El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

El juez en lo Laboral Fernando Telechea ordenó a la Municipalidad de San Pedro restituir el pago de su salario a una trabajadora que tiene carpeta psiquiátrica y que está en litigio porque una junta médica la obliga a volver a trabajar, pero su médico tratante considera que no está en condiciones.

La trabajadora permanece de licencia médica desde agosto de 2025 y, además, es delegada del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta, con cuya representación legal fue a la Justicia porque le descontaron y no le pagaron el sueldo desde abril porque "no se presentó a trabajar".

La Junta Médica contratada por el Municipio para analizar este y otros casos similares dictaminó que la empleada estaba en condiciones de trabajar, lo que fue formalmente impugnado. Aun así, y sin pronunciamiento alguno, procedieron a considerarla como ausente.

La trabajadora fue al Tribunal Laboral para interponer la demanda sumarísima de restablecimiento de las condiciones de trabajo  y además pidió una medida cautelar de no innovar para que le paguen el sueldo mientras se sustancia la cuestión de fondo.

La ley que regula el trabajo municipal establece que los agentes tienen un año, prorrogable por otro, de licencia con goce de haberes por enfermedades de largo tratamiento.

En un video que difundió entre sus afiliados, Acosta informó que la Justicia le dio la razón a la empleada y acusó a la Municipalidad de arbitrariedades.

"No le querían paga el sueldo a la compañera que estaba con certificado médico y bajo tratamiento", dijo el sindicalista y cuestionó: "Decidieron por ellos mismos, aunque la ley diga otra cosa".

Acosta celebró la medida cautelar a favor de la empleada y advirtió que lo mismo "va a pasar con un montón de cosas que el Municipio no está reconociendo, muchos derechos que tenemos por ley".

"Tarde o temprano el Municipio va a tener que pagar todo lo que no le está brindando por derecho a los trabajadores y trabajadoras", dijo y advirtió: "Cumplan, cumplan con los compañeros y compañeras, son trabajadores, no son esclavos de ustedes".

El caso en el que la Justicia dictó la medida cautelar no es el único relacionado con decisiones de la Junta Médica contratada por la Dirección de Personal que conduce Rafael Torres para abordar licencias médicas de largo plazo y relacionadas con cuestiones de salud mental.

Los tres médicos contratados ya analizaron varios expedientes. Uno de ellos, el de este fallo. Hay otro que se resolvió con home office y hay un tercero en el que la empleada hasta logró una restricción perimetral para con Torres y con el secretario del área en la que se desempeña.

Dentro del propio Gobierno hay diferencias respecto del abordaje de los casos por parte de la Dirección de Personal, que depende de la Secretaría de Gobierno que conduce Candelaria Cuscuela.

Hay quienes consideran que en lugar de "perseguir cuatro empleados con carpeta psiquiátrica" habría que "preocuparse mejor por todos los que no hay manera de que vayan a laburar", en alusión a personal que tendría ciertos privilegios y flexibilidades respecto del cumplimiento de sus labores como municipales.

La semana pasada La Opinión reveló que la Justicia ordenó retener el 20 % de la recaudación diaria del comercio de capitales chinos denominado Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, tras no pagar la indemnización correspondiente a una empleada a la que despidieron tras su licencia por maternidad y sin previo aviso, en 2020. 

Pese a que pasaron cuatro años de la sentencia, dictada en abril de 2022,  el supermercado nunca cumplió con el pago, por lo que la medida de retener la recaudación se hizo efectiva con la presencia de un perito y del oficial de Justicia en el supermercado.

En ese marco, este sábado en Sin Galera hablamos con el abogado de la empleada, Alejandro Breitburg, quien contó cómo fue el proceso judicial, que se dificultó y demoró varios años debido a maniobras de parte de la empresa para evitar el pago. 

Al momento de ejecutar el fallo, descubrieron que la empresa no tenía cuentas bancarías, bienes ni propiedades registrados a su nombre e incluso cambiaron la razón social por otra.

“Cuando les notificamos la notificación, cambian la razón social de Supermercado 18 SRL por Super La Terminal”, contó Breitburg. 

Tras esto, debieron presentar la medida poco común de intervenir la caja del comercio y demostrar que se trataba del mismo supermercado, pese al cambio de nombre. 

Finalmente, a favor de la empleada la Justicia laboral designó a un interventor, que se presentó en lugar controló la recaudación diaria y retiró un 20 por ciento del dinero en efectivo para destinarlo al pago de la deuda. 

Gracias a esta medida, la trabajadora ya está en condiciones de cobrar la indemnización esta semana, que incluye un monto triplicado respecto del original, con arreglo a actualización, intereses y costas del proceso judicial. 

La Opinión reveló este lunes que la Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria al comercio de capitales chinos denominado Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, tras incumplir con el pago de la indemnización correspondiente a un juicio laboral que le ganó una empleada a la que despidieron embarazada.

La medida, que se hizo efectiva el mismo lunes con la presencia de un perito y del oficial de Justicia en el supermercado, fue dictada por el Tribunal Laboral n.° 3 de San Nicolás porque, a pesar de que pasaron cuatro años de la sentencia definitiva, la empresa nunca pagó.

La firma Dieciocho SRL fue condenada en sentencia definitiva del 12 de abril de 2022 y notificada fehacientemente seis días después. Sin embargo, hizo caso omiso al depósito de la indemnización y a los reclamos posteriores.

La sentencia indicaba que los dueños del supermercado 18 tenían que pagar $ 1.098.429,90 a la empleada despedida.

Ahora, a los efectos de la retención del 20 por ciento de la recaudación diaria para cubrir la deuda, el monto fue triplicado por la Justicia con arreglo a actualización, intereses y costas del proceso.  

La causa comenzó luego de que la joven fuera despedida de su trabajo cuando intentó retomar tareas tras su licencia por maternidad, a mediados de enero de 2020. Ese día le cerraron la caja, le quitaron la silla y le dijeron que no vuelva más.

Había empezado a trabajar como cajera en octubre de 2017, con un salario promedio de 13 mil pesos al mes por entre 8 y 10 horas diarias de lunes a lunes, registrada formalmente por media jornada, aunque el último recibo de sueldo aparece por jornada completa, con un sueldo de casi 38.500 pesos.

El Tribunal consideró debidamente probada la relación laboral. La empresa no compareció nunca a contestar la demanda. Ni siquiera se presentó a la audiencia citada por el Ministerio de Trabajo al mes de producido el despido "de palabra".

La Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria de  un supermercado de capitales chinos de San Pedro tras un reclamo laboral por despido que inició una trabajadora que estaba embarazada cuando la echaron.

La empleada reclamó la situación ante el fuero laboral, que falló a su favor y ordenó a los dueños del Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, al lado de la Nueva Terminal, a pagarle la indemnización.

Sin embargo, la empresa no cumplió con la orden judicial, por lo que el abogado Alejandro Breitburg, representante legal de la empleada, solicitó una medida que tiene pocos precedentes: intervenirle la caja hasta que salden la deuda.

Así, el Juzgado Laboral n.° 3 de San Nicolás ordenó retener el 20 por ciento de toda la recaudación diaria del supermercado hasta tanto se cubra el monto de la indemnización adeudada.

La causa comenzó en 2020, cuando la joven trabajadora fue despedida mientras cursaba un embarazo, lo que entró en conflicto con la normativa laboral vigente.

La empleada reclamó en la Justicia y ganó el juicio laboral hace ya dos años, pero la empresa se negó a depositar los fondos correspondientes a la indemnización, por lo que el caso llegó a esta instancia, en la que el juzgado ordenó la retención del porcentaje de recaudación.

El sindicato que representa a los trabajadores rurales, Uatre, reunió este viernes a representantes de las 24 seccionales de la delegación Pergamino, a la que pertenece San Pedro, tras dos días de inspecciones en la zona.

Junto a personal de Renatre y del Ministerio de Trabajo, labraron 44 actas con 332 trabajadores en situación irregular en establecimientos rurales de la jurisdicción de las seccionales San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro, informaron.

Recorrieron viveros, establecimientos avícolas, montes frutales, etc., indicaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el club Náutico, donde se reunieron los referentes de toda la zona con autoridades nacionales del sindicato.

La secretaria de Organización de la Uatre nacional, Natalia Sánchez Jáuregui, informó que el plan es organizar operativos de fiscalización periódicos para regularizar las situaciones que detectan.

"Nos encontramos con más de 40 por ciento de trabajo no registrado, se labraron 44 actas, relevamos 332 trabajadores, con el 80 por ciento de incumplimiento de la ropa de trabajo, recibos de sueldo con los haberes mal liquidados, irregularidades de todo tipo", indicó.

La exdiputada sostuvo que es necesaria "mucha más presencia gremial, sobre todo ahora que vienen las actividades intensivas" y aseguró: "Vamos a reforzar la presencia del gremio y llamamos a los productores a que tengan a los trabajadores como corresponde, para que la producción y el trabajo vayan de la mano".

Ramón Espíndola, de la delegación Pergamino, informó: "Se hicieron 44 actas con 332 trabajadores en malas condiciones en dos días en San Pedro, Baradero, Río Tala y Gobernador Castro".

"El 90 por ciento de los trabajadores no recibe la ropa, hay una gran cantidad que está mal categorizado", señaló y aseguró: "No hay uno en San Pedro que esté con todas las condiciones que tiene que tener, hay una evasión por parte de los productores que es terrible".

Espíndola y Sánchez Jáuregui advirtieron que hay un grado muy importante de incumplimiento de una resolución que obliga a bancarizar a los trabajadores. "La necesidad los lleva a aceptar estas malas condiciones de trabajo", dijo el secretario de la delegación Pergamino.

La referente nacional de Uatre se refirió a la intervención de la obra social Osprera por parte del Gobierno nacional. "Eso es la salud de los trabajadores y el aporte que hacen con su esfuerzo mes a mes, y no están recibiendo la salud que necesitan, los tratamientos, los estudios, lo venimos denunciando", dijo.

"También nos quisieron intervenir el gremio, con el diputado Pablo Ansaloni, que es de Milei. Gracias a Dios todo está saliendo a la luz en la Justicia, pero pusieron en venta todo el patrimonio de Uatre y Osprera, pusieron telemedicina para lugares del campo en los que no hay señal ni capacitación", cuestionó.

Trabajadores del sector de obras de Coopser que pertenecen al sindicato Uecara no alcanzaron un acuerdo con el Consejo de Administración por lo que el conflicto en el obrador, aunque no hay retención de tareas, persiste.

La semana pasada, tras el acampe en la sede administrativa de calle Mitre, la cooperativa alcanzó un acuerdo con el sindicato de la Uocra y luego le tocaba audiencia con Uecara.

Allí, Coopser ofreció a ese sindicato un incremento salarial del 12 por ciento a cuenta de la futura paritaria, lo que no fue aceptado, por lo que pasaron a un cuarto intermedio.

Este viernes las partes volverán a encontrarse en la Delegación local del Ministerio de Trabajo en el marco de una audiencia concilitoria mediada por ese organismo en procura de destrabar el conflicto.

Como muestra de buena voluntad, el sindicato levantó la medida de fuerza de retención de tareas que había dispuesto y espera que un canal de diálogo previo a la audiencia pueda abrirse en estos días para intentar alcanzar un acuerdo.

“Lo que estamos pidiendo es igualdad”, había dicho la semana pasada el trabajador de Coopser afiliado a Uecara Ezequiel Dandrich, quien explicó en Radio Cuarentena el alcance del reclamo salarial que desde el sindicato llevan adelante.