La Justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad que eran uno hija y otro hermano de mujeres con las que había convivido en distintas épocas.

Identificado como Pablo Moisés Maciel, de 42 años, fue sometido a juicio por jurado que lo declaró culpable. En la audiencia de cesura, la fiscala Viviana Ramos había solicitado una pena de 30 años de prisión efectiva.

Maciel había sido detenido en julio de 2025 tras permanecer alrededor de dos años prófugo. Una investigación de la DDI logró dar con él en la ciudad de Coronel Du Graty, provincia de Chaco, donde se había refugiado tras esconderse en Santa Fe, Córdoba y Paraguay.

Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de encargado de la guarda de dos menores de edad con quienes convivió en distintas etapas y corrupción de menores.

Las víctimas fueron un nene, que fue abusado por Maciel entre los 8 y los 15 años, y una nena que sufrió las mismas vejaciones entre los 8 y los 9 años.

La madre de la niña radicó la denuncia en 2023 cuando se enteró que Maciel, que entonces era su pareja, había sido acusado del caso del nene. En ese momento habló con la chica y ella le contó lo que había sufrido.

“Pasó un montón de veces”, le dijo a la madre, que se había enterado por redes sociales del otro caso y junto a su hermana, que desconfiaba de Maciel, interrogaron a la nena.

Las psicólogas de la Justicia advirtieron acerca de la afectación traumática de ambas víctimas, sobre todo del nene, cuyo relato conmovió al jurado sobremanera.

Este miércoles, personal policial efectuó la detención de Miguel Ángel Oilher, condenado a 8 años de presión efectiva por manosear a su hijastra menor de edad.

La sentencia fue por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guarda.

El hecho ocurrió cuando la víctima vivía con el acusado, que tiene 56 años y era pareja de su madre.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo, que detuvo a Oilher, por disposición del departamento judicial de San Nicolás.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado a la espera de ser remitido a la unidad carcelaria correspondiente.

En el juicio, la defensa del acusado había planteado la posibilidad de cambiar la calificación del delito a "abuso simple", pero el Tribunal no accedió. También, rechazaron el pedido de arresto domiciliario. 

La Justicia de San Nicolás dictó sentencia condenatoria en juicio abreviado para un hombre de 38 años acusado de abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja, cuando convivían.

Identificado como Héctor Marcelo Bustos, con domicilio formal en Rosario, fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guarda, puesto que era padrastro de la víctima.

En junio pasado, Marcelo Bustos aceptó el juicio de trámite abreviado y la semana pasada el Tribunal dictó la sentencia condenatoria tras ponderar las pruebas obrantes en el expediente de la causa.

Los hechos por los que fue juzgado y condenado ocurrieron entre 2018 y 2019. La víctima tenía entre 12 y 13 años. La denuncia la radicó el padre de la chica, cuando una amiga de la nena le pasó capturas de pantalla de una conversación en la que ella le contaba lo sucedido.

En la causa obra que el abusador la obligaba a las situaciones de abuso a cambio de permitirle usar el celular o salir de la casa a visitar amigas. Para que no contara, le advertía que si él iba preso sus hermanos se iban a quedar sin comer.

La pericia reveló que la niña, en su declaración bajo el sistema de cámara Gesell, tuvo un relato claro, coherente y sin contradicciones, con rastros de la coerción ejercida por el abusador para que mantuviera silencio.

En su declaración, Bustos dijo que era "inocente" y que todo se desencadenó porque no le había dado permiso a la víctima para ir a un cumpleaños de 15, entonces ella llamó al padre.

El Tribunal consideró acreditados los hechos y decidió condenarlo a ocho años de prisión efectiva, que deberá cumplir en una Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Justicia condenó a 8 años de prisión efectiva a un hombre acusado de abuso sexual cometido contra su hijastra, que tenía 13 años cuando, en diversas oportunidades, fue manoseada por el condenado, identificado como Miguel Ángel Oilher.

La sentencia fue por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de guarda. El hecho ocurrió cuando la víctima, hoy mayor edad, vivía con el acusado, que tiene 56 años y era pareja de su madre.

Aunque la defensa —que fue particular hasta el juicio, en el que intervino Defensoría Oficial— había planteado la posibilidad de cambiar la calificación a "abuso simple", que contempla penas menores, el Tribunal no accedió.

Los jueces Luciana Díaz Bancalari, Elena Baquedano y Alejandro López mantuvieron la calificación con la que la fiscala Vivana Ramos llevó a juicio oral y público al acusado y lo condenaron a 8 años de cárcel.

Además, rechazaron el pedido de arresto domiciliario y ordenaron la detención del condenado, que la policía debía hacer efectiva para trasladarlo a una unidad penal, a la espera del resultado de la apelación que elevaba la defensa.

La reiteración de los hechos constituyeron una "humillación para con la victima", lo que para el Tribunal merecía la calificación de gravemente ultrajante, además de la desproporción respecto del abuso simple.

El manoseo de las partes íntimas de la víctima y la simulación del acto sexual sobre la ropa por parte del acusado no podrían ser consideraros simplemente "tocamientos". 

Para el Tribunal hubo "un plus de humillación y degradación" a la dignidad de la víctima, por ello mantuvo la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante.

A casi un año y medio desde que fuera condenado por abusar sexualmente de alumnas en la escuela Agraria, el docente Nicolás Pérez envió una carta a La Opinión en la que sostiene su inocencia e informa que aguarda la revisión del fallo condenatorio en tribunales superiores.

Pérez eligió ser juzgado por jurado ciudadano. Fue hallado culpable por unanimidad por abuso sexual con acceso carnal en un caso; abuso sexual simple en tres; y abuso sexual simple en grado de tentativa en otro.

Los cinco casos —la fiscala Ramos lo consideró un "abusador serial"— fueron agravados por su condición de docente y hasta hubo agravante por daño psicológico.

Había llegado en libertad al juicio y fue detenido tras la audiencia de cesura posterior al veredicto de culpabilidad. 

Su defensa particular, que asumió el penalista Christian Bouza —reconocido por casos mediáticos como el de Camila Homs y Rodrigo de Paul o el de un hijo ilegítimo de Daniel Passarella—, apeló el fallo en Casación.

Ahora, desde la cárcel, remitió esta carta, que La Opinión reproduce en su totalidad y tal como fue enviada por el propio docente condenado:

A LA OPINIÓN SAN PEDRO Y A TODA LA COMUNIDAD

Soy Nicolás Pérez, docente de la provincia de Buenos Aires con más de diez años de trayectoria. Desde el 9 de abril de 2025 estoy detenido por un delito que niego. Fui condenado en un juicio cuya revisión continúa.

Cuando salió el veredicto, mi nombre y mis fotos se difundieron en todo San Pedro. Quedé expuesto públicamente. Nunca tuve la misma difusión para contar mi versión. Hoy pido ese lugar.

En el juicio constan pruebas médicas oficiales que no evidencian lesiones compatibles con los hechos denunciados. Ese es un dato de la propia causa, no una prueba de mi defensa.

También consta una pericia que ubica presuntos hechos desde 2019 hasta 2022, año en que fui denunciado. En 2022 yo era docente de segundo año de la Escuela Agropecuaria. Antes de eso no conocía a la alumna. En 2019 y 2020, con la pandemia, ella estaba en primaria. Mi título me habilita para secundaria agraria y técnica, no para primaria.

¿Cómo se explica esa cronología?

No digo que una fecha resuelva una acusación. Digo que hay circunstancias fundamentales que deben ser examinadas con rigurosidad.

También digo que faltaron elementos que considero relevantes para esclarecer lo sucedido: documentación hospitalaria, legajos, actas escolares y testimonios de docentes que estaban dispuestos a declarar. Y que una declaración por WhatsApp, con interferencias, no puede valer lo mismo que una declaración presencial.

Fui docente diez años. Enseñé informática, mecánica, soldadura, procesos productivos e Investigación del Medio en escuelas técnicas, agrarias y de educación especial. No tuve denuncias previas en toda mi trayectoria.

Hoy estoy detenido, lejos de mis hijas y de mi familia, mientras mi defensa sigue pidiendo que se revisen todas las pruebas.

No le pido a un diario que dicte una sentencia. Le pido que informe con responsabilidad. Se difundió una condena. Pido que ahora se difunda que la niego, que en la causa existen pruebas oficiales que mi defensa considera incompatibles con la acusación y que mi caso sigue en revisión judicial.

No quiero que me conozcan solo por un titular. Quiero que conozcan al docente que fui, al padre que soy y a la persona que sigue luchando por demostrar su inocencia.

No pido que me crean por lástima. Pido que escuchen mi versión. Pido que se conozcan todas las pruebas.

Nicolás Pérez, Docente de la provincia de Buenos Aires. Defensa: Dr. Cristian Bouza

"La espera terminó", dijo una joven de 22 años tras el juicio que condenó al hombre que abusó sexualmente de ella de manera reiterada cuando era una niña que entraba en la adolescencia.

Fabián Norberto Olivera fue condenado a 20 años de prisión efectiva tras el veredicto de un jurado popular que en un juicio bajo esa modalidad ponderó los testimonios y pruebas de la causa para hallarlo culpable.

El Tribunal dio a conocer la pena la semana pasada, 15 días después de que Olivera quedara detenido tras el veredicto de culpabilidad a solicitud de la fiscala Viviana Ramos, que heredó el caso de la Fiscalía que conducía Marcelo Manso y lo llevó hasta este fallo ejemplar.

El condenado convivió con la víctima por una relación de pareja que tenía con su madre. Los sometimientos sexuales comenzaron apenas se mudaron juntos. Ocurrieron entre los 11 y los 15 años de ella.

La denuncia fue radicada en 2019. La adolescente había tenido episodios depresivos e intentos de autolesión. En terapia, le contó a su psicóloga lo que había vivido. Su mamá denunció y la investigación penal comenzó.

Fueron siete años de espera. El caso recayó en la Fiscalía n.° 5 que conducía Marcelo Manso, quien cuatro años después de la denuncia dejo el cargo para asumir como juez en Avellaneda.

Cuando Ramos quedó al frente del expediente, el año  pasado, ordenó una serie de diligencias que aceleraron los trámites y derivaron en la elevación a debate. El acusado, con el patrocinio del abogado Adolfo Suárez Erdaire, pidió someterse a juicio por jurados.

Las audiencias tuvieron lugar durante 10 y 11 de agosto en el Palacio de Tribunales de San Nicolás. En la primera audiencia, cuando le tocó declarar, la víctima pidió no hacerlo frente a su abusador. Afuera, mientras fumaba un cigarrillo, él dijo a viva voz que se iría del juicio como llegó, en libertad.

No fue así. Al otro día, tras los alegatos, el jurado popular elegido entre vecinos de toda la región lo declaró culpable. Fueron 11 votos de 12. Ramos pidió su detención inmediata. El 26 de agosto, el Tribunal dio a conocer la pena impuesta: 20 años.

Los abusos fueron reiterados durante cuatro años. Todos los días. Cuando radicaron la denuncia, comenzaron las amenazas contra la víctima y su mamá. A la espera de que la Justicia dictara la prohibición de acercamiento, estuvieron tres días en el refugio municipal, hasta que le ordenaron a él la exclusión de hogar.

"La doctora Viviana Ramos empezó a trabajar muy bien con el caso y le conté todo. Él eligió juicio por jurados y llegó en libertad, nunca estuvo detenido", dijo la joven a La Opinión y destacó el rol de la titular de Fiscalía 11, que logró el fallo condenatorio contra el abusador.

"Son juicios complicados, se consideran situaciones de violencia sexual que  implican mucha victimización y remover recuerdos muy dolorosos , sobre todo de una niña que tuvo que pasar por estos trances", dijo la fiscala Viviana Ramos a La Opinión y destacóhaber llegado al veredicto de culpabilidad.

Carlos Gabriel Barbosa, alias Tony, fue detenido por personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero y del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría tras conocerse la sentencia en su contra por abuso sexual con acceso carnal.

Barbosa es un reconocido delincuente de 45 años que tiene diversos antecedentes en su haber, entre ellos haberse evadido de la cárcel de Baradero cuando estaba próximo a cumplir una condena por robo calificado.

El viernes pasado fue sometido a juicio y el lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia condenatoria, con una pena de 7 años de prisión efectiva.

Barbosa fue trasladado a la Comisaría local, donde permanece alojado a la espera de la asignación de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde purgará la pena impuesta.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, logró reunir elementos de prueba suficientes para que el acusado sea condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 en el juicio.

Barbosa fue hallado culpable de suministrar bebidas alcohólicas con pastillas a una joven 20 años menor que él y golpearla salvajemente para someterla sexualmente en su casa cuando ella estaba bajo los efectos de las drogas. 

La Justicia condenó por abuso sexual a Carlos Gabriel Barbosa, alias "Tony", reconocido exconvicto que cumplió penas por robos calificados y estuvo involucrado en diversos hechos delictivos.

Barbosa deberá cumplir siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal tras un juicio que se desarrollo el viernes pasado y cuya sentencia el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer este lunes.

El hecho ocurrió en agosto de 2022, en la casa del condenado. La instrucción de la fiscala María del Valle Viviani logró comprobar que allí Barbosa abusó sexualmente de la víctima, contra su voluntad y sin su consentimiento, claro está. Antes, le había suministrado alcohol y pastillas. Además, la amenazó y, drogada, la golpeó salvajemente.

El examen médico sobre la víctima halló lesiones en todo el cuerpo y el rostro. En sus genitales había ADN del acusado. La había drogado y le había propinado cachetadas y empujones contra la pared. En la cama que tenía en el lugar, abusó de ella.

Barbosa y la víctima se conocían. Según consta en el expediente que tramitó en la UFI 5 pero subrogado por Viviani, que lo llevó a juicio, él solía darles a ella y a sus amigas  "a menudo" pastillas y bebidas. Ese día pasó algo similar. 

Tras beber una cerveza con clonazepam, ella se dormía y se despertaba. En su declaración, recordó que en uno de esos momentos tenía al ahora condenado encima y le pidió que parara, que no quería.

Luego, él le dijo que se fueran a bañar. Le dio una toalla y la llevó al baño. Cuando ella vio la oportunidad, huyó. En la calle, dos hombres que pasaron en moto la vieron abajo de un camión, llorando. Se ofrecieron a ayudarla y la llevaron a lo de una amiga, tras lo que radicó la denuncia y comenzaron las pericias.

Barbosa fue condenado y la Justicia tuvo en cuenta su condición de reincidente. La reiteración de hechos delictivos y las sucesivas condenas "dan la pauta del desprecio de Barbosa por las normas básicas de la convivencia", consideró el Tribunal.

Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

La Justicia dispuso la suspensión laboral del empleado municipal que fue condenado por abuso sexual en el marco de una "relación" que mantenía con una chica de 15 años cuyo "consentimiento" no fue tenido en cuenta por su inmadurez sexual al momento de los hechos.

El Gobierno inició el sumario administrativo correspondiente para sancionar al trabajador, lo que derivará en su despido, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.

Sin embargo, como es vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, antes debe obtener la exclusión de la tutela sindical de la que goza.

Cuando fueron las elecciones del STM en las que  Juan Cruz Acosta renovó mandato, la condena ya estaba firme. Aun así, integró la lista y eso le dio los fueros gremiales.

Para desaforarlo, el Municipio fue a la Justicia laboral. Antes de que expedirse sobre la cuestión de fondo, el juzgado interviniente accedió a la medida cautelar y dispuso la suspensión laboral del empleado.

El trabajador prestaba servicios en el Estadio municipal cuando ocurrieron los hechos por los que fue denunciado. La víctima del caso practicaba deportes en el predio, por lo que una vez iniciada la causa fue trasladado de área. Hasta ahora se desempeñaba en el Cementerio.

El empleado municipal tenía 50 años cuando sedujo a la adolescente en el Estadio. Durante varios meses mantuvieron relaciones sexuales, generalmente en un hotel alojamiento. Para la Justicia ese presunto "vínculo amoroso" fue abuso sexual.

El juzgado que lo condenó a tres años de ejecución condicional consideró que se aprovechó de su inmadurez sexual, puesto que no había tenido relaciones sexuales previas.

El Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás ordenó detener a un hombre de 39 años sobre quien pesa una condena por abuso sexual.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría local cumplió la orden de detención emanada por la Justicia y apresó al sujeto en la zona de Martín Fierro y Miguel Porta.

Fue trasladado a la Comisaría, donde quedó a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la espera de cupo en una unidad penal donde será recluido para cumplir la pena de 3 años a la que fue condenado.

Leandro Tulia, alias Carozo y entrenador de optimist denunciado por la atleta olímpica sampedrina Eugenia Bosco fue condenado por la Justicia a seis años y medio de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda cometidos en al menos tres oportunidades contra dos deportistas que fueron sus alumnas cuando eran menores de edad.

Ambas se animaron a denunciar luego de que tomara estado público la revelación que hizo Eugenia, quien decidió ir contra Tulia tras obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2024. 

El recuerdo, que tenía escondido en su fuero íntimo, se había despertado tras ver el documental Atleta A, que repasa la historia de gimnastas estadounidenses que denunciaron a su entrenador.

El caso de Eugenia no pudo ser juzgado penalmente porque a Tulia lo favoreció el paso del tiempo: la causa fue considerada prescripta. Aun así, su testimonio fue muy valioso en el juicio.

En el fallo de 127 páginas al que tuvo acceso La Opinión, la jueza Verónica Di Tommaso consideró que con las dos víctimas del juicio y con Eugenia Bosco Tulia tuvo el mismo patrón de conducta abusiva durante años: las masajeaba, les tocaba sus partes íntimas y las invitaba a quedarse a dormir con él. 

Todo ello cuando estaban a solas, de noche en las instalaciones del Yacht Club Olivos donde las deportistas pasaban el fin de semana de entrenamientos o cuando viajaban a competir.

Las víctimas hablaron de Tulia, en el juicio y en sus tratamientos terapéutico, con admiración por su rol como entrenador. Pero no por ello dejaron de acusarlo por los abusos a los que fueron sometidas. Sobre todo porque seguía a cargo de niños y niñas que, como ellas, podrían estar expuestos a lo mismo.

Los hechos son similares. Tulia aprovechaba su rol como máxima autoridad para tocar a las chicas, hacerles insinuaciones sexuales, convidarles alcohol y cigarrillos, hablarles en términos soeces y con metáforas de sexo en los entrenamientos. 

Para el Tribunal de San Isidro encabezado por la jueza Verónica Di Tommaso, quedó debidamente probado que el acusado cometió los abusos.

Durante el juicio por los dos casos por los que Tulia fue condenado, su defensa cuestionó la presencia de Eugenia Bosco como testigo, porque su causa estaba "prescripta". 

En el fallo, la jueza no sólo consideró relevante su testimonio sino que además dejó en claro que el paso del tiempo no podría prohibirle la posibilidad de contar el hecho del que fue víctima.

"La prescripción no permite la persecución, mas no constituye una suerte de borramiento de la memoria de quien ha padecido un evento que la ha dañado", dijo la jueza y consideró que su relato, que es coincidente con el de las víctimas del juicio, era relevante y estaba sometido, como el de que cualquier otro testigo, al imperio de la ley que persigue al falso testimonio.

En ese sentido, Di Tommaso puso de relieve que Eugenia es una de las mejores deportistas del mundo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2024, por lo que es una joven con reconocimiento internacional que se animó a contarle al mundo que fue víctima de abuso a los 12 años por un entrenador, lo que implicó, necesariamente, someterse al riesgo de escrutinio público.

"Estoy convencida de que la razón por la cual Eugenia Bosco encabezó la denuncia fue aquella que ella misma explicó en el debate: evitar que a otros niños pudiera pasarle lo que le había pasado a ella de pequeña", dijo la magistrada en su fallo.

La defensa ensayó varias estrategias. Por un lado, intentó poner en duda la posibilidad material de que los hechos sucedieran. Por el otro, intentó introducir la idea de "un complot" para alejarlo de sus tareas deportivas, una "campaña difamatoria".

Para la jueza, nada aportaron para abonar esa teoría. Al contrario, recordó que las víctimas, incluida Eugenia Bosco, consideraron que el Yacht Club Olivos hasta intentó protegerlo ante las denuncias. 

Este miércoles por la tarde personal policial detuvo en la vía pública, en la zona de Ayacucho al 1500, a un hombre de 40 años identificado como Juan Martín Roldán, a quien la Justicia ordenó trasladar a la cárcel para que cumpla una condena de 8 años por abuso sexual infantil.

Roldán fue condenado por abusar de manera reiterada de una nieta de quien en 2017 era su pareja, a la que sometió sexualmente en diversas oportunidades, cuando quedaba bajo su guarda en momentos en que la abuela de la víctima se iba a trabajar.

La denuncia la radicó la madre de la nena en 2020, cuando ella le contó el calvario que había vivido, "cada vez que él tomaba fernet", según consta en la causa penal que resolvió el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás.

Nunca se había animado a contar. Ante cada abuso, él le decía que iba a matar a la madre y a los hermanos si le contaba a alguien. Un día se animó y le dijo a un amigo y luego a su madre.

La declaración en cámara Gesell fue contundente y no dejó dudas sobre las huellas que los abusos dejaron en la psiquis de la víctima. Su relato fue preciso, detallado y terrible.

Incluso en su declaración dijo que pensaba que su abuela "se iba a propósito", acaso para dejarla sola con el abusador.

Al primero que le contó fue a su papá, aunque a medias. Ello provocó una violenta pelea que separaron los vecinos del barrio. 

A los 13, finalmente, le dijo a su madre y radicaron la denuncia. Antes se lo había contado a un amigo, que la alentó a revelar todo para que se haga justicia.

En su defensa, el imputado negó todo y dijo que nunca estuvo solo con la nena. Aceptó someterse al juicio de trámite abreviado y fue condenado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado.

La Opinión reveló la condena a seis años y medio de cárcel para un joven de 29 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras el fallo, la víctima del hecho remitió una carta con pedido de publicación, que se transcribe completa a continuación:

Al fin se hizo justicia. Después de cuatro años de sufrimiento y dolor. Hoy no tengo a mi mamá, y nadie me la va a devolver. Hoy empiezan a pagar en carne propia lo que yo viví.

Que paguen todo el daño psicológico y físico que causaron Diego Guilmen y toda su familia. Culpa de esta familia perdí a mi mamá y por miedo hable tres días después.

Hubo acoso y denuncias falsas de parte de esta familia. Llegaron al punto de que me quisieron atropellar con su camión.

Esto es sólo una pequeña parte del daño que me causaron. Tenia terror de caminar sola por la calle. Porque esta familia no tiene limites.

Al fin se hizo justicia. Aunque nadie me va a sacar el dolor y el  daño psicológico que me causaron. Y a mi nadie me va a devolver a mi mamá.

Qué tranquilidad y paz saber que esté pagando todo el daño causado y el dolor, que jamás se va a borrar de mí.

La Justicia condenó a seis años y medio de prisión por abuso sexual con acceso carnal a un joven de 29 años identificado como Diego Guilmen, acusado de abusar de una prima tras compartir una salida juntos.

El hecho ocurrió el 22 de  enero de 2022. Habían salido juntos y compartieron bebidas alcohólicas. En la casa de él, aprovechó la situación de indefensión de ella y la sometió a prácticas sexuales sin su consentimiento.

El Tribunal Oral en lo Criminal interviniente dictó sentencia y anunció el veredicto condenatorio, por lo que Guilmen fue detenido por la policía este miércoles por la noche para que cumpla la pena impuesta en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La denuncia fue radicada el 24 de enero de 2022. Tres días después, la Justicia ordenó un allanamiento en su casa del barrio Banfield, donde secuestraron diversos elementos de interés para la causa y lo aprehendieron.

Semanas después, tras la audiencia de prisión preventiva, su abogado defensor logró que el juez considerara sus planteos y evitó que atravesara el proceso detenido, por lo que llegó al juicio en libertad.

La excarcelación provocó en ese momento malestar en la familia de la víctima, que se presentó en Fiscalía para pedir explicaciones y aseguraron que el mismo sujeto habría estado involucrado en al menos otros dos casos de delitos similares.

Este jueves, tras la detención del condenado, la hermana de la víctima destacó que "después de tanto dolor, se hizo justicia". En diálogo con La Opinión, aseguró que ahora "este maldito depravado va a pagar todo el daño que causó".

"Mi mamá falleció a causa de tanto sufrimiento que nos causaron. Solamente quiero que sepan que se hizo justicia y que la verdad salió a luz, y que por fin va a pagar todo el maldito dolor que nos provocó Diego Guilmen", agregó.

La Justicia condenó por abuso sexual al empleado municipal del Estadio que, con 50 años, mantuvo una “relación” con una chica de 15. La acusación probó que el "consentimiento" alegado no podría haber tenido lugar debido a la inmadurez sexual de la adolescente.

El trabajador municipal, que se desempeñaba como encargado deportivo bajo la órbita de la Dirección de Deportes aceptó someterse a trámite abreviado y su defensa, a cargo del abogado Mauricio Gugger, acordó con la Fiscalía una pena máxima de tres años.

La jueza Luciana Díaz Bancalari, titular del juzgado Correccional 3 de San Nicolás, condenó a tres años de ejecución condicional al acusado, por lo que no deberá cumplir la pena en prisión. 

Sí tendrá que reportarse al Patronato de Liberados, mantener buena conducta, someterse a tratamiento psicológico y no podrá acercarse a la víctima.

Además, ordenaron extraerle material genético para que forme parte del Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual, tal como establece la legislación vigente.

El empleado municipal fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima cometido en contexto de violencia de género y por ser encargado de la educación deportiva de  la víctima.

El fallo consideró que el condenado aprovechó su condición de adulto y su rol como empleado en el Estadio para persuadir a la víctima, que nunca antes había mantenido relaciones sexuales, del presunto "vínculo amoroso" cuyo consentimiento la Justicia entendió que ella no podría haber dado, por su inmadurez sexual.

El sumario administrativo contra el empleado municipal podría derivar en despido tras la condena, pero tiene una dificultad: él posee fueros gremiales por formar parte de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes deben desaforarlo para que la Municipalidad proceda.

Los abusos por los que fue condenado el empleado  municipal ocurrieron entre marzo y agosto de 2022. Él sedujo a la adolescente en el Estadio y la convenció, aprovechándose de su inmadurez, para mantener relaciones sexuales.

La víctima practicaba deportes en el predio municipal. La denuncia fue radicada por la madre, que se percató de la situación tras leer, de casualidad, un mensaje que él le envió a la chica por WhatsApp en el que le preguntaba si se podía “escapar" con él.

La madre comenzó a indagar. La adolescente no quería contarle. Finalmente, una prima de 22 años logró que la chica le contara todo. Relató que ella y otra amiguita, también de 15, solían ir a Baradero a ver partidos de fútbol con el ahora condenado y otro hombre que también tiene alrededor de 50 años.

Todo comenzó con una foto que el abusador le sacó a la víctima y a una amiga en una prueba deportiva. Intercambiaron números de celular y él le mandó la imagen por WhatsApp. Así, chatearon hasta que empezaron los encuentros sexuales, habitualmente en un hotel alojamiento.

Cuando la víctima le contó todo a su prima, le pidió que no dijera nada porque temía que lo denunciaran y que perdiera el trabajo. Además, ella sabía que él tenía esposa e hijas, por lo que no quería generarle problemas con su familia. Hasta ese punto llegaba la manipulación.

Las pericias de la médica forense confirmaron que la chica había tenido relaciones sexuales sin existencia de lesiones. A ella, la adolescente le dijo el nombre del acusado, que estaba enamorada y que la relación era "consentida" desde hacía cuatro meses.

Los indicios de vulnerabilidad y desprotección que revelaron las pericias psicológicas reforzaron la hipótesis de manipulación y coerción. Además, establecieron que no estaba en condiciones de dar consentimiento válido y que había "indicadores psicotraumáticos compatibles con vivencias de victimización sexual".

En su declaración bajo el sistema de cámara Gesell, la adolescente confirmó todo y repitió que "lo que pasó" fue porque "ambos quisieron". Para la jueza, los elementos fueron suficientes para la condena que Fiscalía y Defensa particular habían acordado para el trámite abreviado.

Así, en el fallo quedó establecido y acreditado que el condenado "accedió carnalmente a la víctima en más de una oportunidad, aprovechándose de su inmadurez sexual en tanto ella no había mantenido relaciones sexuales previas".

De la misma manera, consideró que él "tomó provecho de su mayoría de edad, ya que contaba con 50 años al momento del hecho" y de su "relación de preeminencia" por su rol de empleado municipal en el Estadio, donde la víctima practicaba deportes.

La Justicia condenó a 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores a Ricardo Espíndola, hermano del sindicalista de Camioneros, Fernando Espíndola, acusado de abusar de la nieta de su pareja, de 7 años.

Fiscalía y Defensoría acordaron juicio de trámite abreviado para evitar el debate oral y público, con una década de cárcel como pena máxima posible a aplicar.

El Tribunal lo halló culpable del abuso reiterado y dictó la sentencia. Ahora, como tiene algunos problemas de salud, deberán definir si continúa detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás o lo benefician con arresto domiciliario.

Espíndola tiene 67 años. Lo detuvieron en agosto del año pasado en su casa, ubicada en Lavalle al 100, tras la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, un año después de que fuera denunciado.

La niña relató ante el personal profesional de la asesoría pericial los vejámenes a los que fue sometida por Espíndola, que incluían la exhibición de material pornográfico.

Ricardo Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, exconcejal que está detenido con arresto domiciliario en el marco de una causa que investiga el pedido de coimas a una empresa para "dejarlos trabajar".

Además, Fernando Espíndola fue acusado por sus sobrinos de abusar sexualmente de ellos cuando eran adolescentes y convivían en la misma casa.

Esa causa prescribió por el paso del tiempo y al menos una de las víctimas aguarda la posibilidad de que el caso se ventile en el marco de los denominados juicios por la verdad.

La Justicia halló culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de guarda y corrupción de menores a un hombre de 31 años que abusó de manera reiterada de la hija de su pareja, con quien convivía.

El condenado vivió con la niña y su madre como una familia durante alrededor de 10 años. En ese marco, tratado como un padre por la víctima, cometió los aberrantes hechos por los que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 lo sentenció a cumplir 15 años de prisión efectiva.

La fiscala María del Valle Viviani, a cargo de la causa, había solicitado 20 años de cárcel y los jueces lo condenaron a 15.

Los abusos comenzaron cuando la niña era muy pequeña, con manoseos en sus partes íntimas. A medida que crecía, se agravaron hasta llegar al acceso carnal hacia 2019, cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años. 

Todo quedó probado durante el proceso de instrucción y acreditado en el juicio, por lo que los jueces Laura Fernández, Cristian Ramos y María Belén Ocariz dictaron sentencia condenatoria.

El juicio tuvo lugar el 17 de febrero y la audiencia fue larga y compleja. Este lunes 24, el Tribunal dio a conocer la sentencia de 15 años de prisión.

Los magistrados intervinientes consideraron que las conductas del acusado interfirieron en el libre desarrollo sexual de la niña, lo que implicó una introducción abrupta a la sexualidad a una menor de edad.

Ello configuró el delito de corrupción de menores que se agregó al de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de la guarda que implicaba ser padrastro conviviente.

El condenado llegó a juicio con prisión preventiva y seguirá detenido tras la sentencia del Tribunal, que la Defensoría Oficial deberá apelar en Casación, de acuerdo a las obligaciones formales de su rol. 

Ocho años de condena le quedan por cumplir al violador serial Pablo Pérez, de 45 años, a quien la Justicia encontró culpable en cuatro causas con cinco víctmas del delito de abuso sexual cometidos contra cuatro mujeres de 13, 14, 15 y 22 años y un varón de 11.

El 12 de marzo pasado, la Defensoría de Ejecución Penal de San Nicolás elevó una nueva solicitud para que le morigeren la pena y en procura de que la Justicia le otorgue alguno de los beneficios posibles para un condenado de sus características.

Así, pidieron que le otorguen libertad condicional o salidas transitorias o cambio de regimen para que pase a un penal semiabierto como de Baradero, todas medidas que año tras año el Juzgado interviniente rechaza por diversos motivos, entre ellos el rechazo de las víctimas ante la posibilidad.

Es obligación de la Justicia informar a las víctimas acerca del pedido y ofrecerles el derecho a oponerse. 

Cada año, ese derecho que les asiste se convierte en un momento de horror: por un lado, implica remover una vez más el episodio que marcó sus vidas para siempre; por el otro, la conciencia del riesgo de encontrarse alguna vez por la calle, frente a frente, con su abusador.

"La verdad es que todos los años nos pone mal a todas las víctimas, estamos cansados de toda esta locura burocrática. No pedimos más que lo justo, le dieron hasta 2032, que cumpla la condena, que no le den salidas transitorias, nuestro miedo es que siga haciendo estas cosas", aseguraron familiares de una de las personas abusadas por Pérez.

Pablo Pérez fue condenado cuatro veces por cinco víctimas a un total de 22 años de prisión efectiva. 

El primer hecho por el que lo denunciaron ocurrió en julio de 2006. El segundo, en junio de 2008 . El tercero, el primer día de 2009 . El último por el que lo acusaron y condenaron había ocurrido en la primavera de 2008. 

Hay otros casos en los que la descripción del abusador y la modalidad coinciden, pero que no pudieron esclarecerse como para que lo juzguen.

La última condena se la impusieron el año pasado. A ese juicio, Pérez fue llevado a juicio gracias a una foto publicada por La Opinión cuando en 2018 sus víctimas se opusieron a los beneficios que ahora piden otorgarle. Ya mayor de edad, aquel niño abusado en 2008 lo reconoció en la tapa de la edición impresa de este medio y lo denunció.

La modalidad de solicitar morigeraciones es un paso formal obligatorio para quienes asisten desde el Ministerio Público de la Defensa a los detenidos condenados, que se eleva cuando están en condiciones de que se le otorgue ese u otros beneficios, de acuerdo al tiempo que les queda de pena.

El Juzgado es el que define. Hasta ahora, nunca hicieron lugar a pedidos solicitados para el violador serial Pablo Pérez.

El protagonista de una de las tramas delictivas más aberrantes de la historia de San Pedro recibió una nueva condena: el violador serial Pablo Pérez fue hallado culpable de otro abuso sexual con acceso carnal, el quinto.

En este caso, la víctima fue un niño de 11 años. El hecho ocurrió en 2008, pero el chico recién pudo contarlo siete años después, con ayuda de su novia. En 2018, cuando La Opinión publicó una foto de Pérez porque sus víctimas se oponían a su pedido de salidas transitorias, la foto en la edición impresa lo sorprendió: ese era su abusador.

Pablo Enrique Pérez, que el 2 de marzo pasado cumplió en la cárcel 44 años, fue hallado culpablo del delito de abuso sexual con acceso carnal y en juicio abreviado se lo condenó a ocho años de prisión efectiva, pena acordada para el trámite entre la Defensoría Oficial y Fiscalía, aunque como ya cumple condena por los otros cuatro hechos, se le sumó sólo un año a los 21 que debe purgar.

Así, el violador serial tiene que cumplir en total 22 años de cárcel desde la primera sentencia, de 2010, lo que implica que recién habrá terminado sus cuentas con la Justicia en el año 2032. Antes de este fallo condenatorio, le habían rechazado el cambio de régimen que solicitó con el objetivo de pasar a una prisión semiabierta.

El caso L., el quintoL. tenía 11 años cuando fue abusado por Pablo Pérez. Iba a sexto grado de la primaria y el día en el que fue sometido por el violador serial se dirigía en bicicleta hacia lo de un amigo para ir a practicar deportes al club Náutico. Eran las 14.30 de un día de primavera del año 2008.

Una cuadra y media antes de la barranca, el niño fue interceptado por Pérez, que le pidió ayuda porque, le dijo, había “pinchado una goma” de la combi que manejaba. Le indicó que necesitaba “una mano más chica” que la propia para alcanzar un tornillo.

Le pidió que entrara al vehículo para desajustar una tuerca. Cuando subió, lo encerró. Las ventanillas estaban tapadas por una cortina de terciopelo rojo. No sólo no se veía hacia o desde el exterior, también costaba ver adentro.

En los asientos del fondo comenzó a tocarlo. Le bajó el pantalón corto que llevaba. Cuando el niño gritó, le tapó la boca. Alguien pasó y el abusador se detuvo. Lo quería llevar a su casa, pero la víctima se oponía, por lo que accedió a dejarlo ir no sin antes amenazarlo: “Ojo con decir algo, porque conozco a tu papá y a toda tu familia, los voy a matar a todos”.

En 2014, L. tenía 17 años y una novia que se convirtió en la primera persona a la que le contó lo sucedido. Un año más tarde, con la ayuda de ella, pudo relatarle a sus padres lo que había ocurrido. Aunque una vez había visto en un galpón donde había otras combis a su abusador, no podía identificarlo. No sabía quién era. Hasta 2018, cuando lo vio en La Opinión.

Este medio había publicado en su edición impresa una nota relacionada con la oposición de las víctimas del violador serial al pedido de salidas transitorias que había elevado a la Justicia, con la madre de quien en ese momento era su novia como “garante”. La publicación estaba acompañada por una foto de ese momento de Pérez. Al ver la imagen, lo reconoció.

“Quiero que el tipo siga en la cárcel y hacer la denuncia”, le dijo el joven al abogado Mauricio Gugger, que acompañó a la familia en el proceso judicial que derivó en la condena dictada este martes por el quinto caso de abuso en el que se lo declara culpable.

En el fallo, el juez López transcribió pasajes de esa nota de este medio en la que se recogieron testimonios de las víctimas de Pablo Pérez, a diez años de los hechos. La consideró “un fuerte indicio” de la autoría del violador serial en el caso L.

La infructuosa defensa de Pérez“Sí me he equivocado con señoritas o mujeres, por lo que estoy pagando, jamás lo hubiese hecho con masculinos”, dijo en su intento de defensa el violador serial cuando le tocó prestar declaración indagatoria por el caso L. “No lo conozco”, aseguró.

“No pongo en tela de juicio lo que le haya pasado, pero no implica que haya sido yo por haber manejado una combi”, agregó. Dijo que siempre manejaba vehículos ploteados de la empresa para la que se desempeñaba como chofer, que eran usadas y no tenían, como las blancas sin plotear, “olor a nuevo”.

En su intento por desvincularse del hecho, Pablo Pérez dijo que su apariencia física al momento del hecho no coincidía con la descripción que hizo la víctima, que refirió que era “pelado, grandote, bien vestido, de ojos claros, sin pelo o rapado”.

El violador serial sostuvo que en esos años él “tenía mucho pelo”, “tomaba sol” y que se quedó pelado dentro de la cárcel. “Soy grandote, mido 1,85 m y rondo los 90, 100 kilos”, dijo y aseguró que en la foto publicada por La Opinión y por la que el joven lo reconció era “sin barba y pelado, y con 11 o 12años más encima”.

Un amigo que ofrecio como testigo dijo que Pérez “siempre se cuidó en lo estético” y que “nunca estuvo excedido de peso”. Que generalmente “tenía el corte de moda” y “no era pelado”. Aportó una foto juntos de ese momento, tomando sidra. La falta de fecha exacta del momento de tomada la imagen fue relevante para el juez.

El magistrado señaló que “la mera mención de que él no cometería este tipo de hechos contra hombres y las diferencias en su aspecto físico, que son normales por el correr de los años, son ensayos exculpatorios que no alcanzan par desvirtuar todos los elementos de cargo analizados”.

Antes de dictar su fallo condenatorio, el juez López le llamó la atención a la fiscala Viviana Ramos por no haber computado agravantes en el caso, teniendo en cuenta los antecedentes penales del violador serial, sobre el que ya pesaban condenas por cuatro hechos de abuso sexual.

La foto que publicó La Opinión“Para nosotros fue extremadamente importante, el medio tuvo absolutamente mucho que ver”, dijo la familia en agradecimiento a La Opinión tras conocer la sentencia que condenó al abusador.

Los padres de L. habían estado en esta redacción antes de radicar la denuncia para contactarse con otras víctimas “para saber si hay otras”. Las habría, pero no quisieron, no supieron o no pudieron denunciar.

El juez Alejandro López, además de los informes victimológicos, los testimonios recogidos, las pericias psicológicas y demás elementos probatorios, puso en consideración aspectos que había revelado este medio tanto en la nota donde apareció la foto de Pérez que reconoció la víctima como en el resto de las publicaciones que desde 2006 salieron impresas relacionadas a delitos sexuales cometidos por Pablo Pérez.

La modalidad era similar a la de esos cuatro hechos. La combi, el muchacho de ojos claros y robusto, las manos blancas, el perfume. Como bien aclara el juez, las notas periodísticas no constituyen elementos de prueba, pero para el magistrado resultaron “un fuerte indicio” puesto que la descripción del violador serial que aparece en las publicaciones corresponden “a una persona de las mismas características físicas” que el acusado.