Los vecinos de las 84 viviendas habían solicitado al Gobierno municipal en mayo pasado que intervinieran de manera urgente para solucionar problemas acuciantes para la vida cotidiana del barrio, a un año y medio desde que en febrero de 2024 les entregaron las casas sin terminar, en medio del conflicto con Arcor.

Una de las problemáticas más importantes estaba relacionada con el servicio de energía eléctrica, puesto que las unidades habitacionales tienen conexiones clandestinas, lo que implica riesgos de accidentes domésticos, electrocución y daños en los artefactos.

La semana pasada observaron a personal de Coopser que llegaron, tras un dictamen favorable por parte de los abogados de la cooperativa respecto de la viabilidad, para comenzar el proceso que derivará en la conexión regular de la luz para cada vivienda.

Como el barrio constituye un "macizo", Coopser no podía hacer la conexión si no estaban abiertas las calles, puesto que el suministro puede pasar por la línea municipal para que desde allí se haga la conexión domiciliaria.

Independientemente de la causa judicial y el litigio con Arcor, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, consideró en Sin Galera que era "una cuestión de justicia social" garantizar el servicio de energía eléctrica como corresponde.

Personal de Coopser comenzó con la construcción de unos gabinetes desde donde se establecerán las conexiones hacia los pilares, algo que cada frentista deberá afrontar por sus propios medios.

"Merecen condiciones dignas", dijo Porta y agregó: "Se descartó el impedimento legal, porque en la medida cautelar vigente Arcor pide que no se avance con la adjudicación, pero aclara que no pedía que se paralizara la obra".

"Todos los habitantes están en condiciones de recibir el servicio", aseguró el funcionario y destacó que los abogados de Coopser señalaron que "esto es como un edificio acostado" y así debe tratarse a la hora de establecer las conexiones domiciliarias de electricidad.

"No sabíamos nada", dijo un vecino y aseguró: "Ojalá que conecten, es lo mejor, así no sabemos qué va a pasar, sería un golazo".

Otra vecina señaló que vio al personal de Coopser trabajando y también celebró que llegue el servicio de electricidad de manera regular al barrio.

Días pasados La Opinión recordó el primer año desde que el complejo de las 84 Viviendas fue ocupado por los adjudicatarios, tras el fracaso de no haberse concluido con la construcción, pese a que la empresa se llevó el dinero. 

Fue precisamente durante el feriado de Carnaval cuando con la anuencia de funcionarios públicos se abrió el obrador para que cada preadjudicatario se haga cargo de su vivienda,

Como se sabe, las unidades nunca se terminaron. La Cooperativa de Trabajo Grupo Alfa Limitada se fue de San Pedro, pese a haber cobrado el 96 por ciento del valor total.

La obra, que marcó la ilusión para las familias que jamás en su vida imaginaron estar cerca de tener su propio techo, se frustró por dos motivos: el reclamo de la empresa Arcor por haberse erigido un barrio en terrenos cedidos al Municipio, con el cargo de ser destinados a quienes residen en las barrancas del Bajo Cementerio, y el accionar escandaloso de Alfa, que cobró y desapareció.

Los rumores de una posible usurpación derivaron en aquella situación que obligó a los preadjudicatarios a ocupar las unidades, llave en mano. Y así lo hicieron, sin importar la falta de aberturas y sanitarios, ni agua y tampoco electricidad. 

¿Y la Cooperativa Grupo Alfa? Pese a haber cobrado el 96 por ciento de los certificados, es decir el 96 por ciento de $ 385.497.970,38 presupuestados originalmente más las redeterminaciones, se fue sin dar explicaciones.

Un informe elaborado por La Opinión, ilustró la situación de Alfa, las diferentes etapas que fueron cumpliendo y las certificaciones de trabajo que fue recibiendo, que implicaba hacerse de jugosas cifras de dinero.

Cabe acotar que la Ley Orgánica de las Municipalidades permite adjudicaciones directas de obras a las cooperativas. De ahí la utilización de esta figura jurídica.

En el caso de las 84 Viviendas, el historial de la obra tiene su cronología:

*26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21. Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la Cooperativa “8 de Diciembre”. 

*29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a Alfa con 73.5 puntos y ganó la obra. Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas". Valor total $ 385.497.960

*12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construcción de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Fabio Giovanettoni, requerían del “Movimiento de Suelos” al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a Alfa. Decreto 1371. Expte. 4107-2876/1. Pago a ALFA de $ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96 %, y por último, y como para que la verdad nunca se sepa, ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron “pasen si quieren". 

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo Alfa tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía y se preparaba para la inauguración de una primera casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. 

Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven.

*14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación. Decreto 833. Expte. 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de Alfa ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. 

Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó? La Municipalidad de San Pedro, que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el Gobierno Provincial, $ 34.126.689 

Además de las 84 Viviendas, en los últimos años fueron adjudicatarios de otras obras, todas trascendentes por su volumen: 89 Viviendas de “Nuestro Sueño”, la remodelación de la Plaza Constitución, la reparación del Centro Educativo Complementario 801, el Jardín de Infantes -con su playón deportivo- de Banfield, el Nuevo Centro Verde de Reciclado de La Tosquera, la reparación del Tanque Copa de agua, el edificio de la Policía Comunal, la refacción del Departamento Canino, las reformas en el Estadio Municipal, la prolongación de la avenida 11 de Septiembre, con su pavimento articulado que se inserta en la Nueva Terminal.

No es poco. Lo sorpresivo es que ninguna empresa se haya interesado, participado y sido adjudicada con algunos de estos trabajos. Todos los caminos siempre condujeron hacia Alfa, Fecoovima o la desconocida “8 de Septiembre”, con domicilio en Villa Constitución, que tienen denominadores comunes: los apellidos Veneziano, Nizuno y Mansilla.

El 13 de febrero del año pasado, tras una reunión en el predio con el secretario de Gobierno, los preadjudicatarios de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri decidieron ocupar las casas a pesar de que todavía no estaban terminadas.

Las versiones sobre riesgos de usurpación provocaron temor en las familias que fueron sorteadas en el club  Independencia. Como el Gobierno les había asignado a cada una la unidad habitacional que le tocaba y hasta les había entregado una llave, decidieron ocuparlas.

Fue, primero, para protegerlas. Luego, en medio de la polémica y con la causa iniciada por Arcor que dejó sin efecto los resultados del sorteo, decidieron quedarse. Muchos esperaban que a fin de 2023 se las entregaran, pero los plazos se demoraban.

La causa que inició Arcor también forma parte de esas demoras, puesto que paralizó todas las gestiones que pudiera hacer la Municipalidad desde el punto de vista administrativo para el proceso de adjudicación.

Pero también, y sobre todo, la desaparición de la empresa cooperativa Grupo Alfa: la constructora se fue sin terminar las viviendas, alegando falta de pago y reclamando redeterminación de precios.

La obra, financiada por el Gobierno nacional, quedó paralizada en términos presupuestarios cuando asumió Milei y se paralizó toda la obra pública. La certificación es materia de debate.

Cuando les entregaron las llaves y las familias ocuparon las casas que el mapa y la documentación municipal indicaba que les tocaba, no tenían aberturas ni sanitarios. Tampoco agua. Mucho menos electricidad, servicio que hoy tienen pero de manera clandestina.

A un año, la situación de las familias en términos formales no cambió. En el Juzgado Contencioso Administrativo, la causa no se mueve desde octubre. En el Gobierno nacional no hay señales de reactivación de la obra. La empresa no apareció más y el Municipio no tiene respuestas para dar.

Mientras tanto, los preadjudicatarios que residen en las viviendas las mejoraron. Incluso algunos están en obra para ampliar su casa. En la Justicia penal, Fiscalía desestimó acusarlos de "usurpadores", aunque tiene un expediente abierto.

Son 84 familias. 84 sueños que aquel 24 de febrero de 2023 cristalizaron en la alegría de los que salieron sorteados y que se fueron transformando en pesadillas a medida que pasaban los meses.

El 13 de febrero de 2024, los preadjudicatarios se cansaron y ocuparon las viviendas. Arcor demandó a la Municipalidad porque considera que no debería haber sorteado las casas sin haber tenido en cuenta el cargo con el que esos terrenos fueron donados en su oportunidad.

La posición del Gobierno es que los 84 sorteados son los legítimos adjudicatarios y que pase lo que pase en la causa, ellos seguirán en las viviendas. En el peor de los casos, el pueblo de San Pedro deberá pagar a la empresa multinacional el valor del terreno que disponga la Justicia, si es que le da la razón.

Mientras tanto, en el barrio pasó de todo: ventas, préstamos a cambio de materiales, alquileres, permutas, intentos de usurpación, renuncia a los derechos del sorteo y una empresa que a pesar de haber cobrado por el 96 por ciento de la obra certificada no pudo demostrar un avance tan significativo.

La cooperativa eléctrica Coopser pidió a la Justicia que intervenga por la situación de los residentes de las 84 viviendas cuya construcción quedó sin terminar en Villa Depietri por las conexiones clandestinas de luz.

Con la firma de la abogada Paola Basso, que además de representante legal de Coopser es concejala presidente del bloque de la UCR, la cooperativa fue al Juzgado Contencioso Administrativo, donde tramita la causa que tiene enfrentados a Arcor y a la Municipalidad por los terrenos.

La jueza Isabel Fulgheri rechazó el pedido de Basso y Coopser, porque lo planteado no es de su competencia. Pero la situación implica que la cooperativa denuncie a los residentes de las 84 viviendas porque están incurriendo en el delito de hurto de energía eléctrica.

En la presentación que hizo Basso en nombre de Coopser ante Fulghieri, señaló que la obra para abastecer de energía a ese barrio "no fue abonada", por lo que "las líneas no están preparadas" para darles luz.

En ese sentido, la cooperativa advirtió que las conexiones clandestinas "ponen en riesgo no solo la seguridad de las personas y cosas existentes en el lugar, sino que implican un hurto de energía de magnitud considerable".

Coopser le explicó a Fulgheri que "es fundamental" ejecutar la obra de infraestructura para llevar la energía eléctrica al barrio y evitar la sobrecarga sobre las instalaciones existentes, por el riesgo que ello implica.

"Se requiere la instalación de un transformador y línea de media tensión, cuyo costo, por su envergadura, no puede ser afrontado por la cooperativa y, de acuerdo a la normativa vigente, están a cargo del solicitante", señalaron en la presentación judicial.

Coopser quería que Fulgheri pusiera en conocimiento de la situación a Arcor y a la Municipalidad para que se lleven adelante las gestiones para la obra, que además alguien debería pagar.

La cooperativa indicó que es necesario que avancen los trámites de subdivisión del predio para que se concrete la apertura de calles, de manera tal que el personal pueda desarrollar las conexiones domiciliarias, cuando corresponda.

Como esa presentación se hizo en el marco de la medida cautelar vigente que anuló el sorteo que benefició a las familias que residen en el barrio con autorización de la Municipalidad, Fulgheri  la rechazó por cuestiones de competencia, es decir porque no corresponde a su Juzgado intervenir en ello.

Una comisión policial intervino este viernes en la zona del barrio Bajo Cementerio para exigir a los vecinos que desarmen los corrales de animales que están ubicados en los terrenos de Arcor, ubicados frente a las viviendas.

"La policía con gente de Arcor están haciendo desarmar los chiqueros de los animales. Qué vergüenza, pobre gente", reportaron vecinos de la zona a La Opinión.

Los efectivos policiales les informaron a quienes tienen animales en corrales y chiqueros que debían retirarlos. A pesar de la oposición de los vecinos, les explicaron que deberán hacer cumplir la orden.

"Dicen que tenemos que sacar todos los corrales y sacar los chanchos, porque van a venir con la topadora y van a tirar todo", aseguraron habitantes del Bajo Cementerio.

Semanas atrás, la policía se había presentado para impedir a los vecinos del Bajo Puerto colocar plantas en el predio en el que quieren que haya un espacio público y por el que pidieron al Gobierno municipal que promueva su expropiación.

Los integrantes de la comisión de fomento Barrios Unidos, que nuclea a vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, tuvieron un nuevo encontronazo con la policía en el marco del conflicto con la empresa Arcor por los terrenos ubicados frente a las viviendas en esa zona costera.

Este lunes, una comisión policial se acercó a la zona para impedirles colocar plantas que querían disponer en el predio que reclaman como espacio público pero que está delimitado por la empresa Arcor como propiedad privada y forma parte de una disputa territorial que, en más de una oportunidad, tuvo respaldo del Gobierno local hacia los vecinos.

"No nos dejaron plantar en la plaza que hicimos y no nos dejan poner los juegos, tampoco", informó una vecina de la zona tras la presencia policial durante el lunes por la mañana, la segunda en pocos días.

La semana pasada, efectivos policiales estuvieron en la zona tras recibir una alerta y procedieron a retirar los postes que los vecinos habían colocado con la intención de hacer una cancha de vóley para uso de los chicos del barrio y de turistas.

La zona donde los vecinos intervinieron es la que el Consorcio del Puerto de Gestión reclama como propio, es decir de propiedad provincial, y que forma parte, también, de los conflictos gubernamentales con la empresa.

Los vecinos de Barrios Unidos se ocupan de limpiar y mantener ordenada la zona, tras encabezar una iniciativa en rechazo a los proyectos para instalar una arenera que un empresario del rubro tenía para ese terreno, con visto bueno de Arcor, que se lo alquilaría para tal fin.

En el barrio pretenden que el predio propiedad de Arcor se convierta en un espacio público y hasta presentaron propuestas de expropiación, que según dijeron los propios vecinos contaba con el respaldo del intendente.

Arcor intentó alambrar el predio pero encontró resistencia por parte de los vecinos y para evitar mayores conflictos, desistió. Luego comenzaron los intentos de los habitantes del barrio para disponer árboles, juegos y otros elementos en el terreno, situación que evitó la policía cada vez.

El Gobierno municipal deberá, a través de la Dirección de Asesoría Letrada, responder la ampliación de demanda que hizo la empresa Arcor en el marco del litigio por los terrenos donde se construyeron las 84 viviendas de Villa Depietri, hoy ocupadas por las familias preadjudicatarias por iniciativa de la propia Comuna.

Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, quien corrió traslado de la demanda al intendente municipal Cecilio Salazar para que dentro de un plazo de 45 días —desde el 24 de junio— conteste la acción interpuesta por la empresa.

Tras obtener la medida cautelar que declaró nulo el sorteo, Arcor se presentó para reclamar al Gobierno que cumpla con el cargo de la ordenanza que dice que esos terrenos fueron donados para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto que ocupan terrenos propiedad de la empresa, que el Municipio asegura ya cumplió.

Además, Arcor pide que en caso de que la Municipalidad no pueda cumplir con el cargo, "se ordene la revocación de la donación" y se le restituyan los terrenos, desalojo mediante, o bien se le pague por el predio a su valor de mercado.

Las 84 viviendas —no todas, por cierto— están ocupadas por las familias que resultaron preadjudicatarias en el sorteo del 24 de febrero del año pasado que tuvo lugar en el club Independencia. Ingresaron a las unidades habitacionales el 13 de febrero, tras una reunión con funcionarios municipales.

Aunque el fallo indicaba que no podía seguir los pasos administrativos derivados del sorteo, el Gobierno hizo caso omiso y no sólo avanzó sino que además le entregó a cada uno de los preadjudicatarios una llave —en muchos casos simbólica, porque no abría la puerta pero se podía entrar por las aberturas sin ventanas— y los impulsó a ocuparlas para evitar usurpaciones.

Tras ello, la empresa se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En la primera entrega, La Opinión reveló las promesas de Fabián Veneziano, de la empresa cooperativa Grupo Alfa. Ahora, las de Martín Baraybar, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Baraybar les dijo que faltaban "detalles, algunos más, otros menos" pero que la obra venía "avanzando bastante bien, dentro de los plazos establecidos" que "a veces no son tan exactos por cuestiones climatológicas y de entrega de materiales".

La primera vez dijeron que entregarían las casas en julio; luego, en octubre; después, en diciembre.

"En la Secretaría Legal y Técnica está el expediente, se hizo el control de informes de dominio, informe social de Desarrollo Humano, hay algunos inconvenientes entre los sorteados, que deben presentar sus descargos", dijo. Había errores en números de DNI, un homónimo con propiedades, cuestiones menores.

"Estamos viendo cómo destrabar la situación con Arcor, creemos que la vamos a terminar destrabando", les dijo Baraybar. Todavía no habían asignado la vivienda que le correspondía a cada uno. "Hay un expediente, está todo, hay un montón de documentación que acredita paso a paso", les aseguró.

Cuando le preguntaron si se podía hacer sin resolver lo de Arcor, Baraybar dijo: "Lo estamos haciendo. Todo se puede hacer. Tenemos una medida cautelar, entendemos que eso se va a resolver, no nos impide avanzar con lo que tenemos que avanzar. La medida cautelar me dice que no puedo adjudicar, pero todo lo de más lo puedo hacer". 

“No está resuelto, pero entendemos que se va a resolver. Y si no se resuelve, veremos”, les dijo sobre el conflicto con Arcor.

"Pero nosotros estamos convencidos de que a los 84 que les corresponde la vivienda, se las vamos a entregar", sostuvo y aseguró: "Se está trabajando para terminar la obra y lo que nosotros queremos es entregar las viviendas".

Veneziano les había dicho que si no había dificultad climática, podrían terminar las casa a fines de octubre. 

"Cuando venimos a hacer las inspecciones les hacemos los reclamos para que corrijan", aseguró Baraybar. Para la gente, lo que informaba el secretario de Gobierno era similar a lo que les decían en reuniones anteriores. "Hay una fecha que nos corre, no nos podemos hacer los distraídos", le dijeron.

"Entendemos la incertidumbre, es lógica. Hay cuestiones que estamos trabajando que ameritan que las trabajemos de la man

ra en que lo estamos haciendo. Hemos avanzado en los expedientes", sostuvo Baraybar.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra y a dos meses de que hayan tomado posesión, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En esta primera entrega, La Opinión revela las promesas de Fabián Veneziano, síndico y cara visible de Grupo Alfa. 

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Veneziano los guía por la primera fila, la más avanzada de la obra, y dentro de una de las viviendas les explica dónde va la cocina, el termotanque eléctrico y cómo funciona el termotanque solar.

Les asegura que resta sólo una mano de pintura y la colocación del cielorraso. También, ante consultas de las familias, les ofrece que le contraten a la cooperativa la colocación de las rejas y la construcción de las medianeras.

De ese recorrido de Veneziano participan el entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien luego mantiene una reunión con los preadjudicatarios para explicarles los avances del expediente y la situación con Arcor a esa fecha.

Este martes, un grupo de preadjudicatarios de las 84 viviendas de Villa Depietri se presentaron en la Municipalidad para exigir que los atiendan funcionarios del Gobierno en procura de respuestas a las necesidades del barrio, a dos meses desde que les permitieron ocupar las casas sin terminar.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, no estaba en Palacio pero les fijó una audiencia para este miércoles a las 9.00 de la mañana. "Así que esperemos que no nos tengan a las vueltas y que sea algo positivo, dentro de todo lo que estamos viviendo", dijo una de las vecinas presentes.

"Necesitamos las calles, la luz, las cloacas", señaló otra de las preadjudicatarias. Tras el anuncio de la audiencia del miércoles, informaron a quienes llegaban y se retiraron.

"Yo me tengo que ir de donde estoy, necesito que aunque sea me entreguen las ventanas, porque las cosas están, no sé por qué tanta burocracia", se quejó Adriana, preadjudicataria de la última fila, la de personas con discapacidad, cuyas viviendas son las menos avanzadas de la obra.

La mujer reveló que para la colocación de los caños de agua y cloacas, obra por la que la Municipalidad contrató de manera directa a la misma cooperativa Grupo Alfa pero con fondos provinciales, tuvo que pagar de su bolsillo.

"Yo tuve que pagar para que me hagan el zanjeo de las cloacas y el agua, particular, 45 mil pesos tuve que pagar por las cloacas y 12 mil por el agua. A mí nadie me lo devuelve y yo estoy sola. Que se hagan cargo", señaló.

Muchos de los preadjudicatarios que alquilaban, ante el vencimiento de los contratos, decidieron instalarse, a pesar de la precariedad, la conexión clandestina de la electricidad y las dificultades que se presentan en el barrio los días de lluvia.

"Así está la calle principal", dijo un vecino que envió fotos. "Hace más de una semana que no podemos salir porque el encargado no sé qué quiso hacer aparte del pozo que hizo rompió el pozo ciego, lo que se ve no es agua, son residuos cloacales", informó.

"Espero poder irme, yo me quedo en la casa, pero tengo que dormir en el piso sin ventana, con chapas, no es lógico ni digno, y no es culpa de nosotros", dijo Adriana y agregó: "Yo creí y sigo creyendo en la buena voluntad, pero es necesario que nos den una mano y no nos dejen abandonados".

El sábado se cumplieron dos meses desde que las familias ocuparon, con la venia del Municipio, las 84 viviendas cuyo sorteo que se las preadjudicó fue suspendido por la Justicia en el marco del conflicto legal con Arcor.

"Esperé 30 años para esto y esperar 30 años con la ilusión es triste y doloroso para uno, que está pasando necesidades. Yo laburo todo el día y no es que no quiero pagar, pero qué me van a cobrar, si me dieron la llave y yo entré por la ventana", graficó una de las preadjudicatarias.

La reunión será a las 9.00 de la mañana y esperan que la mayoría pueda sumarse para hacer los planteos al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien esperan respuestas de corto plazo para la resolución de las problemáticas urgentes.

Este lunes, el secretario de Gobierno del gabinete de Cecilio Salazar, Martín Baraybar, concurrió a una reunión de la comisión de Peticiones del Concejo Deliberante, a la que fue citado especialmente en el marco del pedido de informe sobre las 84 viviendas que elevó la oposición.

Se esperaba que Baraybar concurriera con la directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, pero “estaba complicada” con otras ocupaciones, dijo el funcionario, lo que implicó quejas por parte de los ediles opositores, que querían hacer algunas consultas técnicas sobre la situación judicial con la empresa Arcor.

Baraybar respondió preguntas de Rivas, Basso, Binimellis y De Rosa, quienes a su turno fueron haciendo diversos planteos que forman parte del pedido de informe. 

La reunión duró alrededor de 45 minutos y por momentos fue tensa, con cruces y tonos de voz elevados, sobre todo entre Baraybar y Rivas, a quien hubo que llamarle la atención en varias oportunidades por cruzar los límites previstos en este tipo de encuentros.

El secretario de Gobierno defendió una vez más la posición del Municipio respecto del cargo sobre el terreno. "Creemos que está cumplido y esperamos que la Justicia nos dé la razón", sostuvo el funcionario.

Aseguró que la toma de posesión por parte de los preadjudicatarios, situación que no sólo no impidieron sino que hasta facilitaron al haber entregado previamente las llaves, fue para "proteger los bienes públicos".

Baraybar sostuvo que a los preadjudicatarios les asiste el derecho de haber sido beneficiados con esas viviendas en el sorteo, a pesar de la nulidad establecida en la cautelar por la Justicia, y que el Gobierno defenderá esa posición en el trámite judicial.

Destacó que sobre la cuestión de fondo, esto es el juicio que resolverá si el cargo de la donación está cumplido o no, todavía no hubo movimiento en el expediente, al punto de que la Municipalidad ni siquiera fue notificada de la conformación de esa causa en el fuero Contencioso Administrativo.

De Rosa y Rivas cuestionaron el porcentaje de obra certificado, que según el exsecretario de Obras Públicas Javier Silva ascendía al "96 por ciento", y Baraybar indicó que no estaba en condiciones de informar el avance de obra con precisión.

El funcionario sostuvo que la obra estuvo en marcha "hasta fines de 2023" y que luego quedó "neutralizada" porque el Gobierno nacional "dejó de enviar fondos y no pagó las certificaciones" de la empresa cooperativa Grupo Alfa.

El Concejo Deliberante resolvió citar a funcionarios del Gobierno de Cecilio Salazar para hacerles consultas sobre la situación de las 84 viviendas, en el marco de la comisión de Peticiones, Asuntos Legales y Técnicos.

Lo decidieron en la reunión de esta semana y el encuentro será el lunes próximo en el horario dispuesto para el funcionamiento de esa comisión, que preside Candelaria Cuscuela.

Los funcionarios citados son el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y la directora de Legal y Técnica, Viviana Costa, a quienes los concejales les consultarán sobre el tema en una reunión de comisión que, como todas, es de acceso público.

El 26 de febrero, en sesión extraordinaria, los concejales enviaron a comisión el proyecto de comunicación elevado por los concejales opositores Martín Rivas y Mauro de Rosa, a pesar de que no es habitual que un pedido de informe no sea tratado sobre tablas.

En el pedido de informe solicitaban saber por qué el secretario de Gobierno y Seguridad, Martín Baraybar, "se constituyó en el obrador" de las 84 viviendas "encabezando a un grupo de personas, qjuienes manifestaron su condición de beneficiarias del sorteo" del año pasado.

La pregunta del pedido de informe es por qué el Gobierno hizo tal cosa, "cuando existe un fallo" que "declaró nulo el sorteo". Con la medida cautelar vigente que impide cualquier tipo de gestión relacionada con los preadjudicatarios de las viviendas, los presentes en el barrio afirmaron ante La Opinión que el Ejecutivo les entregó las llaves de las casas en construcción.

El resto del expediente consulta por qué no se cumplió lo que establece la ordenanza de donación de los terrenos; si hay sumario administrativo respecto del presunto extravío de un expediente en la Municipalidad.

La situación contractual de la cooperativa Grupo Alfa, con costo de obra y estado de los pagos; y qué medidas de seguridad se implementaron para resguardar las viviendas antes de lo ocurrido cuando los preadjudicatarios y el propio Baraybar informaron acerca de robos e intentos de usurpación.

Parece una burla pero no lo es. A un mes de la ocupación del barrio que despertó las esperanzas de 84 familias de trabajo y sin techo, conformarse con “un bidet y una ventana” se transformó en la moneda que compra sus silencios.

“Hoy empezaron nuevamente a entregar las ventanas para las personas que tienen marcos”, dijo el protagonista de una de las 84 historias. Es el mismo hombre que aquella tarde del último día de Carnaval estaba sentado en una ventana mate en mano, mientras el resto de los preadjudicatarios escuchaban al secretario de Gobierno en un capítulo más del calvario al que fueron sometidos por una continuidad de “desaciertos” a los que en otros casos la Justicia podría denominar “estafa”. Eso es: la estafa que obliga al estafado a transformarse en estafador.

Durísimo es decirlo en esos términos, pero para quienes seguimos la historia que se desató justamente en el territorio donde Eduardo Depietri soñó una estación de ferrocarril para llevar cereales desde el centro de la provincia a la costa es bastante difícil distraerse del archivo que da cuentas del fracaso de una ciudad que se gestó en medio de las oportunidades y la abundancia y hoy parece una villa del conurbano abandonada a su suerte.

“Como todo, en la obra hay complicaciones: hay ventanas de 1,50 por 1,50 pero las aberturas de la ventana tienen 1,45; o achican la ventana o rompen las paredes”, una definición exacta de la sinrazón.

Desde el día en que la Fiscalía de María del Valle Viviani abrió una causa por “averiguación de ilícito”, quienes entraron al lugar “con su llave y un número de vivienda adjudicada, Franco pelea contra sí mismo. Observa lo que sucede cada día, cuida la que considera ”su casa" y piensa como será el día siguiente.

Qué vecino estará contento, cuál dará pelea y qué otros agacharán la cabeza con una canilla o un cable para tratar de saciar esa condición de esclavo que depende del amo para cada pequeño disfrute. Un latigazo menos puede ser un juego de grifería, un balde de pintura o una promesa de entrega “hasta que la Nación mande los fondos para pagar a la empresa”. Mentira. Todos saben que es mentira pero quieren que sea verdad.

“Entregaron los inodoros, pileta, bidét pero no entregaron los flexibles y en las tres casas que conectaron el agua que son vecinos míos, vecinos directos,  las tres tuvieron que romper inclusive la mía que voy a tener que romper la pared porque hay pérdidas de agua”, esa es la simpleza con la que se comporta el súbdito, porque el amo por ahora no paga consecuencias.

El amo lleva el nombre de Alfa, intendente interino, intendente en ejercicio, concejal, diputado, senador, presidente, gobernador o secretario. Qué otra cosa es aquél que por impericia, impotencia, desconocimiento o complicidad olvida cumplir con la obligación que tiene con sus representados. “La obra está certificada en un 96 %”, dijeron en diciembre de 2023 cuando ya habían pasado seis meses más de los comprometidos para entregar las casas. Mentira.

“Con esta lluvia se potencian las goteras y el malestar de la gente es cada vez peor así están las cosas, por ahora”, concluye el hombre que ahora busca el modo de mantener dos hogares: el que alquila y este que es el único techo posible.

Esta es sólo una de las tantas historias que hoy queremos contar. Hay otras 83 que algún día romperán el silencio. Sucederá cuando dejen de ver fantasmas donde no los hay. 

Cuando estén preparados para releer un frondoso archivo de publicaciones de La Opinión o reportajes en Sin Galera, en los que se advierte paso a paso lo que sucedió con los terrenos, los anuncios electorales de 2015, las advertencias judiciales para suspender el sorteo, las sesiones del Concejo Deliberante, las mentiras de la Secretaría de Obras Públicas, el movimiento de suelos que dejó fuera de nivel las calles internas, las paredes torcidas, los techos rajados, las cerámicas mal pegadas, la pintura que se vendía en las redes sociales, los trabajadores en negro obligados a socios/monotributistas, las cuadrillas especiales para simular la tarea, la protesta de la Uocra en nombre “de la dignidad de los compañeros”. 

En fin, aún hay muchos que especulan con la mansedumbre y la espera de algún favor que pueda llegar desde el cielo. ¿Por qué no creerlo? ¿Acaso no son merecedores? Hay docentes, enfermeras, comerciantes, empleados de fábrica, trabajadoras domésticas, discapacitados; todos con trabajo y pagando un alquiler o viviendo en un anexo de la casa de un familiar. ¿Quién podría reprocharles que no se han ganado el derecho al techo propio?.

“Lo único que hicieron fue, disculpándome por la expresión, se la midieron entre ellos a ver quién la tenía más larga, la oposición y el oficialismo. Pero en sí, para con nosotros, ninguno de los dos tuvo ni un acercamiento”, confiesa este vendedor ambulante que amasa cada jornada lo que vende a clientes que aprecian sus productos. 

En la jerga del poder, de esta y casi todas las gestiones, la situación se calcula con pericia electoral. Un acto de inauguración, fotito y video para el que tenga la suerte de que le agradezcan. 

Especulan, no van, no investigan ni denuncian. No hay abogado patrocinante ni investigación eficaz. Nunca demandaron a la empresa por la mala calidad del trabajo o la falta de materiales. Nunca.

“Cada vez más grande lo veo al negocio. Que los únicos que quedamos afuera fuimos nosotros. La primera casa, Lili, tiene siete manos de pintura de distintos colores. ¿Sabés por qué? Porque esas eran las fotos que mandaban a la Nación”, reflexiona con inteligencia el hombre que abre el camino al resto de las historias porque él no tiene nada que ocultar ni le debe favores a nadie. 

La historia que aquí se cuenta y por cierto, las conclusiones forman parte de aquello que la frialdad de la ley no puede palpar. ¿Cómo justificará este padre de familia que entró a una casa construida en un terreno que es de otro? Esa es una pregunta casi menor para alguien que leyó una convocatoria para un plan de viviendas, llenó su formulario, presentó los requisitos para demostrar que tiene capacidad de pago, adjuntó un contrato de alquiler, relató cómo está compuesto su núcleo familiar y además pasó por una selección que dejó en un listado a poco más de 700 personas sobre unas 2000 que se inscribieron. 

¿Cómo podrían decirle a los 84 que fueron sorteados ante los 700 que ese acto no tiene validez? Es más fácil ahora vociferar que el Gobierno nacional dejó de mandar plata o que Arcor los quiere echar. También es más fácil creer eso que buscar la verdad. Durísimo, injusto, cruel.

Claramente en la rosca política ahora también tienen a quien culpar. Puede ser un exsecretario, un arquitecto, un inspector, un funcionario que aún funciona, a Alfa, a Arcor e incluso al periodismo. “Si hablan va a ser mucho peor”, eso les dicen a los preadjudicatarios para cultivar la mansedumbre hasta que puedan entregarles un tramo de cañería de cloacas para mitigar la ansiedad. 

“Hace un año a mí me cambiaron la vida, me cumplieron un sueño. Estuvimos todo un año hablando con mi familia de lo que íbamos a hacer, con mis hijos, de cuánto íbamos a pagar, si iba a ser menor al alquiler o similar”, esa es la realidad de Franco.

De eso hablaron los 84 desde que fueron favorecidos por el sorteo. Tenían planificado mudarse en junio y algunos hasta compraron muebles. Hay un propietario que el día que supo cuál sería su casa plantó su primer árbol.

Una maestra relató cómo había diseñado una barra para usarla como mesa comedor y quería ir a tomar las medidas. Otra mujer que quería saber cómo haría con el gas porque quiere agregar un horno pizzero para poder seguir con su emprendimiento en el nuevo domicilio.

“Yo no entré ahí para que pase esto y, como se está diciendo por ahí, no pagar la casa. Yo quería pagar mi casa porque les quería mostrar a mis hijos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que el Estado presente está y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir de la misma forma que cumplieron ellos”, casi una confesión de alquien que soñaba con ese estado que garantiza derechos y oportunidades.

La injusticia suele hacer temblar las convicciones y el sentirse al margen de la ley no era costumbre para estas familias. Engancharse de la luz, apurar la fila para ser el primero en recibir un inodoro, especular con la primera conexión de agua, pretender prioridad en la entrega de materiales. 

“No puedo, no me puedo acostumbrar a estar acá”, indicó la preadjudicataria de una de las casas que menos avances registra. No tuvo la suerte ni de tener los marcos de las ventanas. Está detrás de unas chapas y se turna con sus hijos para cuidarla.

"Fuimos un número, solamente un número. Un número fácil de acomodar y de arreglar. Cumplimos un mes, un mes, y no tuvimos una visita real, ni de las autoridades competentes, ni de la oposición. Nos visitaron más veces ustedes y tus movileros que en la comuna. Las veces que fueron asistentes sociales y yo les pregunté para qué viniste, me dijo ‘la verdad que no sé, me vine porque me mandaron’. Fue a tomar asistencia con un papel". 

Este último párrafo merece una explicación que se intentó disfrazar de censo. Aquí la Justicia pidió saber cómo identificar a las personas que ocuparon las viviendas. Si es cierto que son las mismas que salieron sorteadas por si acaso pueden revertir el fallo que declaró inválido el acto que encabezó el intendente interino Ramón Salazar en compañía de sus funcionarios y en presencia de su padre, el actual intendente Cecilio Salazar. 

Las asistentes estaban colaborando con una tarea que se le había encomendado a la policía cuando en aquella tarde de Carnaval se abrieron las puertas del obrador “para charlar como lo hicimos tantas veces que nos reunimos”, dijo Martín Baraybar. 

Esa era la única oportunidad que tenía el Estado municipal de contarle la verdad a los vecinos. De decirles que el Municipio obligaría a la empresa a contar con seguridad para resguardar las casas y que no era conveniente ocuparlas porque las obras no estaban terminadas. 

Era el momento de ponerse del lado de las familias y contarles que el dinero no estaba, la empresa no había cumplido y que no podían condenarlos a vivir sin luz, sin cloacas y sin agua. Mintieron y prometieron otra vez. 

A menos que toda la maniobra haya sido orquestada desde el poder, nadie podrá comprender jamás por qué quien representa los intereses de la población la estimula a violar las normas y la expone a acusaciones que sobrevendrán irremediablemente. 

Cuando la empresa termine de entregar migajas en materiales que también se llevó de otro barrio, la culpa y la responsabilidad será de los preadjudicatarios. Salvo que también logren convencerlos sobre la posibilidad de encontrar atajos políticos para terminar el barrio y entregarles las escrituras. ¿Lo creen posible?. Tal vez.

“Hay desidia, hay abandono de parte del municipio. Eso es lo que hay. Y de parte mía hay un enojo particular, pero lo tengo que saber manejar nada más. Seguimos sin luz, seguimos con la luz de que nos pase el vecino, y no sé qué más contarte. Estoy un poco saturado”, dijo Franco. No es para menos.

La Opinión le había propuesto relatar en primera persona lo que vivió en estos 30 días tras aquel mate que compartió desde una de las únicas casas en las que no se insultó a los periodistas que tomaron las imágenes que mostraron que los vecinos no cometieron ningún delito. Es la única prueba que hoy tiene la Justicia para no acusarlos de usurpadores. Sí, la única prueba.

A quienes están allí 30 días después, también se los invita a contar su historia. Ninguno quiere ser señalado por los demás. A nadie le gusta que su honestidad sea puesta en duda y mucho menos cuando obedece a la necesidad de contar con el respaldo que hasta hoy no les han brindado. 

Solo familiares y amigos saben los verdaderos motivos por los que usan un baño químico estando acostumbrados a un baño propio o por qué el agua no sube a los tanques. El resto de la población presume que se trata de “otra usurpación que seguro van a vender las casas”. ¿A cuántos minutos estamos de que esa sea una buena idea?. ¿Cuánto falta para que un preadjudicatario se dé por vencido?. 

El último párrafo se lo dejamos a Franco, el vendedor de sabrosos churros que sostienen la vida de toda su familia: “Historia de vida, yo hoy lamentablemente soy un propietario de dos casas ¿Y por qué lamentablemente? Porque yo tengo que seguir alquilando hasta que mi condición económica me deje construir un garaje Y eso en esta economía puede pasar no sé cuándo".

"Porque yo soy el albañil, el electricista, yo soy el plomero, todo eso pero fui a averiguar precios para construir mi garaje, para ir a llevar mi fábrica de churros que es con lo que le doy de sustento a mi familia. Y guau, qué pobre que soy, me di cuenta que soy más pobre de lo que creía. ¿Una historia de vida?, una persona que tiene una casa propia y que tiene que seguir alquilando. Qué los ‘reputaparios’, perdón. Ese es mi nombre y sí, contar lo que estamos pasando, por lo menos una historia que represente a muchos. En este caso por lo menos a 84”.

En el marco del conflicto judicial con la empresa Arcor por el destino de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, pidió a Fiscalía que le remita sus actuaciones.

La magistrada solicitó a la fiscala María del Valle Viviani que le envíe el expediente penal que tramita bajo su órbita desde que el 13 de febrero las familias tomaron posesión de las viviendas, con autorización municipal, que les habia entregado las llaves.

Este paso de la jueza es parte de lo solicitado por el abogado Daniel Spirópulos en representación de la Municipalidad en el escrito elevado al Contencioso Administrativo para que revea la medida cautelar vigente, que anuló el sorteo y obligó a la Municipalidad a no avanza en el proceso de adjudicación de las viviendas.

Spirópulos aseguró en su escrito que "el ingreso a las viviendas de los vecinos preadjudicatarios mediante la entrega de las llaves de las que se encontraban con las aberturas exteriores instaladas por parte del Municipio, ha sido necesaria a los efectos de lograr la protección de los bienes públicos y los derechos adquiridos en el proceso de adjudicación".

Sostuvo que "el ingreso y custodia de las viviendas" por parte de los preadjudicatarios "tiene por objetivo primordial" neutralizar el riesgo de usurpación latente del barrio.

"La medida de no innovar tal como se encuentra resuelta en el proceso, resulta contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos preadjudicatarios de las viviendas", señaló el abogado en su escrito, por lo que pidió "una medida cautelar distinta" a la vigente, "teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza e importancia de los derechos en juego".

Mientras los preadjudicatarios de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri custodian las casas y trabajan para la instalación de agua y cloacas que prometió la Municipalidad, el intendente confirmó que de la continuidad oficial de la obra no hay noticias.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, les había informado a las familias que tomaron posesión del barrio que el jefe comunal mantendría una reunión con autoridades nacionales por el tema. El encuentro ocurrió y de allí volvieron con las manos vacías.

Así lo confirmó a La Opinión el intendente Cecilio Salazar tras el mensaje anual de apertura de sesiones del Concejo Deliberante el viernes pasado, cuando repasó varios temas en diálogo con este medio.

"Estuvimos hace unos días atrás en la Subsecretaría de Hábitat, no hay funcionarios designados, no hay ninguna esperanza de ninguna obra", dijo respecto las posibilidades de gestionar nuevos proyectos.

Algo similar le dijo la ministra de Hábitat provincial, Silvina Batakis. "Obras nuevas imposible, porque a Provincia le han recortado mucho", reveló el intendente sobre la reunión con la funcionara de Kicillof.

En el Gobierno nacional, los representantes del presidente Javier Milei que lo atendieron le dijeron a Salazar que "aquellas obras que estén a más del 80 por ciento, están viendo si las pueden continuar, si cuentan con los fondos" y que "eso lo van a empezar a ver en abril, mayo".

Las 84 viviendas de Villa Depietri y las 89 de Nuestro Sueño podrían entrar en esa categoría de "más del 80 por ciento" de la obra. Las 25 de Río Tala, que también dependen de fondos nacionales, quedarían afuera.

Para el jefe comunal, abril o mayo es demasiado lejano. "Es imposible, en San Pedro suceden cosas todos los días y yo le tengo que decir a la gente que espere. Hay gente que te entiende y otra que no", señaló.

Sobre las 84 viviendas y el conflicto con Arcor, el intendente dijo que no tiene "ningún encono" con la empresa y que su Gobierno continúa intentando allanar el camino de un acuerdo extrajudicial para evitar la prolongación del litigio, que el abogado Daniel Spirópulos, ahora apoderado de la Municipalidad en la causa, vaticinó durará "años y años".

"Desde el principio nuestra idea fue acordar exrtajudicialmente con la empresa para que la gente pueda tener su vivienda legalmente, como corresponde", aseguró el intendente.

Este lunes al mediodía, tres personas que se identificaron como de la empresa cooperativa Grupo Alfa llegaron a las 84 viviendas de Villa Depietri para comenzar a colocar las ventanas en las casas en construcción.

Sin embargo, tras la colocación de seis unidades detuvieron las tareas porque hubo reclamos de quienes están en las filas de atrás —habían empezado por calle 60, cuya construcción está más avanzada—, que fueron a consultar qué pasaría con ellos, que no tienen marcos.

"Tienen las cosas en el obrador, pero cortaron porque los de atrás empezaron a decir que no había para todos", dijeron beneficiarios de la primera fila. "Si vienen a hacer un problema, cortamos todo", contaron que expresaron los trabajadores. Así lo hicieron. "Cortaron todo hasta mañana", informaron.

Desde las filas de atrás, señalaron que "Baraybar les dijo a las chicas que no hay para todos, que sólo hay para las primeras dos filas, que tienen marcos", por lo que fueron a preguntar al obrador.

"Cuando vinimos a hacer posesión se supone que íbamos a luchar los 84, hoy les dieron la ventana a los de adelante y nadie se acordó de nosotros", se quejaron y agregaron: "Recién estaban enojados porque fuimos a ver si había ventanas para todos y nos echaban la culpa de que pararon la entrega por culpa nuestra".

"No hay que pelearse entre vecinos, hay que reclamarle a la empresa y al Municipio, ellos tienen que dar respuesta", intentó poner paños fríos otro preadjudicatario ante la consulta de La Opinión. “Dicen que hasta que no vaya la Municipalidad a poner orden, no entregarán nada”, señalaron.

Este lunes, muchos continuaban cavando para la instalación de los caños de agua y cloacas, obra a la que el Municipio se comprometió y los vecinos consideran "lo más urgente" junto con la electricidad. "Que acomoden las cosas de la luz, porque es peligroso, hay cables cruzados por los patios y cuando llovió se cortó todo", indicaron.

"Cuando hablan del 96 por ciento terminado se refieren a las de la primera fila, al resto le entra barro cuando llueve, la calle no tiene caída, hay montañas de tierra, no hay desagote y el agua se mete en las casas", se quejaron. 

La construcción de las 84 viviendas en Villa Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, hoy paralizadas, fueron adjudicadas a dos empresas que compitieron entre sí en cada licitación, las cooperativas Grupo Alfa y 8 de Diciembre, respectivamente. Trabajadores aseguran que "son la misma gente".

En los últimos días, albañiles que trabajaron en esas obras comenzaron a reclamar por pagos adeudados tras trabajar por última vez en diciembre y cobrar la última quincena de ese mes.

Fueron contratados por las cooperativas como "monotributistas clase A". Conformaban cuadrillas y estaban distribuidos en ambas obras para las tareas.

"Era un desastre, había un cuadrilla para poner piso, otra para la carpeta y así, pero había un solo encargado de obra, que lo que menos hacía era controlar que las cosas se hicieran bien", contó.

"En la sede de Boulevard Moreno 830 funcionaban las dos cooperativas, Alfa y 8 de Diciembre, son la misma gente", aseguró uno de los trabajadores en Sin Galera este sábado.

Otro trabajador informó que "a algunos los arreglaron con 25 mil pesos, pero muchos no aceptamos, queermos que nos paguen lo que corresponde".

El móvil de Sin Galera llegó el sábado a la sede de Boulevard Moreno 830, donde funciona desde el año pasado la Federación de Cooperativas de Viviendas La Matanza (Fecoovima), que comercializaba un programa de viviendas a construirse con fondos del Estado en un terreno próximo a la cancha de Independencia.

El lugar estaba cerrado. Vecinos de la zona indicaron que desde hace más de un mes que la persiana de las oficinas están bajas y que no se ve nadie. En el frente hay un cartel con números de teléfono para comunicarse, desde los que no atendieron los llamados de La Opinión para consultar el vínculo de Fecoovima con Grupo Alfa y 8 de Diciembre.

El Gobierno municipal contrató al abogado Daniel Spirópulos como apoderado para intervenir en el litigio con la empresa Arcor por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas del barrio Villa Depietri.

El abogado anunció en Sin Galera que solicitó a la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulghieri, que revea la medida cautelar que anuló el sorteo y obligó al Gobierno a no dar ningún paso administrativo respecto de los preadjudicatarios.

Spiópulos señaló que lo ocurrido desde el 13 de febrero pasado, cuando las familias tomaron posesión de las viviendas para evitar robos y ante riesgos de usurpación, debería ser tenido en cuenta por la Justicia, al menos en el marco de la medida cautelar vigente y confirmada por la Cámara de Apelaciones.

"Hay que destrabar esa medida cautelar. A mi criterio es muy gravosa", dijo el abogado y consideró "abusiva e injusta" la decisión judicial de no innovar, porque puso en suspenso lo que desde el Gobierno defienden como "un derecho adquirido" de los preadjudicatarios.

"La gente tiene derecho a quedarse", dijo Spirópulos.

"Es un derecho adquirido que lo tenemos que defender. ¿Cómo lo defiendo?: ocupando la vivienda aunque no esté terminada", dijo el abogado en dialógo con Lilí Berardi este sábado en Sin Galera.

Consideró pertinente que los preadjudicatarios presenten un amparo colectivo en ese sentido, para pedir "que la Justicia interceda y obligue tnato a la empresa como a la Municipalidad, a la Provincia (en realidad a Nación, de quien depende la obra) a que se les terminen las viviendas. Tienen derecho a hacerlo".

El abogado pidió "usar el sentido común" y consideró que los funcionarios del Gobierno municipal no tienen responsabilidad penal respecto de la entrega anticipada de las viviendas. "Al contrario, la habrían tenido si no actuaban en consecuencia" ante el riesgo de usurpación, sostuvo.

La empresa cooperativa Grupo Alfa distribuyó inodoros, bidets, lavatorios y grifería a las familias preadjudicatarias que tomaron posesión de las 84 viviendas de Villa Depietri hace dos semanas.

La mayoría de los preadjudicatarios recibió los elementos, con excepción de un grupo que no pasó a retirarlos y los que salieron sorteados para el cupo de personas con movilidad reducida, cuyos sanitarios no están en el obrador, según les informaron.

Entre los que recibieron los elementos, algunos comenzaron la tarea de instalación en los baños de las casas que todavía están en construcción y cuya conexión de agua y cloacas también, en parte, estuvo a cargo de los propios preadjudicatarios.

Otros, la mayoría, decidió no instalar los sanitarios y llevarse inodoros, bidets, lavatorios y grifería “por las dudas, para evitar robos”, según indicaron a La Opinión desde el barrio.

Este miércoles se cumplen 15 días desde que los preadjudicatarios sortedos el 25 de febrero del año pasado decidieron "tomar posesión" de las viviendas, con anuencia del Gobierno municipal.

El Municipio les entregó las llaves a pesar de la vigencia de la medida cautelar que anuló el sorteo y ordenó no llevar adelante ninguna gestión hasta tanto se resuelva el conflicto judicial con Arcor.

Este martes, pasado el mediodía, personal de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tiene a su cargo la construcción de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri, comenzó a entregar materiales a las familias preadjudicatarias que hace dos semanas tomaron "posesión" de las casas sin terminar.

Inodoros, bidets, lavatorios y griferías eran distribuidos según una lista con los nombres de los preadjudicatarios, que debían presentar DNI para recibir los elementos que corresponden a la vivienda que la Municipalidad les indicó, con entrega de llave incluida, que les correspondería.

Los preadjudicatarios ingresaron a las viviendas el martes 13 de febrero, hace dos semanas, "cansados de promesas", según ellos mismos dijeron, y tras una asamblea de la que participó el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, en representación del intendente Cecilio Salazar.

Aunque la medida cautelar vigente en el litigio impulsado por Arcor para debatir a quién le corresponden esas viviendas impide cualquier gestión relacionada con las consecuencias del sorteo, lo ocurrido este martes abona a los cuestionamientos al Ejecutivo por parte de esa compañía en la Justicia.

El lunes, en medio del temporal de lluvia, preadjudicatarios le pidieron al secretario de Gobierno por los materiales, especialmente por sanitarios y ventanas. Según revelaron a La Opinión, el Municipio estaba dispuesto a dialogar con la cooperativa para la entrega, que comenzó este martes.