La comisión directiva del Club Sportivo América denunció por usurpación a las personas que explotaban las instalaciones del camping luego de que se negaran a desalojar el predio tras el fin del contrato que habían firmado entre las partes.

Sandro Velasco, presidente de América, explicó lo ocurrido en Lo Que Importa y advirtió respecto de un conflicto en torno a ese espacio público  que fue cedido a la institución.

La concesión vigente establece un plazo de 30 años, otorgado por ordenanza durante el Gobierno de Mario Barbieri, en el año 2005. En ese marco, el club subconcesionó el espacio a un tercero para el camping.

Según explicó Velasco, existe un contrato firmado por la comisión anterior —el último por seis años— con un privado, al que identificó como Matías Gómez, que explotaba el espacio desde hace aproximadamente dos décadas.

Tras una extensión y ante lo que la nueva comisión directiva consideró un incumplimiento, acordaron rescindir el acuerdo. La restitución tenía que operar el 30 de abril. 

Velasco contó que Gómez le pidió unos días para retirar sus cosas e irse. Sin embargo, no sólo no se fue sino que además decidió quedarse con parte del predio.

La situación generó preocupación en el barrio cuando vecinos comenzaron a observar movimientos en el lugar con presencia de maquinaria, personas cercando el ingreso e incluso la construcción de un pilar para la instalación de un medidor del servicio de electricidad.

Velasco informó que el subconcesionario del camping le dijo que “el frente del predio no corresponde al club”, lo que profundizó el conflicto.

"Dicen que esta parte no está en la ordenanza, que después se arreglan con la Municipalidad", indicó el presidente de América.

Ante este escenario, desde la institución decidieron radicar una denuncia en la Comisaría por temor a que la situación escale.

“La gente estaba indignada, ese espacio es del barrio, le pertenece a América”, señaló Velasco.

Actualmente, el club cuenta con más de 200 deportistas y moviliza a una gran cantidad de personas, aunque no dispone de una fuente de ingresos estable.

En ese sentido, remarcó la importancia de poder utilizar el camping como recurso económico para sostener sus actividades.

“Estamos defendiendo un espacio que creemos que nos corresponde y que es una herramienta para contener a decenas de chicos”, expresó Velasco.

En este contexto, convocaron a una reunión abierta para este lunes a las 19:00, donde vecinos, socios e interesados podrán intercambiar opiniones y abordar la problemática.

La concejal Paola Basso expresó fuertes cuestionamientos en torno a la posible concesión de un sector del Paseo Público, al advertir que en el lugar se desarrolló una construcción sin la debida autorización ni controles municipales, lo que abre interrogantes sobre la legalidad y el uso de los espacios públicos.

Durante una entrevista en Sin Galera, la edil señaló su sorpresa por el avance de una obra en “el espacio público por excelencia”, sin la presentación de planos ni aprobación oficial. “Cada vez que un vecino levanta un ladrillo en su casa aparecen inspectores, pero acá se construyó un cuerpo completo sin ningún tipo de control”, remarcó.

Basso planteó que la situación debe analizarse en dos planos: por un lado, valoró las iniciativas vinculadas al deporte y la inclusión social que lleva a cabo el club de canotaje El Ribereño, pero por otro cuestionó que esos objetivos justifiquen irregularidades.

“Nadie está en contra del deporte ni de los chicos, pero el espacio público no puede manejarse como si fuera propiedad privada”, afirmó.

En ese sentido, recordó que desde su espacio político realizaron pedidos de informes en el Concejo Deliberante que nunca fueron respondidos, pese a que la obra continuó avanzando. Además, advirtió sobre el riesgo de generar “derechos posesorios” sobre bienes del Estado a partir de ocupaciones sin regulación.

Basso también puso el foco en la necesidad de que cualquier cesión de un predio público se realice mediante mecanismos formales, como licitaciones y aprobación legislativa. “No alcanza con decir ‘hablé con el intendente’. Estas decisiones deben ser transparentes y ajustadas a la normativa vigente”, sostuvo.

Asimismo, comparó la situación con otras intervenciones realizadas en el pasado, donde se priorizaba la integración estética, el impacto ambiental y el cumplimiento de requisitos técnicos. “Hoy vemos construcciones sin control, sin estudios y en un lugar sensible como la costa”, agregó.

La concejal alertó, además, sobre posibles responsabilidades del Estado ante eventuales accidentes, al tratarse de una estructura que no habría sido supervisada por profesionales. “Cualquier daño que ocurra puede recaer sobre el Municipio”, señaló.

Finalmente, indicó que el expediente para la eventual concesión ya ingresó al Concejo Deliberante y será analizado en comisiones. Allí expresó que insistirá en la necesidad de ordenar la situación y garantizar un uso equitativo y transparente del espacio público.

El 7 de mayo se llevará a cabo la apertura de ofertas de la licitación para concesionar la autopista de la Ruta 9 que conecta Buenos Aires con Rosario, y las Rutas 35 y 188.

Dentro de las privatizaciones emprendidas por el Gobierno Nacional, la Red Federal de Concesiones está orientada a las carreteras más importantes del país, vinculadas al sector productivo.

La licitación de la autopista de la Ruta 9 se encuentra en el diagrama denominado Portuario Sur y Portuario Norte.

El Tramo Portuario Sur, que refiere al sector que atraviesa San Pedro, incluye 636,75 kilómetros de longitud comprendidos entre Campana y San Nicolás de la autopista, más la Ruta 188, entre San Nicolás y Realicó, en La Pampa.

La Ruta 9 para este sector recorre desde el empalme Ruta A-024, en el acceso al Puerto de Campana, hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, que lo marca el arroyo del Medio. En total son 164,19 Km.

La Ruta 188 a concesionar va desde el cruce con la Ruta 9, en San Nicolás, hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en Realicó (La Pampa). El trayecto tiene una extensión de 472,56 Km.

También se conocerán los interesados por el Tramo Portuario Norte, que completa la Ruta 9 desde el arroyo del Medio hasta Rosario, la Avenida Circunvalación de esta ciudad y la Ruta Nacional 35, entre Rosario y Realicó.

Entre las principales exigencias del pliego se incluyen obras de ampliación de calzada, mejoras en la seguridad vial y tareas de mantenimiento integral. En particular, se prevé la incorporación de un tercer carril en algunos tramos de la autopista.

Sobre el partido de San Pedro, no habrá nada nuevo. Ni siquiera se consideran los accesos a los puentes que se encuentran deteriorados, con desniveles y baches visibles.

Respecto a los peajes, pese a que en algún momento se aludió a la creación de más puestos, sobre la autopista entre Campana y Rosario continuarán existiendo el de Zárate, en el km. 88, y el de General Lagos, Km. 271. Y una vez otorgadas las explotaciones a los nuevos concesionarios, pasarán a funcionar con el sistema Telepase.

El Municipio decidió entregarle parte del Paseo Público al club de canotaje El Ribereño, que ocupa de manera irregular los baños abandonados en la zona del Skate Park hace más de tres años.

El intendente Cecilio Salazar y el entrenador de canotaje Alberto Tito Velos firmaron el acuerdo. La cesión es gratuita, por diez años y con opción de prórroga.

El club de canotaje construyó sin los permisos correspondientes y en su momento Velos dijo que tenía permiso del Gobierno, aunque todo indica que sólo era “de palabra”.

Para que entre en vigencia, el convenio debe ser aprobado por el Concejo Deliberante que en 2023 trató dos pedidos de informe por el tema.

El corazón del Paseo Público será formalmente entregado a un club si el Concejo Deliberante aprueba el convenio que el intendente Cecilio Salazar elevó esta semana para su tratamiento.

Se trata de la formalización de la ocupación irregular que desde hace tres años mantiene de manera ininterrumpida el club de canotaje El Ribereño, cuyo presidente es el reconocido y no menos polémico entrenador de esa disciplina, Alberto "Tito" Velos.

En febrero de 2023 La Opinión detectó la presencia de Velos y su escuela en la zona de los antiguos baños del Paseo Público, a metros del Skate Park. En ese momento, el entrenador dijo que tenía un “permiso precario” para guardar los botes en ese lugar.

Con un subsidio del Gobierno nacional, comenzaron a refaccionar la edificación, sin autorización alguna más que la palabra de integrantes del Gobierno, que recién ahora, tres años después, enviaron el convenio para que lo apruebe el Concejo, como corresponde por imperio legal.

Dos veces el Concejo Deliberante trató pedidos de informe de la oposición sobre el tema. En el recinto se había considerado "muy grave" lo ocurrido, puesto que se trataba ni más ni menos que la autorización "de palabra" para que un club se apropie de un espacio público y hasta construya en un sitio prohibido sin estudio de impacto ambiental.

Mientras tanto la obra continuaba sin que haya clausura por parte de Obras Públicas, que no podría haber autorizado esa edificación puesto que carecía de todo sustento legal.

El Gobierno nunca respondió los pedidos de informe y ahora envió a los concejales el convenio firmado entre Salazar y Velos, que tiene fecha del 13 de febrero de 2026.

El convenio establece la concesión de una fracción del Paseo Público, que es en la que está la edificación de los baños originales más la construcción que hizo de manera irregular El Ribereño con fondos nacionales, por el término de 10 años, que podrá ser prorrogado.

El espacio a conceder corresponde al sitio donde se encuentra emplazada desde hace más de tres años la guardería de botes del club, edificación de 11,8 m por 13,6 m en el corazón del Paseo Público.

La concesión es gratuita, es decir sin canon alguno y destinada "al desarrollo de actividades deportivas náuticas" para "propender al desarrollo de la infancia, la niñez y la adolescencia, orientar la integración deportiva de sectores vulnerables de la población".

También podrá ser utilizado para "desarrollar actividades recreativas, manualidades, cursos, deportes para la tercera edad y las personas con discapacidad, entre otras".

La única obligación que tiene el club El Ribereño es la de cuidar y mantener el espacio. El convenio dice que a la hora de devolverlo deberá dejar "las mejoras, inversiones y obras de infraestructura que hubiere efectuado", es decir que hasta podrían seguir construyendo en el lugar.

Tiene prohibido "la poda, extracción, tala y cualquier acción que pudiere infringir daño de las especies arbóreas y arbustivas, salvo autorización expresa por parte de la Municipalidad".

El convenio entrará en vigencia sólo si el Concejo Deliberante lo aprueba. El Gobierno cuenta entre los concejales con siete votos propios más los tres del "bloque de la gobernabilidad" de Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, por lo que todo indica que podría aprobarlo sin problemas.

Tito Velos y El Ribereño estuvieron a punto de trasladarse a Pescadores, donde de hecho habían comenzado a llevarse los botes. Sin embargo, la oposición de los palistas del club azulgrana lo impidió.

El reclamo estaba relacionado con los antecedentes del entrenador en Las Canaletas, de donde fue expulsado de por vida por conductas impropias para con menores de edad, las que quedaron asentadas, con testimonios de deportistas, en el libro de actas.

El Gobierno, a través de Vialidad Nacional, lanzó la licitación de la autopista de la ruta 9, para el tramo denominado Portuario Sur, entre Campana y San Nicolás, y la ruta 188, entre San Nicolás y Realicó, en La Pampa.

El proceso forma parte de la Red Federal de Concesiones que se ha planificado para las carreteras más importantes del país, vinculadas al sector productivo.

El adjudicatario remplazará a Corredores Viales S.A. y tendrá la responsabilidad durante 20 años de realizar obras y el mantenimiento de las calzadas.

El Tramo Portuario Sur incluye 636,75 kilómetros de longitud, abarca las Rutas Nacionales 9 y 188, esta última con recorrido sobre el noroeste bonaerense y un corto tramo que atraviesa el norte La Pampa.

La primera licitación fue para la Mesopotamia, que incluyó dos tramos del ex Corredor Vial 18, que abarca las rutas nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario–Victoria.

Para la segunda fase, el cronograma preveía la apertura de la licitación de más de 4.400 kilómetros de rutas, entre ellas la ruta nacional 33 (Santa Fe y Buenos Aires), la ruta 35 (Córdoba), además de la 9 y la 188.

La tercera fase sumará otros 3.900 kilómetros, alcanzando en total 9.154,67 kilómetros licitados, lo que representa el 20 % de la red vial nacional, pero que concentra el 80 % del tránsito del país.

Respecto a la ruta 9, la licitación del Tramo Portuario Sur comprende desde el empalme Ruta A-024, acceso al Puerto de Campana, hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, que lo marca el arroyo del Medio. En total son 164,19 Km.

La ruta 188 a concesionar va desde el cruce con la ruta 9, en San Nicolás, hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en Realicó (La Pampa). El trayecto tiene una extensión de 472,56 Km.

También existe el Tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, que completa el sector de la ruta 9 hasta Rosario. A esto se le suma la Avenida Circunvalación de Rosario y la Ruta 33 que une Rosario con Trenque Lauquen.

Las exigencias para el concesionario consisten, entre otros aspectos, la reconstrucción de las colectoras pavimentadas de la Ruta 9, que solo se verán entre los kilómetros 93 y 108,50. Tan solo 24,500 km. Para el resto no existe nada previsto.

El mismo caso para la iluminación de los accesos. En el partido de San Pedro se obliga al mantenimiento lumínico de la única balanza, la ubicada en Río Tala, Km 152,30; y el puente del cruce con la ruta provincial 191, en el km. 162.

En cuanto a los peajes, pese a que en algún momento se aludió a la creación de más puestos, continuarán existiendo el Zárate, en el km. 88, y el de General Lagos, Km. 271. Estos tendrán la impronta de funcionar con el sistema Telepase.

También existen espacios adyacentes pertenecientes a Vialidad Nacional, como el campamento de Río Tala, sobre la ex ruta 9, que el programa Sin Galera visitó días pasados. El predio también figura en el pliego, pero con la aclaración de que será entregado en comodato al concesionario si éste lo requiere.

El histórico predio de Vialidad Nacional ubicado sobre la vieja ruta 9, en el tramo comprendido entre la intersección con la ruta 1001 y el arroyo El Tala, volvió a despertar la atención de vecinos de la zona ante los movimientos y trabajos recientes en un espacio que llevaba años en estado de abandono.

Se trata del antiguo campamento de Vialidad Nacional, organismo que opera sobre rutas nacionales, que dejó de cumplir funciones tras la pavimentación y posterior construcción de la autopista. 

Décadas pasadas en el lugar se depositaban maquinarias, material para reparación de cartelería y protecciones, y era alojamiento para sus trabajadores, que se alejaban de sus hogares durante semanas o meses.

Desde entonces, el lugar permaneció desocupado, con edificaciones deterioradas, ventanas rotas, techos dañados y sin servicios básicos. En algunos casos se fueron depositando materiales descartables, como guardarraíles dañados.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a observarse cambios llamativos. Entre ellos, la colocación de un cartel nuevo que indica “Propiedad privada – Vialidad Nacional”, sin signos de vandalismo ni deterioro por la intemperie, lo que contrasta con otras señalizaciones antiguas del predio, como una imagen de la Virgen de Luján, visiblemente desgastada por el paso del tiempo.

También se detectó la instalación de un alambrado perimetral de tejido en buen estado, con postes recientes, una tranquera pintada de color celeste y un candado nuevo. 

Además, se nota que hubo tareas de desmalezado en sectores puntuales: a la vera del alambrado y en el camino interno de acceso al predio, y también se aprecia que colocaron defensas metálicas tipo guardarrail, aparentemente nuevas.

Vecinos de la zona, que suelen circular hacia el arroyo El Tala, indicaron haber visto movimiento de personas en los últimos meses, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible ocupación para uso productivo, como la cría de ganado, o una eventual recuperación formal del espacio por parte del Estado nacional.

El móvil de Sin Galera no constató la presencia de animales. Tampoco la existencia de un supuesto propietario, porque está corroborado que el terreno pertenece a Vialidad Nacional.

Para el Estado implica “un punto estratégico para el mantenimiento y conservación de las rutas nacionales”. Su influencia es la de la ruta 9.

Ahora figura en la licitación abierta del Corredor entre Campana y Rosario, que posiblemente en marzo o abril tenga un adjudicatario por 20 años.

En el artículo 15 de la convocatoria, se establece que este predio será cedido en comodato “en caso que el contratista lo solicite”. 

Las condiciones para el futuro permisionario serán “conservarlo haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que corresponda”.

La ruta nacional 9, en el tramo que une Buenos Aires con Rosario, está en proceso de licitación en dos sectores denominados Tramo Portuario Sur y Tramo Portuario Norte, en el marco del nuevo programa de la Red Federal de Concesiones.

Cubrirá el trayecto entre Campana y Rosario, junto a otras rutas complementarias, y se otorgará a operadores privados por un período de 20 años, incluyendo obras iniciales, obligatorias y de rehabilitación.

El programa nacional contempla la concesión de corredores viales en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Corrientes, con el objetivo de modernizar y garantizar el mantenimiento de los principales ejes de tránsito productivo del país.

El tramo de la ruta 9 actualmente está bajo la gestión de Corredores Viales S.A., empresa estatal cuya administración se remplazará progresivamente por nuevos concesionarios privados.

Todo comenzó con el proceso de licitación que incluyó dos tramos del ex Corredor Vial 18, cuya concesión venció en abril de 2025, y que abarca las Rutas Nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario–Victoria.

En la segunda fase, el Gobierno prevé concesionar más de 4.400 kilómetros de rutas, entre ellas la ruta nacional 33 (Santa Fe y Buenos Aires), la ruta 35 (Córdoba) y la ruta 188, que se extiende desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa); y la ruta 9, entre Campana y Rosario. Esta etapa se dividirá en ocho tramos.

La tercera sumará otros 3.900 kilómetros, también distribuidos en ocho tramos, alcanzando en total 9.154,67 kilómetros licitados, lo que representa el 20 % de la red vial nacional, aunque concentra el 80 % del tránsito del país.

En lo que respecta a la ruta 9, la licitación comprende desde el empalme del puerto de Campana (km 72,9) hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe (km 237,09), con una extensión total de 164,19 kilómetros. Además, incluye el tramo entre el arroyo del Medio y el empalme con la ruta nacional A-008, en Rosario, de 50,33 kilómetros.

El pliego licitatorio menciona la construcción de colectoras únicamente en un tramo reducido, entre los kilómetros 93 y 108,5, sin la reparación de las existentes que se encuentran deterioradas. Tampoco prevé la mejora de los empalmes y puentes de acceso a localidades, que presentan un estado general de alto deterioro.

La cooperativa Las Canaletas tendrá concesión oficial del predio que ocupa en el barrio del mismo nombre, en la zona de Juan Ismael Giménez al 1600, cuando el Concejo Deliberante apruebe el convenio firmado con el Gobierno municipal.

La cooperativa fue fundada en la década del 60 con el apoyo de la Unesco y es un referente ineludible de la zona, con actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas y educativas, que tienen al camping y a la escuela de canotaje de la que surgió la atleta olímpica Brenda Rojas como principales.

El acuerdo implica una concesión por dos décadas, que empezarán a correr cuando el Concejo apruebe la ordenanza y el Gobierno la promulgue y publique en el Boletín Oficial correspondiente. Ese plazo, llegado el momento, podrá ser prorrogado.

La cooperativa debe mantener sus actividades sociales, educativas, culturales y comunitarias, "persiguiendo su objetivo específico", es decir lo que obra en sus estatutos, y no puede "ceder su uso a terceros ni cambiar el destino sin autorización expresa".

En el contrato quedó expresamente establecido que Las Canaletas no puede podar, extraer o producir cualquier tipo de daño a las especies arbóreas sin la autorización correspondiente por parte de la Municipalidad.

El Municipio podrá utilizar el predio para "eventos, reuniones, capacitaciones, charlas, actividades comunitarias o culturales, siempre y cuando ni interfieran de manera sustancial con el normal desarrollo" de las de la cooperativa.

Queda afuera del convenio el edificio donde funcionan el Centro de Salud del barrio y la FM La Correntada, uno en el primero piso y la otra en el segundo, según consta en el contrato.

Durante una recorrida por La Rueda Beach, donde los inversores privados que ganaron la concesión construyen una piscina de material a orillas del río, el intendente Cecilio Salazar anunció que analizarán concesionar el predio del Complejo Turístico municipal del ex Tiro Federal.

"Han aparecido algunos interesados en el Tiro Federal, frente el Howard Johnson. Es muy posible que se haga un buen proyecto, que nos presenten en los próximos días", informó el jefe comunal en rueda de prensa.

"Estamos pensando también en eso, que vengan inversores privados y revaloricen mucho lo que es el turismo en San Pedro, que es una plaza muy apreciada, más allá de las circunstancias difíciles que se están atravesando en el país", señaló.

Así, el Gobierno se prepara para la posibilidad de volver a dejar en manos privadas la explotación del predio que recuperó en 2017 tras un largo conflicto judicial de la Municipalidad con la empresa que era subconcesionaria del club Tiro Federal, que ahora ocupa con ordenanza de cesión el predio lindero para la práctica de rugby.

Hasta ahora, el Complejo Turístico municipal del ex Tiro Federal es uno de los pocos espacios públicos de libre acceso para el sampedrino, que no paga entrada para disfrutar de las instalaciones, con excepción de la pileta.

En la zona del Castillo, hacia la derecha del predio, el exdirector de Cultura David "Kukino" Kurlat había planificado mudar el área y reponer el desaparecido Centro Cultural Abelardo Castillo, que cerró cuando dejaron de alquilar el edificio del viejo cine Plaza.

El Gobierno informó que hay dos empresas presentadas para la licitación convocada para el desarrollo de un Paseo Gastronómico en el edifico de la ex Terminal de Ómnibus.

Las compañías, difundió la Municipalidad, son Dorsof S. A. y CAMH S. A. Según los registros oficiales disponibles, la primera tiene asiento en la ciudad de Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco, y la segunda está  registrada en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Una de las empresas hizo una oferta por poco más de 500 mil dólares y la otra, por  U$S 800  mil.

La primera tiene la particularidad de que dos de sus socios son Rafael Di Zeo, el histórico lider de la barra brava de Boca, y Fabián "Topadora" Kruger, otros de los referentes del grupo de La 12.

De las dos, Dorsof S. A. fue la primera en inscribirse como proveedora municipal y compró el pliego de manera inmediata, a través de una persona oriunda de Capital Federal que hizo las gestiones en la Municipalidad.

La empresa aparece registrada en Chaco en mayo de 2023. Además de Di Zeo y Kruger, hay una tercera socia que preside la compañía, identificada como Nahir Mercedes Magalí Toñañes, de 23 años, con domicilio en Presidencia de la Plaza.

Dorsof S. A. fue inscripta para actividades como construcción, remodelación de piscinas, comercialización de insumos para la construcción, y fabricación e instalación de postes de fibra de vidrio para alumbrado.

Durante la apertura de sobres, la firma de Dizeo y Kruger estuvo representada por una mujer y un hombre, identificado en el acta como Martín Barrionuevo.

La otra empresa que se presentó, CAMH S. A., reconocida constructora de Santiago del Estero constituida en el año 2022 con Adriana Nelcy Salido y Hugo Alejandro Tarchini como presidenta y vice, respectivamente.

Ambos son reconocidos empresarios santiagueños titulares de diversas firmas como Minerales del Guasayán S. A., la productora de suplementos alimentarios Protan SRL, Saba SRL, que fabrica premoldeados de hormigón y Tartec SRL.

Todas fueron adjudicatarias de diversas licitaciones públicas en Santiago del Estero. Los empresarios mantuvieron un conflicto por tierras de la comunidad Ayllu Cacan Armacuna, del pueblo originario Diaguita Cacano.

En representación de CAMH, firmó el acta de apertura de sobres. un hombre identificado como José Abraham.

El secretario de Economía, Roberto Borgo y su par de Obras Públicas, Mariano Brañas representaron a la Municipalidad, junto a la directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa; la directora de Contaduría, Mariana Giosa; y el Jefe de Compras, Osvaldo Álvarez.

Las ofertas de ambas empresas para el Paseo Gastronómico debe pasar ahora por el análisis de calificación legal para la posterior evaluación técnica. Si en ambos aspectos se cumplen los requisitos establecidos, la comisión evaluadora tendrá la palabra final para proceder a la adjudicación vía decreto del intendente.

La concesión de ese espacio público será por 30 años, con un canon mensual de 2 mil dólares y uno de ingreso de 50 mil dólares que será utilizado para obra pública. El pliego de condiciones establecía que el proyecto a presentar tenía que tener como base una inversión mínima de 500 mil dólares.

La empresa que resulte adjudicataria deberá desarrollar un paseo gastronómico que interactúe con la plaza de los Inmigrantes, sobre la que también tendrá que invertir, y un espacio de coworking para la planta alta.  

El pliego de bases y condiciones propuesto por el Gobierno municipal fue convalidado por el Concejo Deliberante para el llamado a licitación.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves el pliego de bases y condiciones para llamar a licitación para el proyecto de Polo Gastronómico en la vieja Terminal de Ómnibus.

El oficialismo contó con los nueve votos propios más el acompañamiento de Cappelletti y Lafalce para lograr ganar la votación por 11 a 7. La UCR, Rivas y La Libertad Avanza votaron en contra.

Los voceros de los bloques opositores cuestionaron la celeridad con la que el expediente se trató en comisión, puesto que fue dictaminado en reunión extraordinaria con la intención de que llegara al recinto en esta sesión.

"Después de un año y medio de desidia, celebramos que decidan hacer algo con este lugar, pero no podemos aceptar el modo en el que viene este pedido de licitación", dijo Paola Basso y se quejó porque el expediente "se trató un minuto y medio en comisión".

"No estamos de acuerdo con que se haga un polo gastronómico en ese lugar. Se podría haber dialogado, no sé por qué los tiempos se aceleran", cuestiono, por su parte, Mauro de Rosa.

Rivas dijo que lamentaba que "una vez que el Ejecutivo propone una solución en medio del abandono" el tratamiento se diera de esta manera. "Entendemos que no pueden encarar una megaobra, pero tampoco me parece prudente rifar el patrimonio de los sampedrinos de esta manera", dijo el edil y consideró que "el apuro" está relacionado "con la campaña política" que se viene.

Lafalce defendió su acompañamiento: "Es viable llevar esta idea, tenemos carencia de puestos de trabajo y esto puede beneficiar mucho a la sociedad". 

"Se necesita más Estado", dijo Cuscuela, que antes había detallado el plan del Gobierno en los términos en los que fue anunciado oportunamente, y consideró relevante la generación de "nuevos espacios".

El oficialismo dictaminó el pliego y llevó el expediente a sesión a pocos días de que el Municipio difundiera que había recibido de buen grado una propuesta del Centro de Comercio para no reducir a espacios gastronómicos las posibilidades de ese edificio.

Sin embargo, el pliego aprobado con el que se llamará a licitación contempla el proyecto original que el Gobierno anunció en conferencia de prensa el 19 de mayo: gastronomía de diversos rubros en planta baja y oficinas de coworking con salón de reuniones en el primer piso.

La concesión será por 30 años, con opción de continuidad, con una base de inversión de 500 mil dólares y un canon mensual de 2 mil dólares. Además, quien gane la licitación deberá pagar 50 mil dólares al momento de ingresar, que el Gobierno anunció será destinado para obra pública.

El Gobierno municipal anunció este lunes en conferencia de prensa que el destino del edificio de la vieja Terminal de Ómnibus será un “paseo gastronómico” para el que llamará a licitación.

El proyecto implica la concesión a 30 años de ese espacio público para la explotación comercial por parte de desarrolladores que deberán montar espacios gastronómicos de diversos rubros en la planta baja y oficinas de coworking con salón de reuniones en el primer piso.

Durante el anunció, presentaron algunas imágenes de lo que esperan que sea el paseo gastronómico una vez que la empresa adjudicataria de la licitación lo haya puesto en marcha.

El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, informó que quien gane la licitación deberá desarrollar una oferta gastronómica diversa y podrá vincularse con la plaza de los Inmigrantes, que deberá invertir en el mejoramiento tanto del edificio abandonado como del parque.

"En la planta baja, lo que se plantea es que interactúe con la plaza, con el espacio verde. En la alta, la idea es que ofrezca un espacio de oficinas, sala de reuniones y de eventos empresariales", indicó.

Brañas aseguró que el plan es que el sector gastronómico deje de tener presencia exclusiva en el centro de la ciudad y que se desarrolle hacia la zona de avenida Sarmiento.

El pliego de bases y condiciones para la licitación será presentado en los próximos días en el Concejo Deliberante. Durante la conferencia de prensa, el Gobierno adelantó algunos puntos.

El jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, informó que la concesión será por 30 años, con una base de inversión de 500 mil dólares y que el canon será de 2 mil dólares al mes. 

A su vez, el ganador de la licitación ingresará con un pago inicial de 50 mil dólares que el Municipio destinará "a obra pública", según anunciaron.

"Se busca recuperar un edificio histórico, fomentar el desarrollo local y generar un nuevo atractivo tanto para vecinos como para turistas, apostando a una articulación entre el sector público y privado con impacto positivo para la comunidad", dijeron desde el Gobierno.

El móvil de La Opinión & Sin Galera recorrió el sábado las instalaciones de la ex Mansa Lyfe, predio público dividido en una parte municipal y otra provincial que se prepara para una nueva concesión tras el vencimiento del contrato con Luz y Fuerza.

El Gobierno envió al Concejo Deliberante el proyecto para que los ediles autoricen el llamado a licitación con un pliego de bases y condiciones que establece la creación de un complejo turístico semipúblico en ese lugar.

El lado provincial, que depende del Consorcio de Gestión del Puerto, es el que va desde el portón de acceso hacia la derecha. Incluye el restaurante y el control del piletón. Tiene el pasto cortado y un mantenimiento que se nota permanente, al igual que la seguridad.

Del lado municipal, donde están las cabañas que montó el empresario turístico Alberto Peyrot, un cuerpo de baños, quincho, mesas y parrillas, el sábado el pasto estaba crecido. Un empleado municipal estaba a cargo de la custodia.

El llamado a licitación prevé "construcción, refacción, mejoramiento, conservación y explotación del predio" con un plan de inversión de, mínimo, 500 mil dólares por una concesión de 30 años con posibilidades de prórroga por sucesivos períodos de una década.

La propuesta debe incluir "servicios de hospedaje, esparcimiento, gastronomía, actividades deportivas, recreativas y de bienestar personal (SPA)" para el desarrollo de un "complejo turístico semipúblico", es decir con acceso a sampedrinos para pasar el día y con tarifa diferenciada.

Detrás del piletón y antes del riacho propiamente dicho hay un espacio de terreno en el que quienes proyecten un emprendimiento turístico podrían planificar la instalación de cabañas, un restaurante u otros edificios que, de acuerdo a lo que autorice construir el Ministerio de Ambiente provincial, cambiarían sustancialmente lo que existe en la antigua Mansa.

Entre los interesados, se sabe que hay al menos un empresario local con vínculos aceitados con la actividad turística y sindicatos de origen nacional y provincial que analizan la posibilidad de presentar propuesta.

Por lo pronto, el expediente está en comisión y recién comienza su tratamiento. Una vez aprobada la ordenanza que autorice el pliego, el Gobierno llamará a licitación para luego analizar los proyectos y adjudicar a quien resulte el nuevo concesionario del predio.

Alberto Peyrot tenía un contrato con la Federación de Luz y Fuerza mediante el que construyó cabañas para la explotación turística. Tras el cierre del complejo Mansa Lyfe, le prohibieron ingresar al lugar y le informaron que el predio sería restituido al municipio.

Este sábado, en Sin Galera confirmó que radicó la denuncia por robo el viernes. “Cuando paso anoche veo la iluminaria apagada, entonces me aproximo a la puerta y le digo que tiene la luz apagada. Ahí veo que hay unas puertas violentadas”, señaló sobre el contenido de la exposición que ahora deberá investigar la fiscalía.

Su preocupación por las unidades abiertas, algunos faltantes y los rodados a su nombre que quedaron en el interior del camping, formaron parte del reclamo que formuló a las autoridades para que respondan las cartas documento que remitió tanto a la Federación de Luz y Fuerza como a la comuna que el viernes formalizó la devolución de ese sector de la concesión.

Hay que recordar que el predio lindero en el que instalaron una guardería náutica es de propiedad de la Provincia de Buenos Aires y debe ser restituido al Consorcio de Gestión del Puerto. Allí pagan un canon mensual cuyo importe percibe la administración portuaria sin que se haya monitoreado que la ocupación de un tercero no estaba permitida.

Peyrot también denunció al gremio por la agresiones que sufrió el día en que intentó ingresar a las cabañas que también fueron subconcesionadas sin que el estado fuera informado.

El Gobierno deberá dar explicaciones respecto de una obra en construcción que está en marcha en la zona de los baños en desuso del Paseo Público, ubicados en inmediaciones del Skatepark, donde ya levantaron paredes para lo que será una guarderia de botes para una escuela de canotaje.

Como siempre que hay una obra en marcha en la costanera, surgieron las consultas sobre la autorización, el estudio de impacto ambiental obligatorio y en este caso en particular, teniendo en cuenta que se trata de una acción que favorece a una organización privada, surgió también la duda respecto de la cesión de ese espacio público.

La recorrida del móvil de Radio Cuarentena pudo constatar que la obra está en marcha y avanzada, puesto que en el lugar están las paredes levantadas y además hay packs de ladrillos que dan cuenta de que la tarea continuará.

El responsable de la escuela de canotaje de la asociación civil El Ribereño, el reconocido entrenador de palistas y excandidato a concejal Alberto “Tito” Velos, dijo que tiene un “permiso precario” para ocupar ese espacio público, lo que generó aún mayor polémica.

“Hace casi un año que funciona una escuelita, totalmente ad honorem, para los chicos de bajos recursos que no pueden ir al club y chicos que vieron en mí a un buen profe para salir de un club y venir a trabajar acá, poder remar y disfrutar del canotaje”, dijo Velos sobre la actividad.

Informó que de la escuela El Ribereño participan entre 40 y 50 chicos, y que hay empresas que colaboran con donaciones para su funcionamiento, que comenzó con el aporte que él mismo hizo de botes, palas, chalecos y su trabajo. “Que no es poco, pero como ya me jubilé ahora me dedico a lo que más me gusta y lo que le puedo dar a los niños gratuitamente”, señaló el profesor de canotaje.

Respecto de la construcción, dijo que comenzó porque obtuvo un “permiso precario” para “guardar los botes dentro de unos baños viejos, que estaban muy deteriorados” y que tras obtener un subsidio del Gobierno nacional comenzaron a refaccionar esa edificación.

“Yo tengo una ONG que se llama El Ribereño, con personería jurídica, constituida debidamente”, dijo y detalló que es “una asociación civil sin fines de lucro totalmente deportiva”, es decir un club como cualquier otro.

“En la parte legal ya presentamos todo en el Concejo Deliberante para que se trate cuando vuelvan del receso”, dijo sobre la cesión de los baños en desuso a su ONG, que necesariamente debe ser aprobado por concejales, puesto que se trata de la autorización para el uso exclusivo por parte de un privado, en este caso un club, de un espacio público.

“No obstante eso hay una aceptación, yo he hablado con algunos concejales y ya toda la gente está de acuerdo”, aseguró Velos y agrgeó: “Esto fue una concesión precaria para poder darle un lugar a los chicos y que puedan remar”.

En el Concejo Deliberante no hay ninguna nota formal de la asocación civil El Ribereño respecto del tema ni mucho menos proyecto de ordenaza alguno para la cesión a ese club de ese espacio público.