Tras los allanamientos que ordenó la Justicia Federal en el marco de una denuncia por delitos ambientales relacionados con el Basural, obtuvo dictamen de minoría por parte de la oposición la propuesta del bloque Consolidación Argentina para conformar una mesa de trabajo relacionada a la gestión de los residuos sólidos urbanos.

La comisión de Servicios Públicos logró quorum a pesar de la ausencia del oficialismo, lo que incluyó al presidente, Juan Cruz González, y con la firma de los concejales Mauro de Rosa (Consolidación Argentina) y Mariana Reynoso (San Pedro Puede), el proyecto obtuvo dictamen para ser tratado en la próxima sesión, que tendrá lugar en La Tosquera, a metros del basural.

El expediente había sido presentado en junio por el bloque que preside Martín Rivas. Aunque era un proyecto de resolución, que habitualmente se tratan sobre tablas, el oficialismo obturó ese tratamiento y logró acordar enviarlo a comisión.

Allí, "con algunas modificaciones que actualizan el expediente", según informaron desde el bloque autor de la propuesta, la iniciativa avanzó, con el objetivo de "generar un ámbito en el que puedan participar el Ejecutivo, el Concejo, prestadores, trabajadores, organismos especializados, instituciones académicas y organizaciones de la comunidad".

Tras la obtención del dictamen de minoría para tratar el proyecto de comunicación—que oficia formalmente, en caso de aprobarse, como una expresión del Concejo que recomienda al Ejecutivo abordar un tema de determinada manera—, el bloque Consolidación Argentina busca ahora conformar esa mesa por ordenanza.

Así, presentaron un proyecto este martes por la mañana, cuya firma acompañó el edil del bloque denominado La Libertad Avanza, Diego Lafalce, para avanzar en la creación de ese espacio e trabajo.

La denominada Mesa para la Planificación y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Partido de San Pedro se propone como un ámbito de "análisis, consulta, planificación, participación y elaboración de propuestas".

El plan es que lo integren el Ejecutivo, el Concejo, Ashira, los sindicatos vinculados y otras organizaciones relacionadas tanto del Estado como de la sociedad civil, así como especialistas, de acuerdo a los temas en consideración.

El proyecto de ordenanza prevé un plan inicial de trabajo para que en los primeros cuatro  meses la mesa elabore un diagnóstico con lineamientos de la gestión de residuos y propuestas que incluyan acciones, las que no serán vinculantes.

El proyecto que propone elecciones no vinculantes de delegados municipales en las localidades fue dictaminado en minoría y será tratado en la próxima sesión, que tendrá lugar en La Tosquera.

La iniciativa fue presentada por el concejal Martín Rivas el año pasado y antes de que pierda estado legislativo fue dictaminado en minoría por el autor y el edil Diego Lafalce en comisión.

La propuesta establece un mecanismo para que los habitantes de las localidades elijan a una persona con al menos cinco años de residencia, si es nativo, o diez si no lo es, para que sea el representante del intendente en el pueblo.

La iniciativa es no vinculante, puesto que la elección del delegado municipal es una potestad del intendente, ya que se trata, como su nombre lo indica, de una facultad que el jefe comunal electo delega en alguien, como lo hace con cualquier otro funcionario del gabinete.

El tratamiento en la próxima sesión, que será en la localidad de Los Cazadores en el marco de la decisión de llevar a las delegaciones las sesiones del Concejo, encontrará un escollo en el artículo 4 del proyecto, cuya redacción quedó imperativa.

Ese artículo dice que el intendente "deberá designar como delegado a uno de los tres candidatos más votados en la consulta popular de cada localidad", lo que implica que la ordenanza le impondría un límite a una facultad que el jefe comunal tiene por Ley Orgánica.

Para sortear ese problema, los concejales podrían devolver el proyecto a comisión o bien constituirse como tal en la propia sesión y hacer la modificación, algo que también puede hacerse vía moción durante el tratamiento.

El proyecto propone la conformación de una "Junta Electoral Municipal" y una serie de mecanismos, entre ellos una boleta única de papel con nombre y foto del candidato, que implicarán necesariamente una erogación presupuestaria que, de aprobarse el expediente, el Gobierno deberá prever.

“Me parece importante porque durante años se habló de darle mayor participación y protagonismo a las localidades, pero pocas veces eso se tradujo en una herramienta concreta”, dijo Rivas.

En 2024, los concejales Mauro de Rosa y Viviana Riquelme, por entonces representantes de La Libertad Avanza en San Pedro, habían presentado una propuesta similar, con formato de resolución, lo que oficia como "recomendación".

Iniciativas que impulsaron la Coalición Cívica en 2008 y radicales sin representación en el Concejo en 2025 no prosperaron en ese momento, sobre todo por las dificultades que comporta establecer un mecanismo que, de alguna manera, impone ciertos límites a las facultades que el intendente que gana las elecciones tiene por haber sido elegido para gobernar.

La elección no vinculante de delegados municipales rige en diversos municipios de la provincia, en algunos con mayor éxito que en otros. En la propuesta de Rivas, el plan es que los vecinos elijan su representante del Ejecutivo cada cuatro años.

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión que desde la próxima, el 27 de agosto, y hasta la anteúltima ordinaria del año, el 12 de noviembre, sesionará en las localidades.

El cronograma incluye a La Tosquera, que será la primera, a Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado.

Es decir que los ediles irán a los pueblos del distrito que tienen delegación o subdelegación municipal activa.

En el expediente destacaron que el Concejo "es el primer eslabóndemocrático constituido en representación de los vecinos del partido".

En el recinto, el vocero del proyecto fue el concejal Cristian Leguizamón, quien señaló que la decisión de llevar las sesiones a las localidades tiene que ver con que "se sientan parte".

La primera de las sesiones será en Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, que fue declarada delegación municipal en el año electoral 2023, aunque carece de muchas de las cosas que caracterizan a esa figura institucional.

El delegado es Carlos García, que tiene su sede administrativa en el Centro Municipal Marcelina Suárez, donde todo indica que tendrá lugar la sesión, aunque todavía no fue informado.

En el recinto, Baraybar, impulsor de la iniciativa, anunció que más cerca de la fecha pondrá en conocimiento de los ediles y de la comunidad el sitio donde se desarrollará cada sesión.

Todas serán a las 15.00, en lugar de a las 11.00 como en San Pedro, y el cronograma es el siguiente: 27 de agosto, Los Cazadores; 10 de septiembre, Gobernador Castro.

El 24 de septiembre irán a Río Tala; 8 de octubre, Santa Lucía; 22 de octubre, Pueblo Doyle; 12 de noviembre, Vuelta de Obligado.

Segundo jueves de agosto y hubo sesión en el concejo.  La número 10 del año. Tuvo la particularidad de contar con custodia policial, luego del altercado entre Martín Rivas y los sindicalistas Juan Cruz “Mono” Acosta y Sergio "Gallina" Leiva que derivó en una denuncia contra los gremialistas municipales por intento de agresión y que incluye una prohibición de acercamiento al concejal.

Un policía estuvo apostado en la puerta del Salón Dorado desde que comenzó la sesión hasta que terminó. Una horita, más o menos.

El Concejo sesionó con 16 ediles. Valentín Bravo pidió licencia y lo reemplazó Walter Sánchez, que tuvo que dejar de ser secretario de Desarrollo Humano por un día.

En esta sesión ingresó formalmente el polémico convenio para pagar la deuda de más de 3600 millones de pesos con Ashira, que será tratado en comisión. 

Además, le dieron ingreso al pedido ciudadano, con cientos de firmas, para que no se entreguen inmuebles municipales como parte de pago. El militante peronista Valentín Mastrángelo había pedido Banca Abierta, pero no se la dieron para esta oportunidad.

Los concejales aprobaron la ordenanza que convalida la donación de un electrocardiógrafo que hizo la empresa Celulosa San Pedro. 

Fue llamativo, por dos cosas: por un lado, porque las donaciones en salud suelen pasar por la cooperadora, lo que permite no tener que mandarlas al Concejo.

Por el otro, porque el proyecto lo mandó el mismo Gobierno que nunca mandó lo del Estadio, ¿se acuerdan del tapial con aportes de empresas y comercios? Encima fue justo el día que estaba de concejal Walter Sánchez, de cuya Secretaría depende la Dirección de Deportes.

El Concejo aprobó además una ordenanza que reacomoda la normativa que regula el funcionamiento del Cementerio. 

Este expediente tuvo la particularidad de que lo mandó el propio secretario de servicios públicos Adrián Devito. No el intendente. Devito en persona. En la sesión lo destacaron por ello. Puertas adentro, no tanto.

Quedó aprobada también la agenda de sesiones en las localidades. Por lo que desde la próxima sesión y hasta mediados de noviembres, las sesiones del Concejo y Debates Ordinarios se trasladarán a delegaciones y subdelegaciones, con este cronograma.

El bloque Nuevos Aires presentó un pedido de informe sobre los análisis de triquinosis, que en San Pedro no se hacen desde 2024. 

Soledad Llull dijo que el Municipio no tiene ninguna obligación.  Que si lo hizo toda la vida hasta hace dos años fue porque quería nomás. 

Igual, este es el tercer año que no los hacen y no porque no quieren, sino porque no tienen personal ni recursos. Para otros nombramientos y otras cositas, bueno: ustedes ya leyeron La Opinión.

Finalmente, Ariel Rey propuso declarar de interés municipal el Congreso internacional de Adicciones y salud mental que se desarrollará en San Pedro a principios de octubre.

El oficialismo y los otros adversarios de Rey en el Concejo acompañaron, pero no perdieron la oportunidad de ligarlo con Milei y el desfinanciamiento de las políticas de salud en el país. Así que, una vez más, el concejal aspirante a la intendencia de San Pedro Puede la ligó en sesión.

Y eso fue todo. La próxima, a la localidad de Los Cazadores, que no tendrá agua suficiente ni pavimento ni ambulancia ni transporte público ni conexión segura de electricidad ni ventanilla para trámites pero tiene delegado y ahora va a tener una sesión del concejo y su capítulo de Debates Ordinarios.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves, después de mucho tiempo, con custodia policial en la puerta, dispuesta por orden del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

La medida de seguridad fue tomada a solicitud del concejal de Consolidación Argentina, Martín Rivas, quien había pedido acciones para prevenir hechos como los que le tocó protagonizar en la sesión pasada.

Rivas fue víctima de un intento de agresión por parte del sindicalista municipal Sergio "Gallina" Leiva, tras un intercambio verbal con el secretario general del STM, Juan Cruz "Mono" Acosta.

El edil había pedido "reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales que permitan el libre ejercicio de la función pública, resguardando la integridad de concejales, trabajadores, vecinos y de toda persona que participe de la actividad legislativa".

Por el caso, Rivas radicó una denuncia penal y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para Leiva y Acosta en relación al concejal, que tiene vigencia por 30 días.

Este jueves, un efectivo de la Policía Bonaerense fue trasladado en un patrullero a la hora de la sesión para ubicarse en la entrada principal del Salón Dorado, dentro del Palacio municipal, y permaneció allí hasta que terminaron de tratarse los temas del orden del día.

Contratado bajo la modalidad PolAD (el sistema que la Policía Bonaerense tiene para la custodia de empresas u organismos públicos, con agentes de franco), el afectivo se retiró cuando lo pasó a buscar el mismo patrullero.

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, informó a La Opinión que además evalúan la disposición de cámaras de videovigilancia en la zona del edificio municipal donde funciona el Concejo.

Las cámaras que hay en el ala del HCD, instaladas durante la gestión de Daniel Monfasani al frente del cuerpo, no funcionan desde hace tiempo, por lo que buscarán reemplazarlas por un sistema más moderno.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para los sindicalistas Juan Cruz "Mono" Acosta y Sergio "Gallina" Leiva, denunciados por el concejal Martín Rivas tras el altercado que protagonizaron afuera de la Municipalidad cuando los trabajadores protestaban por el pago del aguinaldo y el edil ingresaba a sesión.

Rivas denunció haber sido "víctima de insultos, amenazas de muerte como de intentos de agresión física" y solicitó la perimetral como medida cautelar, que implica además la prohibición de contacto no personal, es decir telefónico, por redes sociales, etc.

Acosta y Leiva pueden concurrir a sus lugares de trabajo en la Municipalidad, pero deben cumplir la prohibición de acercarse a Rivas por 30 días, hasta el 8 de septiembre, según señala la resolución.

No pueden acercarse al domicilio, los lugares de trabajo donde cumpla sus funciones de concejal y los sitios de esparcimiento o concurrencia habitual de Rivas.

En un comunicado difundido para informar la novedad, Rivas repasó los hechos "de un conflicto" que "no surgió de un episodio aislado" y lo vinculó con sus diferencias con Ariel Rey, que empezaron cuando ambos fueron compañeros de lista en la elección de 2023, en la que el edil accedió a su banca como primero en la boleta del candidato a intendente y ahora también concejal.

En su comunicado, Rivas compartió fotos de Leiva como parte del espacio político de Ariel Rey y el saludo del edil con Acosta antes del altercado.

Para el concejal de Consolidación Argentina, esas fotos "no constituyen una prueba sobre responsabilidades", pero "forman parte del contexto político en el que ocurrieron los acontecimientos".

El intento de agresión del que fue víctima el concejal Martín Rivas antes de la sesión del jueves pasado, cuando afuera de la Municipalidad había una protesta de los sindicatos municipales, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Palacio.

Rivas difundió este miércoles por la tarde un video en el que informa que radicó la denuncia penal por el caso y en el que mostró imágenes del momento en el que ingresa al edificio y se produce el altercado.

El video completo de las cámaras de seguridad contiene además grabación de audio en la que se escucha el momento previo al intento de agresión que ejecutó un dirigente sindical conocido como “Gallina” Leiva, que le arrojó un golpe  a mano abierta que no  llegó a impactar en el edil.

Allí se ve cuando Rivas llega y saluda a alguien, muy cerca de Juan Cruz “Mono” Acosta y otros sindicalistas. Luego se lo ve ingresar mirando hacia atrás, en dirección al secretario general del STM.

El video muestra cómo Acosta le grita “la concha de tu madre” a Rivas e intenta abalanzarse sobre él, mientras otras personas lo retienen. Es allí cuando “Gallina” Leiva se acerca e intenta golpearlo.

Además, se ve el momento en que Leiva le arroja un golpe, mientras detrás Acosta le grita a su compañero sindicalista "pará, pará, pará".

"Vos qué te pensás que sos, puto", le grita luego Leiva a Rivas, que ya está fuera de cuadro en el video porque ingresaba al Salón Dorado para la sesión. Alguien que no se ve, porque los protagonistas ya no están frente a cámara, dice "te voy a cagar a trompadas".

Rivas radicó la denuncia y en sus redes sociales asoció el episodio con la militancia que "Gallina" Leiva tiene en San Pedro Puede, el espacio que conduce el concejal Ariel Rey.

El día del altercado, Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado a él y que esa "provocación" derivó en el conflicto.

A casi un mes desde la firma del convenio de pago en 90 cuotas de la deuda de más de 3600 millones de pesos que la Municipalidad mantienen con Ashira, el Concejo Deliberante recibió el expediente para comenzar su tratamiento.

Así, los concejales pueden empezar a analizar el acuerdo, que tendrá ingreso formal recién en la sesión del 13 de agosto para ser remitido a las comisiones correspondientes donde se lo tratará para dictaminar y luego, quizás en la sesión siguiente, votarlo.

Ello dependerá de la capacidad política del Gobierno y del oficialismo en el HCD para obtener los votos suficientes para aprobarlo, que son 12, puesto que se necesita mayoría calificada para aprobarlo.

El convenio implica una quita de alrededor de 232 millones de pesos por parte de Ashira, que corresponden a los intereses moratorios devengados por el atraso en los pagos mensuales en los que incurrió la Municipalidad.

Como detalló La Opinión cuando adelantó los términos del acuerdo, las 90 cuotas implican que el compromiso de pago de la deuda abarcará tres gestiones municipales, la presente y dos más, puesto que finalizará en diciembre de 2033.

Las cuotas mensuales del convenio son de casi 93 millones de pesos. Ello implica que cuando termine el plazo previsto de siete años y medio para el pago, el Municipio habrá abonado un total de 8351 millones, más del doble del capital adeudado.

El interés acordado se devengará con arreglo a la tasa Tamar publicada por el Banco Central más 3 % e IVA. Cada mes, la cuota se recalculará de acuerdo a la tasa vigente.

El convenio contiene la posibilidad de cancelar la deuda total o parcialmente con uno o más inmuebles municipales, una decisión que generó polémica y provocó que vecinos levanten firmas para oponerse.

Ese punto implica que el Gobierno pueda entregar bienes de dominio privado del Estado municipal como parte de pago, aunque llegado el caso deberá contar con la aprobación específica del Concejo, más allá de la autorización que puede establecer la aprobación del acuerdo.

El oficialismo tiene siete votos propios y necesita el acompañamiento de al menos cinco concejales más para aprobar el convenio. Por lo pronto, el resultado es de final abierto.

El Gobierno podría contar con los votos de los cuatro ediles del denominado "interbloque de la gobernabilidad" (Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce), pero aun así le faltaría un voto.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, tuvo a su cargo el diálogo inicial con el resto de los bloques, lo que demoró casi un mes el envío del expediente al Concejo. Sin embargo, el proyecto ingresó sin los votos garantizados.

Les tocará ahora al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la presidenta del bloque oficialista, Soledad Llull, apuntalar la tarea de Cuscuela como responsable de la gestión política para alcanzar los votos necesarios para aprobar el expediente.

La deuda con Ashira existe y hasta tiene períodos judicializados. Además de pagar los 93 millones de la cuota del convenio, si lo aprueban, el Municipio deben abonar todos los meses alrededor de 362 millones más los ajustes que establece el contrato. 

Son más de 450 millones de pesos con los que tiene que contar cada mes, en un contexto económico y financiero cuesta arriba, con adelanto de coparticipación para pagar aguinaldo a personal de planta —médicos, funcionarios y concejales no cobraron— y descubierto bancario para cumplir con los sueldos.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que la cobrabilidad de la tasa por servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es del 53 por ciento, que alcanza para el 25 % del total del costo, y que aun si el total de los contribuyentes estuvieran al día tampoco alcanzaría.

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión un nuevo pedido de informe relacionado con la obra clausurada del edificio en construcción en Salta al 400.

El proyecto había ingresado antes de que los ediles del bloque Nuevos Aires radicaran una denuncia penal contra el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, por “posibles hechos de corrupción” ante el caso.

En el expediente, la bancada que preside Paola Basso solicita al Gobierno que informe con detalle y documentación las actuaciones administrativas que se llevaron adelante desde el día uno.

Esto implica todo lo relacionado con las actas de clausura, que de acuerdo a lo que informó Brañas en la comisión y los hechos subsiguientes deberían ser tres, la primera del cuarto piso y las otras dos, generales.

El proyecto motivó debate en sesión, con chicanas del concejal Martín Rivas hacia Paola Basso que incluyeron alusiones a la condición de arquitecto de su marido, el exdirector de Planeamiento municipal y expresidente de la UCR Diego Chediak.

El bloque de Rivas, que completan Mauro de Rosa y Fernando Negrete, y Diego Lafalce solicitaron abstenerse de votar, lo que Basso calificó de "acto de cobardía" y desató los cruces.

Finalmente, con el acompañamiento del oficialismo, La Libertad Avanza y el bloque de Rey, Nuevos Aires logró aprobar por unanimidad el expediente, votado por 14 ediles y con cuatro abstenciones.

El momento de la abstención generó un entuerto que tuvo que dirimirse en cuarto intermedio, porque el presidente Martín Baraybar dispuso la votación en conjunto de la moción.

Los ediles que solicitan abstenerse no pueden votar su propia abstención, pero además la solicitud debe ser mocionada por separado por cada uno de ellos y votada de esa manera, lo que finalmente hicieron tras el cuarto intermedio para resolver la situación y pasar a la votación del expediente.

Cuarto jueves de julio y hubo sesión en el Concejo Deliberante. Fue la única del mes, porque el primer jueves cayó 9 de julio y bueno, fue feriado.

Así que el orden del día estuvo bastante cargado, para lo que nos tienen acostumbrados. Además, los concejales aprovecharon para trabajar en las comisiones y dictaminar expedientes.

Por supuesto, como hacía rato que no se veían cara a cara todos juntos no perdieron la oportunidad de tirarse algunos palitos, así que la sesión fue entretenida.

La sesión se desarrolló mientras los sindicatos municipales protestaban afuera porque los trabajadores no habían cobrado el aguinaldo.

En ese marco, cuando entraban los concejales hubo un altercado entre Martín Rivas y Juan Cruz "Mono" Acosta. Cada uno dio su versión de lo ocurrido.

Eso sí, después entendimos por qué Rivas se refirió al tema de la manera en que lo hizo dentro del recinto

La sesión comenzó con la licencia de Melina Panatteri y la asunción del santalucense Damián García, su suplente, que se sumó al bloque de Ariel Rey.

El primer tema a tratar sobre tablas tenía que ver justamente con Santa Lucía. Era un proyecto de resolución presentado por la UCR el año pasado que fue dictaminado por el bloque Nuevos Aires. 

Era un planteo al Gobierno para que diseñe un plan de mejora de calles en esa localidad. Damián Mosquera fue el vocero. Martín Rivas lo cuestionó, aunque acompañó. Damián García, que podría haber aprovechado su condición de santalucense, no abrió la boca.

Tuvo tratamiento uno de los primeros proyectos que presentó Rey como concejal, aquel largo pedido de informe sobre Salud. En Labor Legislativa acordaron "enviarlo a archivo", aunque en realidad lo que hicieron fue rechazarlo, incluso con el votos del bloque San Pedro Puede. Obviamente, hubo debates, chicanas y pases de facturas.

El segundo pedido de informe de Nuevos Aires sobre el edificio en construcción de Salta al 400 generó un importante cruce, que empezó con Basso explicando los alcances del proyecto.

El interbloque de la gobernabilidad pidió abstenerse y se armó despiole porque le pifiaron en la manera reglamentaria de votar las abstenciones. Pasaron a un cuarto intermedio y lo resolvieron.

Basso dijo que abstenerse era un "acto de cobardía" y la respuesta no fue muy amable, claramente.

El pedido de informe de La Libertad Avanza sobre el incendio en un campo ubicado detrás de la Termoeléctrica fue rechazado. Por supuesto, no desaprovecharon el debate para tirarse algunas cositas.

El oficialismo acompañó el pedido de informe de San Pedro Puede sobre las previsiones por el pronóstico de creciente ante el fenómeno El Niño. 

Rivas lo chicaneó, votó en contra y de paso cuestionó al bloque que responde a Salazar por acompañar a Rey.

Finalmente, aprobaron la declaración de interés municipal del día en que se conmemora la concientización y aceptación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con presencia de la agrupación TGD Padres TEA, cuyos integrantes quisieron hablar en sesión pero les explicaron que no podían.

Así pasó la novena sesión del Concejo Deliberante, cuyos integrantes todavía no cobraron el aguinaldo porque el Municipio sólo pagó al personal de planta, gracias a un adelanto de coparticipación que habilitó el Gobierno provincial. Como dijo Milei: no hay plata.

Antes de que comience la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante hubo un altercado afuera de la Municipalidad entre el concejal Martín Rivas e integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, incluido su secretario general, Juan Cruz "Mono" Acosta.

Todo comenzó cuando los ediles se dirigían al recinto para sesionar y tuvieron que pasar por la zona donde estaba montada la protesta de los sindicatos que están de paro ante las demoras en el pago del medio aguinaldo por parte del Gobierno.

Sobre lo que provocó la situación hay versiones encontradas, pero lo cierto es que cuando Rivas pasó hubo un altercado que lo involucró a él, a Acosta y a otros sindicalistas municipales, entre ellos uno que le arrojó un golpe de puño que no llegó a dar en la cara del concejal.

Consultado por lo ocurrido, Acosta señaló que estaba "hablando con Cristian Leguizamón y Diego Lafalce, lo más bien, y pasó insultándome, me dijo puto, de todo, vos no servís para nada, no sé qué", y reconoció que hubo "una situación con otro compañero".

"No le queremos dar entidad a este falopero", disparó y agregó:  "Se ve que el tema de la droga lo tiene mal, pobrecito, y viene siempre exaltado. Uno lo entiende, hay que internarlo, ayudarlo a que se le pase es adicción que tiene".

Rivas dijo a La Opinión que había saludado a una trabajadora para expresarle su solidaridad y escuchó insultos y vio que se acercaban a él. "No hubo ninguna provocación", aseguró y agregó: "No sé si esperaban que yo reaccione o qué".

En el recinto, antes del tratamiento de los temas, el concejal de Consolidación Argentina pidió la palabra para solidarizarse con los trabajadores y cuestionar a los dirigentes sindicales.

Tras expresar su apoyo al reclamo y señalar que esperaba que, como se había publicado en la prensa, la resolución del pago del aguinaldo estuviera cerca, habló de los sindicalistas.

Se refirió a los "verdaderos trabajadores municipales" ya los "verdaderos y buenos representantes sindicales" y a dejar de lado las diferencias políticas. La alusión, dijo después a La Opinión, estaba relacionada con la militancia explícita de algunos dirigentes sindicales en las filas de Ariel Rey.

La Opinión le había consultado si quería hacer declaraciones tras comentarle lo que había dicho Acosta, pero prefirió responder con lo que había expuesto en sesión.

 Tras ver el video publicado por este medio, decidió remitir esta respuesta a las declaraciones del sindicalista. 

Idenitificó a quien quiso pegarle como “un tal Gallina, que trabaja para Ariel Rey” y aseguró: “Lo seguiremos en la Justicia”.

Un proyecto de ordenanza presentado por el oficialismo propone prohibir “el estacionamiento, la detención o la permanencia de cualquier tipo de vehículo sobre las veredas”, con el objetivo de garantizar la libre circulación de peatones y reforzar el respeto por el espacio público.

“La prohibición establecida será de aplicación aun cuando el vehículo se encuentre estacionado total o parcialmente sobre la vereda correspondiente al frente del domicilio de su propietario, ocupante o tenedor, incluyendo los sectores destinados al acceso de garajes o entradas vehiculares”, expresa unos de los artículos.

La iniciativa sostiene que las veredas están destinadas exclusivamente al tránsito peatonal y recuerda que la Ley Nacional de Tránsito ya contempla la prohibición de estacionar sobre las aceras, además de otorgar a los municipios la facultad de reglamentar y fiscalizar el tránsito dentro de sus jurisdicciones.

Entre los fundamentos, el proyecto pone especial énfasis en el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, los adultos mayores, quienes presentan movilidad reducida y las familias que circulan con cochecitos de bebés. 

También advierte que “es habitual observar automóviles y motocicletas estacionados parcial o totalmente sobre las veredas, incluso frente al domicilio de sus propietarios o sobre los accesos a garajes, una práctica que genera obstrucciones y deteriora el espacio público”.

La propuesta establece que la prohibición alcanzará a automóviles, camionetas, utilitarios, motocicletas, ciclomotores y cualquier otro vehículo, aun cuando se encuentren sobre la vereda correspondiente al frente de la vivienda de su propietario o sobre el acceso vehicular del inmueble.

Como excepción prevé que, en aquellas veredas con un ancho suficiente para garantizar un paso peatonal libre de al menos 1,50 metros, la autoridad de aplicación pueda autorizar el estacionamiento de motocicletas y bicicletas sobre el espacio restante.

Esa autorización “será otorgada mediante resolución fundada, a pedido del interesado, previo relevamiento técnico del ancho de vereda y demarcación señalizada del sector habilitado”.

La iniciativa también contempla una excepción para los comercios que deban realizar tareas de carga y descarga. En esos casos, el Departamento Ejecutivo podrá habilitar franjas horarias específicas para la detención momentánea de vehículos de reparto, siempre que se mantenga un corredor peatonal libre de 1,50 metros y no se trate de un estacionamiento prolongado.

Las multas a aplicar están previstas en el Código de Faltas y podrán complementarse con la remoción del vehículo cuando corresponda mediante la grúa. Además, el Ejecutivo deberá elaborar un plan de aplicación progresiva dentro de los 60 días de promulgada la ordenanza y desarrollar campañas de concientización para informar a la comunidad sobre la nueva normativa.

El incendio que el sábado 4 de julio se desató en un predio ubicado detrás de la Termoeléctrica, en el que ardieron pastizales, una cortina de árboles y desechos como plásticos, cubiertas, etc., provocó un pedido de informe en el Concejo Deliberante.

El bloque Alianza La Libertad Avanza, que integran Joaquín González y Melina Panatteri, elevó el proyecto para consultar sobre las actuaciones del Municipio en relación a los efectos sobre el ambiente y la salud del siniestro.

Consideran que debería haber "medidas de prevención, control, fiscalización y coordinación que resulten pertinentes para la protección del ambiente y la salud pública".

El pedido de informe solicita conocer si hubo evaluaciones sobre los eventuales efectos del incendio; si hubo mediciones de calidad del aire; y si hubo inspecciones municipales tras el siniestro.

De la misma manera, pidieron saber si el Gobierno local dio intervención a la autoridad ambiental provincial y si hubo recomendaciones preventivas dirigidas a la población.

Además, solicitaron informe respecto del monitoreo o evaluaciones ambientales y si Provincia o Nación, la empresa involucrada o alguien más hizo algún tipo de evaluación posterior.

El Concejo Deliberante recibió este lunes en comisión a funcionarios del Gobierno que fueron a dar explicaciones sobre la obra del tapial del Estadio, que fue construido con "aportes de comercios y empresas", según había difundido la Municipalidad.

La Opinión había advertido que esas donaciones no pasaron por el Concejo Deliberante, tal como prevé la Ley Orgánica, por lo que había un flagrante incumplimiento que derivó en un pedido de informe elevado por el bloque Alianza La Libertad Avanza.

Como el oficialismo tiene la mala costumbre de enviar los expedientes a comisión para obturar una respuesta por escrito del Ejecutivo, este lunes, a dos meses y medio, recién fueron a dar explicaciones.

El director de Deportes, Pablo Guereta, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, se presentaron para detallar cómo fue que recibieron aportes de privados para esa obra y por qué la ejecutaron antes de que la donación sea aprobada por el Concejo, como manda la ley.

En el acta quedó asentado que para construir el tapial que da a calle Casella recibieron  9.900.000 pesos aportados por 22 particulares que donaron 450 mil pesos cada uno en materiales que pagaron en cinco corralones de la ciudad.

Cuando les consultaron por qué habían ejecutado la obra sin que antes esas donaciones fueran aprobadas por el Concejo, la respuesta fue que "no sabían" que tenían que activar ese mecanismo legal y que se enteraron por La Opinión.

En la reunión, los funcionarios del Gobierno se comprometieron a elevar el expediente con el proyecto de ordenanza con los 22 convenios, que incluirán nombre de los particulares que hicieron el aporte, monto y modalidad.

Si el Concejo finalmente acepta las donaciones —la ley dice que tiene la potestad de rechazarlas, si así lo considera— ello será alrededor de tres meses después de que la obra se haya ejecutado, lo que sigue siendo una irregularidad manifiesta.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

Los concejales que conforman el bloque Acuerdo Vecinal en el Concejo Deliberante de San Pedro informaron oficialmente al presidente del cuerpo que desde ahora cambian de denominación a "Consolidación Argentina".

Los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete se habían unido desde sus respectivos espacios políticos para conformar en la nueva composición del cuerpo un bloque unificado bajo el nombre Acuerdo Vecinal.

Tras comenzar a participar de reuniones como parte del armado que impulsa la candidatura presidencial del influencer evangélico radicado en Estados Unidos Dante Gebel, decidieron cambiar la denominación.

La semana pasada hubo una reunión en San Pedro con referentes del armado nacional y provincial de Consolidación Argentina, que tiene al concejal Rivas como parte de la estructura de organización en la segunda sección.

Desde que Consolidación Argentina salió al ruedo para impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027 han destacado la heterogeneidad de perfiles que forman parte de su armado.

En todo el país, ello incluye referentes sindicales, académicos, deportivos, sociales y empresariales, en busca de una alternativa que sintetice los espacios que deja vacía la grieta entre el oficialismo de Milei y la oposición del kirchnerismo.

Martín Rivas fue candidato en 2021 por Avanza Libertad, de José Luis Espert, y respaldó en ese momento la aparición de Javier Milei como referente libertario, aunque luego comenzó a ser muy crítico, una vez que el presidente comenzó su gestión.

En 2023 fue primer candidato a concejal de la lista de Ariel Rey, aunque se distanciaron en plena campaña. Fue electo en la conjunción de las tres listas de las Paso de  Juntos por el Cambio, junto a Paola Basso y Diego Lafalce.

Cuando asumió, y aunque el reglamento dice lo contrario, le permitieron conformar un monobloque que denominó Juntos por el Cambio, ya que Basso siguió en el de la UCR y Lafalce presidió otro unibloque denominado Juntos por el Cambio-Pro.

Mauro de Rosa había conformado el bloque Avanza con Fe, junto a Viviana Riquelme, quien después se fue con Lafalce para armar un espacio denominado Pro-Libertad.

Riquelme pidió licencia y en su lugar asumió Fernando Negrete, que se sumó al bloque de Mauro de Rosa.  Ambos eran hombres de Ramón Salazar, quien desde La Libertad Avanza enfrentó a su padre cuando Cecilio Salazar decidió regresar al Gobierno y desplazar a su hijo como intendente interino.

Tras las elecciones 2025, en cuya campaña se distanciaron del armado local de Javier Milei, que conducen Luis Silva y la diputada Analía Corvino, cambiaron el nombre a Vecinos de San Pedro.

En diciembre de 2025, finalmente, De Rosa y Negrete se sumaron a Rivas para conformar una bancada que denominaron Acuerdo Vecinal —Rivas había sido candidato vecinalista por Acuerdo Ciudadano en busca de revalidar la banca y obtuvo el 3,75 % con 1286 votos— y que ahora, tras sumarse al armado de Gebel, se denomina Consolidación Argentina.

Llegó el invierno, empezó el Mundial y hubo sesión en el Concejo Deliberante. La octava. El orden del día tenía apenas dos expedientes para tratar sobre tablas.

Como había visita, porque estaban los estudiantes de la secundaria 1 de Santa Lucía, los concejales aprovecharon para demostrar que aunque no haya temas relevantes, ellos igual pueden discutir y chicanearse.

Lo primero que trataron fue la eximición que solicitó la cooperadora del Hospital sobre el pago de un porcentaje del bono contribución que lanzarán a la venta.

Luego el presidente del cuerpo explicó cómo van a proceder con un pedido de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio relacionado con ordenanzas de 1926.

Pasaron tres expedientes a comisión y discutieron bastante por una propuesta del bloque Acuerdo Vecinal que fue enviada a archivo. Martín Rivas expuso sobre el proyecto y cuestionó la decisión.

La concejala Paola Basso explicó por qué ese expediente pasaba a archivo y qué sucede con el proyecto original, que fue aprobado.

Rivas también cuestionó que le pasaran a comisión otro expediente, Baraybar lo interrumpió para decirle que no metiera otros temas y ahí se armó.

El presidente  amenazó con coartarle el micrófono y Rivas lo comparó con el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Diego Lafalce también le respondió a Paola Basso y se dirigió a los estudiantes presentes.

Por último, Rivas también les habló a los chicos de la secundaria de Santa Lucía que viajaron para presenciar cómo se desloman nuestros concejales

Finalmente, votaron el expediente, que fue remitido a archivo, como habían acordado.

Como dijo Rivas en un tramo de su alocución, fue un “lamentable espectáculo legislativo”.

En la última sesión del Concejo Deliberante no participaron cuatro ediles, quienes faltaron sin aviso previo ni justificación alguna, por lo que el cuerpo deberá proceder a descontarle la mitad de la dieta.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete (Acuerdo Vecinal) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza) decidieron no presentarse, por lo que el HCD trató los temas del orden del día con 14 de los 18 ediles que conforman el cuerpo.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento, tras lo que dio inicio a la sesión. Antes, le habían consultado al prosecretario legislativo Santiago Murray, que responde políticamente al bloque ausente, pero dijo que no se podía comunicar.

Tras la sesión, hubo conversaciones informales respecto de lo que prevé el reglamento interno del HCD en San Pedro ante las ausencias injustificadas de sus integrantes.

La normativa establece que los ediles están "están obligados a asistir a todas las sesiones" y que en caso de no poder concurrir deben comunicarlo para que convoquen al suplente que corresponda.

Pueden suceder imprevistos y ha pasado que el presidente anuncia que sesionarán sin tal o cual porque avisó momentos antes, lo que de alguna manera se puede entender como "ausencia justificada", aunque el reglamento prevé que eso sea "en forma fehaciente".

Las ausencias quedan asentadas en el acta y está previsto que "todo concejal que faltare a las sesiones" será pasible de una "multa del 50 % de su dieta por falta injustificada por cada sesión".

Para ello, el presidente debe disponer un procedimiento que requiere "votación de la mayoría calificada" del cuerpo. Ello implica que, para imponer la sanción disciplinaria prevista para ausencias como las de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, es Baraybar quien tiene la responsabilidad de impulsarlo.

Por lo general, no ocurre. Ni siquiera sucedió cuando el bloque completo del oficialismo decidió no concurrir a sesión ante un paro nacional contra Milei, "en respaldo a los trabajadores", una decisión política que dejó sin quorum al Concejo e impidió sesionar.

Dar o no quorum, concurrir o no a sesión puede ser una decisión política y es válida. En San Pedro, al menos, también implica un descuento de la mitad de la dieta. 

Siempre y cuando los concejales cumplan con las normas que ellos mismos son encargados de crear y que rigen la vida de todos.

Segundo jueves de junio y hubo sesión en el Concejo Deliberante: la séptima. Sesionaron 14 de los 18 concejales. 

Pegaron el faltazo Martín Rivas, Mauro de Rosa, Diego Lafalce y Fernando Negrete. Los esperaron 15 minutos, como no llegaban ni avisaron nada, arrancaron. El presidente va a tener que descontarles. Igual nunca le descuentan a nadie.

En el recinto había alumnos de la secundaria 18 de Pueblo Doyle y estaban los familiares de Ferruccio Níbale, autor de un libro sobre vivencias personales relacionadas con la guerra, quienes recibieron un reconocimiento para él.

El tema más relevante de la sesión era sin dudas el expediente relacionado con los excesos presupuestarios de 2025, a pocos días de que el oficialismo y los "garantes de la gobernabilidad" aprobaran la Rendición de Cuentas. Como los aliados no estaban, la votación fue siete a siete y tuvo que desempatar Baraybar.

Luego aprobaron una iniciativa de La Libertad Avanza para que el Municipio se ajuste entre empleados, funcionarios y concejales a lo que indica la ley que creó el registro de deudores alimentarios. 

Un pedido de informe de los concejales de Milei también fue aprobado en esta sesión. El proyecto está relacionado con las deudas que obras sociales, entre ellas IOMA, mantiene con el Municipio. 

Habló la concejala Melina Panatteri, bastante más medida en el recinto que en redes sociales, donde habían sido un poco más picantes con Kicillof.

Los de Milei sufrieron derrota con desempate de Baraybar en el proyecto que presentaron para que el gobierno publique los boletines oficiales.

La propuesta de Ariel Rey de ponerle el nombre de Aurora López al centro de salud Las Canaletas fue aprobada por los 14 ediles presentes.

Rey presentó un pedido de informe que contiene consultas sobre el parque automotor que figuran en otros proyectos en tratamiento, así que se lo mandaron a comisión.

Todos el cuerpo aprobó además el beneplácito por la declaración de interés legislativo de la asociación de veteranos de Malvinas.

También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de Bomberos, que necesitaban declarar de interés histórico una autobomba de la que no tiene documentación para poder trasladarla para reparaciones.

De la misma manera aprobaron por unanimidad la declaración de interés municipal de la bienal de arte la escuela especial 501, que en esta oportunidad tendrá como ejes memoria, inclusión y convivencia.

Cuando terminó la sesión, un vecino que presentó iniciativas ciudadanas se quejó porque sus notas van a archivo y hubo un intercambio con los concejales, que intentaron explicarle cómo funciona la cosa.

Tras aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Gobierno del intendente Cecilio Salazar, el Concejo Deliberante trató este jueves, durante la sesión ordinaria, los excesos presupuestarios correspondientes a ese período.

La sesión tuvo la particularidad de que cuatro concejales pegaron el faltazo: los "garantes de la gobernabilidad", que le habían dado su voto al intendente para aprobar las cuentas, esta vez no fueron al recinto.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce no estuvieron presentes en el Salón Dorado. 

Consultado por La Opinión, Rivas dijo que estuvieron en el "Ceamse, por tema basural" y que luego se reunieron en Baradero con el concejal Juan Ramos y su agrupación 400 años.

Informó que el encuentro se dio en el marco de un armado vecinal en el que el bloque sampedrino trabaja desde el respaldo a la eventual  eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento y comenzó la sesión con 14 ediles. Como también dice el reglamento, deberá iniciar el procedimiento para descontarles la dieta, puesto que no hubo, como en otras oportunidades, información relacionada con dificultades para llegar a la sesión.

El expediente contenía excesos presupuestarios, convenios, contratos, modificaciones presupuestarias y de planta de personal. En la comisión habían estado el secretario de Economía, Roberto Borgo, y la contadora municipal, Mariana Giosa.

A Soledad Llull le tocó defender el proyecto en sesión, aunque no informó ningún argumento respecto de por qué el Gobierno se excedió en las partidas asignadas el año pasado, algo que tampoco explicó demasiado el Ejecutivo cuando elevó el expediente.

Tras el debate, la votación resultó 7 a 7, por lo que tuvo que desempatar el presidente para aprobar los excesos presupuestarios de Salazar durante el año pasado.

Desde la oposición, Ariel Rey preguntó si acaso, teniendo en cuenta la normativa utilizada para justificar esos gastos de más, había ocurrido una "epidemia o inundación", porque es en esos casos en los que la ley autoriza los excesos.

Por su parte, Paola Basso señaló que además la normativa indica que el Ejecutivo debería haber presentado un plan de saneamiento financiero, cosa que no hizo.

"¿Cuáles fueron los hechos tan imprevistos que han ocurrido para que tengamos que estar hablando de un exceso presupuestario?", se preguntó Basso.

"Se nos agrava la situación, lo vemos en los números: estamos peor que antes", disparó y recordó los planteos que hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas respecto del “festival de bonificaciones y recategorizaciones” en un Municipio que insume el 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad en sueldos.