El Concejo Deliberante de San Pedro aprobó la declaración de Ciudadano Ilustre para el docente e investigador Abel Zabala, en reconocimiento a su aporte a la educación rural y al patrimonio cultural del distrito.

Zabala presenció la sesión, que tuvo lugar en el club Central Córdoba de Santa Lucía, junto a su familia y agradeció el reconocimiento a una trayectoria destacada en todo el país.

La concejala Rita Leguizamón se encargó de leer los argumentos para el homenaje, que tras la sanción de la ordenanza tendrá un acto para la entrega formal de una placa.

Leguizamón repasó el rol docente en el Instituto Margarita O'Farrell, donde llegó hace casi 60 años, para su fundación, por encargo del Obispado de San Nicolás y donde cumplió funciones formativas orientadas al desarrollo técnico y comunitario de los jóvenes.

De la misma manera, puso de relieve su labor investigativa vinculada al arte del repentismo criollo y la payada, materializada en la conformación de un archivo documental destinado a la preservación de la memoria oral y las tradiciones populares.

Además, extendió el reconocimiento a su esposa, Alicia, docente y profesora de dibujo y pintura, por su trayectoria compartida en la enseñanza y el ámbito cultural local.

En diálogo con La Opinión, Zabala agradeció el homenaje a una tarea desarrollada de manera sostenida durante más de seis décadas.

Definió su trabajo histórico como “una búsqueda constante de la identidad rioplatense”, fundamentada en la “construcción cotidiana entre los pobladores, la relación comunitaria, el entorno y la divinidad”, más allá de coyunturas o proyectos de carácter ideológico, político o educativo.

Durante su alocución, el homenajeado hizo foco en el respaldo de su entorno familiar, presente en el recinto , al expresar su gratitud por el acompañamiento brindado a lo largo de las décadas de labor comunitaria y docente.

Segundo jueves de octubre y cuarta parada del tour por las localidades. Esta vez en Santa Lucía. Debates Ordinarios, más ordinarios que nunca.

La sesión empezó mal y terminó peor. Hubo que levantarla cuando faltaban nueve puntos del orden del día luego de que dos personas del público, vinculadas a Damián Mosquera y Nuevos Aires, se metieran en medio de los concejales para increpar a Martín Rivas, una situación que incluyó intento de agresión y amenazas contra el edil de Consolidación Argentina.

Fue un verdadero escándalo que sucedió cuando discutían por un proyecto relacionado con la Semana de la Juventud de Santa Lucía presentado por La Libertad Avanza. Rivas criticó el proyecto y a sus autores, pero también aprovechó para cuestionar a Basso y a Mosquera, por lo que se armó.

La policía tuvo que sacar del recinto a los responsables del intento de agresión, que fueron denunciados por Rivas en el destacamento policial de la localidad, al igual que el concejal Mosquera. 

Cada uno de los protagonistas habló ante La Opinión. El presidente del Concejo, Martín Baraybar, dijo que lamentaba lo ocurrido y llamó a todos a la reflexión.

La sesión había comenzado mal: es que los concejales llegaron a Santa Lucía sin acuerdos en Labor Legislativa sobre el tratamiento de los expedientes. Durante la reunión, Rivas quiso filmar y le pidieron que no lo haga. Se negó y el resto decidió no continuar, por lo que la definición respecto del tratamiento sobre tablas hubo que hacerla expediente por expediente durante la propia sesión.

La primera parte de la sesión estuvo signada por la discusión que mantienen desde hace varias semanas los bloques de Rivas y Basso, un entuerto que antes de llegar a Santa Lucía tuvo un capítulo judicial porque la concejala radical denunció penalmente al de Consolidación Argentina y la Justicia dictó una perimetral que primero fue de cinco metros y luego la acortaron a tres. Rivas se presentó con una cinta métrica y nosotros medimos con pasos la distancia entre ambos.

A la hora de los expedientes, hubo un laaaargo debate sobre los planteos que los bloques Nuevos Aires, San Pedro Puede y La Libertad Avanza hicieron al presidente del cuerpo sobre las conductas de Rivas a lo largo de distintas sesiones. 

Así como Rivas pidió que se evalúe formalmente la actitud de Basso en el episodio de "la bolsa que me voy a tomar esta noche", el resto planteó algunas cuestiones relacionadas con las maneras de Rivas.

La discusión surgió porque Rey y Santos habían pedido licencia antes de que se presenten los expedientes, algo que está claro que no pueden hacer, aunque hubo intentos de justificación.

El intercambio fue largo, tedioso y prácticamente intrascendente, pero el momento de la votación dejó una perlita: el bloque oficialista votó dividido.

Baraybar, González y Cristian Leguizamón acompañaron al interbloque de Rivas y Lafalce, que quería mandar el expediente a archivo. Llull, Vlaeminck, Rita Leguizamón y Valentín Bravo acompañaron la posición de Basso y el resto de la oposición.

Juan Cruz González y Martín Baraybar dijeron que no se rompió el bloque por esta discrepancia y que debería ser normal que cuando hay diferencias de criterio ante un expediente voten distinto. Quizás abrieron una puerta que en el Gobierno no sé si verán con buenos ojos.

Antes de este despelote inicial, con bueno tino y menos mal que así lo hicieron, decidieron apartarse del reglamento para tratar primero la declaración de ciudadano ilustre de Abel Zabala, vecino de Santa Lucía reconocido en todo el país por su aporte a la investigación de temas relacionados con el folklore y la identidad nacional.

Zabala presenció la sesión junto a su familia y antes del tratamiento del proyecto agradeció ante La Opinión por el homenaje.

Santa Lucía no solo fue escenario de la sesión sino que además contó con un concejal de la localidad, puesto que Damián García ocupó la banca de Ariel Rey, que estaba de licencia desde la semana pasada en el marco del juicio por el caso Camioneros, denunciado por la empresa de su familia.

Los concejales aprobaron recomendarle al Gobierno que adhiera al programa Ojos en Alerta, una iniciativa de seguridad que nació en la municipalidad de San Miguel y que Salazar, cuando compartía con Joaquín de la Torre la pertenencia a Cambiemos, ya había propuesto implementar.

Con dictamen de comisión, aprobaron por unanimidad la creación de un programa de prevención de violencias en el deporte.

Con cuarto intermedio incluido para retirar una moción que había planteado La Libertad Avanza, los concejales aprobaron la declaración de interés histórico, cultural y turístico del paraje Beladrich.

Tras la semana contra la ludopatía infanto juvenil que aprobó el año pasado el Concejo, el interbloque de Rivas y Lafalce pidió que cumplan con lo que dice esa ordenanza. El Gobierno, al igual que el año pasado, no informó desde la Dirección de Educación, que todavía conduce el denunciado docente Alan Ocampo, ninguna actividad relacionada con el tema.

El oficialismo presentó un proyecto para la apertura de una calle en Santa Lucía, ya que estaban por el pueblo, pero parece que en algo le pifiaron porque Soledad Llull pidió mandarlo a comisión.

Otro proyecto relacionado con Santa Lucía era la iniciativa de San Pedro Puede para que el Gobierno evalúe alternativas para el sistema cloacal. Damián García, vecino del pueblo, fue el vocero.

El expediente fue pasado a comisión, misma suerte que corrió el proyecto para crear una red local interdisciplinaria de salud mental que Negrete y Lafalce habían dictaminado en minoría. El plan es citar al director del área.

Aunque el programa Cine Distendido que llevan adelante familiares de personas con TEA tuvo su última función hace casi dos meses, el Concejo se acordó de declararlo de interés municipal.

Por último, antes del escándalo que derivó en la suspensión de la sesión, los concejales debatían sobre un proyecto relacionado con la Semana de la Juventud de Santa Lucía.

Los concejales de Milei pedían que el Municipio garantice recursos para el evento, organizado por las comunidades educativas de las dos escuelas secundarias del pueblo. El tema derivó en debate, el debate en quilombo y se pudrió todo.

Y así llegamos al final. Quedan tres sesiones ordinarias por delante: una en Pueblo Doyle, una en Vuelta de Obligado y otra en San Pedro. Del convenio con Ashira, ni noticias. Mientras tanto, denuncias, chicanas, cruces, despelote y debates ordinarios, más ordinarios que nunca.

En el marco del tour por las localidades, el Concejo Deliberante sesionará este jueves en Santa Lucía con una escasa agenda de expedientes.

Tratarán un proyecto para crear una red local interdisciplinaria de salud mental, que busca articular a distintas áreas e instituciones para abordar la problemática.

También la adhesión al programa de seguridad ciudadana ojos en alerta y la iniciativa para crear un programa municipal de prevención de violencias en el deporte.

Hay una propuesta para declarar al paraje Beladrich de Interés Histórico, Cultural y Turístico Municipal. Además, hay iniciativas vinculadas a Santa Lucía, como la apertura de la arteria paseo Los Sauces, el saneamiento cloacal, recursos para la Semana de la Juventud y el mantenimiento de caminos rurales.

Para Pueblo Doyle, el bloque Consolidación Argentina propone que pase a ser una delegación.

El orden del día incluye también proyectos sobre prevención de la ludopatía juvenil, la creación de la semana municipal de prevención del ACV, informes sobre fondos destinados a Bomberos Voluntarios, un programa de incentivo al comercio gastronómico y hotelero libre de gluten, la primera bienal de mujeres y la declaración de ciudadano ilustre a Abel Aníbal Zabala.

Tratarán una propuesta para convocar a una consulta popular no vinculante para elegir al delegado municipal de Santa Lucía y otra para facilitar el acceso a la formación laboral para los residentes de las localidades.

En esta sesión —quedan tres ordinarias, luego— tampoco llegó al recinto el convenio con Ashira para pagar en 90 cuotas la deuda de 3500 millones de pesos, firmado a comienzos de julio.

La semana pasada, representantes de Ashira estuvieron en una reunión extraordinaria de la comisión de Peticiones, donde dejaron expresado que no están dispuestos, por lo pronto, a modificar los términos de ese acuerdo firmado con el intendente.

Por lo tanto, y por ahora, el expediente sigue en comisión sin que la bancada oficialista que preside Soledad Llull parezca haber conseguido los votos suficientes para aprobarlo. 

Como en cada sesión del Concejo Deliberante, Rafael Flaiman cubre todos los hechos en vivo por Sin Galera Teve en Debates Ordinarios. 

El trato que debe aprobar el Concejo Deliberante compromete varios ejercicios fiscales. Si se pagan las 90 cuotas llegará el 2033 y quien maneje las finanzas de San Pedro seguirá tributando porque si no lo hiciera existe la posibilidad de ejecutar el contrato y entregar un bien inmueble como pago. Hace pocos días, los ediles citaron a los responsables de la empresa para conocer más detalles pero por lo que trasncendió, es poco probable que el pacto prospere.

Sin el dictamen de las comisiones ni fecha confirmada de tratamiento en sesión, la convalidación del convenio  duerme en las comisiones y si la respuesta a la empresa se demora hay riesgos ciertos de suspensión del servicio. Hay que recordar que hubo hasta una banca abierta que ocupó en nombre de un grupo de ciudadanos, el Dr. Valentín Mastrángelo para oponerse a este endeudamiento a largo plazo. 

El convenio de refinanciación de deuda entre la Municipalidad de San Pedro y la empresa Ashira S.A.  ingresó por Mesa de Entradas el pasado 24 de julio bajo el expediente N° 5755/26, tras la firma del acuerdo suscripto el 1° de julio de 2026 entre el intendente Cecilio Salazar y el representante de la prestataria, Sebastián Insua.

La deuda está calculada al 31 de mayo de 2026 por un capital total de $3.666.410.927,00. La cifra se compone de atrasos acumulados en las prestaciones mensuales del servicio de recolección y barrido y corresponden a los ejercicios 2025 y 2026, con actualizaciones de precios reconocidas, e incorpora las sumas reclamadas judicialmente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Tal como informó La Opinión el contrato impone un plan de cancelación dividido en 90 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización francés. El vencimiento del compromiso se fijó para los días 20 de cada mes, extendiendo el cronograma de erogaciones hasta diciembre del año 2033, lo que trasciende el mandato de Salazar y ata a dos gestiones comunales completas.

El punto central del expediente radica en el mecanismo de indexación estipulado en su cláusula cuarta: la deuda devenga un interés mensual equivalente a la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina informada por el Banco Central) más un diferencial de tres puntos porcentuales básicos (3%), a lo que se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.

De acuerdo con el cuadro de amortización adjunto como anexo al expediente —tomando como base la tasa de referencia informada a junio de 2026 de 22,9375% TNA más el margen pactado—, el Municipio arrancaría con una cuota mensual estimada en $92.789.235,04. Con esa base de cálculo, el monto total a desembolsar trepa a $8.351.031.153,49, de los cuales más de 4.684 millones corresponden exclusivamente a intereses, sujeto además a los recálculos mensuales según la variación de la tasa que fije el BCRA.

El mayor debate se produjo no solo por los montos actualizados y los plazos sino por las cláusulas que garantizan el pago con inmuebles de propiedad municipal. 

Una vez que el Concejo convalide el convenio mediante ordenanza la prestadora del servicio quedará  facultada a ejecutar saldos impagos sin necesidad de juicio de conocimiento previo y además, si eso sucede, el trato se cae en cuanto no se paguen tres cuotas consecutivas con factultades para exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda. Por ello, la norma tiene previsto que la autorización del Concejo Deliberante habilita al Municipio a ceder inmuebles del dominio privado municipal para cancelar capital de la deuda, sujeta a la tasación de mercado, autorización del HCD y aceptación expresa de la propia firma.

Con ese panorama y el año electoral por delante resulta difícil imaginar alternativas que generen mejores condiciones de negociación para una deuda mil millonaria.

Tras la denuncia que radicó la edil Paola Basso a Martín Rivas por hostigamiento, la Justicia dictó una restricción de acercamiento de 200 metros en el ámbito privado.

Frente a esta situación, Rivas se defendió asegurando: "Rechazo totalmente haber ejercido violencia física o violencia motivada por razones de género contra la concejal".

Sobre el origen del conflicto, aclaró que las discusiones "tuvieron lugar en el marco de la actividad como concejales" y remarcó que "existe una secuencia administrativa previa y documentada dentro del HCD".

Respecto a las medidas dictadas por la Justicia, confirmó que hay "una medida preventiva que estoy cumpliendo estrictamente", aunque subrayó que ya ejerció su derecho a defensa aportando pruebas y que solicitó "judicialmente su revisión por las vías correspondientes".

Por último, Rivas advirtió que "la violencia de género es un asunto demasiado serio como para banalizarlo" y exigió que las denuncias se traten con responsabilidad.

"Voy a continuar ejerciendo mi función como concejal, respetando las decisiones judiciales vigentes y utilizando los mecanismos institucionales para plantear y resolver las diferencias", sentenció. 

La concejal Paola Basso denunció en la Comisaría de la Mujer a su par Martín Rivas por episodios de violencia, hostigamiento e intimidación. 

A raíz de la presentación judicial, el Juzgado de Paz dictó una serie de medidas cautelares —otra que se suma a la lista—para proteger a la edil, que incluyen el cese de los actos perturbatorios y una restricción de acercamiento.

Si bien el conflicto viene escalando, todo se precipitó en el cuarto intermedio de la sesión pasada del Concejo que tuvo lugar en el Club Talense de Río Tala el 24 de septiembre. 

Durante ese receso, Rivas se dirigió hacia Basso profiriendo insultos y gritos. Según contó la edil de Nuevos Aires al móvil de La Opinión, tras alejarse, regresó de manera abrupta, dijo que se le puso muy cerca del rostro, en una actitud amenazante, y le gritó "cachivache", entre otros agravios.

“Todos vieron con la agresión que me trató, es increíble lo que está sucediendo en este contexto”, dijo la concejal a este medio. 

La denuncia fue a raíz de ese hecho puntual en Río Tala, pero en su presentación en la Comisaría de la Mujer, la concejal enumeró una serie de hostigamientos que se vienen sucediendo desde hace meses contra ella y otros ediles.

El fallo judicial expone que la conducta de Rivas no se limitaba a expresiones aisladas. Basso denunció que el concejal la filmaba con su celular a escasos centímetros del rostro mientras la increpaba en las comisiones tratándola de "inmoral", "ridícula" y "estúpida". 

También lo acusó de montar "puestas en escena" en el patio del Concejo gritándole "Concejal Inmoral Basso" o hacer falsas acusaciones públicas a los gritos sobre su marido para intentar desacreditarla.

Tras evaluar la gravedad de los hechos, la perimetral fue dictada por el juzgado y establece parámetros tanto en el ámbito laboral como en el privado. 

Rige una medida perimetral de 5 metros de distancia en el ámbito del Concejo Deliberante para garantizar que Basso pueda seguir ejerciendo su labor legislativa.

Rivas no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de Basso ni a los lugares públicos o privados que ella frecuente.

Además, se le ordenó abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación, ya sea en persona o a través de redes sociales y teléfonos.

La medida tiene una vigencia inicial de dos meses (hasta el 29 de noviembre). Además, el Juez notificó al presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, para que adopte las medidas de seguridad internas necesarias. 

La comisión de salud del Concejo Deliberante dictaminó favorablemente el proyecto que propone crear una red local interdisciplinaria de salud mental en San Pedro.

La iniciativa busca conformar una “mesa de trabajo” que reúna a áreas municipales, instituciones educativas, organismos provinciales y nacionales, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, profesionales, organizaciones sociales y representantes del HDC.

El objetivo será coordinar acciones de prevención y atención, elaborar diagnósticos, establecer protocolos, organizar circuitos de derivación y generar herramientas para facilitar el acceso a los servicios de salud mental.

La red tendrá carácter abierto, por lo que podrán incorporarse nuevos actores que puedan aportar al abordaje de la problemática.  

El proyecto será tratado el próximo jueves en la sesión del Concejo Deliberante que tendrá lugar en Santa Lucía, en el marco del tour por las localidades.                                                                                  

Las estadísticas de salud mental en San Pedro registran 11 suicidios consumados y 115 intentos de enero a septiembre de 2026. Las cifras más dolorosas son las que congregan a niños, adolescentes y jóvenes. 

Con relación a la nota publicada por La Opinión, bajo el título “El circo del Concejo Deliberante: 3,7 millones por concejal por mes, el editorial de Lilí Berardi”, el lector Mariano Spinella remitió un mensaje a nuestra redacción.

La misma dice textualmente: “Me parece una falta total de respeto hacia los artistas de circo y el circo que lo comparen con la política. Si ustedes supieran el sacrificio y lo que se trabaja en un circo seguro no lo harían, sino con su medio de comunicación, que me imagino que está hecho a pulmón y con mucho esfuerzo y seriedad”.

Spinella, residente en Gobernador Castro, pertenece a la quinta generación de una familia circense.

Ante la consideración efectuada, Sin Galera & La Opinión le solicitan disculpas ya que la intención sólo fue la de ironizar sobre los acontecimientos.  Esperamos que aunque nos sorprenda la literalidad del análisis, acepte las disculpas. Lo de ustedes es digno, artístico y divertido. Lo del Concejo Deliberante es triste y tal vez podríamos haber elegido otro tipo de actores para este lamentable espectáculo.

El sábado en Sin Galera y tras la publicación de las cifras del nuevo presupuesto del Honorable Concejo Deliberante, Lilí Berardi abordó con la edición de un video la “función de circo” que sesión a sesión se viene desatando en cada debate de la pequeña porción de ediles que hacen uso de la palabra.

Con un balance paupérrimo de iniciativas en lo que va del año, los legisladores locales se aprestan una vez más a votarse el máximo permitido por ley para sus propios sueldos. La base es el salario de un trabajador municipal y pueden multiplicarla hasta por 3,5 veces. En promedio serán 3,7 millones de pesos por cabeza tomando en cuenta aguinaldos, obra social, aportes y contribuciones.

El compromiso de publicar los recibos que explican el dispendio del dinero público en una estructura que no ha generado ni un solo proyecto que verdaderamente genere beneficios para la población —de hecho nunca han hablado de las inversiones que empresas privadas están emprendiendo en San Pedro y sin energía eléctrica para poder funcionar— nunca se cumplió y exime de comentarios a cualquiera.

La Opinión & Sin Galera desglosan desde hace cuarenta años los presupuestos municipales, los exponen y pese a los magros resultados de las gestiones, el interés público sólo se manifiesta en redes sociales. No hay una exigencia previa en los partidos políticos que presentan sus candidatos para que revean esa actitud por fuera de aquellos que aducen que “donan su dieta” para algún fin benéfico. 

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, elevó el anteproyecto de presupuesto para 2027. Son poco más de 1308 millones de pesos, de los que el 95 por ciento se va en sueldos.

El total de gasto en personal es de más de 1251 millones. Incluye las 18 dietas, los sueldos políticos de secretario y prosecretario legislativo, y los salarios de los nueve empleados de planta permanente.

Para el resto del funcionamiento del cuerpo queda menos del 5 por ciento del total: casi 4 millones son para productos alimenticios; un millón y medio para "textiles y vestuarios"; 8 millones para pintura y librería; y otros 8 millones para artículos de limpieza, útiles de escritorio, materiales eléctricos, repuestos.

Hay 9,2 millones para gas, luz y otros servicios; 5 millones para mantenimiento, reparación y limpieza; 1,7 para servicios técnicos y profesionales; 7,5 millones para servicios comerciales y financieros; 500 mil pesos para publicidad; 3 millones para servicios de ceremonial y digitalización; y 8,2 millones para maquinarias y equipos.

La Ley Orgánica prevé dos maneras posibles de calcular el presupuesto del HCD. Dice que no podrá superar el 2 por ciento del general del Municipio y que si ese monto no alcanza se puede confeccionar con el total de las dietas más el 50 por ciento.

Habitualmente, en San Pedro se utiliza la segunda opción. El total de las dietas asciende a poco más de 872 millones de pesos, de acuerdo al monto actual de los salarios sobre los que se fijan.

Si las 18 dietas cuestan al año 872 millones en total, con contribuciones, antigüedad, etc., cada concejal cuesta alrededor de 48,5 millones por período legislativo.

Ese monto dividido por 13 —los concejales también cobran aguinaldo— da un promedio de 3.727.040 pesos por mes por edil.

Ese costo promedio tiene sus diferencias en cada caso, puesto que hay quienes tienen más antigüedad y quienes "renunciaron" a la dieta para cobrar dos tercios del total sin contribuciones.

El cálculo da cuenta del costo promedio de los concejales. Lo que cada uno percibe efectivamente como neto depende de diversas variables. 

Como en San Pedro no hay una política de transparencia que permita conocer cuánto gana de bolsillo cada edil, se calcula ese promedio para conocimiento de la ciudadanía.

Alguna vez, ante publicaciones similares de La Opinión —que hace este cálculo todos los años— habían anunciado que difundirían los recibos de sueldo a través de la web del Concejo. Todavía no ocurrió.

Segundo jueves de septiembre, comenzó la primavera y en la previa del Country, hubo sesión en el Concejo Deliberante.

La tercera parada del tour por las localidades nos llevó a Río Tala.  La sesión duró tres horas. Hubo un largo cuarto intermedio porque el horno no está para bollos y hasta se habló de "riesgo de destitución" del presidente.

Ah, antes que nada: en esta sesión entró el presupuesto del Concejo para el año que viene. La cuenta se va a publicar en La Opinión en estos días.

Son 1308 millones, de los que 1251 se llevan los sueldos. Eso representa el 95 por ciento del presupuesto, confeccionado con la suma total de las dietas más el 50 por ciento.

La próxima nota revelará lo que cuesta cada concejal, promedio. Después, lo que va a bolsillo varía según antigüedad y otros ítems. Pero no lo sabemos porque ningún concejal muestra el recibo de sueldo. 

La sesión en Río Tala comenzó con visitas de otras localidades. Antes de entrar, vecinos de Vuelta de Obligado fueron a ver si podían plantear algunos de los temas que vienen reclamando hace algunas semanas. Luego hubo Banca Abierta para dos vecinos de La Tosquera.

En esta sesión había varios expedientes con dictamen de comisión, porque después de varias semanas sin quorum, finalmente se sentaron a tratar los proyectos.

El primero fue la polémica propuesta de Martín Rivas para crear un fondo para bacheo de calles con donaciones de concejales y funcionarios. El expediente fue rechazado, con votación 14 a 4.

En el medio hubo un laaaargo cuarto intermedio porque Basso consideró que Rivas lo maltrató a Rey y pidió aplicar el reglamento.

En el medio, Basso dijo que Baraybar la acusó de querer destituirlo de la presidencia. En ooootro cuarto intermedio, respondió el presidente.

El Concejo aprobó un proyecto para crear un régimen que permita cobrar por la atención a quienes participen de accidentes de tránsito. La votación fue 14 a 4 a favor del expediente, porque el interbloque de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce se opusio

El HCD dio un paso adelante en la modernización y aprobó la implementación de los expedientes digitales.

Además, aprobaron la declaración de ciudadana ilustre de María Eugenia Álvarez, conocida como "la enfermera de Evita", oriunda de Gobernador Castro.

También fue aprobado el proyecto para reforzar los controles de caños de escape libres.

El interbloque de Rivas y Lafalce había propuesto respaldar el sirenazo de Bomberos, que coincidía con la sesión pasada, pero recién les permitieron tratarla en esta. Los concejales que responden a Milei se opusieron. Lafalce explicó después por qué él sí había acompañado un proyecto que hablaba "contra el ajuste del presidente".

Eso fue en otro cuarto intermedio que se tomaron a dos horas de comenzada la sesión, cuando habían empezado a desfilar rumbo al baño. En el de hombres no había luz, pero el secretario legislativo dijo al comienzo de la sesión que no había inconvenientes.

El proyecto sobre las obras en los pasos a nivel de Río Tala parecía tener destino de unanimidad, pero los concejales Melina Panatteri y Joaquín González votaron en contra, a pesar de que dijeron que ellos mismos habían hecho gestiones ante el Gobierno nacional por el tema.

La insistencia de Rivas y los suyos con el tema de la consulta popular no vinculante para votar delegados en las localidades tuvo un nuevo capítulo. Otra vez, el expediente fue enviado a archivo. Otra votación que perdieron 14 a 4.

Por último, aprobaron declarar de interés municipal la presentación de un libro relacionado con el cuidado de las infancias en entornos digitales y las actividades para conmemorar los 100 años del puente de hierro de Beladrich. Aunque no lo crean, en ese expediente también hubo un cruce entre Basso y Rivas.

En esta sesión entraron formalmente los planteos de Rivas por el episodio conocido como "la bolsa que me voy a tomar esta noche", una frase que Basso atribuyó a Rivas y él negó. 

Además, entró el proyecto del bloque de Basso para que intendente, concejales y funcionarios se practiquen examen toxicológico. La concejala Santos dijo que no tenia nada que ver una cosa con la otra. Y también dijo que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Lo dijo.

Al final de la sesión no quedaba nadie. Los vecinos de Vuelta de Obligado y de Gobernador Castro se volvieron a sus pueblos, y los de Río Tala encontraron mejor cosa que hacer que quedarse a presenciar todo el debate. 

Las mujeres que se quedaron a juntar las sillas opinaron sobre la jornada legislativa en Río Tala.

Y eso fue todo. Quedan cuatro sesiones para terminar el período ordinario. Del tour por las localidades quedan Pueblo Doyle, Santa Lucía y Vuelta de Obligado.

Por Javier Silva, abogado*

Un cruce verbal en una sesión del Concejo Deliberante derivó, pocos días después, en un proyecto de ordenanza que instaura un régimen de exámenes toxicológicos obligatorios y semestrales para el intendente, los concejales y todo el gabinete municipal, con el costo del análisis a cargo de cada examinado. 

La ocurrencia del origen no debería restarle seriedad al análisis, porque detrás de la anécdota de recinto hay una pregunta que interesa a cualquier ciudadano: hasta dónde puede llegar el Estado sobre el cuerpo y la vida privada de una persona.

La regla de oro

El artículo 19 de la Constitución Nacional contiene dos principios que se sostienen mutuamente. El primero protege la autonomía personal: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados." El segundo consagra la legalidad: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe." Entre ambos delimitan una frontera que ningún poder público, ni siquiera uno tan cercano como un Concejo Deliberante, puede correr por decreto.

Los derechos no son absolutos

Se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso el Estado controla a quien conduce un vehículo, pilotea un avión, maneja un colectivo, opera maquinaria pesada o porta un arma reglamentaria. Esos controles comparten tres rasgos: existe un riesgo físico, concreto e inmediato para terceros; se ejercen en el momento mismo de la actividad riesgosa; y evalúan la aptitud para realizarla en ese instante, no la vida privada de quien la realiza. Al conductor se lo controla en la ruta, nunca en su casa un sábado a la noche.

Lo que el proyecto no resuelve

Un test de orina detecta rastros de consumo, no un estado de intoxicación presente. El propio texto de la ordenanza lo admite: reconoce que la sola detección de una sustancia no permite concluir que la persona estuviera intoxicada al momento de ejercer sus funciones. Si el examen no mide la aptitud para el cargo, entonces lo único que termina midiendo es una conducta privada ajena al ejercicio de la función, que es exactamente la zona que el artículo 19 reserva a cada individuo. La Corte Suprema lo estableció en "Bazterrica" (1986) y lo ratificó, tras un breve retroceso, en "Arriola" (2009).

A eso se suman otros cuatro problemas, ninguno menor:

La presunción invertida. El proyecto equipara la negativa a someterse al examen con un resultado positivo. Quien decide no entregar una muestra de su cuerpo queda, por esa sola decisión, presumido culpable.

La carga económica. El costo del análisis recae sobre el examinado, aunque el control lo impone el propio Estado que lo reglamenta.

La estabilidad de los cargos electivos. El intendente y los concejales derivan su legitimidad del voto popular, y las causales de remoción están taxativamente fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que una ordenanza local pretenda ampliarlas por vía indirecta es, cuanto menos, jurídicamente audaz.

La confidencialidad de papel. Un dato de salud es difícil de proteger en cualquier administración, y más aún en una comunidad donde todos nos conocemos.

Nada de esto implica que la función pública sea zona liberada. Quien ejerce un cargo bajo los efectos de una sustancia incurre en una falta grave, y para eso ya existen el régimen disciplinario, la Ley Orgánica y, llegado el caso, la Justicia. Y nada le impide, hoy mismo, a cualquier funcionario hacerse un análisis voluntario y publicarlo, si quiere dar el ejemplo.

Lo que San Pedro espera

Mientras el Concejo discute frascos de orina, los vecinos siguen esperando respuesta a urgencias bastante más concretas. Los sampedrinos no eligieron a sus concejales para que se analicen entre ellos, sino para que los representen, legislen con seriedad y controlen la gestión.

La idoneidad no se acredita con un certificado de laboratorio: se presume en quien acepta ejercer una función pública, tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Nacional. "Honorable" está escrito en la puerta del Concejo, pero es la conducta cotidiana de sus integrantes la que le da sentido a esa palabra.

 *El autor es abogado y fue secretario de Gobierno  y de Obras Públicas de la Municipalidad en distintas gestiones.

A casi dos semanas del insólito cruce en el Concejo Deliberante que se desató cuando Paola Basso aseguró que Martín Rivas dijo "la bolsa que me voy a tomar esta noche" mientras hablaba Soledad Llull en el marco de un expediente relacionado con bolsas de polietileno, la polémica sigue y, todo indica, se extenderá en el debate legislativo.

Por un lado, tras solicitar grabación y transcripción de la sesión, además de intervención institucional formal al presidente del cuerpo, Rivas elevó un expediente en el que exige a Basso “rectificación y disculpas públicas”, porque la atribución de la frase “no encuentra respaldo en el registro audiovisual oficial”.

Además, le pide que "reflexione" sobre lo sucedido, "reconsidere su continuidad" como concejala y "evalúe presentar su renuncia a la banca" para la que fue electa en la misma lista que él, encabezada por Ariel Rey como candidato a intendente en 2023.

 No sólo esos expedientes elevados por Rivas forman parte de la insólita polémica. Sin relacionarlo directamente, pero llamativamente tras este episodio, el bloque Nuevos Aires presentó un proyecto que, en ese contexto, profundizará la polémica.

La bancada de Basso, Mosquera y Santos propone crear un "régimen obligatorio de exámenes toxicológicos" para intendente, concejales y todos los funcionarios políticos del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

La propuesta señala que habrá un primer examen a los 30 días de sancionada la ordenanza y luego, con una periodicidad máxima de seis meses, mientras los alcanzados por el régimen permanezcan en sus cargos.

Los exámenes buscarán la detección de cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas (como clonazepam, Valium), barbitúrico y toda sustancia prohibida incluida en la ley de drogas.

El análisis se practicará a todos, sin excepción alguna, y el costo deberá ser afrontado por el propio examinado. Cada uno será informado sobre la fecha y horario, con una antelación que no permita alterar sus condiciones.

En cada caso deberán garantizarse condiciones de seguridad, trazabilidad y preservación de las muestras, que serán analizadas vía test rápido de muestra de orina, con posibilidad de contraprueba.

Si hay resultado positivo, deberá hacerse un análisis confirmatorio. Estarán exceptuados quienes estén inscritos en Reprocann para cannabis terapéutico o que posean prescripción médica justificada.

Frente a un resultado positivo confirmado, un equipo médico evaluará si amerita implementar un protocolo de seguimiento, contención y tratamiento, "con estricta reserva de identidad".

Será ese informe médico el que derive en la evaluación de medidas respecto a la continuidad en el cargo de la persona cuyo examen arroje resultados positivos.

El régimen prevé la protección absoluta de los resultados de los exámenes y la prohibición de la difusión, salvo consentimiento expreso del titular, obligación legal o requerimiento de autoridad competente.

En caso de que alguien se niegue, será considerado positivo a los fines de la activación del protocolo de salud, con medida de sanción correspondiente según el cargo.

Para los funcionarios del gabinete, el cese inmediato; para los electos habrá que proceder de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades para casos de faltas graves. 

El proyecto ingresará formalmente en la sesión de este jueves, que tendrá lugar en Río Tala, y será pasado a comisión para que en ese ámbito se lo trabaje antes de su tratamiento sobre tables.

El concejal Diego Lafalce, electo en 2023 en la lista de Ariel Rey como parte de la integración de los tres competidores de las Paso en la alianza Juntos por el Cambio, modificó el nombre de su bloque.

La bancada unipersonal del edil que representa a Patricia Bullrich en la ciudad ahora se llama Primero San Pedro, por lo que dejó el nombre La Libertad Avanza, que rápidamente solicitaron Joaquín González y Melina Panatteri.

El anuncio del cambio de denominación no lo hizo Lafalce sino Martín Rivas  en la última sesión, ante el tratamiento de un expediente que habían presentado en conjunto, puesto que la modificación había sido elevada el día anterior.

Rivas informó que el proyecto ya debería decir Primero San Pedro, porque era el nuevo nombre de la bancada de su aliado en lo que en el Concejo llaman el “interbloque de la gobernabilidad”.

Así, ahora el Concejo tiene los siguientes bloques: Fuerza Patria (oficialismo de Salazar); Nuevos Aires (UCR y Mosquera); Consolidación Argentina (Rivas, De Rosa, Negrete); San Pedro Puede (Rey, Reynoso); La Libertad Avanza (González, Panatteri); y Primero San Pedro (Lafalce).

Aunque el reglamento establece que "no se reconocerán bloques unipersonales salvo que esta situación sea la consecuencia de los resultados de un acto eleccionario", desde su asunción, aunque no formalmente, le permitieron a Lafalce conformar un monobloque, que denominó Juntos por el Cambio Pro.

Luego, cuando hizo alianza con la concejala electa por LLA Viviana Riquelme, pasó a la denominación Pro Libertad. Finalmente, tras las elecciones del año pasado, Lafalce se quedó con el nombre La Liberad Avanza.

Ello obligó a Joaquín González y Melina Panatteri, representantes oficiales del partido de Javier Milei en San Pedro, a ponerle Alianza La Libertad Avanza a su bloque.

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución que planteó un expreso rechazo a "cualquier tipo de modificación del sistema previsional" que pueda afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y a trabajadores del Estado bonaerense.

El proyecto había sido propuesto por el sindicato docente Suteba, cuyos integrantes presenciaron la sesión en Gobernador Castro junto a referentes de Cicop, y llegó al recinto de la mano de los bloques Fuerza Patria y Nuevos Aires, en conjunto.

Durante el tratamiento del expediente, hubo posturas contrapuestas respecto al impacto de las políticas nacionales en relación al tema, con cruces entre Soledad Llull, del oficialismo local, y Joaquín González, de La Libertad Avanza.

Llull expresó un rotundo rechazo a cualquier modificación que ponga en riesgo el funcionamiento del organismo bonaerense y cuestionó al presidente, Javier Milei.

"Queremos dejar en claro que lo que intentamos es manifestar nuestro rechazo a una política nacional que, en nombre del ajuste, del déficit cero y de una supuesta eficiencia por parte del Estado, termine poniendo en riesgo derechos que a los contribuyentes les costó décadas conseguir", argumentó.

Además, acusó al Gobierno de Javier Milei de asfixiar financieramente a la administración de Axel Kicillof por cuestiones político electorales.

"Hoy el Estado Nacional le debe al IPS 2.300 billones de pesos. Hay un concreto desfinanciamiento y una intención política de desfinanciar todos los sectores de la provincia de Buenos Aires, porque el mayor rival hoy del Gobierno nacional es el gobernador", sostuvo.

Por su parte, González cuestionó que se opongan "a cualquier tipo de cambio" y defendió la necesidad de debatir actualizaciones normativas en materia jubilatoria.

"La complejidad actual y la realidad de hoy en día exigen que esos sistemas sean revisados. Eso no significa que porque haya una reforma va a ir en perjuicio de los trabajadores", aseguró.

González no dejó pasar la ocasión para cuestionar que Llul critica cada vez que puede al Gobierno nacional, en lugar de priorizar la agenda de temas locales cuando hay debates en el Concejo.

“Vemos mes a mes cómo en la provincia de Buenos Aires hay cada vez más inseguridad y las escuelas están cada vez peor, pero sin embargo para venir acá y pegarle al Gobierno nacional a eso sí se prenden”, se quejó.

"Cuando a los trabajadores municipales, que son competencia nuestra, se atrasan en sus pagos o los hospitalarios cobran en cuotas, ahí no dicen nada y miran para otro lado", cuestionó.

La votación resultó 13 a 5. Por la afirmativa, además de los bloques autores del proyecto, votaron los concejales de Consolidación Argentina (Rivas, Negrete y De Rosa); por la negativa, junto a González votaron los de San Pedro Puede (Reynoso, García y Toscanini) y Diego Lafalce.

Tras el insólito cruce que tuvo lugar en la última sesión, cuando Paola Basso dijo que Martín Rivas había pronunciado la frase "la bolsa que me voy a tomar esta noche" mientras Soledad Llull hacía uso de la palabra durante el tratamiento de un proyecto relacionado con la entrega de bolsas de polietileno en comercios, el concejal de Consolidación Argentina hizo un planteo para que se aborde la cuestión disciplinaria.

Rivas elevó dos notas a la presidencia. En una solicitó que se le entregue copias de audio, video y de la versión taquigráfica de la última sesión, en la que ocurrió en insólito cruce, y en la otra pidió a Baraybar que evalúe si amerita poner en marcha mecanismos de sanción contra Basso.

El planteo de Rivas pone en debate las herramientas previstas en el reglamento para sancionar actitudes de los concejales cuando se extralimiten en la manera en la que se dirigen a sus pares, algo que en esta composición del cuerpo ya tuvo varios episodios, algunos de ellos con el propio concejal como protagonista señalado.

"Se me atribuyeron públicamente expresiones que rechazo en forma expresa y categórica haber pronunciado", dijo Rivas y anunció que evaluará "con el debido asesoramiento profesional, las acciones institucionales y/o legales que eventualmente pudieran corresponder en resguardo de mis derechos".

El edil de Consolidación Argentina elevó un "reclamo formal de observancia del Reglamento Interno" del Concejo para que se determinen "las responsabilidades institucionales y disciplinarias que pudieran corresponder" respecto de lo que dijo Paola Basso en la sesión en Gobernador Castro.

Pidió expresamente que se determine si "configura un supuesto de desorden de conducta en el ejercicio de las funciones", en cuyo caso deberá analizarse la "eventual responsabilidad disciplinaria" y la "aplicación de las medidas o sanciones que correspondan".

En ese marco, el mismo concejal a cuyo bloque la Presidencia le perdonó la aplicación del reglamento interno cuando faltaron sin justificación y deberían haberle descontado la mitad de la dieta, requirió a Baraybar que "informe las medidas adoptadas durante la sesión frente a las manifestaciones aquí cuestionadas".

Además, solicita saber "las razones por las cuales no se habría aplicado —de así surgir de los registros oficiales— el procedimiento contemplado" por el reglamento interno, que establece mecanismos para que el presidente llame al orden ante “alusiones personales, insultos o interrupciones reiteradas”, algo en lo que Baraybar es habitaualmente flexible, incluso con el propio Rivas.

"Niego de manera expresa, absoluta y categórica haber pronunciado dicha expresión", sostuvo Rivas sobre la frase "la bolsa que me voy a tomar esta noche".

El planteo del concejal está relacionado con que lo que dijo Basso no estuvo vinculado a diferencias políticas o de mirada respecto del proyecto que estaba en tratamiento, sino que fue un "perjuicio que excede ampliamente el normal intercambio propio del debate político".

Recordó Rivas que en la sesión de La Tosquera Basso lo había señalado en una alocución como uno de los concejales que "denostan constantemente al resto de los integrantes de los distintos bloques con insultos, con violencia verbal, con violencia física incluso, de la hemos sido testigos" y lo acusó de pegarle "una cachetada al concejal Rey".

"Dicha agresión no ocurrió", volvió a a sostener Rivas y consideró que la situación no es "un episodio circunstancial o un exceso verbal producido al calor de un debate" sino que amerita analizar "si existe una reiteración de conductas consistentes en introducir imputaciones personales contra otro integrante del Cuerpo, atribuyéndole hechos o expresiones susceptibles de afectar su honor, reputación y consideración pública".

Rivas pidió establecer si Baraybar consideró que las palabras de Basso fueron una "alusión personal o falta al orden" y si, en ese marco, aplicó el procedimiento previsto para llamarle la atención.

"Una afirmación falsa atribuida públicamente a un concejal no afecta únicamente al destinatario. Afecta la credibilidad del Concejo Deliberante como institución", aseguró Martín Rivas.

Consideró, además, que "la gravedad resulta mayor cuando la expresión atribuida involucra una problemática social tan sensible como los consumos problemáticos, que no deberían ser utilizados como mecanismo de burla, insinuación o descalificación política".

Durante la sesión del Concejo Deliberante desarrollada en Gobernador Castro, vecinas de la localidad hicieron uso de la banca abierta para exponer una serie de reclamos vinculados a la falta de suministro regular de energía eléctrica, red de agua potable y deficiencias en la cobertura de salud.

Una de las expositoras, detalló que la problemática afecta a entre 40 y 50 familias de la localidad que habitan terrenos tipo quinta y que llevan seis años gestionando la regularización de los servicios básicos. Según explicó, la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos (Coopser) exige una subdivisión del terreno para bajar los medidores individuales, trámite ante el cual los vecinos completaron la documentación de posesión correspondiente, pero aún no obtuvieron la conexión definitiva.

La vecina indicó que, ante esta situación, los residentes dependen de conexiones colectivas precarias: "Estamos en un solo medidor 27 familias y en el otro medidor estamos 15 familias". Romero relató que la sobrecarga del sistema provoca cortes reiterados y desperfectos, motivo por el cual realizaron protestas en la vía pública para visibilizar el reclamo, lo que derivó en una reunión previa con el intendente Cecilio Salazar gestionada con la intervención de concejales.

Asimismo, Romero incorporó al reclamo la situación del sistema de emergencias. Señaló que la ambulancia asignada a Gobernador Castro debe acudir con frecuencia a brindar cobertura a Vuelta de Obligado por carecer esta última de móvil sanitario y médico de guardia, lo que genera demoras operativas de entre una hora y media y dos horas en la respuesta sanitaria dentro de Castro.

Por su parte, también se abordó la situación de otro grupo de aproximadamente 26 familias que se encuentran sin energía eléctrica desde hace dos meses tras el corte del suministro debido al recalentamiento de la térmica de un pilar compartido.

Se remarcaron las dificultades provocadas por la falta de suministro, haciendo hincapié en la presencia de niños con problemas de salud, entre ellos una menor con discapacidad motriz y otro caso de una niña bajo tratamiento oncológico que requirió una nueva internación hospitalaria al no disponer de refrigeración para sus medicamentos ni calefacción adecuada en el domicilio.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves en Gobernador Castro, en el marco del tour por las localidades que prevé que los concejales recorran delegaciones y subdelegaciones municipales.

Uno de los momentos más llamativos tuvo lugar cuando debatían un proyecto del bloque Nuevos Aires relacionado con la aplicación de la ordenanza que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los comercios.

Belén Santos defendió el proyecto, Rivas lo criticó y Soledad Llull terció para mocionar su pase a comisión para seguir el debate en ese ámbito.

En ese marco, Paola Basso pidió la palabra para asegurar que el concejal Martín Rivas había dicho, fuera de micrófono y mientras hablaba Llull "la bolsa que me voy a tomar esta noche".

"Me gustaría, señor presidente, que le pida al concejal Rivas que repita lo que acaba de decir porque la verdad que ya esto es bastante complicado. Acaba de decir 'la bolsa que me voy a tomar esta noche', si no escuché mal. ¿Vos escuchaste eso? Todos escuchamos eso", disparó.

Cuando Baso pronunció la frase, Rivas y De Rosa cuestionaron a la concejala radical. Rivas la trató de "maleducada" y de "mentirosa", a lo que Basso respondió: "No lo escuché yo sola".

Rivas pidió en sesión que conste su solicitud de la grabación y advirtió que accionará legalmente contra Paola Basso. "Prefiere venir a traer discordia, a embarrar la cancha, porque no puede traer un proyecto como la gente", cuestionó el edil de Consolidación Argentina.

"La hipocresía no la voy a aceptar. Los insultos y las mentiras que trae a este recinto sesión a sesión para no hablar de política y de soluciones, no lo voy a aceptar", dijo Rivas, que llamó a la radical "Basso de Chediak" y aseguró que "le duele mucho ser la viuda del Concejo y no haber sido presidente" del cuerpo.

Primer jueves de septiembre, anteúltimo del invierno y hubo sesión del Concejo Deliberante. Segunda parada del tour por las localidades, esta vez en Gobernador Castro.  

El club Agricultores facilitó sus instalaciones. Antes del debate entre concejales, hablaron en Banca Abierta dos vecinas del loteo que tiene dificultades para obtener el suministro eléctrico en la localidad. 

No estuvieron en la sesión los ediles Ariel Rey y Melina Panatteri, que fueron reemplazados por Damián García y por Celeste Toscanini, que debutó en los debates del Concejo.

El primer intercambio picante tuvo que ver con el proyecto de La Libertad Avanza, que buscaba una adhesión a las palabras del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre la soberanía en Malvinas. El proyecto fue rechazado: 10 a 8.

Luego fue el turno de un proyecto de resolución que presentó Nuevos Aires para que el Gobierno ponga atención en la aplicación de la ordenanza que obliga a reducir la presencia de bolsas de polietileno en los negocios.

Rivas cuestionó el expediente y la situación derivó en discusión. Llull pidió la palabra para pedir una moción de manera tal que el proyecto pase a comisión para ajustar algunos aspectos que había planteado Rivas.

Hubo tensión porque Basso pidió la palabra para señalar algo que parece que dijo Rivas fuera de micrófono y discutieron . El proyecto, finalmente, fue votado y enviado a comisión. El resultado de la votación fue 14 a 4.

Aprobaron el beneplácito a dos expedientes que están en la Cámara de Diputados, relacionados con cuestiones de discapacidad y TEA. Joaquín González votó a favor y aprovechó para tirarle un palito al oficialismo, que suele rechazarle los proyectos sólo por ser el concejal de Milei en San Pedro.

El bloque San Pedro Puede presentó un pedido de informe sobre el Hospital de Gobernador Castro. Como no estaba Ariel Rey, le tocó defenderlo a Mariana Reynoso, que sólo profundizó en uno de los puntos planteados.

Rivas se opuso. Cuestionó el expediente y la ausencia de Rey en la sesión de Gobernador Castro, y votó en contra.

Desde el oficialismo, Soledad Llull dijo que el Gobierno estaba en condiciones de responder las inquietudes del bloque San Pedro Puede y acompañaron. Así que la votación terminó 14 a 4.

Con presencia de dirigentes de Suteba y de Cicop, el Concejo aprobó una expresión de rechazo a cualquier tipo de reforma previsional que afecte al IPS y a los trabajadores estatales bonaerenses. Por supuesto, hubo debate con los que respaldan a Milei. La votación terminó 13 a 5.

Como estaban en Gobernador Castro, aprovecharon para destacar un programa que lleva adelante el club anfitrión, Agricultores, relacionado con la psicología deportiva. 

Además, como era el día internacional de la prevención del suicidio, también se refirieron a la importancia que tienen ese tipo de programas para la juventud.

Finalmente, el bloque de Rivas insistió con llevar a las localidades un proyecto relacionado con la consulta popular para que los vecinos expresen a quién le gustaría tener de delegado, aunque no implica una cuestión vinculante, porque eso es potestad del intendente.

El proyecto parecía tener destino de rechazo, como ocurrió con la ordenanza que llevaron a La Tosquera con ese planteo. Sin embargo, Joaquín González propuso enviarlo directo a archivo porque consideró que era un tema ya tratado. La votación fue nominal y terminó 14 a 4.

Baraybar dio por cerrada la sesión en Gobernador Castro y a la salida le preguntamos a los vecinos qué les había parecido que los concejales hayan ido a sesionar a su pueblo.

El Concejo Deliberante sesionará este jueves en el club Agricultores de Gobernador Castro, en el marco del tour por las localidades aprobado y que comenzó en la sesión pasada en La Tosquera.

La oposición tendrá dos ausencias: Melina Panatteri (La Libertad Avanza) y Ariel Rey (San Pedro Puede), pidieron licencia y serán reemplazados por los suplentes Damián García y Celeste Toscanini.

Las comisiones funcionaron poco en las últimas semanas y el feriado del Día de la Patrona no colaboró, por lo que no hubo expedientes dictaminados para su tratamiento en esta sesión.

Llamó la atención, en ese marco, la falta de dictamen al proyecto para declarar ciudadana ilustre a María Eugenia Álvarez, reconocida en el país como “la enfermera de Evita” por haber estado al cuidado de la esposa del presidente Juan Domingo Perón durante sus últimos días, quien es oriunda de Gobernador Castro y vive, con 99 años, en Monte Grande.

En general, la falta de quórum impidió dictaminar ese y otros expedientes. En la mayoría de los casos, por ausencia del oficialismo en las reuniones de comisión.

La jornada legislativa comenzará con la exposición en Banca Abierta de vecinas que desde hace tiempo plantean reclamos relacionados con el suministro eléctrico en un loteo irregular.

En materia de proyectos de los concejales que ingresarán para su tratamiento en comisión aparecen la propuesta para crear la Delegación municipal de Vuelta de Obligado; la iniciativa de constituir una sociedad anónima con participación estatal para la gestión ambiental.

Una iniciativa para crear un programa municipal de asistencia psicológica en clubes; la declaración de interés del paraje Beladrich; y la declaración de interés de las tipas de plaza Constitución y plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, las dos últimas provenientes de iniciativas ciudadanas.

Hay, además, proyectos de resolución y comunicación presentados por los distintos bloques, entre los que aparecen temas que seguramente generarán intercambio y debate en el recinto.

Uno de ellos es el que elevó La Libertad Avanza para que San Pedro adhiera "las palabras del presidente de la Nación que reafirman los derechos soberanos" sobre Malvinas y todo el territorio nacional.

Otro es el que presentaron Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce para insistir con la consulta popular de delegados municipales, rechazada en La Tosquera, esta vez como proyecto de resolución y específicamente para Gobernador Castro.

Nuevos Aires presentó un expediente para pedir el estricto cumplimiento de la ordenanza que establece la obligatoriedad de la reducción del uso de bolsas de polietileno en comercios.

El oficialismo presentó un beneplácito a los proyectos de canasta de discapacidad y tarjeta azul TEA que están en debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

El bloque San Pedro Puede elevó un pedido de informe relacionado con el hospital 26 de Julio de Gobernador Castro para conocer qué personal y en qué situación de revista existe; la disponibilidad, antigüedad y estado de las ambulancias; la frecuencia de atención de especialidades; el protocolo de derivación; y el estado edilicio y de equipamiento.

Fuerza Patria y Nuevos Aires firmaron en conjunto un proyecto que había sido solicitado por Suteba para rechazar cualquier tipo de reforma previsional que implique "pérdida de derechos" para trabajadores estatales bonaerenses.

El interbloque de Consolidación Argentina y LLA (Lafalce) presentaron un expediente para reconocer al club Agricultores, anfitrión de la sesión, por su programa de psicología deportiva, al tiempo que elevaron un proyecto de ordenanza para que se extienda a todos los clubes como programa municipal.

Además el Concejo recibirá una nota de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio relacionado con la instalación de una nueva arenera.

Una propuesta vecinal para homenajear a Venancia Monzón en Gobernador Castro, que implica designar con su nombre un tramo de la calle Sarmiento, en el barrio El Progreso.

También una propuesta ciudadana del vecino Carlos Font relacionada con la gestión integral de los residuos solidos urbanos en el distrito.