El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión que desde la próxima, el 27 de agosto, y hasta la anteúltima ordinaria del año, el 12 de noviembre, sesionará en las localidades.

El cronograma incluye a La Tosquera, que será la primera, a Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado.

Es decir que los ediles irán a los pueblos del distrito que tienen delegación o subdelegación municipal activa.

En el expediente destacaron que el Concejo "es el primer eslabóndemocrático constituido en representación de los vecinos del partido".

En el recinto, el vocero del proyecto fue el concejal Cristian Leguizamón, quien señaló que la decisión de llevar las sesiones a las localidades tiene que ver con que "se sientan parte".

La primera de las sesiones será en Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, que fue declarada delegación municipal en el año electoral 2023, aunque carece de muchas de las cosas que caracterizan a esa figura institucional.

El delegado es Carlos García, que tiene su sede administrativa en el Centro Municipal Marcelina Suárez, donde todo indica que tendrá lugar la sesión, aunque todavía no fue informado.

En el recinto, Baraybar, impulsor de la iniciativa, anunció que más cerca de la fecha pondrá en conocimiento de los ediles y de la comunidad el sitio donde se desarrollará cada sesión.

Todas serán a las 15.00, en lugar de a las 11.00 como en San Pedro, y el cronograma es el siguiente: 27 de agosto, Los Cazadores; 10 de septiembre, Gobernador Castro.

El 24 de septiembre irán a Río Tala; 8 de octubre, Santa Lucía; 22 de octubre, Pueblo Doyle; 12 de noviembre, Vuelta de Obligado.

Segundo jueves de agosto y hubo sesión en el concejo.  La número 10 del año. Tuvo la particularidad de contar con custodia policial, luego del altercado entre Martín Rivas y los sindicalistas Juan Cruz “Mono” Acosta y Sergio "Gallina" Leiva que derivó en una denuncia contra los gremialistas municipales por intento de agresión y que incluye una prohibición de acercamiento al concejal.

Un policía estuvo apostado en la puerta del Salón Dorado desde que comenzó la sesión hasta que terminó. Una horita, más o menos.

El Concejo sesionó con 16 ediles. Valentín Bravo pidió licencia y lo reemplazó Walter Sánchez, que tuvo que dejar de ser secretario de Desarrollo Humano por un día.

En esta sesión ingresó formalmente el polémico convenio para pagar la deuda de más de 3600 millones de pesos con Ashira, que será tratado en comisión. 

Además, le dieron ingreso al pedido ciudadano, con cientos de firmas, para que no se entreguen inmuebles municipales como parte de pago. El militante peronista Valentín Mastrángelo había pedido Banca Abierta, pero no se la dieron para esta oportunidad.

Los concejales aprobaron la ordenanza que convalida la donación de un electrocardiógrafo que hizo la empresa Celulosa San Pedro. 

Fue llamativo, por dos cosas: por un lado, porque las donaciones en salud suelen pasar por la cooperadora, lo que permite no tener que mandarlas al Concejo.

Por el otro, porque el proyecto lo mandó el mismo Gobierno que nunca mandó lo del Estadio, ¿se acuerdan del tapial con aportes de empresas y comercios? Encima fue justo el día que estaba de concejal Walter Sánchez, de cuya Secretaría depende la Dirección de Deportes.

El Concejo aprobó además una ordenanza que reacomoda la normativa que regula el funcionamiento del Cementerio. 

Este expediente tuvo la particularidad de que lo mandó el propio secretario de servicios públicos Adrián Devito. No el intendente. Devito en persona. En la sesión lo destacaron por ello. Puertas adentro, no tanto.

Quedó aprobada también la agenda de sesiones en las localidades. Por lo que desde la próxima sesión y hasta mediados de noviembres, las sesiones del Concejo y Debates Ordinarios se trasladarán a delegaciones y subdelegaciones, con este cronograma.

El bloque Nuevos Aires presentó un pedido de informe sobre los análisis de triquinosis, que en San Pedro no se hacen desde 2024. 

Soledad Llull dijo que el Municipio no tiene ninguna obligación.  Que si lo hizo toda la vida hasta hace dos años fue porque quería nomás. 

Igual, este es el tercer año que no los hacen y no porque no quieren, sino porque no tienen personal ni recursos. Para otros nombramientos y otras cositas, bueno: ustedes ya leyeron La Opinión.

Finalmente, Ariel Rey propuso declarar de interés municipal el Congreso internacional de Adicciones y salud mental que se desarrollará en San Pedro a principios de octubre.

El oficialismo y los otros adversarios de Rey en el Concejo acompañaron, pero no perdieron la oportunidad de ligarlo con Milei y el desfinanciamiento de las políticas de salud en el país. Así que, una vez más, el concejal aspirante a la intendencia de San Pedro Puede la ligó en sesión.

Y eso fue todo. La próxima, a la localidad de Los Cazadores, que no tendrá agua suficiente ni pavimento ni ambulancia ni transporte público ni conexión segura de electricidad ni ventanilla para trámites pero tiene delegado y ahora va a tener una sesión del concejo y su capítulo de Debates Ordinarios.

El Concejo Deliberante sesionó este jueves, después de mucho tiempo, con custodia policial en la puerta, dispuesta por orden del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

La medida de seguridad fue tomada a solicitud del concejal de Consolidación Argentina, Martín Rivas, quien había pedido acciones para prevenir hechos como los que le tocó protagonizar en la sesión pasada.

Rivas fue víctima de un intento de agresión por parte del sindicalista municipal Sergio "Gallina" Leiva, tras un intercambio verbal con el secretario general del STM, Juan Cruz "Mono" Acosta.

El edil había pedido "reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales que permitan el libre ejercicio de la función pública, resguardando la integridad de concejales, trabajadores, vecinos y de toda persona que participe de la actividad legislativa".

Por el caso, Rivas radicó una denuncia penal y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para Leiva y Acosta en relación al concejal, que tiene vigencia por 30 días.

Este jueves, un efectivo de la Policía Bonaerense fue trasladado en un patrullero a la hora de la sesión para ubicarse en la entrada principal del Salón Dorado, dentro del Palacio municipal, y permaneció allí hasta que terminaron de tratarse los temas del orden del día.

Contratado bajo la modalidad PolAD (el sistema que la Policía Bonaerense tiene para la custodia de empresas u organismos públicos, con agentes de franco), el afectivo se retiró cuando lo pasó a buscar el mismo patrullero.

El presidente del Concejo, Martín Baraybar, informó a La Opinión que además evalúan la disposición de cámaras de videovigilancia en la zona del edificio municipal donde funciona el Concejo.

Las cámaras que hay en el ala del HCD, instaladas durante la gestión de Daniel Monfasani al frente del cuerpo, no funcionan desde hace tiempo, por lo que buscarán reemplazarlas por un sistema más moderno.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para los sindicalistas Juan Cruz "Mono" Acosta y Sergio "Gallina" Leiva, denunciados por el concejal Martín Rivas tras el altercado que protagonizaron afuera de la Municipalidad cuando los trabajadores protestaban por el pago del aguinaldo y el edil ingresaba a sesión.

Rivas denunció haber sido "víctima de insultos, amenazas de muerte como de intentos de agresión física" y solicitó la perimetral como medida cautelar, que implica además la prohibición de contacto no personal, es decir telefónico, por redes sociales, etc.

Acosta y Leiva pueden concurrir a sus lugares de trabajo en la Municipalidad, pero deben cumplir la prohibición de acercarse a Rivas por 30 días, hasta el 8 de septiembre, según señala la resolución.

No pueden acercarse al domicilio, los lugares de trabajo donde cumpla sus funciones de concejal y los sitios de esparcimiento o concurrencia habitual de Rivas.

En un comunicado difundido para informar la novedad, Rivas repasó los hechos "de un conflicto" que "no surgió de un episodio aislado" y lo vinculó con sus diferencias con Ariel Rey, que empezaron cuando ambos fueron compañeros de lista en la elección de 2023, en la que el edil accedió a su banca como primero en la boleta del candidato a intendente y ahora también concejal.

En su comunicado, Rivas compartió fotos de Leiva como parte del espacio político de Ariel Rey y el saludo del edil con Acosta antes del altercado.

Para el concejal de Consolidación Argentina, esas fotos "no constituyen una prueba sobre responsabilidades", pero "forman parte del contexto político en el que ocurrieron los acontecimientos".

El intento de agresión del que fue víctima el concejal Martín Rivas antes de la sesión del jueves pasado, cuando afuera de la Municipalidad había una protesta de los sindicatos municipales, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Palacio.

Rivas difundió este miércoles por la tarde un video en el que informa que radicó la denuncia penal por el caso y en el que mostró imágenes del momento en el que ingresa al edificio y se produce el altercado.

El video completo de las cámaras de seguridad contiene además grabación de audio en la que se escucha el momento previo al intento de agresión que ejecutó un dirigente sindical conocido como “Gallina” Leiva, que le arrojó un golpe  a mano abierta que no  llegó a impactar en el edil.

Allí se ve cuando Rivas llega y saluda a alguien, muy cerca de Juan Cruz “Mono” Acosta y otros sindicalistas. Luego se lo ve ingresar mirando hacia atrás, en dirección al secretario general del STM.

El video muestra cómo Acosta le grita “la concha de tu madre” a Rivas e intenta abalanzarse sobre él, mientras otras personas lo retienen. Es allí cuando “Gallina” Leiva se acerca e intenta golpearlo.

Además, se ve el momento en que Leiva le arroja un golpe, mientras detrás Acosta le grita a su compañero sindicalista "pará, pará, pará".

"Vos qué te pensás que sos, puto", le grita luego Leiva a Rivas, que ya está fuera de cuadro en el video porque ingresaba al Salón Dorado para la sesión. Alguien que no se ve, porque los protagonistas ya no están frente a cámara, dice "te voy a cagar a trompadas".

Rivas radicó la denuncia y en sus redes sociales asoció el episodio con la militancia que "Gallina" Leiva tiene en San Pedro Puede, el espacio que conduce el concejal Ariel Rey.

El día del altercado, Acosta había dicho a La Opinión que Rivas lo había insultado a él y que esa "provocación" derivó en el conflicto.

A casi un mes desde la firma del convenio de pago en 90 cuotas de la deuda de más de 3600 millones de pesos que la Municipalidad mantienen con Ashira, el Concejo Deliberante recibió el expediente para comenzar su tratamiento.

Así, los concejales pueden empezar a analizar el acuerdo, que tendrá ingreso formal recién en la sesión del 13 de agosto para ser remitido a las comisiones correspondientes donde se lo tratará para dictaminar y luego, quizás en la sesión siguiente, votarlo.

Ello dependerá de la capacidad política del Gobierno y del oficialismo en el HCD para obtener los votos suficientes para aprobarlo, que son 12, puesto que se necesita mayoría calificada para aprobarlo.

El convenio implica una quita de alrededor de 232 millones de pesos por parte de Ashira, que corresponden a los intereses moratorios devengados por el atraso en los pagos mensuales en los que incurrió la Municipalidad.

Como detalló La Opinión cuando adelantó los términos del acuerdo, las 90 cuotas implican que el compromiso de pago de la deuda abarcará tres gestiones municipales, la presente y dos más, puesto que finalizará en diciembre de 2033.

Las cuotas mensuales del convenio son de casi 93 millones de pesos. Ello implica que cuando termine el plazo previsto de siete años y medio para el pago, el Municipio habrá abonado un total de 8351 millones, más del doble del capital adeudado.

El interés acordado se devengará con arreglo a la tasa Tamar publicada por el Banco Central más 3 % e IVA. Cada mes, la cuota se recalculará de acuerdo a la tasa vigente.

El convenio contiene la posibilidad de cancelar la deuda total o parcialmente con uno o más inmuebles municipales, una decisión que generó polémica y provocó que vecinos levanten firmas para oponerse.

Ese punto implica que el Gobierno pueda entregar bienes de dominio privado del Estado municipal como parte de pago, aunque llegado el caso deberá contar con la aprobación específica del Concejo, más allá de la autorización que puede establecer la aprobación del acuerdo.

El oficialismo tiene siete votos propios y necesita el acompañamiento de al menos cinco concejales más para aprobar el convenio. Por lo pronto, el resultado es de final abierto.

El Gobierno podría contar con los votos de los cuatro ediles del denominado "interbloque de la gobernabilidad" (Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce), pero aun así le faltaría un voto.

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, tuvo a su cargo el diálogo inicial con el resto de los bloques, lo que demoró casi un mes el envío del expediente al Concejo. Sin embargo, el proyecto ingresó sin los votos garantizados.

Les tocará ahora al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, y la presidenta del bloque oficialista, Soledad Llull, apuntalar la tarea de Cuscuela como responsable de la gestión política para alcanzar los votos necesarios para aprobar el expediente.

La deuda con Ashira existe y hasta tiene períodos judicializados. Además de pagar los 93 millones de la cuota del convenio, si lo aprueban, el Municipio deben abonar todos los meses alrededor de 362 millones más los ajustes que establece el contrato. 

Son más de 450 millones de pesos con los que tiene que contar cada mes, en un contexto económico y financiero cuesta arriba, con adelanto de coparticipación para pagar aguinaldo a personal de planta —médicos, funcionarios y concejales no cobraron— y descubierto bancario para cumplir con los sueldos.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que la cobrabilidad de la tasa por servicio de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es del 53 por ciento, que alcanza para el 25 % del total del costo, y que aun si el total de los contribuyentes estuvieran al día tampoco alcanzaría.

Cuarto jueves de julio y hubo sesión en el Concejo Deliberante. Fue la única del mes, porque el primer jueves cayó 9 de julio y bueno, fue feriado.

Así que el orden del día estuvo bastante cargado, para lo que nos tienen acostumbrados. Además, los concejales aprovecharon para trabajar en las comisiones y dictaminar expedientes.

Por supuesto, como hacía rato que no se veían cara a cara todos juntos no perdieron la oportunidad de tirarse algunos palitos, así que la sesión fue entretenida.

La sesión se desarrolló mientras los sindicatos municipales protestaban afuera porque los trabajadores no habían cobrado el aguinaldo.

En ese marco, cuando entraban los concejales hubo un altercado entre Martín Rivas y Juan Cruz "Mono" Acosta. Cada uno dio su versión de lo ocurrido.

Eso sí, después entendimos por qué Rivas se refirió al tema de la manera en que lo hizo dentro del recinto

La sesión comenzó con la licencia de Melina Panatteri y la asunción del santalucense Damián García, su suplente, que se sumó al bloque de Ariel Rey.

El primer tema a tratar sobre tablas tenía que ver justamente con Santa Lucía. Era un proyecto de resolución presentado por la UCR el año pasado que fue dictaminado por el bloque Nuevos Aires. 

Era un planteo al Gobierno para que diseñe un plan de mejora de calles en esa localidad. Damián Mosquera fue el vocero. Martín Rivas lo cuestionó, aunque acompañó. Damián García, que podría haber aprovechado su condición de santalucense, no abrió la boca.

Tuvo tratamiento uno de los primeros proyectos que presentó Rey como concejal, aquel largo pedido de informe sobre Salud. En Labor Legislativa acordaron "enviarlo a archivo", aunque en realidad lo que hicieron fue rechazarlo, incluso con el votos del bloque San Pedro Puede. Obviamente, hubo debates, chicanas y pases de facturas.

El segundo pedido de informe de Nuevos Aires sobre el edificio en construcción de Salta al 400 generó un importante cruce, que empezó con Basso explicando los alcances del proyecto.

El interbloque de la gobernabilidad pidió abstenerse y se armó despiole porque le pifiaron en la manera reglamentaria de votar las abstenciones. Pasaron a un cuarto intermedio y lo resolvieron.

Basso dijo que abstenerse era un "acto de cobardía" y la respuesta no fue muy amable, claramente.

El pedido de informe de La Libertad Avanza sobre el incendio en un campo ubicado detrás de la Termoeléctrica fue rechazado. Por supuesto, no desaprovecharon el debate para tirarse algunas cositas.

El oficialismo acompañó el pedido de informe de San Pedro Puede sobre las previsiones por el pronóstico de creciente ante el fenómeno El Niño. 

Rivas lo chicaneó, votó en contra y de paso cuestionó al bloque que responde a Salazar por acompañar a Rey.

Finalmente, aprobaron la declaración de interés municipal del día en que se conmemora la concientización y aceptación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con presencia de la agrupación TGD Padres TEA, cuyos integrantes quisieron hablar en sesión pero les explicaron que no podían.

Así pasó la novena sesión del Concejo Deliberante, cuyos integrantes todavía no cobraron el aguinaldo porque el Municipio sólo pagó al personal de planta, gracias a un adelanto de coparticipación que habilitó el Gobierno provincial. Como dijo Milei: no hay plata.

La consolidación del fenómeno climático El Niño, que se espera para el segundo semestre, podría tener características relevantes y la Provincia ya puso en marcha el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias para abordar la problemática.

En ese marco, este jueves había una reunión regional en Baradero para evaluar las perspectivas hidrológicas de corto, mediano y largo plazo, ante el riesgo de inundaciones.

El bloque opositor San Pedro Puede, que integran Ariel Rey y Mariana Reynoso, elevaron un pedido de informe en el Concejo para saber si el Gobierno local está preparado para afrontar eventuales consecuencias del fenómeno.

Solicitan saber si hay un plan de prevención específico y si existe un protocolo de actuación ante inundaciones, con rutas de evacuación, centros de evacuados, refugios temporales, etc.

Además, quieren conocer si hay un censo de población vulnerable en zonas inundables actualizado, tarea que lleva adelante Defensa Civil con visitas periódicas a la zona de islas, pero que también debe incluir a vecinos de barrios como El Amanecer, Las Canaletas, América, Bajo Puerto y Bajo Cementerio.

La consulta también está relacionada con la articulación con Defensa Civil provincial y la  Agencia Federal de Emergencias (AFE), que tiene en marcha un plan de coordinación federal ante El Niño.

Además, solicitan saber si el Municipio hizo o tiene previsto hacer limpieza de desagües, sumideros y canales urbanos, así como inspeccionar puentes, alcantarillas y sistemas de defens y bombeo.

De la misma manera, solicitaron conocer si existen convenios logísticos vigentes o en gestión que incluyan maquinaria, combustible y asistencia humanitaria para responder ante una emergencia, y si hay plan de simulacros en marcha.

"Distintos municipios linderos ya se encuentran desarrollando tareas de prevención y articulación con Defensa Civil ante el escenario", señalaron desde el bloque que preside Ariel Rey.

El incendio que el sábado 4 de julio se desató en un predio ubicado detrás de la Termoeléctrica, en el que ardieron pastizales, una cortina de árboles y desechos como plásticos, cubiertas, etc., provocó un pedido de informe en el Concejo Deliberante.

El bloque Alianza La Libertad Avanza, que integran Joaquín González y Melina Panatteri, elevó el proyecto para consultar sobre las actuaciones del Municipio en relación a los efectos sobre el ambiente y la salud del siniestro.

Consideran que debería haber "medidas de prevención, control, fiscalización y coordinación que resulten pertinentes para la protección del ambiente y la salud pública".

El pedido de informe solicita conocer si hubo evaluaciones sobre los eventuales efectos del incendio; si hubo mediciones de calidad del aire; y si hubo inspecciones municipales tras el siniestro.

De la misma manera, pidieron saber si el Gobierno local dio intervención a la autoridad ambiental provincial y si hubo recomendaciones preventivas dirigidas a la población.

Además, solicitaron informe respecto del monitoreo o evaluaciones ambientales y si Provincia o Nación, la empresa involucrada o alguien más hizo algún tipo de evaluación posterior.

Un grupo de vecinos, contribuyentes y ciudadanos de San Pedro elaboraron una nota dirigida al intendente Cecilio Salazar y al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a una eventual cesión de inmuebles municipales como parte de un acuerdo para cancelar la deuda que el Municipio mantiene con Ashira S.A.

La presentación surge en el marco del convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y la empresa recolectora de residuos, mediante el cual se busca refinanciar una deuda superior a los 3.600 millones de pesos en un plan de pago de 90 cuotas.

Para entrar en vigencia, el acuerdo requiere la aprobación del Concejo Deliberante por mayoría especial de dos tercios, es decir, el voto favorable de 12 concejales.

En la nota, los firmantes sostienen que los bienes del patrimonio municipal "constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina", y advierten que utilizar tierras o inmuebles públicos para cancelar deudas corrientes "representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".

Además, consideran que la situación financiera de la comuna "no debe resolverse descapitalizando a San Pedro" y proponen que el Ejecutivo y el cuerpo legislativo busquen alternativas de financiamiento, planes de pago o mecanismos de reestructuración que eviten desprenderse de recursos inmobiliarios públicos.

Por ese motivo, solicitaron formalmente al intendente Cecilio Salazar que desista de cualquier iniciativa que implique la transferencia de bienes municipales y reclamaron al Concejo Deliberante que rechace un eventual proyecto de ordenanza destinado a convalidar esa posibilidad.

El planteo vecinal se conoce mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar el convenio con Ashira, firmado tras el conflicto que semanas atrás afectó la recolección de residuos debido a la demora en los pagos del Municipio a la empresa. Según informó el propio Gobierno, el acuerdo apunta a otorgar previsibilidad financiera para garantizar la continuidad del servicio, aunque comprometerá recursos municipales durante siete años y medio, alcanzando a tres gestiones de gobierno.

La propuesta del convenio incorpora un nuevo elemento al debate político que deberá darse en el Concejo Deliberante, donde no solo se analizarán las condiciones de refinanciación de la deuda, sino también las distintas alternativas para garantizar su cumplimiento sin afectar el patrimonio público municipal.

El Concejo Deliberante recibió este lunes en comisión a funcionarios del Gobierno que fueron a dar explicaciones sobre la obra del tapial del Estadio, que fue construido con "aportes de comercios y empresas", según había difundido la Municipalidad.

La Opinión había advertido que esas donaciones no pasaron por el Concejo Deliberante, tal como prevé la Ley Orgánica, por lo que había un flagrante incumplimiento que derivó en un pedido de informe elevado por el bloque Alianza La Libertad Avanza.

Como el oficialismo tiene la mala costumbre de enviar los expedientes a comisión para obturar una respuesta por escrito del Ejecutivo, este lunes, a dos meses y medio, recién fueron a dar explicaciones.

El director de Deportes, Pablo Guereta, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, se presentaron para detallar cómo fue que recibieron aportes de privados para esa obra y por qué la ejecutaron antes de que la donación sea aprobada por el Concejo, como manda la ley.

En el acta quedó asentado que para construir el tapial que da a calle Casella recibieron  9.900.000 pesos aportados por 22 particulares que donaron 450 mil pesos cada uno en materiales que pagaron en cinco corralones de la ciudad.

Cuando les consultaron por qué habían ejecutado la obra sin que antes esas donaciones fueran aprobadas por el Concejo, la respuesta fue que "no sabían" que tenían que activar ese mecanismo legal y que se enteraron por La Opinión.

En la reunión, los funcionarios del Gobierno se comprometieron a elevar el expediente con el proyecto de ordenanza con los 22 convenios, que incluirán nombre de los particulares que hicieron el aporte, monto y modalidad.

Si el Concejo finalmente acepta las donaciones —la ley dice que tiene la potestad de rechazarlas, si así lo considera— ello será alrededor de tres meses después de que la obra se haya ejecutado, lo que sigue siendo una irregularidad manifiesta.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

Los concejales que conforman el bloque Acuerdo Vecinal en el Concejo Deliberante de San Pedro informaron oficialmente al presidente del cuerpo que desde ahora cambian de denominación a "Consolidación Argentina".

Los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete se habían unido desde sus respectivos espacios políticos para conformar en la nueva composición del cuerpo un bloque unificado bajo el nombre Acuerdo Vecinal.

Tras comenzar a participar de reuniones como parte del armado que impulsa la candidatura presidencial del influencer evangélico radicado en Estados Unidos Dante Gebel, decidieron cambiar la denominación.

La semana pasada hubo una reunión en San Pedro con referentes del armado nacional y provincial de Consolidación Argentina, que tiene al concejal Rivas como parte de la estructura de organización en la segunda sección.

Desde que Consolidación Argentina salió al ruedo para impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027 han destacado la heterogeneidad de perfiles que forman parte de su armado.

En todo el país, ello incluye referentes sindicales, académicos, deportivos, sociales y empresariales, en busca de una alternativa que sintetice los espacios que deja vacía la grieta entre el oficialismo de Milei y la oposición del kirchnerismo.

Martín Rivas fue candidato en 2021 por Avanza Libertad, de José Luis Espert, y respaldó en ese momento la aparición de Javier Milei como referente libertario, aunque luego comenzó a ser muy crítico, una vez que el presidente comenzó su gestión.

En 2023 fue primer candidato a concejal de la lista de Ariel Rey, aunque se distanciaron en plena campaña. Fue electo en la conjunción de las tres listas de las Paso de  Juntos por el Cambio, junto a Paola Basso y Diego Lafalce.

Cuando asumió, y aunque el reglamento dice lo contrario, le permitieron conformar un monobloque que denominó Juntos por el Cambio, ya que Basso siguió en el de la UCR y Lafalce presidió otro unibloque denominado Juntos por el Cambio-Pro.

Mauro de Rosa había conformado el bloque Avanza con Fe, junto a Viviana Riquelme, quien después se fue con Lafalce para armar un espacio denominado Pro-Libertad.

Riquelme pidió licencia y en su lugar asumió Fernando Negrete, que se sumó al bloque de Mauro de Rosa.  Ambos eran hombres de Ramón Salazar, quien desde La Libertad Avanza enfrentó a su padre cuando Cecilio Salazar decidió regresar al Gobierno y desplazar a su hijo como intendente interino.

Tras las elecciones 2025, en cuya campaña se distanciaron del armado local de Javier Milei, que conducen Luis Silva y la diputada Analía Corvino, cambiaron el nombre a Vecinos de San Pedro.

En diciembre de 2025, finalmente, De Rosa y Negrete se sumaron a Rivas para conformar una bancada que denominaron Acuerdo Vecinal —Rivas había sido candidato vecinalista por Acuerdo Ciudadano en busca de revalidar la banca y obtuvo el 3,75 % con 1286 votos— y que ahora, tras sumarse al armado de Gebel, se denomina Consolidación Argentina.

Llegó el invierno, empezó el Mundial y hubo sesión en el Concejo Deliberante. La octava. El orden del día tenía apenas dos expedientes para tratar sobre tablas.

Como había visita, porque estaban los estudiantes de la secundaria 1 de Santa Lucía, los concejales aprovecharon para demostrar que aunque no haya temas relevantes, ellos igual pueden discutir y chicanearse.

Lo primero que trataron fue la eximición que solicitó la cooperadora del Hospital sobre el pago de un porcentaje del bono contribución que lanzarán a la venta.

Luego el presidente del cuerpo explicó cómo van a proceder con un pedido de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio relacionado con ordenanzas de 1926.

Pasaron tres expedientes a comisión y discutieron bastante por una propuesta del bloque Acuerdo Vecinal que fue enviada a archivo. Martín Rivas expuso sobre el proyecto y cuestionó la decisión.

La concejala Paola Basso explicó por qué ese expediente pasaba a archivo y qué sucede con el proyecto original, que fue aprobado.

Rivas también cuestionó que le pasaran a comisión otro expediente, Baraybar lo interrumpió para decirle que no metiera otros temas y ahí se armó.

El presidente  amenazó con coartarle el micrófono y Rivas lo comparó con el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Diego Lafalce también le respondió a Paola Basso y se dirigió a los estudiantes presentes.

Por último, Rivas también les habló a los chicos de la secundaria de Santa Lucía que viajaron para presenciar cómo se desloman nuestros concejales

Finalmente, votaron el expediente, que fue remitido a archivo, como habían acordado.

Como dijo Rivas en un tramo de su alocución, fue un “lamentable espectáculo legislativo”.

Segundo jueves de junio y hubo sesión en el Concejo Deliberante: la séptima. Sesionaron 14 de los 18 concejales. 

Pegaron el faltazo Martín Rivas, Mauro de Rosa, Diego Lafalce y Fernando Negrete. Los esperaron 15 minutos, como no llegaban ni avisaron nada, arrancaron. El presidente va a tener que descontarles. Igual nunca le descuentan a nadie.

En el recinto había alumnos de la secundaria 18 de Pueblo Doyle y estaban los familiares de Ferruccio Níbale, autor de un libro sobre vivencias personales relacionadas con la guerra, quienes recibieron un reconocimiento para él.

El tema más relevante de la sesión era sin dudas el expediente relacionado con los excesos presupuestarios de 2025, a pocos días de que el oficialismo y los "garantes de la gobernabilidad" aprobaran la Rendición de Cuentas. Como los aliados no estaban, la votación fue siete a siete y tuvo que desempatar Baraybar.

Luego aprobaron una iniciativa de La Libertad Avanza para que el Municipio se ajuste entre empleados, funcionarios y concejales a lo que indica la ley que creó el registro de deudores alimentarios. 

Un pedido de informe de los concejales de Milei también fue aprobado en esta sesión. El proyecto está relacionado con las deudas que obras sociales, entre ellas IOMA, mantiene con el Municipio. 

Habló la concejala Melina Panatteri, bastante más medida en el recinto que en redes sociales, donde habían sido un poco más picantes con Kicillof.

Los de Milei sufrieron derrota con desempate de Baraybar en el proyecto que presentaron para que el gobierno publique los boletines oficiales.

La propuesta de Ariel Rey de ponerle el nombre de Aurora López al centro de salud Las Canaletas fue aprobada por los 14 ediles presentes.

Rey presentó un pedido de informe que contiene consultas sobre el parque automotor que figuran en otros proyectos en tratamiento, así que se lo mandaron a comisión.

Todos el cuerpo aprobó además el beneplácito por la declaración de interés legislativo de la asociación de veteranos de Malvinas.

También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de Bomberos, que necesitaban declarar de interés histórico una autobomba de la que no tiene documentación para poder trasladarla para reparaciones.

De la misma manera aprobaron por unanimidad la declaración de interés municipal de la bienal de arte la escuela especial 501, que en esta oportunidad tendrá como ejes memoria, inclusión y convivencia.

Cuando terminó la sesión, un vecino que presentó iniciativas ciudadanas se quejó porque sus notas van a archivo y hubo un intercambio con los concejales, que intentaron explicarle cómo funciona la cosa.

Tras aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Gobierno del intendente Cecilio Salazar, el Concejo Deliberante trató este jueves, durante la sesión ordinaria, los excesos presupuestarios correspondientes a ese período.

La sesión tuvo la particularidad de que cuatro concejales pegaron el faltazo: los "garantes de la gobernabilidad", que le habían dado su voto al intendente para aprobar las cuentas, esta vez no fueron al recinto.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce no estuvieron presentes en el Salón Dorado. 

Consultado por La Opinión, Rivas dijo que estuvieron en el "Ceamse, por tema basural" y que luego se reunieron en Baradero con el concejal Juan Ramos y su agrupación 400 años.

Informó que el encuentro se dio en el marco de un armado vecinal en el que el bloque sampedrino trabaja desde el respaldo a la eventual  eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento y comenzó la sesión con 14 ediles. Como también dice el reglamento, deberá iniciar el procedimiento para descontarles la dieta, puesto que no hubo, como en otras oportunidades, información relacionada con dificultades para llegar a la sesión.

El expediente contenía excesos presupuestarios, convenios, contratos, modificaciones presupuestarias y de planta de personal. En la comisión habían estado el secretario de Economía, Roberto Borgo, y la contadora municipal, Mariana Giosa.

A Soledad Llull le tocó defender el proyecto en sesión, aunque no informó ningún argumento respecto de por qué el Gobierno se excedió en las partidas asignadas el año pasado, algo que tampoco explicó demasiado el Ejecutivo cuando elevó el expediente.

Tras el debate, la votación resultó 7 a 7, por lo que tuvo que desempatar el presidente para aprobar los excesos presupuestarios de Salazar durante el año pasado.

Desde la oposición, Ariel Rey preguntó si acaso, teniendo en cuenta la normativa utilizada para justificar esos gastos de más, había ocurrido una "epidemia o inundación", porque es en esos casos en los que la ley autoriza los excesos.

Por su parte, Paola Basso señaló que además la normativa indica que el Ejecutivo debería haber presentado un plan de saneamiento financiero, cosa que no hizo.

"¿Cuáles fueron los hechos tan imprevistos que han ocurrido para que tengamos que estar hablando de un exceso presupuestario?", se preguntó Basso.

"Se nos agrava la situación, lo vemos en los números: estamos peor que antes", disparó y recordó los planteos que hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas respecto del “festival de bonificaciones y recategorizaciones” en un Municipio que insume el 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad en sueldos.

El viernes pasado, antes de la sesión especial en la que se trató la Rendición de Cuentas 2025, La Opinión reveló que los concejales habían tomado vista de los denominados "decretos reservados" y que su contenido estaba lejos de ser "secreto de Estado": eran todos "acomodos" de familiares de funcionarios, concejales y punteros.

Nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, en su mayoría de personas con vínculos políticos, formaban parte de lo que el Gobierno municipal decidió ocultar de la publicación de los boletines oficiales, amparados en la "protección de datos sensibles".

Este lunes, luego de que en la sesión la concejala de Nuevos Aires Paola Basso expusiera diversos casos, desde el bloque Alianza La Libertad Avanza, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, los ediles Joaquín González y Melina Panatteri elevaron una propuesta para que rija una ordenanza que establezca la obligatoriedad de publicar ese tipo de medidas.

La iniciativa es para modificar la ordenanza vigente y establecer que "será obligatoria la publicación" de todo decreto que implique designación de personal, pases a planta permanente, contrataciones, nombramientos, recategorizaciones, bonificaciones y "toda otra medida que implique erogación de fondos públicos o alteración de la situación laboral de funcionarios o agentes municipales".

"No podrán ser clasificados como reservados, confidenciales o de acceso restringido por el solo hecho de referirse a cuestiones de personal, debiendo garantizarse en todos los casos la publicidad del contenido esencial del acto administrativo", dice el articulado.

En los considerandos, los concejales impulsores del proyecto señalaron que "la transparencia administrativa no puede aplicarse de manera selectiva ni quedar sujeta a criterios discrecionales que permitan conocer determinados actos mientras se impide el acceso a otros de idéntica naturaleza jurídica".

"Los vecinos del partido de San Pedro tienen derecho a conocer quiénes ingresan a la administración municipal, quiénes acceden a cargos políticos, quiénes son incorporados a planta permanente y qué beneficios salariales son otorgados con fondos provenientes de los contribuyentes", sostuvieron Panatteri y González.

Tras la sesión del Concejo Deliberante, donde aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, Diego Lafalce explicó los motivos de su voto positivo y dio detalles respecto de por qué su nombre aparece dentro de los denominados "decretos reservados".

El referente de Patricia Bullrich, que preside el monobloque La Libertad Avanza, explicó en Sin Galera que su decisión responde a una cuestión “estructural” y vinculada a la situación económica que atraviesan los municipios, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la coparticipación.

Argumentó que San Pedro depende en un 90 por ciento de los recursos coparticipables y enfrenta crecientes demandas en áreas sensibles como salud y seguridad.

“Hay cosas para corregir, hay que revisar estructuras y reducir el volumen de personal, pero no podemos romper todo ni empujar una crisis institucional mayor”, afirmó.

El edil sostuvo que durante el último año existieron intentos de debilitar al gobierno municipal con fines políticos y aseguró que no comparte esa estrategia.

Consultado sobre los decretos reservados que fueron analizados por los concejales y expuestos —solo— por la concejala de Nuevos Aires Paola Basso durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, Lafalce se refirió particularmente al expediente que formalizó su incorporación a la carrera profesional hospitalaria.

Explicó que es técnico superior en Enfermería y que desde hace años reclamaba ser incorporado al régimen laboral que, según entiende, le correspondía por formación y funciones.

Relató que inició ese reclamo en 2016 y que, tras concursar, logró ingresar a la carrera profesional hospitalaria en 2019. Sin embargo, aseguró que una “discusión política” ocurrida durante la gestión interina de Ramón Salazar derivó en la anulación de ese trámite.

Indicó que fue notificado de una “desinteligencia administrativa” que dejó sin efecto el pase, por lo que inició un nuevo reclamo administrativo y posteriormente acciones legales para recuperar ese derecho.

“Tuve que volver a hacer todo el recorrido administrativo y finalmente logré el pase por medio de mis abogados”, señaló. También afirmó que el cambio de régimen no significó una mejora económica, sino una reducción cercana al 22 por ciento en sus ingresos.

Lafalce explicó además que continúa desempeñándose como inspector de instituciones geriátricas y aseguró que todas sus actividades laborales son compatibles desde el punto de vista legal.

Sostuvo que comprende los cuestionamientos que despierta la falta de información pública, aunque, aseguró que toda la documentación vinculada a su situación laboral se encuentra "respaldada y disponible" para quien desee revisarla.

Lafalce cuestionó el accionar político de Ariel Rey, al que tildó de "burro" y "corrupto", además de deslizar que "si un tipo del peso de Rivas" le hubiera pegado tendría "alguna marca".

"Rey acusó a todo el mundo de corrupto y el único que pagó coimas es él", disparó.

Finalmente rechazó las sospechas sobre un supuesto “acuerdo” con el intendente Cecilio Salazar y sostuvo que sus decisiones se basan en criterios de gestión y no en acuerdos políticos.

“No podemos complicarle más la vida a la gente. La política tiene que servir para arreglar las cosas, no para empeorarlas”, concluyó.

El concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal que completan Fernando Negrete y Mauro de Rosa, explicó ante La Opinión por qué votaron a favor de la Rendición de Cuentas 2025 tras haber sido críticos opositores al Gobierno de Cecilio Salazar, posición que modificaron desde las últimas elecciones a esta parte.

Rivas y sus compañeros de bloque no pidieron la palabra en sesión —a excepción de De Rosa, aunque sólo para apurar la votación—, lo que llamó la atención, sobre todo del presidente del bloque, que suele intervenir en todos y cada uno de los expedientes que se tratan en el recinto.

Rivas dijo que no tenía mucho sentido hablar "después de la campaña política de La Libertad Avanza, del bloque de Rey y del análisis inexacto de la doctora Basso".

Respecto de la exposición de la concejala radical, señaló: "Vamos a chequear y vamos a ver que los números que tiró estaban errados en su mayoría, como en otras oportunidades".

"Decidimos, como habíamos hecho en el Presupuesto y en las acciones que creemos tenemos que tener hoy, poner por delante los intereses de San Pedro, acompañar para dar herramientas, un marco de gobernabilidad, y exigir cuando vemos algo que está mal, con una propuesta superadora, no solamente con la crítica y el voto negativo", argumentó el concejal el acompañamiento.

En ese marco, analizó: "Cambió, muy claramente, el esquema de la política nacional y provincial. Estamos realmente en un momento de crisis, no en el Municipio de San Pedro, que no ha generado las herramientas necesarias para levantar la base imponible y recaudar más, pero vemos a los municipios vecinos y encontramos la misma problemática".

"Hay recesión en los comercios, la gastronomía, el turismo y si a eso le sumamos la desfinanciación del Gobierno nacional en áreas claves, el aumento de los impuestos nacionales que no vuelven, creo que el esquema es realmente diferente a lo que planteábamos en años anteriores", sostuvo.

También, al igual que el oficialismo, tuvo cuestionamientos para el Gobierno del presidente Javier Milei: "El cambio es ese, el esquema de la política nacional, que en lugar de traer cuestiones justas para los vecinos y quitar la casta del poder, se generó una nueva casta, una presión fuerte sobre las provincias y por ende sobre los municipios, que es el primer mostrador y está todo el tiempo a punto de estallar y en ajuste y crisis, porque no llegan las partidas que deberían llegar".

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".