El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás dictó sentencia en el caso Salvador Eirín y declaró culpable de homicidio preterintencional a Walter de Araujo Otero, acusado en el caso.

Como había adelantado La Opinión, la causa se resolvió en juicio abreviado y el imputado fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que tras la audiencia recuperó la libertad, luego de permanecer casi un año y medio detenido.

La pena aplicada es la mínima para este tipo de delitos, teniendo en cuenta la falta de antecedentes del acusado, cuyos abogados, Karina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación penal, lo que favoreció su situación procesal.

De Araujo Otero había sido acusado inicialmente de homicidio simple y fue condenado por homicidio preterintencional, una figura que implica que la agresión que derivó en la muerte de Salvador Eirín no tenía como fin matar.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín, de 32 años, murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

El empleado municipal Juan Villalba, condenado por administración fraudulenta tras ser acusado de desviar materiales de la construcción del hotel Azahar Spa como contratista particular, será despedido de la Municipalidad.

Ese es el destino que tendrá el sumario administrativo que la semana pasada, luego de que La Opinión revelara el contenido de su condena, el Gobierno estableció que debe comenzar en su contra, de acuerdo a la normativa vigente.

A Villalba, que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, le cabe la letra de la ley que establece el régimen de empleo municipal en la provincia de Buenos Aires, la 14 656.

El sumario tendrá similares características al que el Municipio inició contra el empleado municipal del Estadio que fue condenado por abuso sexual agravado, quien renunció antes de que lo echen.

El artículo 107 de ley de trabajo municipal establece que puede sancionarse "hasta con cesantía" las "inconductas notorias", la "sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso" y las "faltas graves" que "afecten el prestigio" de la administración municipal.

El intendente ya tiene en su poder el dictamen correspondiente emitido por la Asesoría Letrada municipal para dar curso al inicio del sumario administrativo, cuyo destino, como se dijo, no podría ser otro que el despido.

Villaba tiene 49 años y es empleado municipal hace más de 20. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2007 y 2013, cuando ya era trabajador del Estado local y fue contratado de manera particular para la obra del hotel Azahar Spa.

La Justicia lo halló culpable de desviar materiales para otras obras abusando de la confianza depositada por sus empleadores, lo que provocó un perjuicio patrimonial deliberado hacia la empresa.

En el marco de esa causa, está previsto que este martes comience en el Juzgado Correccional de San Nicolás el juicio oral y público contra el arquitecto Raúl Antoliche y el contratista Miguel “Mili” González.

La condena por transporte de drogas que recibieron el exgerente de Coplac Rafael Rodrigues y su cómplice, Nicolás Acuña Acevedo, fue innovadora respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite celeridad en la administración de Justicia.

Ambos fueron detenidos el 18 de marzo cuando los interceptaron en ruta 1001 a bordo de un Toyota Corolla en el que llevaban escondido un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza.

Dos meses y medio después, en los primeros días de junio, el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo los condenó a cuatro años de prisión efectiva y dos años de prisión condicional, respectivamente.

El juicio fue a través de la institución del trámite abreviado, acordado entre el abogado de los imputados, Hugo Lima (h) y el fiscal federal Matías di Lello.

"El Estado consiguió la condena de dos personas. Uno salió en libertad y otro tuvo una pena menor", destacó Lima en diálogo con La Opinión y puso de relieve la importancia de la celeridad en los procesos judiciales.

"Aquí encontraron un kilo de cocaína de extrema pureza escondida en el auto. No había mucho que discutir, sino encontrar la mejor forma. Aprovechamos la posibilidad del juicio abreviado, lo pautamos, el juez lo homologó y dictó sentencia, en menos de tres meses", destacó.

Lima logró la pena mínima para Rodrigues, en un delito que tiene una escala que va de 4 a 15 años de prisión. La presunción de participación en una cadena de comercialización mayor podría haberle jugado en contra. Su condición de adicto y la falta de otros elementos de prueba favorecieron la consideración como "simple transportador" de la droga.

Apenas detenidos, Rodrigues y Acuña Acevedo fueron trasladados a la cárcel de Devoto. Desde allí contactaron a Lima y mantuvieron audiencias virtuales para el desarrollo del proceso. El brasileño quedó alojado en esa dependencia y el otro recuperó la libertad tras la condena.

"A la hora del acuerdo, les dije que no había mucho más para hacer. Ellos se dan cuenta, tenían toda esa droga encima, escondida en el auto, bajo el torpedo, la casa donde encontraron la plata era de Rodrigues, no había mucho para discutir", reconoció Lima.

Para el abogado, el proceso fue exitoso en la medida en que obtuvo penas menores para sus asistidos y "el Estado logró dos condenas". La sentencia no es apelable por haberse tramitado en juicio abreviado.

"Esto se achicó de un proceso de tres años a tres meses, todo el desgaste, escritos, gente, recursos, todo eso se ahorró, por eso el procedimiento fue muy innovativo", destacó Lima.

El exgerente de Coplac que fue detenido en marzo pasado con un kilo de cocaína cuando ingresaba a San Pedro junto a un acompañante oriundo de Lomas de Zamora fue condenado por el delito de "transporte de drogas".

La causa tramitó en el fuero Federal, puesto que ese tipo de calificación trasciende los límites de la Justicia ordinaria, y se resolvió en juicio abreviado por acuerdo entre las partes.

El fiscal federal Matías di Lello y los abogados del estudio jurídico Lima y asociados acordaron, para el caso de condena, penas mínimas para el delito en cuestión.

Con las pruebas obrantes en el expediente, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo condenó a Rafael Rodrigues, alias "el brasileño", a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Su cómplice, identificado como Nicolás Acuña Acevedo y oriundo de Lomas de Zamora, fue condenado a dos años y medio de ejecución condicional, como partícipe secundario, por lo que recuperó la libertad.

Ambos estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Federal, conocido como la cárcel de Devoto. Rodrigues seguirá alojado bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mientras que Acuña se fue libre apenas homologado el acuerdo del juicio abreviado.

Rafael Rodrigues y Nicolás Acuña Acevedo fueron detenidos la noche del 18 de marzo de este año en la ruta 1001, cuando ingresaban a la ciudad en un Toyota Corolla blanco en el que llevaban un kilo de cocaína.

Fueron interceptados por la policía de la División Drogas Ilícitas, que no tenía una investigación en marcha sobre ellos, pero evidentemente había tomado algún tipo de conocimiento respecto de ese traslado.

El Toyota iba a toda velocidad y la aumentó cuando vieron a la policía. Allí comenzó una persecución que permitió detenerlos. Cuando revisaron el vehículo, hallaron un ladrillo con un kilo de cocaína con el sello de un delfín y número 10 que estaba escondido bajo la consola del tablero del coche.

Un allanamiento de urgencia dispuesto en un domicilio de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias secuestró una bolsa de nylon negra que tenía 5 millones de pesos y que se sospecha estaban destinados a pagar esa droga. 

Esa casa guarda vínculos con otro resonante caso: el asesinato de la niña Uma Aguilera, ocurrido durante un asalto en Lomas de Zamora, que tiene un condenado que se escondió en San Pedro, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas.

La causa tramitó primero en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio, pero la tipificación penal de "transporte de drogas" derivó el expediente al fuero Federal, donde se resolvió en poco más de dos meses a través de un juicio de trámite abreviado.

La defensa logró una pena de cuatro años para Rodrigues y de dos y medio para Acuña Acevedo. El segundo tuvo ese beneficio porque en los allanamientos que se dispusieron en su domicilio, el de su familia cercana y en su lugar de trabajo no encontraron nada.

Como no había una investigación en marcha, puesto que los detuvieron en un "operativo de rutina", los allanamientos se produjeron varios días después de que los detengan, sin éxito para los fines de la causa.

Rafael Rodrigues vivía en San Pedro desde que llegó junto con la fábrica de alfombras para automóviles Coplac. Su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, era uno de los dueños. Primero trabajó en la planta de Córdoba de esa empresa y luego recaló en la local, donde fue gerente de ventas.

Rodrigues fue relacionado con el submundo de las drogas a poco de instalarse en San Pedro. Estaba en Coplac cuando un reconocido personaje que tiene negocios irregulares a la vista de todos y que supo estar procesado por causas por venta de estupefacientes lo amenazó de muerte porque le debía dinero del consumo.

Cuando lo desvincularon de la empresa porque descubrieron que habría desviado dinero para pagar deudas de drogas, Rodrigues se transformó en remisero. Las sospechas sobre vinculaciones con el presunto delivery de estupefacientes siempre lo rondaron.

La policía detuvo este jueves por la mañana a un hombre identificado como Juan Carlos Clemente, de 34 años, quien fue condenado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

El Juzgado de Ejecución Penal ordenó detenerlo para que cumpla la condena impuesta, por lo que el personal del GTO y la DDI lo fueron a buscar a su casa, ubicada en calle Cruz Roja 2250.

La causa por la fue condenado comenzó en el año 2024. Ahora, con la sentencia firme, Clemente fue detenido y alojado en la Comisaría, a la espera del traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La condena a tres apicultores de San Pedro a penas superiores a los tres años de prisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa por el incendio que en 2022 arrasó alrededor de 6 mil hectáreas en las islas Las Lechiguanas, a la altura de Ramallo.

Oscar y Jesús Magallanes —padre e hijo— junto a Miguel Ramón Morales habían sido hallados culpables por la jueza Noemí Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, por el delito “estrago doloso” hallándolos responsables de una de las tantas quemas que formaron parte de una serie de focos ígneos que, ese año, generaron un grave daño ambiental en la región.

El fallo fue ahora confirmado por Casación, que avaló los criterios de la sentencia original. En ese marco, los hermanos Magallanes recibieron penas de tres años y seis meses de prisión, mientras que Morales fue condenado a tres años y dos meses. 

Durante el proceso, el fiscal José Ignacio Candioti Puyol había solicitado penas de cuatro años de cumplimiento efectivo. En su momento, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la importancia del caso para la protección de los humedales.

La Opinión señaló, en su momento, que el fiscal fundamentó la relevancia del caso para "preservar la zona de humedales, cuidar el delta". “Nos parecía que la pena no merecía que fuera condicional en este tipo de delitos ambientales", destacó el fiscal. 

"Se comprobó que actuaron con pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Hay mensajes de texto que lo comprueban. Ellos sabían lo que podía suceder, que ese incendio se iba a propagar y a causar el daño que causó", aseguró.

Según la investigación, en 2022 los tres hombres fueron ubicados en la zona del arroyo del Tigre, a la altura del kilómetro 310 del río Paraná, en las islas Lechiguanas. 

Allí fueron detenidos por personal de la Prefectura Naval Argentina con base en Ramallo. Como justificación, argumentaron que habían encendido el fuego para generar un cortafuego que protegiera su rancho y las colmenas.

El caso sumará ahora un nuevo capítulo judicial. La defensa pública presentó un recurso extraordinario federal contra la resolución de Casación, por lo que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá intervenir y revisar la sentencia definitiva.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfuncionario de la Fiscalía local y ex fiscal general de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal que lo juzgó en un resonante caso de corrupción judicial vinculado al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Serjal fue hallado penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado por haber protegido organizaciones criminales desde su importante cargo como jefe de todos los fiscales de Rosario y la región.

Los magistrados Nicolás Foppiani, Faucndo Becerra y Hebe Marcogliese dictaron sentencia para Serjal y para Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial que también fue acusado de cobrar en dólares de una red de juego ilegal para brindar protección en la Justicia, a quien le dieron cinco años de cárcel.

Desde el comienzo de la causa, los abogados de Serjal —primero Hugo Lima y luego Ignacio Carbone, defensor de barrabravas y sicarios de "Los Monos"— habían planteado que como el sampedrino había accedido al cargo sin vínculos políticos, habían tejido debajo de él una red de corrupción que lo involucró por el lugar que ocupaba.

 El intento por desvincularlo no alcanzóy la Justicia consideró que Patricio Serjal Benincasa cobró coimas para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" en procura de que "no prosperen" causas penales contra Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino a quien también se lo vinculó alguna vez con la banda narco Los Monos.

Peiti brindó información como "arrepentido", fue condenado a tres años y a pagar 47 millones de pesos de multa en un juicio de trámite abreviado. 

Los datos que aportó involucraron a Serjal y a Ugolini, así como al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis ños, y como "arrepentido" ofreció detalles de la operatoria ilegal.

Serjal tiene 48 años. Tras recibirse como abogado, trabajó como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada que hubo en San Pedro e hizo carrera en el Poder Judicial hasta convertirse en la máxima autoridad regional del Ministerio Público Fiscal en Rosario.

Durante la instrucción de la causa fue detenido y cumplió varios meses en prisión preventiva hasta que le otorgaron primero arresto domiciliario y luego la libertad, tras lo que volvió a San Pedro a esperar el juicio, que comenzó el 15 de septiembre y terminó con su condena a 9 años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a Alejandro Mussin, el turista de 34 años oriundo de Tres de Febrero que el año pasado mató a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21, en un complejo de cabañas en Baradero.

En el juicio quedó acreditado que Mussin golpeó por todo el cuerpo a su pareja y que un fuerte golpe en el cráneo fue el que provocó la muerte de la joven cuando ambos estaban dentro del establecimiento turístico ubicado  en la zona de Colonia Suiza.

El Tribunal consideró que el estado de "inconsciencia" que Mussin presentaba cuando lo trasladaron al Hospital Lino Piñeiro fue "una simulación" y hasta se puso en duda los efectos del consumo de cocaína, que había comprado en Baradero tras llegar en moto desde Villa Bosch con la víctima.

Para cometer el crimen, Mussin utilizó al menos tres elementos distintos con los que produjo una gran cantidad de lesiones en el cuerpo de la víctima. Las heridas fueron de tipo cortantes, excoriaciones, fracturas de cráneo, entre otras.

La autopsia había constatado múltiples golpes en la cabeza. Uno de ellos provocó un hematoma subdural, lo que implica que las heridas llegaron hasta la zona del cerebro. El hematoma era tan generalizado que llamó la atención del mismísimo médico forense.

La pareja había arribado el 18 de abril de 2024, alrededor de las 2.00 de la madrugada. El sábado 20, el dueño del complejo vio que salía agua del interior del alojamiento donde estaban y golpeó. No lo atendían, por lo que llamó a la policía.

Cuando abrieron la puerta se encontraron con la macabra escena. El agua que corría arrastraba coágulos de sangre. La víctima estaba en el piso, sin vida. Adentro, todo estaba destrozado y había sangre por todos lados.

Sobre un colchón, tapado con una frazada, estaba Mussin, con una cuchilla en la mano. Lo esposaron porque se movía y se agarraba de la camilla. También movía los párpados y parecía escuchar todo lo que ocurría. Por eso consideraron que simuló el estado de inconsciencia.

La relación violenta de Mussin con la víctima fue acreditada por diversos testigos. El padre de Guadalupe aseguró que él le controlaba todos los movimientos y que ella estaba decidida a dejarlo por los episodios de violencia que habían vivido.

Mussin la había golpeado en la vía pública, provocándole lesiones en un ojo, en los labios y en las costillas. Ese hecho fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Villa Bosch y la Justicia impuso una medida de exclusión perimetral.

Cuando venció la restricción, ella decidió no renovarla y volvió a convivir con él. Nadie sospechaba de las adicciones de Mussin, pero todos notaban que él tenía una actitud posesiva sobre ella.

Los hechos de violencia fueron muchos. Incluso una vez amenazó con prender fuego el perro, mientras no la dejaba salir de la casa en la que convivían. Cuando se separaron por un tiempo, él seguía escribiéndole.

Las amigas de Guadalupe contaron que ella dejó de frecuentarlas, pero que alguna vez les dijo que tenía miedo porque él era violento y no sabía cómo manejarlo. Incluso les contó que él, además de consumir, vendía cocaína.

Las responsables del área de Género de la Municipalidad de Tres de Febrero relataron que hubo varias denuncias de violencia sexual, psicológica y física: golpes con un palo de escoba, ahorcamiento, golpes de puño.

Informaron que su área evaluó la situación como de "alto riesgo" y que además de la restricción perimetral ella tenía un botón antipánico. Había amenazas de muerte que incluían apuntarla con un arma de fuego.

El juez Alejandro Ares, que debutó en un juicio oral y tuvo a su cargo la expresión del voto, consideró que los elementos obrantes en la causa dieron cuenta de que Mussin tuvo "plena conciencia del hecho" que había cometido, por lo que no le aplican los atenuantes que planteó la defensa.

"Mussin presentaba autolesiones que no pueden explicarse sin consciencia de lo sucedido y que permiten dejar de lado el estado de inconsciencia y la ausencia de recuerdo", consideró Ares.

Mussin le dijo al médico forense que había consumido 20 gramos de cocaína. Cuando el profesional le destacó que era imposible semejante consumo, se corrigió, dudó, cambió el discurso. Las lesiones de defensa por parte de la víctima eran claras en el rostro del femicida.

Las pericias psicológicas concluyeron que Mussin comprendía la criminalidad de sus actos y que, aunque presentaba trastorno propios de un adicto a las drogas, el consumo de estupefacientes no afectaba los parámetros indicados. Su relato resultó inverosímil y simulado.

El psiquiatra que lo vio en el Hospital de Baradero relató que todo el tiempo preguntaba por Guadalupe, tras un estado de estupor que fue, a todas luces, una simulación: cuando le dijeron que si no hablaba iba a quedar asentado que no quería colaborar, comenzó a dar un discurso ordenado, repentinamente.

Alejandro Emanuel Mussin fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género, lo que implica que la única pena posible para su condena es la de prisión perpetua.

Tres apicultores de la zona de islas fueron condenados a más de tres años de prisión tras ser hallados culpables de originar un incendio que arrasó con alrededor de 6 mil hectáreas en Lechiguanas en el año 2022, en medio de las quemas que provocaron un verdadero ecocidio en todo el delta del Paraná.

Oscar y Jesús Magallanes, padre e hijo, y Miguel Ramón Morales fueron condenados por la jueza Noemí Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, Entre Ríos, por "incendio" y "estrago doloso".

Las penas impuestas en la sentencia son de cumplimiento efectivo: tres años y medio para los Magallanes; tres años y dos meses para Morales. El 5 de agosto se darán a conocer los fundamentos. Si no hay apelación y la condena queda firme, deberán cumplirla en la cárcel.

Durante el juicio oral y público en el que se debatió el caso, hubo testimonios de especialistas ambientales y médicos. El fiscal general federal de Paraná, José Ignacio Candioti Puyol, destacó la relevancia del caso para "preservar la zona de humedales, cuidar el delta".

"Fueron más de dos meses de juicio, que comenzó en Victoria, donde había comenzado la causa, y luego los alegatos fueron en el Tribunal Oral Federal", en Paraná, informó Candioti a Canal 9 Litoral.

"Nos parecía que la pena no merecía que fuera condicional en este tipo de delitos ambientales", destacó el fiscal respecto de la condena de cumplimiento efectivo que solicitó y logró ante el Tribunal.

"Se comprobó que actuaron con pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Hay mensajes de texto que lo comprueban. Ellos sabían lo que podía suceder, que ese incendio se iba a propagar y a causar el daño que causó", aseguró.

"Ojalá esto sirva para la prevención. Que estos graves hechos, que por suerte no quedaron impunes, la población tome conciencia de que los incendios causaron una grave afectación a la salud y al ambiente", destacó el fiscal.

Los Magallanes y Morales fueron detenidos en la zona del arroyo del Tigre, a la altura del kilómetro 310 del río Paraná, en la zona de Islas Lechiguanas, por personal de Prefectura de Ramallo.

En ese momento aseguraron que habían quemado pastizales para hacer un cortafuego que impidiera el avance de focos ígneos que ardían en inmediaciones de su rancho y de las colmenas de su propiedad. 

La Justicia condenó a prisión perpetua a los delincuentes que asesinaron a la niña Uma Aguilera, de 9 años, en Lomas de Zamora cuando dispararon contra el auto de sus padres, ambos miembros de la Policía Federal Argentina, con fines de robo.

Uno de ellos fue detenido en San Pedro a pocos días del crimen: Alexis "Pelusa" Rojas, de 21 años. Junto a él fueron condenados Miguel Pastor "Pototo" Romero Molinas y Ariel Acuña Vega, todos acusados de homicidio criminis causa, es decir un asesinato para encubrir otro delito, en este caso un robo a mano armada.

Además de ellos tres, hay otro delincuente involucrado en el caso que será juzgado por el fuero de responsabilidad penal juvenil, puesto que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, el 22 de enero de 2024.

Tres días después, el Ministerio de Seguridad de la Nación —el padre de Uma era custodio de Patricia Bullrich— anunció que habían detenido a Pelusa Rojas en San Pedro. Estaba en una casa del barrio Los Aromos, propiedad del exconvicto Iván Núñez, donde había alquilado.

A ese domicilio de Almafuerte al 3800 llegó la Policía Federal para capturarlo. Rojas habría llegado a esa vivienda tras ver "por Facebook" que lo alquilaban. El lugar no era más que un pasillo y un cuarto, dividido con una cortina de la cocina de la casa de la familia.

La Policía Federal arribó al domicilio alrededor de las 4.00 de la madrugada. Iván Nuñez dijo a La Opinión que Rojas había llegado con su novia en un Chevrolet Corsa blanco poco más de 24 horas antes.

Hay otro auto en la escena y secuestrado por la policía: un Peugeot 307 gris que fue estacionado en el playón de la estación de servicio de Crucero General Belgrano. Tenía una goma pinchada y de su interior salió una mujer, dijeron. La novia de Núñez se fue en combi.

El día previo a la detención, "un señor en bicicleta" les fue a llevar dos sándwiches. Esa persona habría sido el nexo para alquilar la precaria habitación a Núñez. Hay quienes dijeron que la chica sería de San Pedro, por eso Rojas vino a la ciudad.

Uma fue asesinada cuando estaba dentro del Ford Ka de sus padres. Su madre cerraba el portón y su padre estaba arriba del coche. Salían de su casa para ir el médico. Los delincuentes llegaron en un Toyota Corolla negro que había sido robado.

El padre de Uma aceleró para escapar y los delincuentes dispararon. Uma recibió un balazo en la cabeza, en la zona de la  nuca. Trasladada al Hospital Gandulfo, fue estabilizada y derivada en helicóptero al Churruca, donde falleció.

La Justicia decidió acceder al pedido de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner para que cumpla bajo el beneficio de arresto domiciliario la condena que la Corte Suprema de Justicia ratificó en la denominada "causa Vialidad".

Así, la dos veces presidenta de la Nación no deberá concurrir este miércoles a los Tribunales de Comodoro Py, donde estaba prevista una movilización que aseguraban sería "multitudinaria" para acompañarla.

Aunque CFK no se moverá de su departamento del barrio porteño de Constitución, la convocatoria a movilización que fue lanzada en diversos puntos del país sigue en pie.

En San Pedro, La Cámpora, el PJ y otros sectores convocaron para las 5.00 de la mañana en la sede del Partido Justicialista, ubicado en Ruiz Moreno 135, desde donde partirán varias unidades de transporte con militantes locales.

Además, hay diversos gremios que convocaron a movilizar y algunos, como los municipales del STM y ATE, que llamaron a un paro que, en el caso de los estatales provinciales, tendrá alta adhesión entre auxiliares, lo que implicará que algunas escuelas verán resentida su capacidad para el cursado.

La escuela Normal, por ejemplo, ya comunicó a las familias que la secundaria no tiene clases este miércoles.

"Argentina con Cristina" es el lema de la movilización convocada por el peronismo y otros sectores que respaldan a la expresidenta. El plan original era partir a las 10.00 de la mañana desde San José y San Juan hacia los Tribunales de Comodoro Py.

En sus redes sociales, dirigentes como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y una de las máximas referentes de La Cámpora, ratificaron la movilización. "No te comas la curva de algunos medios, mañana marchamos. Caminamos con CFK ida y vuelta. Vamos y volvemos con ella", posteó.

Su publicación fue un retuit del un post del Partido Justicialista nacional, cuya presidenta es la propia Cristina Kirchner. Entre los organizadores de la convocatoria en diversos puntos de la región el mensaje fue "se marcha igual". 

Durante la sesión en el Concejo Deliberante de este jueves no hubo mención alguna a la situación que todo el arco político debate en al país desde el martes: la ratificación de la condena de la dos veces presidenta de la Nación y titular del PJ Nacional Cristina Fernández de Kirchner que la inhabilita para volver a postularse alguna vez a un cargo electivo.

Llamó la atención porque todo hacía prever que al menos el oficialismo iba a expresarse en los términos en que su conductor, el intendente Cecilio Salazar, lo había hecho en redes sociales.

Además, varios concejales tuvieron expresiones del mismo tipo, algunos luego de que lo hiciera el gobernador Axel Kicillof, como quien espera una señal, y hasta hubo presencia en la movilización en la casa de CFK en Buenos Aires, donde estuvo la concejala de La Cámpora Tamara Vlaeminck.

Incluso ediles como Candelaria Cuscuela, Juan Cruz González o Rita Leguizamón estuvieron en la reunión del PJ local abierto para la ocasión y en la plaza Belgrano, donde se juntaro militantes a manifestarse contra el fallo.

Aunque se esperaba que en la reunión de labor legislativa acordaran algún tipo de distribución de la palabra que implicara un pacto de no agresión, primó entre los presidentes de bloque respetar el acuerdo ya establecido de no debatir cuestiones nacionales en el recinto local.

Aunque hasta último momento hubo intenciones de Tamara Vlaeminck de dejar una posición expresada que quedara plasmada en el acta como parte de la sesión, finalmente decidieron no meterse en el asunto.

Durante el cuarto intermedio, se lo vio al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, dialogando con la líder de La Cámpora afuera de Palacio, junto a Juan Cruz González.

Ellos fueron los únicos ediles que firmaron, en su momento, el pedido de no desdoblar las elecciones que impulsó Cristina contra la decisión de Kicillof.

A nueve años del asesinato del viverista Ariel Lido Gomila, la Corte Suprema confirmó el fallo conta Ulises Fernández y ratificó la condena a prisión perpetua que pesa sobre él, único acusado y condenado por el hecho.

Tras la ratificación de la sentencia de primera instancia que la Cámara de Casación Penal decidió en 2021, ahora el Máximo Tribunal sostuvo la condena, por lo que se le agotaron las instancias para confrontar la decisión de la Justicia.

Ariel Lido Gomila fue asesinado en la madrugada del 6 de febrero de 2016, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su casa del paraje El Espinillo con fines de robo. Se defendió y lo balearon.

Ulises Fernández fue el único acusado, puesto que del resto de los autores nunca se supo nada. Un testigo clave —cuyo relato siempre fue puesto en duda por los allegados del imputado— permitió ubicarlo en la escena.

Ulises Fernández fue juzgado ante un tribunal ciudadano que lo encontró culpable del delito de homicidio criminis causa, es decir un asesinato cometido para "facilitar, consumar, procurar impunidad o por no haber logrado el fin propuesto" en ocasión del robo a la familia Gomila.

Ulises Fernández estuvo más de un año prófugo de la Justicia. Lo habían allanado el mismo día del hecho y desde entonces lo buscaban. Tiempo después, dijo que se fugó porque "no quería volver a la cárcel".

Tras el revés en la Corte Suprema, los allegados a Fernández aguardan los pasos que podrían dar desde Innocene Project Argentina, una ONG internacional con sede en el país que se dedica a acompañar familiares de condenados cuyos procesos penales podrían contener irregularidades.

Conocido el fallo de la Corte que ratificó su sentencia, Ulises Fernández grabó y difundió un video desde la celda de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde permanece detenido cumpliendo la condena.

"Estoy pagando por un homicidio que no cometí. Tengo una sentencia de prisión perpetua. Tengo 44 años y voy a pasar el resto de mi vida privado de la libertad", dice allí.

Tras el fallo de la Corte que ratificó la condena, la pareja de Ulises Fernández remitió una carta a La Opinión que se reproduce a continuación. Como en otras oportunidades, los allegados al condenado aseguran que es inocente y que la Justicia debería buscar a "los verdaderos culpables".

"Si bien varios lo conocen, otros no. Él es Ulises Fernández, es oriundo de San Pedro, Buenos Aires. Él es mi pareja, compañero, amigo y uno de mis pilares desde hace más de tres años.

Él está injustamente privado de su libertad hace ya 8 años. Fue juzgado en el Tribunal de San Nicolás de los Arroyos.Su causa llegó a la Corte Suprema, teníamos toda la fe en ellos, en qué revisarían la causa y verían todas las irregularidades que había, arrancando desde el testigo, una persona con varios antecedentes, mitómana, que se presentó en varios lugares como testigo y que desestimaron sus dicho en cada una de los casos. En el caso de Ulises, lamentablemente no fue así.

Les cuento solo un poquito: el testigo dijo haber pasado por el lugar del hecho (pleno campo) a las 12.30 de la noche y escuchar disparos. La damnificada dice haber llegado al lugar después de la una de la mañana. El testigo dice que volvía de la casa de su hija (a la hija nunca la interrogaron), dice que vio a Ulises a varios metros, cuando los peritos forenses dijeron que era una noche sin luna, por lo que sería imposible ver ni a 5 metros.

La damnificada dice haber visto varias personas y yo me pregunto ¿las otras personas? (No busquen, dejen a Fernández nomás). En el lugar encontraron varias huellas dactilares, ninguna coincidía con la de Ulises. Nunca dijeron a quién pertenecían esas huellas (No busquen, dejémoslo a Fernández).

Nos sentimos, y más él, defraudados por la Justicia (y eso que al menos yo sigo creyendo más en la Justicia Divina)m se quedaron con los dichos de ésta persona y no se encargaron de buscar a los verdaderos culpables. ¿Por qué? Al menos yo, no lo entiendo.

Nos ilusionaron. A mí me hicieron, vía zoom, una ambiental (para ver donde iba a venir a vivir Ulises), le hicieron también vía zoom una audiencia. En la primera, la jueza dijo que no podía seguir la reunión porque no sabía quién lo representaba, si la gente de Proyecto Inocencia Argentina (excelentes, un grupo de personas súper humanas, comprometidos e interesados en el caso, siempre atentos y con una respuesta a cada una de nuestras preguntas hasta el día de hoy) o si lo representaba su abogado. No le dije a Ulises, pero yo lo tomé mal: al lado de la Dra. estaba la secretaria del abogado de Ulises. ¿Por qué diría no saber quién lo representaba? Perdón, pero no entiendo.

En la segunda audiencia le dijo que no le otorgaría ningún beneficio. sigo preguntando, ¿por qué? Si ya sabía lo que le iba a decir. ¿Por qué ilusionar a las personas así? Sí, personas. Ulises es una persona que la está pasando mal, por algo que no hizo.

En el afán de hacer más llevadera su estadía ahí el hace cursos, el que sea: de plantas, peluquería, terminó el secundario siendo escolta, Hoy está en segundo año del terciario. Él no lo sabe o quizá no se da cuenta de lo orgullosa que estaría su madre, ¡yo lo estoy!

Ayer recibimos la amarga y dolorosa noticia con respecto a su causa. Confirmaron la pena. Una pena que desalienta. Una pena que duele. Una pena que nos hace replantear todo. Él está devastado, ya no tiene fe, ya se le borró esa hermosa sonrisa que tiene. Así y todo, sigue alentándome él a mi cuando estoy mal. Yo lo único que sé es que lo voy a acompañar siempre.

Esto es un poquito de lo mucho que hay para decir. Vamos a pedir justicia, aunque parezca repetitivo: justicia, y que los verdaderos culpables paguen. No Ulises Fernández, él no.

Ivana Alejandra AstradaRafaela, Santa FeDNI 24 684 101

Una adolescente fue condenada a tres años de prisión por apuñalar a otra en el marco de un conflicto relacionado con un exnovio. Estaba acusada de intento de asesinato.

El violento episodio ocurrió en febrero pasado, en la zona de Aulí al 1500. La agresora, de 16 años, atacó a la víctima, de 15, con un arma blanca, tras una serie de hostigamientos.

El hecho se resolvió en juicio de trámite abreviado, por acuerdo entre el Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil y la Defensoría. La carátula fue de tentativa de homicidio porque la Justicia consideró que la agresora quiso matar a la víctima.

En juicio abreviado, la condena impuesta fue de tres años. Como es menor de edad, no irá a prisión, al menos por lo pronto, pero deberá someterse a un régimen de conducta.

La agresora estuvo alojada en centros de contención para menores en conflicto con la ley penal y hace alrededor de un mes regresó a su casa en libertad.

Apenas ocurrió el hecho, fue detenida y trasladada a un instituto en la ciudad de Merlo, Buenos Aires,  y el Juzgado le denegó el beneficio de arresto domiciliario.

El ataque con un arma blanca fue el último de una serie de episodios de hostigamiento y violencia de la ahora condenada contra la víctima. Fueron dos semanas de horror.

La víctima había comenzado a tener contacto con un chico que había sido novio de la agresora. Allí empezaron los hechos de violencia. El día antes de apuñalarla, la condenada la había tirado de la bicicleta, acompañada de otras dos chicas, para propinarle una golpiza que hasta filmaron con el celular.

[IMÁGENES SENSIBLES] La chica de 15 años apuñalada había sido agredida previamente.La de 16 aprehendida y trasladada a un centro de conteción para menores la había golpeado un día antes de atacarla con un arma blanca. De esa primera agresión, hay registro en video. pic.twitter.com/thibNoSQ02

El 15 de febrero, la joven fue a hacer unas compras. La agresora la sorprendió y la atacó con un cuchillo. Fueron tres puñaladas que la hirieron en el tórax y en las manos.

Trasladada al Hospital por un tío, que la llevó en su camioneta, la víctima fue intervenida quirúrgicamente. Mientras tanto, la agresora y sus amigas se burlaban de lo ocurrido y celebraban haber "ganado" la pelea".

La policía detuvo el martes a un hombre de 36 años que tenía orden de detención para cumplir una condena impuesta por la Justicia.

Lo apresaron en Boulevard Moreno al 1600, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás emitiera la orden de captura correspondiente.

Sobre el detenido pesa una condena por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de guerra, causa que comenzó en 2015.

Había sido condenado en 2021 y tras quedar firme la resolución le restan cinco años para cumplir la pena impuesta en su momento por el Tribunal interviniente.

El detenido fue alojado en una celda del sector de calabozos de la Comisaría, a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense asigne cupo en la unidad carcelaria a la que será remitido.

El 18 de diciembre de 2022 cerca de las siete de la mañaa, en la zona de Manuel Iglesias al 1900, Alejandro Luna fue apuñalado y su familia pasó varios días pidiendo testigos sobre lo ocurrido durante esa jornada.

Luna tenía 26 años y falleció horas después de haber sido herido por un sujeto que casi cuatro días más tarde se entregó y negó su participación en el hecho  ante el Fiscal Marcelo Manso. Como todas las causas que estaban en esa sede fiscal, quien continuó con los procesos fue la fiscala María del Valle Viviani.

Este miércoles se conoció la sentencia que de manera unánime otorgó la razón a la investigación que determinó que el responsable del asesinato era Agustín “Pampa” Arce y lo condenó a 10 años de prisión.

"Fue a traición, el puntazo está desde la espalda, fue de atrás, no fue de frente”, aseguraron familiares a La Opinión, tras el deceso que se produjo luego de una intervención quirúrgica en el Hospital.

La prueba reunida fue contundente y no hubo diferencias en las consideraciones del los integrantes del Tribunal que resolvió condenar como “autor penalmente responsable del delito de homicidio en los términos del artículo 79 del Código Penal, cometido en la localidad de San Pedro, en fecha 18 de diciembre de 2022, en perjuicio de Alejandro Luna a la pena de diez años de prisión, mas accesorias legales y costas del proceso”.

Los jueces María Elena Baquedano, Alejandro Gabriel López y Anselmo Ezquiel González evaluaron el alegato de Viviani en su pedido de 15 años de prisión por el crimen y el abogado defensor del Arce pidió su absolución por considerar que no se habían reunido los elementos suficientes y porque su defendido, de 22 años, no tiene antecedentes además de transitar su reclusión con buena conducta.

La Fiscalía consideró lo ocurrido en aquella jornada: “Alrededor de las 08,00 horas, Agustín Gustavo Arce dio muerte a Alejandro Luna, a quien agredió con un arma punzo cortante a la altura del torax, provocándole una herida sobre su flanco derecho que derivo en un hemoneumotorax derecho con laceración hepática y de la vena aorta, lesiones de tal entidad que provocaron su posterior óbito".

"Dicho suceso tuvo lugar en la vía pública, sobre la vereda de la calle Manuel Iglesias, frente a la finca que lleva el número catastral 1880”, planteó y presentó el cuchillo que fue secuestrado sobre una mesa del garage del domicilio del acusado al que sumó los resultados de las muestras que dieron con el perfil genético del asesino. 

También fueron presentadas las imágenes que daban cuentas de las manchas de sangre a lo largo de casi dos cuadras por las que se desplazó la víctima.

Además, se tomaron en cuenta los testimonios de amigos, familiares y vecinos que vieron lo que sucedió aquella mañana, cuando vieron correr a dos personas y más tarde “tambaléandose” a Alejandro Luna hasta que cayó y se pidió auxilio al servicio de emergencias. Así lo relató su hermana y el amigo que dio aviso sobre lo ocurrido.

Tanto el médico que lo asistió como el que practicó la operación de autopsia lograron explicar la gravedad de la herida que ocasionó el deceso. Tambíen fue clave la coincidencia sobre los últimos minutos en los que Luna estuvo conciente y pronunció las palabras “el Pampa”, señalando al agresor.

En cuanto a la reconstrucción del hecho, hubo dos declaraciones importantes que comienzan su relato y sitúan a todos los actores en los lugares en los que estaban la noche anterior.  

“Cuando terminó el baile salieron y fueron a la esquina de su casa, en ese momento Luna se fue a cambiar” porque se dirigia a la casa de su novia, cuando regresó fue interceptado por al menos dos personas y su propio hermano reveló que escuchó a unta tercera persona decir “al Ale le cabe”.

La policía detuvo este lunes por la tarde a un delincuente que tenía pedido de captura activo para cumplir una condena por robo agravado.

El joven, de 30 años, fue apresado en la zona calle Lavalle, entre Manuel Iglesias y Javier Rivero, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

Quedó alojado en una celda de la Comisaría local a la espera de asignación de cupo en una unidad penal del Servicio Penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta.

Durante la jornada del jueves se cumplió la tercera y última audiencia en el juicio por jurados que mantenía privado de su libertad a Lucas Fernández y en libertad a “Cachaca” Guzmán aunque imputado como cómplice del asesinato de Milcíades Lencina.

El testimonio que prestó el hermano de la víctima y que apuntó a una tercera persona que no está imputada, desconcertó a parte de los presentes pese a las recomendaciones que en la presentación de la acusación había formulado la Dra. Viviana Ramos.

Cerca del mediodía aún faltaban declarar siete testigos para escuchar luego los alegatos de la fiscal Ramos y de los dos defensores oficiales que asisten a los acusados. Luego se ofrecieron las instrucciones para el jurado ciudadano para que culminadas todas las instancias pueda retirarse a deliberar.

La misión de esos doce ciudadanos seleccionados para deliberar en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires era decidirse por: culpable o no culpable, para cada uno de los dos imputados.

Cerca de las 19 se supo que finalmente el jurado dictó su veredicto: no culpable para ambos acusados. Hubo testigos que declararon en la misma línea en la que lo había hecho José Luis Lencina y esos testimonios alcanzaron para la decisión.

Ayer miércoles, Paola Lencina, hermana de Milcíades, y Nadia Rojas, su viuda, dijeron en su testimonio ante el Tribunal que no vieron a Lucas Fernández disparar. Sus relatos iniciales construyeron la acusación contra él, así que está declaración también fue relevante y decisiva.

Además se proyectó en la sala un video del programa Sin Galera grabado cuando Paola Lencina dijo que sí lo había visto disparar, como declaró al principio. La acusaron por falso testimonio y deberá enfrentar una causa penal por ello pero aún así dejó firme una convicción: no habían sido sus señalados los asesinos.

Otro testigo, de apellido Santos también fue acusado de falso testimonio porque durante su declaración en el juicio tuvo contradicciones serias con su versión inicial y consideraron que mintió para incriminar al imputado.

Maite Lencina, otra hermana de la víctima también se retractó de su declaración original y dijo que en realidad no había visto a Fernández sino que era alguien que podía considerar parecido pero no mucho más.

Así, transcurrieron las tres jornadas que luego de la recolección de pruebas y un relevante dermotest dejaron a los dos imputados sin responsabilidad probada en el hecho que terminó con la vida de Milcíades en junio de 2020.

Eran más de cuarenta los que debían llegar a la sala del tribunal ante un jurado de ciudadanos que deberán evaluar si efectivamente hay pruebas suficientes para llegar a la condena de Lucas Fernández como autor material de los disparos que terminaron con la vida de Milcíades y de su presunto cómplice Adrián “Cachaca” Guzmán.

Esa posibilidad había sido advertida por la Fiscal Viviana Ramos en su acusación pero el miércoles, una descompensación del testigo que había sido señalado como quien estuvo en el lugar de los hechos demoró la audiencia.

Jorge escribió: “Buenas tardes. Veo por televisión la condena a los asesinos de Fernando Báez Sosa. Días atrás la condena a las asesinas del niño Dupuy. Tal vez la justicia de argentina se ponga definitivamente los pantalones largos y comience a actuar como corresponde. No soy especialista en el tema, pero estimo, cualquier persona normal está de acuerdo con los veredictos. Tal vez haya algún resquicio judicial que ver, pero en general estoy conforme. Ahora la justicia de Argentina debe avanzar sobre los corruptos políticos y empresarios que lucran con el hambre, la indigencia y la muerte de muchos argentinos”.

El Tribunal de San Nicolás que intervino en el juicio por jurados en el que fue Roberto Branto Ayala fue hallado culpable del homicidio de Nelson Lillo resolvió este lunes aplicarle una condena de 48 años de prisión que deberá cumplir en una cárcel de máxima seguridad.

El jurado ciudadano que ponderó las pruebas en su contra durante el debate oral y público lo había declarado culpable. Luego, en la correspondiente audiencia de cesura, los fiscales Marcelo Manso y Hernán Granda junto a la abogada Marisa López Bravo, patrocinante de la familia Lillo, pidieron 35 años, mientras que el abogado defensor había solicitado una pena de 10 años para el condenado.

El fiscal Marcelo Manso destacó en diálogo con La Opinión que “no hay muchas penas con esta cantidad de años, son muy pocas” y explicó: “El Código Penal admite como pena máxima los 50 años de prisión. Aquí la pena única es de 48, muy importante”.

Branto Ayala fue declarado culpable de homicidio agravado por ser la víctima un agente de las fuerzas de seguridad, de robo calificado, de portación ilegal de arma de guerra y de intento de robo a mano armada por haber querido asaltar a un automovilista cuando huía tras el tiroteo con la policía en el que mató al joven efectivo Nelson Lillo.

La pena de 48 años de prisión que le aplicaron unifica los delitos por los que purgaba condena y aquellos por los que ahora fue sentenciado. Además, el Tribunal tuvo en cuenta no sólo los hechos cometidos por los que fue juzgado sino que tuvo presente la condición de reincidente de Branto Ayala, cuya trayectoria delictiva es importante.

Ladrón de bancos e integrante de una banda de secuestradores extorsivos, el ahora condenado por el asesinato de un policía en un tiroteo tras asaltar a un camión repartidor afuera de un supermercado había cometido ese delito en condición de evadido del penal donde debería haber estado tras las rejas.