El concejal Martín Rivas, que preside el bloque denominado Juntos por el Cambio y que a mitad de mandato encabeza la lista de Acuerdo Ciudadano, presentó un pedido al Tribunal de Cuentas (HTC) ante lo que considera una serie de irregularidades en el Conindelta, el consejo intermunicipal que integran los distritos del delta del Paraná, desde San Nicolás a San Fernando.

Rivas pidió al HTC que "investigue a fondo el funcionamiento" del organismo y cuestionó que lleva más de una década presidido de forma ininterrumpida por el Municipio de San Nicolás, bajo la conducción de la familia Passaglia (Santiago y Manuel), algo que contradice la ley, que establece una presidencia rotativa anual entre intendentes".

En su solicitud al Tribunal de Cuentas, el edil pidió copia de los balances de los últimos dos años y de las actas con los aportes de los municipios y el destino de los fondos. Además, puso énfasis en el control de la arena extraída y en la recaudación de ese mineral.

"Pedí que se revisen las acciones concretas realizadas por el Conindelta en favor de la región, ya que la inacción es evidente", dijo Rivas tras la presentación y aseguró: "Este no es un reclamo político más: es una exigencia de transparencia, control, defensa de los intereses sampedrinos y uso correcto de los fondos públicos".

En su solicitud, el edil exigió al Tribunal de Cuentas que "se expida de forma urgente respecto del carácter irregular, ilegítimo y posiblemente ilícito" de la continuidad de San Nicolás al frente del organismo "sin rotación desde el año 2012.

Para Rivas, el Conindelta atraviesa una situación de "opacidad, presunta malversación, falta de rendición de cuentas clara y concentración irregular de recursos públicos".

El intendente, Cecilio Salazar, difundió su participación en una reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA) y el concejal opositor Martín Rivas presentó un proyecto de ordenanza para crear la Dirección municipal de Producción Minera.

Este lunes, tras la publicación de la noticia en La Opinión, el exdelegado de Minería de la provincia en San Pedro, el geólogo Enrique Hopman, envió el texto que se publica a continuación para hacer algunas aclaraciones a la propuesta del edil de Juntos por el Cambio:

"Ante la intervención de un concejal sobre la cuestión minera, es interesante que se toque el tema minero en San Pedro. Puedo aclarar su historia.

Hasta 1981, aproximadamente la Provincia cobraba el canon arenero a través de la Dirección de Geodesia, pero más o menos en esa fecha se aprobó una Ley que designaba la creación del CONINDELTA (Consejo Intermunicipal del Delta) integrado por los municipios de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.

La Provincia se reservaba el derecho de poner el valor del canon arenero y aplicar las multas al no cumplimiento de las reglas de extracción minera de la época.

La presidencia del CONINDELTA y el manejo administrativo siempre fue rotativo por acuerdos del cuerpo, cuya única financiación surge, siempre, de la recaudación del canon arenero.

En 1984 se creó la Dirección Provincial de Geología, Minería y Aguas Subterráneas de la Provincia (hoy Subsecretaria de Minería y Geología, Ministerio de la Producción), y única Autoridad Minera provincial.

También se crearon delegaciones en las regiones mineras de Buenos Aires, una de ellas tuvo su sede en San Pedro desde 1985 a 1992, por un convenio con la Municipalidad de San Pedro.

El profesional geólogo delegado ocupó la Jefatura de Departamento de Policía Minera, con escalafón municipal, con incumbencia  en inspecciones, labrado de actas, estadísticas, presencia en el río, haciendo de nexo entre la Autoridad Minera y el CONINDELTA, incluyendo otras actividades mineras y ambientales de la región.

Hacemos constar que en esa época estaba aún vigente la misma ley que nombramos al principio y no existía la legislación hoy vigente en temas mineros y ambientales.

Desde 1992 a 1995 la Delegación de Minería depende directamente de la presidencia de CONINDELTA y desde esa fecha no hubo mas presencia profesional que representara a la Autoridad Minera en la Región.

Hoy día las extracciones mineras deben cumplir con tres requisitos: 1- las empresas responsables deben estar registradas como Productor Minero de la PBA; 2- Cada embarcación debe obtener un permiso de extracción con toda su documentación legal, permisos de navegación y declaratoria de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, que además les exige tener permisos para las distintas zonas habilitadas de los ríos Paraná, Uruguay y afluentes; y 3- cada empresa/embarcaciones deben obtener una declaratoria de Impacto Ambiental que es aprobada por el Ministerio de Ambiente.

El CONINDELTA sólo cobra el canon arenero y da los Libres Deuda para que las embarcaciones puedan operar. En cuanto a lo que cada Municipio hace con lo recaudado, generalmente lo recaudado se reparte entre los 9 municipios en partes iguales.

Antes se presentaban proyectos de obras referidas al río, la costa, etc. Recuerdo que en época del Dr. Sanchez, se usó para habilitar un laboratorio de agua".

y de suelos, que se usó, por ejemplo para estudios en la laguna y de la calidad de agua de la ciudad, obras en el balneario municipal, etc.

Las estadísticas sobre la extracción de arena en la PBA las llevan CONINDELTA y la Subsecretaría de Minería y Geología de la PBA, y hay que destacar que no toda la arena que se descarga en las areneras de San Pedro se extrae de Buenos Aires.

Muchos de los yacimientos ricos en arena, cercanos a nuestro puerto, son jurisdicción de Entre Rios, que tiene una forma de habilitación y recaudación distintas, y que en la zona de referencia, está centralizada en Paraná, en las Secretarías de Ambiente y de Subsecretaria de Minería entrerrianas, respectivamente.

Lic. en Geología Enrique Hopman

Después de la reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA), llevada a cabo en Escobar, el concejal Martín Rivas presentó un pedido de informes pretendiendo saber los alcances del encuentro, y como correlato, un proyecto de ordenanza para crear la Dirección de Producción Minera en el organgrama municipal.

Rivas tomó conocimiento de la participación del intendente Cecilio Salazar y, quizás, de la existencia del CONINDELTA, organismo que conforman los distritos del noreste de la provincia de Buenos Aires, ubicados a la vera del río Paraná, entre San Nicolás y San Fernando.

La inquietud del edil pasa por querer saber los temas que se abordaron junto al ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco, porque a su entender “han transcurrido 52 años desde la creación, sin que a ojos vista se evidencien los beneficios del mismo y el resultado de su acción, cuando ha sido investido de la administración del importantísimo recurso arenero adjudicado a la Provincia, del cual podrían ser beneficiarios todos los bonaerenses y no solamente los municipios ribereños”.

Además solicita saber cuál es el motivo por el cual no se cumple el mandato legal, y la presidencia se halla desde septiembre de 2012 en poder del Municipio de San Nicolás, las frecuencias de reunión, y la presentación de las actas y los balances de los últimos cuatro años, especialmente donde se consigne el canon arenero, principal recurso de los municipios que deben volcarse exclusivamente en obras relacionadas con la ribera.

Específicamente sobre San Pedro, Rivas quiere saber los metros cúbicos extraídos por las areneras locales y los controles realizados.

Desde su nacimiento, el CONINDELTA tuvo controles, que fueron los policías mineros. Y lo recaudado por el canon, en el caso de San Pedro se emprendieron varias obras, siendo una de las más salientes el Vía Crucis en la zona de la Aduana. Claro, eso fue durante la gestión de Mario Barbieri, cuando la ciudad contaba con recursos propios para algunas obras.

Es evidente que el tema repercutió en el concejal, que considera que esto debe ser un importante ingreso para el erario, distante de lo declarado en el presupuesto oficial del Municipio, que para este año figura con un estimado de 3 millones de pesos, una cifra muy modesta si se toma en cuenta el potencial de explotación local.

Por lo tanto, para darle una mayor importancia, considera que “debe agrandarse el Estado Municipal”: propone la creación de la “Dirección de Producción Minera”, dentro de la estructura de la Secretaría de Producción, cuya denominación pasaría a ser de “Producción, Industria, Comercio y Minería”.

Los vecinos de la zona de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que desde hace un tiempo están organizados ante la posibilidad de que se instale una arenera en el terreno de Indalar / Arcor ubicado frente a sus viviendas, incluyeron entre sus planteos a la empresa San Pedro Arenas S. A., que tiene su actividad al final del camino Vapor Nacional Correo.

En ese marco, habían elevado una nota al Concejo Deliberante para solicitarle que “arbitre los medios necesarios” para que San Pedro Arenas “cumpla con la normativa vigente” y solicitaba información respecto de “la audiencia pública obligatoria que tendía que haberse realizado antes de otorgar cualquier permiso”, el estudio de impacto ambiental correspondiente y la situación de incumplimiento de la ordenanza que obliga a instalar silos, que acompañaron con fotografías.

La presidenta Mónica Otero firmó una respuesta que fue redactada con fecha 14 de noviembre y que fue entregada a los vecinos en virtud del planteo que habían elevado sobre San Pedro Arenas.

Allí señalan que esa empresa fue autorizada por ordenanza municipal para la instalación de una planta para depósito, acondicionamiento y comercialización de arena, aprobada en junio de 2011.

Sobre el procedimiento de audiencia pública que prevé la ley general de ambiente que rige en el país, Otero les informó a los vecinos que “no se tiene conocimiento de que se hubieren realizado” y que la normativa “la señala como uno de los posibles mecanismos de consulta, no siendo éste excluyente”.

“Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, dice el artículo 20 y “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”, el 21.

Sobre la solicitud del estudio de impacto ambiental obligatorio, la presidenta del Concejo señaló que el expediente en el que constan las actuaciones está en poder del Ejecutivo, por lo que deberían dirigirse a ese poder del Estado.

De la misma manera, Otero les indicó que deberán dirigirse al Ejecutivo para el planteo relacionado con el incumplimiento de la ordenanza que rige el funcionamiento de las empresas areneras en el distrito.

El intendente interino Ramón Salazar recibirá este miércoles por la mañana a cuatro representantes de los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que le habían solicitado una audiencia en relación a la arenera que la empresa San Marcos Trading proyecta en los terrenos de Indalar, frente a las viviendas que habitan.

Los vecinos de la zona habían reunido firmas y elevaron la solicitud de audiencia luego de conocer, por relato de trabajadores que prestaban servicio en el predio, las intenciones de una empresa, que resultó ser San Marcos Trading, de Santiago Lawson, de instalar una arenera en ese lugar.

Desde ese pedido de audiencia hasta ahora, los habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron una reunión con el propio Lawson, quien les explicó, tal como hizo el sábado en una extensa entrevista que ofreció en Sin Galera, los alcances del proyecto que tiene para ese predio.

Los vecinos quieren que el Gobierno les informe respecto de la arenera y hasta ahora lo que se sabe es que la empresa San Marcos Trading elevó una consulta sobre la factibilidad de puesta en marcha de una actividad comercial de ese tipo en esa zona, de acuerdo a lo que establece la ordenanza de uso y ocupación del suelo vigente, conocida como San Pedro 2000.

Para la concreción del proyecto que Lawson explicó, debe cumplir con una serie de requisitos locales y provinciales, entre ellos la certificación de estudio de impacto ambiental y la instalación de silos para el acopio del material, que en San Pedro no se puede hacer a cielo abierto, por ordenanza.