Rivas pidió que quede registrada en el acta su inquietud y el concejal Matías Franco, que además es representantes de los sindicatos portuarios en el directorio del Consorcio, se molestó: "No busques cosas que no tienen sentido", le dijo.

Casini informó que el último dragado, el que hizo el Grupo Jan de Nul tras la varadura del Yasa Tokyo, refuló alrededor de 109 mil metros cúbicos para alcanzar los 9,80 metros de profundidad que necesita el canal para quedar operativo.

Ante la consulta de la concejala Paola Basso sobre la situación económica del Consorcio, el presidente informó que quedó una deuda de alrededor de mil millones de pesos con la Compañía Sudamericana de Dragados y que esperan un subsidio de Provincia para saldarla.

En ese marco, les dijo a los concejales de San Pedro que responden a Javier Milei que le hubiese gustado que se comunicaran con él "para dar una mano", puesto que "tienen llegada" al Gobierno nacional, que durante otras gestiones intervino para inyectar recursos ante situaciones relativamente similares.

Respecto de eventuales reclamos de las empresas involucradas en la operatoria del Yasa Tokyo, Casini sostuvo que la situación ocurrida tiene todos los elementos para ser considerado "un hecho de fuerza mayor" por lo que, entiende, "el Puerto no puede ni debe responder".

"Un hecho extraordinario de esta naturaleza debe ser soportado por todos", dijo y aseguró que así como el Consorcio tuvo pérdidas por no operar este mes, también las tuvieron el armador y el dueño de la carga. "Cada uno deberá soportarlo, porque todos deben contribuir ante este hecho de fuerza mayor", agregó.

Tras señalar que el Consorcio hizo "lo que tenía que hacer" tras la varadura, destacó: "No había plan B. Había que dragar o dragar. Hacerlo 15 días más tarde o el mes que viene, era la muerte del puerto. Se caía la operatoria, los buques se iban a otros puertos y quizás no volverían el año que viene".

Desde que el temporal de mediados de mayo provocó una sedimentación extraordinaria en el canal de acceso a la Hidrovía del Puerto de San Pedro, la terminal portuaria está paralizada y el buque Yasa Tokyo, que quedó varado al intentar salir rumbo a Angola, sigue a la espera en el muelle elevador.

El viernes comenzaron las tareas de dragado de emergencia para las que el Consorcio de Gestión contrató a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados, del grupo Jan de Nul, que había practicado el refulado anual a principios de mayo.

Desde ese día, las dragas Afonso de Albuquerque y Pancho están en la zona. La primera, que está equipada con sistema de succión de arrastre, trabaja en el canal.

La otra, que opera por inyección de agua, lo hace en la zona de maniobras de la dársena, puesto que está preparada para alcanzar zonas de difícil acceso.

La draga Afonso de Albuquerque recorre el canal y arroja en el Paraná propiamente dicho la sedimentación que succiona, para que se la lleve la corriente; la Pancho, por su parte, opera en inmediaciones de la proa del buque Yasa Tokyo.

La tarea para la que fue contratado el grupo Jan de Nul implica refular unos 214 mil metros cúbicos de sedimento, el triple de lo que había dragado a principios de mayo, cuando refuló 85 mil m3. 

Tras el temporal, la draga succionó otros 65 mil m3 como adelanto de las tareas de mantenimiento previstas para el resto del año.

Para abonar el trabajo contratado, el Consorcio decidió utiliar 1500 millones de pesos que corresponden a los intereses generados por los 450 millones que durante la gestión Alberto Fernández envió Nación para una obra en el muelle que no se pudo hacer por la inflación.

El informe oficial del Consorcio de Gestión del Puerto indica que la contracorriente del río Baradero arrastró sedimentación excesiva que volcaron el arroyo El Tala y el río Arrecifes durante el temporal de mediados de mayo en el que cayeron alrededor de 400 milímetros de lluvia en la región.

El 23 de mayo, el buque Yasa Tokyo, cargado con 33 mil toneladas de trigo con destino a Angola, intentó salir por el canal de acceso pero no lo logró: quedó varado y tuvo que ser remolcado de regreso al muelle. 

Desde entonces, su capitán, de origen turco, y la tripulación filipina aguardan la posibilidad de zarpar hacia el puerto de Luanda.

Desde el Consorcio, los integrantes del directorio coinciden en que más allá de la salida del Yasa Tokyo, la preocupación es el futuro del puerto de San Pedro.

Hasta el momento, al menos dos buques que la firma Grobocopatel Hermanos tenía previstos para operar tuvieron que ir a otra terminal. 

El presidente del Consorcio, Carlos Casini, confía en que la temporada no se pierda. Cuando termine el dragado y el puerto esté operativo, la decisión estará en manos de los armadores.

Las tareas de la draga que llegó el sábado para adelantar dragado de mantenimiento que tenía comprometido terminó su tarea y desde el Consorcio de Gestión informaron que refuló alrededor de 65 mil metros cúbicos de sedimento del canal de acceso.

El presidente del organismo, Carlos Casini, indicó a La Opinión que ahora aguardan los resultados de la batimetría de la empresa de dragado y de otras dos mediciones que el Puerto contratará para evaluar los pasos a seguir.

Mientras tanto, el buque Yasa Tokyo continúa en el muelle local, donde fue remolcado luego de liberarlo de la varadura que sufrió el 23 de mayo pasado cuando intentaba salir cargado con 33 mil toneladas de trigo rumbo a Angola.

Tras las tareas de la draga Afonso de Albuquerque, que comenzaron el sábado por la madrugada, el Consorcio aguarda las mediciones para saber cuánto resta dragar para alcanzar los 9,80 de determinante en el canal de acceso para que el buque pueda salir a la Hidrovía.

Las tareas de la Compañía Sudamericana de Dragados estaban comprometidas como "mantenimiento" durante el transcurso del año y el Consorcio logró que se ejecutaran ahora, ante la emergencia.

Casini informó que Jan de Nul elevará su informe tras el dragado del fin de semana y que el Consorcio encomendará "uno o dos" más para, con ese resultado, definir qué tareas deben emprenderse no sólo para que el Yasa Tokyo pueda zarpa rumbo a Angola sino también para devolver la operatividad a la terminal portuaria local.

"Esos informes nos dirán de cuántos metros cúbicos estamos hablando y de qué plata estamos hablando", señaló Casini. Con ese detalle, el Consorcio evaluará si está en condiciones de afrontar el gasto o si deberá solicitar recursos extraordinarios a Provincia.

"La idea, que siempre se comunicó a todos, es que nosotros nos íbamos a abocar a dragar lo antes posible con los esfuerzos que sean necesarios y en eso estamos", dijo Casini.

Desde el viernes el silencio de los operadores portuarios provoca mucho ruido. Las posibilidades de operar durante esta temporada con los buques comprometidos se reducen, por el momento, a cero.

Esa es la conclusión a la que arriban los armadores que tenían previstas operaciones pactadas con el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro que, en definitiva, pertenece a la Provincia de Buenos Aires.

A cinco días de “la tragedia natural" que en conferencia de prensa confirmó el presidente del organismo, Carlos Casini, no hay en el horizonte una solución para el problema actual y mucho menos para ofrecer una salida a futuro.

“Si no se hace un salvataje, el puerto no funciona más”, dijo Casini el día en que explicaron la situación.

El Yasa Tokyo llevaba 33 mil toneladas de trigo que cargó desde su propio establecimiento la firma Grobocopatel Hermanos.

Desde el mismo momento en que soltó su última amarra, las cinco bodegas en las que almacena el cereal “ya fueron exportadas”, explicó un especialista en derecho portuario y por ende hay que apelar a los seguros para sopesar la reparación económica y conocer cuál será el reclamo al Consorcio de Gestión y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

En la consulta que formuló La Opinión, llama la atención que aún no haya información precisa sobre la modalidad que debe emplearse si se quiere liberar el barco. La empresa Grobocopatel Hnos. no formula declaraciones.

El único modo es el empleo de barcazas, que cargan alrededor de 3000 toneladas cada, una y su posterior descarga en el muelle; la otra alternativa es un dragado de emergencia. El domingo con ayuda de tres remolcadores apenas lograron volver a amarrarlo.

Este miércoles Casini viajó para gestionar “si podemos encarar una obra de dragado grande, para la que obviamente no tenemos los fondos, a ver si la podemos hacer que salga el buque, pero lo más importante es normalizar la operatoria del puerto, que puedan seguir operando”.

“Hay que hacer una obra de dragado y la plata no está y hay que conseguirla. Por supuesto, también pretendo que los capitales privados colaboren”, dijo Casini a La Opinión.

El funcionario también indicó que hay que tener en cuenta la dimensión que tuvo la variación de la profundidad porque no tienen antecedentes en la historia del puerto. 

“Hay que dragar o dragar”, indican quienes evalúan el importe que por día implica un buque amarrado al muelle: entre 25 mil y 30 mil dólares por jornada sin contemplar la actividad de camiones, combustible, personal, acopio, administración y otras tareas vinculadas que incluyen mantener la tripulación afectada.

También hay preocupación para quienes en agosto tenían pensado arrancar nuevamente con la exportación de legumbres.

El sampedrino Carlos Casini, como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local, fue designado revisor de cuentas titular del Consejo Portuario Argentino (CPA), que renovó su comisión directiva para el período 2024/2026.

El organismo que nuclea a todos los puertos del país tiene al titular del Consorcio del puerto de La Plata, José María Lojo, como nuevo presidente, con el responsable de la Dirección de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, como vicepresidente.

La provincia de Buenos Aires tiene relevante representación en el CPA, con la titular del Consorcio de Dock Sud, Carla Monrabal como secretaria, y la de San Nicolás, Cecilia Comerio, como tesorera.

La Administración General de Puertos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no tiene representantes en el Consejo, lo que resultó llamativo puesto que generalmente ocupaban espacios relevantes en la comisión deirectiva.

Quienes conocen acerca de la “rosca portuaria” aseguran que el movimiento en el CPA no debe leerse por fuera de la disputa entre el Gobierno nacional y el bonaerense, que se ocupó a través de funcionarios del gabinete de Kicillof de lograr la mayor cantidad de sillas, entre ellas la de la presidencia.

Marcos Gutiérrez, de Mar del Plata, es el prosecretario, Jimena López, de Quequén, protesorera; Miguel Cavalli (Dock Sud), Santiago Mandolesi Burgos (Bahía Blanca) y Diego Piñero (Coronel Rosales) son los vocales titulares. 

"El CPA es una herramienta fundamental que hay que desarrollar y desde donde se pueden llevar adelante muchas iniciativas positivas para mejorar la logística vinculada a los puertos", dijo Lojo tras asumir como presidente.

Después de treina años, el predio de Mansa que corresponde al camping y restaurante cuya explotación estuvo a cargo de la Federación de Luz Y Fuerza, vuelve a manos del Consorcio de Gestión.

Pese a que siempre se pensó que esa playa que bañaba la laguna era de uso sampedrino, cuando se sancionó la ordenanza de concesión y se anunciaron las inversioens que incluían salón de convenciones, alojamiento y otros beneficios se supo que en realidad la propiedad estaba dividida en dos: una parte de la Municipalidad, que es la que se recuperó en 2023, y otra provincial, que es la que ahora se le resituyó al Puerto. 

“Queda un problema legal pendiente, Luz y Fuerza tenía que construir una guardería y quién la explota actualmente no se fue. Tendremos un litigio para poder desalojarlo”, dijo el presidente del Consorcio de Gestión, Carlos Casini.

Auque los planos y disposiciones no refieren a una guradería náutica como la que ilegalmente cedió la Federación a un tercero, hay centenares de embarcaciones alojadas en ese lugar que está a cargo de una persona cuyo nombre es Mario Asturi. 

Será difícil probar de quién es la responsabilidad porque en apariencia una gran parte de la inversión la hizo el concesionario. Aún así, hace cerca de tres meses fue intimado para retirarse del lugar.

“Venimos discutiendo con Luz y Fuerza porque nos quiere entregar el predio con la guardería, que está a cargo de ellos, está dentro del predio del permiso, con un intruso”, esa es la verdadera condición legal que para el Estado tiene la presencia de quien opera este negocio, según refirió Casini.

El Consorcio exigió la presencia de un escribano público para certificar en que´condiciones se recibe el lugar. Saben además lo que sucedió con quien explotaba el complejo de cabañas que está lindero al Howard Jhonson con el que la Municipaliad ahora tiene un litigio. 

Luz y Fuerza también tercerizó algo que estaba expresamente prohibido y el Estado no controló el cumplimiento del contrato en favor de la población.

“Nos notificaron que dejaban el predio en las condiciones en las que están y ahí estamos con actas notariales de ida y de vuelta para dejar en claro cómo entregan la propiedad. Y seguro después de eso vendrá un conflicto legal con la situación en la que entregaron el predio”, adelantó Casini

La pregunta es si esta vez se devolverá a la población la posibilidad de disfrutar del lugar hasta tanto se resuelvan los conflictos o se llamará a una licitación para que un privado explote el predio en tanto el Puerto no lo requiera para su operatoria. 

Hay que recordar que entre el puerto y Mansa está el club Pesca y Casting, con el que también hay un pedido de desalojo que nunca logró concretarse, aunque el complejo fue clausurado por orden municipal.

Trabajadores portuarios permanecen en alerta por el futuro de la operatoria del puerto local luego de que la semana pasada el subsecretario de Vías Navegables de la Nación, Patricio Hogan, confirmara que con los recursos disponibles para la obra del Espigón Nº 1 no podrán llevar adelante el proyecto original y que buscarán alternativas menores.

Este lunes por la tarde, el presidente del Consorcio de Gestión, Eliseo Almada, se presentó junto al ingeniero Dante Ambrogi en la nueva sede de la Fempinra, ubicada en Combate de Obligado 81, para explicar la situación y poner a los sindicatos de la Federación en conocimiento del panorama.

La Fempinra tiene al delegado regional del sindicato de Guincheros, Cristian Colicigno, como nuevo titular, en reemplazo del concejal Matías Franco. Este martes, en Radio Cuarentea, el sindicalista expresó la preocupación del sector por las demoras en la obra.

“Hace mucho tiempo que hay problemas en el muelle, está muy complicado, no se puede trabajar. Hoy por hoy estamos corriendo riesgos rebajando ahí arriba porque está muy mal estructuralmente”, señaló Colicigno.

La Fempinra espera para el 5 de abril próximo a Juan Carlos Smith, secretario general nacional, Juan Carlos Schmid. “Va pedir una reunión con el intendente para que nos dé explicaciones. Queremos soluciones, queremos laburar”, señaló y adelantó que habrá un planteo formal al gobernador Axel Kicillof.

“En su momento nos pusimos contentos porque se había anunciado esa obra tan espectacular. Estábamos tranquilos inclusive habían dicho que la plata estaba, entonces nosotros nos quedamos tranquilos y esperando que se concluya el tema de la obra”, analizó Colicigno.

El sindicalista se refirió además a la problemática que atraviesa la composición del Directorio del Consorcio, que tiene los mandatos vencidos. “Queremos que se pongan directores que por lo menos sepan para qué lado corre el agua del río”, disparó.

Durante la reunió con Almada y Ambrogi, el presidente del Consorcio y el ingeniero les explicaron a los trabajadores que “hay una enovación del proyecto del plan de obra” que es “más barata” que la propuesta original, puesto que los alrededor de 1200 millones asignados ya no alcanzan.

La renuncia de Eliseo Almada y las contramarchas que dejaron tamableando al Consorcio de Gestión a fines de 2022 provocaron demoras imperdonables para la dinámica y operatoria que puede ofrecer una terminal portuaria de pequeñas dimensiones como la sampedrina.

Hay denuncias por malversación de fondos, acusaciones de una ex empleada, indemnizaciones y resarcimientos que afrontar pero ninguno de esos problemas se parece a la obra que por más de mil millones había anunciado cuando aún era presiente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa o el dragado cuyo trámite hizo saltar la renuncia de todos los directores que integraban el organismo que asministra la terminal fluvial.

Sobre la obra del muelle y el nombramiento de nuevas autoridades no hay noticias. Sobre el dragado sí. El 13 de Enero fue publicado el llamado a licitación y el 26 de ese mes se abrieron los sobres con las ofertas.

El proyecto contemplaba el dragado a una profundidad final de 9.800 metros, sobre el canal de acceso de los barcos desde “el kilómetro 0 hasta el empalme con la ruta de navegación troncal kilómetro 2.200”, decía el informe técnico. Los trabajos a realizarse frente del muelle cabecera; el sector de maniobras y la dársena de ultramar ya eran importantes durante la temporada anterior cuando la altura del río jugaba a favor de los operadores.

También se habían solicitado “modificaciones al perímetro del vaso portuario y solera del canal, en los sectores de zona de maniobras; raveo; e inflexión”. Lo que nadie había cuestionado es el inciso siete de la convocatoria donde se solicita que la bodega de carga de la draga no exceda los ochocientos metros cúbicos.

Como bien se sabe el negocio portuario implica siempre volúmenes tan importantes de dinero y relaciones tan aceitadas con gremios y empresas que se hace difícil saber cuándo se está ante una “operación política”, “un carpetazo” o un habitual “negociado”. Fueron varios los medios de comunicación que reportan una “polémica” y una licitación “a medida” de la empresa que ya se había presentado como única opción para esxtraer los 130.000 metros cúbicos de arena por valor de más de 178 millones de pesos.

Por ahora, todo es debate y presión. Las conclusiones deberían estar disponibles en los próximos días y la temporada de carga no podrá esperar más dilaciones.

La denuncia por defraudación que autoridades del Consorcio de Gestión radicaron en Fiscalía dio lugar a una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 que conduce Marcelo Manso, cuyo equipo analiza los pasos a seguir en el marco del inicio de la investigación penal preparatoria correspondiente.

Como detalló La Opinión, la denuncia fue radicada por el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, y por el director por parte del gremio de Apuntadores, Diego Balcaza, quienes con la asistencia letrada del estudio jurídico de Carlos Casini, que asiste al Puerto en la mayoría de los temas legales, se presentaron ante el fiscal para dejar asentada la situación.

En la denuncia, además de describir la maniobra delictiva que aseguran pergeñó la contadora María José Pucurull para desviar millones de pesos de las cuentas del Consorcio a su cuenta personal, con adulteración de documentación interna como “pantalla” para el robo, los acusadores pusieron a disposición elementos de prueba y ofrecieron testimonios.

Pero además, solicitaron a la Justicia una serie de medidas de prueba que el fiscal Manso deberá ponderar para poner en marcha cuando considere que sea necesario avanzar en ese sentido como parte de los elementos que deberá reunir para la investigación.

Los denunciantes pidieron una pericia informática que permita ingresar al sistema del Consorcio para recabar las “huellas” de la maniobra delictiva porque, aseguraron, “está todo a la vista” y cada movimiento irregular se hizo con el usuario y contraseña de la contadora Pucurull.

Además, pidieron peritajes sobre la documentación existente en las oficinas del Puerto, que incluyen hasta una pericia caligráfica porque, señalaron en la denuncia y lo ratificó Eliseo Almada al aire de Sin Galera el sábado, hay anotaciones “de puño y letra” de Pucurull que permiten dar cuenta de la maniobra.

Almada explicó que los extractos bancarios oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron “adulterados” y que en la oficina donde la contadora desarrollaba sus tareas en el Puerto obran tres copias de esos extractos, con diferencias.

Además del original, hay otro que oficiaba de “machete” en el que la propia Pucurull hizo anotaciones, dijo Almada, marcando con círculos y escribiendo los montos que había transferido a su cuenta y que debía “dibujar” en el extracto bancario “trucho”.

Porque la tercera copia era eso: un extracto adulterado, falsificado, “trucho”, en el que el dinero que se transfería a su cuenta, según dice la denuncia, aparecía como parte de los servicios que presta Prefectura. Es decir que recargaba la cuenta de la fuerza naval como si allí hubiese ido a parar el monto que enviaba a su propia cuenta personal.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro radicó una denuncia penal en la que apunta a la contadora del organismo, a quien el presidente Eliseo Almada identificó como María José Pucurull, por defraudación al Estado. La acusan de haber desviado millones de pesos a su cuenta personal y de la adulteración de documentación interna para disfrazar la maniobra delictiva.

La denuncia fue radicada por Almada junto a uno de los varios directores que tiene el Consorcio, el representante del sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza, y tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, que recibió la presentación penal con el detalle de la maniobra este jueves.

“Lo que ha pasado en el Consorcio de Gestión del Puerto es muy grave, ha trastocado lo que se ha venido trabajando y opaca lo que se ha venido haciendo. Para mí es una desilusión, en lo personal, muy grande”, dijo Eliseo Almada, que brindó detalles en exclusiva en Sin Galera este sábado.

“Todo arranca con sospechas, con maniobras que desde hace un año empecé a notar como malos manejos, la falta de información por parte de una persona empleada del puerto”, dijo Almada. Para obtener el detalle de la maniobra tuvieron la ayuda de dos contadoras, Eva Díaz y Mariela Brambilla, contratadas de manera externa para hacer una tarea en el Consorcio mientras Pucurull estaba de licencia.

“El desvío de fondos que encontramos hacia su cuenta personal se torna de una gravedad sin precedentes”, dijo Almada.

La denuncia, explicó el presidente del Consorcio, “es por el desvío de fondos públicos del Consorcio hacia la cuenta personal de la responsable jerárquica del área, la contadora Pucurull”, quien cargaba esos dineros que se llevaba como si se los hubieran pagado a Prefectura por servicios adicionales.

El análisis que las contadoras externas hicieron corresponden a 2022 y 2021: 4 millones de pesos para este año y casi 5 millones para el año pasado. Es decir que en los dos períodos en los que se fijaron hay un desvío de alrededor de 9 millones de pesos a favor de la denunciada.

“En una estructura como la del Consorcio y con las atribuciones que se le habían conferido, tenía el manejo de hacer absolutamente todo y que ningún empleado ni yo teníamos acceso a la información, aunque la pedí en reiteradas oportunidades”, dijo Almada sobre la sopresa que causó que esta irregularidad no se haya detectado antes.

“Se falsificaban los extractos bancarios del Banco de la Provincia. Descargaba los originales y en el puerto se han encontrado que se manipulaban de puño y letra de la contadora Pucurull”, reveló sobre la modalidad de la maniobra delictiva.

“Tenemos un auditor externo que lo nombra la Provincia y tampoco había alertado esta maniobra. Más grave aún, el Tribunal de Cuentas tampoco” señaló el presidente del Consorcio y agregó: “Es que se falsificaba tan bien el extracto, donde los números cerraban, que no teníamos manera de verlo porque la encargada de hacer las transferencias era ella”.

“Todos los movimientos fueron hechos con su usuario y su contraseña”, informó Almada.

En el Consorcio, las contadoras externas encontraron tres extractos bancarios por mes: uno original; uno adulterado de puño y letra por la acusada, en la que unía los montos que se transfirió con los de Prefectura; y el adulterado, donde su cuenta desaparecía y todo ese dinero figuraba como pagado a la fuerza naval.

“No falsificaba un documento emitido de la Prefectura sino el documento interno del Consorcio”, explicó Almada. Además, dijo el presidente del Consorcio, la denunciada engañaba al otro contador, a quien le hacía firmar las autorizaciones con montos genéricos para luego, cuando le tocaba hacer la tarea a ella, disponer el detalle donde producía el desvío de fondos a su cuenta

“El Consorcio mueve mucho dinero, cuando empezamos a ver esto y le informa a la Provincia, vemos que hay un goteo de movimiento de dinero. Para cualquier ciudadano 300, 500, 700 mil pesos es muchísimo dinero, pero para la facturación del Puerto es casi insignificante”, explicó el funcionario.

“Fue muy difícil darse cuenta de esta maniobra. Todas las pruebas y la información que recabamos nos lleva directamente a la contadora Pucurull, que contaba con ciertos privilegios que eran apañados por directores, que le transfirieron ciertos manejos con los que yo no estaba de acuerdo, aunque no me saco ningún lazo del cuello. Estas cosas son parte de lo que pasó en julio, cuando ofrecí mi renuncia”, revelo Almada.

La “novela” del Consorcio de Gestión del Puerto que estalló en una reunión en la que Eliseo Almada renunció y que derivó luego en su reposición en el cargo tras un debate respecto de presuntas situaciones irregulares dentro del organismo tuvo la semana pasada un nuevo capítulo que podría terminar con una investigación penal en la Justicia.

En una sesión extraordinaria convocada por Almada a solicitud del Gobierno provincial, el presidente del Consorcio de Gestión explicó en el Directorio que una comisión que envió Provincia para auditar el funcionamiento del organismo encontró irregularidades que podrían ser pasibles de ser investigadas como delitos.

Todo indica que el Ministerio de Producción instruirá a los funcionarios a cargo para que radiquen una denuncia ante la Justicia porque entienden que habría situaciones que deberán ventilarse en ese ámbito. Incluso se habla de presuntos delitos de carácter federal que tendría a responsables de cuestiones sensibles dentro del Consorcio como presuntos responsables.

La sesión extraordinaria del Directorio derivó en las renuncias de los representantes de Caproem y Sociedad Rural, Alejandro Guzzo y Martín Palazón. Además, esas organizaciones empresariales decidieron retirarse de la conformación del Consorcio, algo que ya había hecho el Centro de Comercio.

Lo hicieron porque consideraron que ante “semejante desorden ocurrido en la administración”, resultado de lo que la comisión que envió Provincia detectó en su análisis, “fallaron todos los sistemas de control” internos, puesto que entienden que esas presuntas irregularidades deberían haberse detectado antes.

Así, sin Centro de Comercio, Caproem ni Sociedad Rural, el único representante empresarial que queda es Emilio Castrillón, que ya no representa por cierto a la empresa Grobocopatel Hermanos porque fue despedido, pero como las sillas del Directorio son a título personal, si no renuncia sigue a cargo.

El resto de los miembros del Directorio son el intendente interino Ramón Salazar en nombre de la Municipalidad; el concejal oficialista Matías Franco por sl sindicato de empleados de Marina Mercante; y el también sindicalista Diego Balcaza, que representa a los Apuntadores.

Los mandatos de todos los directores vencieron el 4 de octubre pasado pero fueron prorrogados de hecho hasta tanto se cumplan los pasos correspondientes para la renovación de los cargos, un trámite que Provincia pondrá en marcha recién cuando venzan todos los mandatos de todos los directores de todos los consorcios de puertos públicos, algo que sucederá recién a fines de noviembre.

Fuentes del Gobierno provincial aseguraron a La Opinión que el subsecretario de Puertos, Juan Cruz Lucero, o el propio ministro Augusto Costa serán los responsables de confirmar los alcances de la investigación interna en el caso de que se radique la denuncia penal que analizan.

En los últimos meses el Tribunal de Cuentas aprobó el último balance del Consorcio de Gestión, lo que implica que si hubo maniobras de tipo defraudatorio —se habla incluso hasta del presunto desvío de fondos—, habrían sido lo suficientemente encubiertas como para engañar a todos.

Este viernes, finalmente, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro retomó la reunión de directorio que se suspendió el 3 de agosto pasado cuando, en medio de diferencias entre los integrantes, el presidente Eliseo Almada se retiró para luego presentar su renuncia.

La dimsión no fue aceptada por el gobernador Axel Kicillof, que hace alrededor de 10 días, junto al ministro de Producción, Augusto Costa, se reunió con el intendente en uso de licencia y director del Belgrano Cargas, Cecilio Salazar, para definir la continuidad de Almada, en procura de resolver los temas urgentes del puerto local.

Este viernes, durante la reunión que encabezó Almada como titular del Consorcio, trataron la adjudicación de la obra de remodelación integral del muelle cabecera, uno de los proyectos más relevantes de la historia del puerto local, cuyo presupuesto, de más de mil millones de pesos, financia el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte.

Esa era una de las grandes preocupaciones de los actores relacionados con la terminal portuaria local de San Pedro. El integrante del directorio por la cámara de productores Caproem, Alejandro Guzzo, confirmó a La Opinión la aprobación de esa adjudicación.

Además, informó que acordaron confeccionar un nuevo expediente para el dragado del canal de acceso, que motivó conflicto entre Eliseo Almada y otros miembros del directorio por diferencias de procedimiento respecto de una contratación directa prevista luego de que la licitación quedara desierta.