El incendio que el sábado 4 de julio se desató en un predio ubicado detrás de la Termoeléctrica, en el que ardieron pastizales, una cortina de árboles y desechos como plásticos, cubiertas, etc., provocó un pedido de informe en el Concejo Deliberante.

El bloque Alianza La Libertad Avanza, que integran Joaquín González y Melina Panatteri, elevó el proyecto para consultar sobre las actuaciones del Municipio en relación a los efectos sobre el ambiente y la salud del siniestro.

Consideran que debería haber "medidas de prevención, control, fiscalización y coordinación que resulten pertinentes para la protección del ambiente y la salud pública".

El pedido de informe solicita conocer si hubo evaluaciones sobre los eventuales efectos del incendio; si hubo mediciones de calidad del aire; y si hubo inspecciones municipales tras el siniestro.

De la misma manera, pidieron saber si el Gobierno local dio intervención a la autoridad ambiental provincial y si hubo recomendaciones preventivas dirigidas a la población.

Además, solicitaron informe respecto del monitoreo o evaluaciones ambientales y si Provincia o Nación, la empresa involucrada o alguien más hizo algún tipo de evaluación posterior.

Un grupo de vecinos, contribuyentes y ciudadanos de San Pedro elaboraron una nota dirigida al intendente Cecilio Salazar y al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a una eventual cesión de inmuebles municipales como parte de un acuerdo para cancelar la deuda que el Municipio mantiene con Ashira S.A.

La presentación surge en el marco del convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y la empresa recolectora de residuos, mediante el cual se busca refinanciar una deuda superior a los 3.600 millones de pesos en un plan de pago de 90 cuotas.

Para entrar en vigencia, el acuerdo requiere la aprobación del Concejo Deliberante por mayoría especial de dos tercios, es decir, el voto favorable de 12 concejales.

En la nota, los firmantes sostienen que los bienes del patrimonio municipal "constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sampedrina", y advierten que utilizar tierras o inmuebles públicos para cancelar deudas corrientes "representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio".

Además, consideran que la situación financiera de la comuna "no debe resolverse descapitalizando a San Pedro" y proponen que el Ejecutivo y el cuerpo legislativo busquen alternativas de financiamiento, planes de pago o mecanismos de reestructuración que eviten desprenderse de recursos inmobiliarios públicos.

Por ese motivo, solicitaron formalmente al intendente Cecilio Salazar que desista de cualquier iniciativa que implique la transferencia de bienes municipales y reclamaron al Concejo Deliberante que rechace un eventual proyecto de ordenanza destinado a convalidar esa posibilidad.

El planteo vecinal se conoce mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar el convenio con Ashira, firmado tras el conflicto que semanas atrás afectó la recolección de residuos debido a la demora en los pagos del Municipio a la empresa. Según informó el propio Gobierno, el acuerdo apunta a otorgar previsibilidad financiera para garantizar la continuidad del servicio, aunque comprometerá recursos municipales durante siete años y medio, alcanzando a tres gestiones de gobierno.

La propuesta del convenio incorpora un nuevo elemento al debate político que deberá darse en el Concejo Deliberante, donde no solo se analizarán las condiciones de refinanciación de la deuda, sino también las distintas alternativas para garantizar su cumplimiento sin afectar el patrimonio público municipal.

El Concejo Deliberante recibió este lunes en comisión a funcionarios del Gobierno que fueron a dar explicaciones sobre la obra del tapial del Estadio, que fue construido con "aportes de comercios y empresas", según había difundido la Municipalidad.

La Opinión había advertido que esas donaciones no pasaron por el Concejo Deliberante, tal como prevé la Ley Orgánica, por lo que había un flagrante incumplimiento que derivó en un pedido de informe elevado por el bloque Alianza La Libertad Avanza.

Como el oficialismo tiene la mala costumbre de enviar los expedientes a comisión para obturar una respuesta por escrito del Ejecutivo, este lunes, a dos meses y medio, recién fueron a dar explicaciones.

El director de Deportes, Pablo Guereta, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, se presentaron para detallar cómo fue que recibieron aportes de privados para esa obra y por qué la ejecutaron antes de que la donación sea aprobada por el Concejo, como manda la ley.

En el acta quedó asentado que para construir el tapial que da a calle Casella recibieron  9.900.000 pesos aportados por 22 particulares que donaron 450 mil pesos cada uno en materiales que pagaron en cinco corralones de la ciudad.

Cuando les consultaron por qué habían ejecutado la obra sin que antes esas donaciones fueran aprobadas por el Concejo, la respuesta fue que "no sabían" que tenían que activar ese mecanismo legal y que se enteraron por La Opinión.

En la reunión, los funcionarios del Gobierno se comprometieron a elevar el expediente con el proyecto de ordenanza con los 22 convenios, que incluirán nombre de los particulares que hicieron el aporte, monto y modalidad.

Si el Concejo finalmente acepta las donaciones —la ley dice que tiene la potestad de rechazarlas, si así lo considera— ello será alrededor de tres meses después de que la obra se haya ejecutado, lo que sigue siendo una irregularidad manifiesta.

El Gobierno municipal firmó un convenio con Ashira para financiar la deuda milmillonaria que el Estado local mantiene con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.

La deuda con Ashira supera los 3600 millones de pesos y el plan es saldarla en 90 cuotas, lo que implicará a tres gestiones municipales, puesto que son siete años y medio, hasta fines de 2033.

Es decir que el compromiso recaerá sobre la actual gestión, cuyo mandato vence en diciembre de 2027; la que asuma en ese momento; y la siguiente, que asumirá en 2031.

Para entrar en vigencia, el convenio debe ser convalidado por el Concejo Deliberante con mayoría calificada, es decir por dos tercios del cuerpo: son 12 votos.

Para lograrlo, el oficialismo, que cuenta con siete bancas, deberá persuadir al resto del cuerpo acerca de la necesidad de aprobar este convenio.

Cuando lo firmó, la semana pasada, el Gobierno omitió explicar que se trata de un acuerdo para pagar una deuda que arrastra desde el año pasado y que suma más de 3600 millones de pesos.

Informaron que se trata de "un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio de higiene urbana".

En los últimos dos meses, Ashira pagó fuera de término los sueldos de sus trabajadores por la falta de cumplimiento del Municipio,  lo que derivó en paros de los trabajadores, con la consecuente falta de recolección de residuos durante varios días.

En ese marco, Ashira pidió "previsibilidad" para los meses siguientes y alcanzaron este acuerdo, que debe ser convalidado por el Concejo porque se trata del financiamiento de deuda, con los intereses que ello comporta.

En 2017, el Concejo aprobó un convenio para saldar en 120 cuotas la deuda que el Municipio arrastraba con Ashira desde la gestión Guacone. En ese momento, la oposición tuvo reparos, pero acompañó.

El servicio de Ashira cuesta, desde la última actualización, 362 millones de pesos. Son 335 millones de la prestación en la ciudad cabecera y 27 millones de las localidades.

La Rendición de Cuentas 2025 reveló que lo recaudado por la tasa de alumbrado , barrido y limpieza (ABL) sólo alcanzó para cubrir el 25 por ciento del costo. 

Ese gravamen tuvo una cobrabilidad del 53 por ciento. Si todos pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo total del servicio.

En el Gobierno y en el Concejo ya tienen en marcha la tarea para persuadir a la oposición sobre la relevancia del convenio. Pero en Palacio saben que la cuestión de fondo es otra.

San Pedro deberá poner en debate si está en condiciones de mantener el tipo de servicio que brinda Ashira y si está dispuesto a pagarlo.

Los concejales que conforman el bloque Acuerdo Vecinal en el Concejo Deliberante de San Pedro informaron oficialmente al presidente del cuerpo que desde ahora cambian de denominación a "Consolidación Argentina".

Los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete se habían unido desde sus respectivos espacios políticos para conformar en la nueva composición del cuerpo un bloque unificado bajo el nombre Acuerdo Vecinal.

Tras comenzar a participar de reuniones como parte del armado que impulsa la candidatura presidencial del influencer evangélico radicado en Estados Unidos Dante Gebel, decidieron cambiar la denominación.

La semana pasada hubo una reunión en San Pedro con referentes del armado nacional y provincial de Consolidación Argentina, que tiene al concejal Rivas como parte de la estructura de organización en la segunda sección.

Desde que Consolidación Argentina salió al ruedo para impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027 han destacado la heterogeneidad de perfiles que forman parte de su armado.

En todo el país, ello incluye referentes sindicales, académicos, deportivos, sociales y empresariales, en busca de una alternativa que sintetice los espacios que deja vacía la grieta entre el oficialismo de Milei y la oposición del kirchnerismo.

Martín Rivas fue candidato en 2021 por Avanza Libertad, de José Luis Espert, y respaldó en ese momento la aparición de Javier Milei como referente libertario, aunque luego comenzó a ser muy crítico, una vez que el presidente comenzó su gestión.

En 2023 fue primer candidato a concejal de la lista de Ariel Rey, aunque se distanciaron en plena campaña. Fue electo en la conjunción de las tres listas de las Paso de  Juntos por el Cambio, junto a Paola Basso y Diego Lafalce.

Cuando asumió, y aunque el reglamento dice lo contrario, le permitieron conformar un monobloque que denominó Juntos por el Cambio, ya que Basso siguió en el de la UCR y Lafalce presidió otro unibloque denominado Juntos por el Cambio-Pro.

Mauro de Rosa había conformado el bloque Avanza con Fe, junto a Viviana Riquelme, quien después se fue con Lafalce para armar un espacio denominado Pro-Libertad.

Riquelme pidió licencia y en su lugar asumió Fernando Negrete, que se sumó al bloque de Mauro de Rosa.  Ambos eran hombres de Ramón Salazar, quien desde La Libertad Avanza enfrentó a su padre cuando Cecilio Salazar decidió regresar al Gobierno y desplazar a su hijo como intendente interino.

Tras las elecciones 2025, en cuya campaña se distanciaron del armado local de Javier Milei, que conducen Luis Silva y la diputada Analía Corvino, cambiaron el nombre a Vecinos de San Pedro.

En diciembre de 2025, finalmente, De Rosa y Negrete se sumaron a Rivas para conformar una bancada que denominaron Acuerdo Vecinal —Rivas había sido candidato vecinalista por Acuerdo Ciudadano en busca de revalidar la banca y obtuvo el 3,75 % con 1286 votos— y que ahora, tras sumarse al armado de Gebel, se denomina Consolidación Argentina.

Llegó el invierno, empezó el Mundial y hubo sesión en el Concejo Deliberante. La octava. El orden del día tenía apenas dos expedientes para tratar sobre tablas.

Como había visita, porque estaban los estudiantes de la secundaria 1 de Santa Lucía, los concejales aprovecharon para demostrar que aunque no haya temas relevantes, ellos igual pueden discutir y chicanearse.

Lo primero que trataron fue la eximición que solicitó la cooperadora del Hospital sobre el pago de un porcentaje del bono contribución que lanzarán a la venta.

Luego el presidente del cuerpo explicó cómo van a proceder con un pedido de vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio relacionado con ordenanzas de 1926.

Pasaron tres expedientes a comisión y discutieron bastante por una propuesta del bloque Acuerdo Vecinal que fue enviada a archivo. Martín Rivas expuso sobre el proyecto y cuestionó la decisión.

La concejala Paola Basso explicó por qué ese expediente pasaba a archivo y qué sucede con el proyecto original, que fue aprobado.

Rivas también cuestionó que le pasaran a comisión otro expediente, Baraybar lo interrumpió para decirle que no metiera otros temas y ahí se armó.

El presidente  amenazó con coartarle el micrófono y Rivas lo comparó con el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Diego Lafalce también le respondió a Paola Basso y se dirigió a los estudiantes presentes.

Por último, Rivas también les habló a los chicos de la secundaria de Santa Lucía que viajaron para presenciar cómo se desloman nuestros concejales

Finalmente, votaron el expediente, que fue remitido a archivo, como habían acordado.

Como dijo Rivas en un tramo de su alocución, fue un “lamentable espectáculo legislativo”.

Segundo jueves de junio y hubo sesión en el Concejo Deliberante: la séptima. Sesionaron 14 de los 18 concejales. 

Pegaron el faltazo Martín Rivas, Mauro de Rosa, Diego Lafalce y Fernando Negrete. Los esperaron 15 minutos, como no llegaban ni avisaron nada, arrancaron. El presidente va a tener que descontarles. Igual nunca le descuentan a nadie.

En el recinto había alumnos de la secundaria 18 de Pueblo Doyle y estaban los familiares de Ferruccio Níbale, autor de un libro sobre vivencias personales relacionadas con la guerra, quienes recibieron un reconocimiento para él.

El tema más relevante de la sesión era sin dudas el expediente relacionado con los excesos presupuestarios de 2025, a pocos días de que el oficialismo y los "garantes de la gobernabilidad" aprobaran la Rendición de Cuentas. Como los aliados no estaban, la votación fue siete a siete y tuvo que desempatar Baraybar.

Luego aprobaron una iniciativa de La Libertad Avanza para que el Municipio se ajuste entre empleados, funcionarios y concejales a lo que indica la ley que creó el registro de deudores alimentarios. 

Un pedido de informe de los concejales de Milei también fue aprobado en esta sesión. El proyecto está relacionado con las deudas que obras sociales, entre ellas IOMA, mantiene con el Municipio. 

Habló la concejala Melina Panatteri, bastante más medida en el recinto que en redes sociales, donde habían sido un poco más picantes con Kicillof.

Los de Milei sufrieron derrota con desempate de Baraybar en el proyecto que presentaron para que el gobierno publique los boletines oficiales.

La propuesta de Ariel Rey de ponerle el nombre de Aurora López al centro de salud Las Canaletas fue aprobada por los 14 ediles presentes.

Rey presentó un pedido de informe que contiene consultas sobre el parque automotor que figuran en otros proyectos en tratamiento, así que se lo mandaron a comisión.

Todos el cuerpo aprobó además el beneplácito por la declaración de interés legislativo de la asociación de veteranos de Malvinas.

También fue aprobada por unanimidad la iniciativa de Bomberos, que necesitaban declarar de interés histórico una autobomba de la que no tiene documentación para poder trasladarla para reparaciones.

De la misma manera aprobaron por unanimidad la declaración de interés municipal de la bienal de arte la escuela especial 501, que en esta oportunidad tendrá como ejes memoria, inclusión y convivencia.

Cuando terminó la sesión, un vecino que presentó iniciativas ciudadanas se quejó porque sus notas van a archivo y hubo un intercambio con los concejales, que intentaron explicarle cómo funciona la cosa.

Tras aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Gobierno del intendente Cecilio Salazar, el Concejo Deliberante trató este jueves, durante la sesión ordinaria, los excesos presupuestarios correspondientes a ese período.

La sesión tuvo la particularidad de que cuatro concejales pegaron el faltazo: los "garantes de la gobernabilidad", que le habían dado su voto al intendente para aprobar las cuentas, esta vez no fueron al recinto.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce no estuvieron presentes en el Salón Dorado. 

Consultado por La Opinión, Rivas dijo que estuvieron en el "Ceamse, por tema basural" y que luego se reunieron en Baradero con el concejal Juan Ramos y su agrupación 400 años.

Informó que el encuentro se dio en el marco de un armado vecinal en el que el bloque sampedrino trabaja desde el respaldo a la eventual  eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento y comenzó la sesión con 14 ediles. Como también dice el reglamento, deberá iniciar el procedimiento para descontarles la dieta, puesto que no hubo, como en otras oportunidades, información relacionada con dificultades para llegar a la sesión.

El expediente contenía excesos presupuestarios, convenios, contratos, modificaciones presupuestarias y de planta de personal. En la comisión habían estado el secretario de Economía, Roberto Borgo, y la contadora municipal, Mariana Giosa.

A Soledad Llull le tocó defender el proyecto en sesión, aunque no informó ningún argumento respecto de por qué el Gobierno se excedió en las partidas asignadas el año pasado, algo que tampoco explicó demasiado el Ejecutivo cuando elevó el expediente.

Tras el debate, la votación resultó 7 a 7, por lo que tuvo que desempatar el presidente para aprobar los excesos presupuestarios de Salazar durante el año pasado.

Desde la oposición, Ariel Rey preguntó si acaso, teniendo en cuenta la normativa utilizada para justificar esos gastos de más, había ocurrido una "epidemia o inundación", porque es en esos casos en los que la ley autoriza los excesos.

Por su parte, Paola Basso señaló que además la normativa indica que el Ejecutivo debería haber presentado un plan de saneamiento financiero, cosa que no hizo.

"¿Cuáles fueron los hechos tan imprevistos que han ocurrido para que tengamos que estar hablando de un exceso presupuestario?", se preguntó Basso.

"Se nos agrava la situación, lo vemos en los números: estamos peor que antes", disparó y recordó los planteos que hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas respecto del “festival de bonificaciones y recategorizaciones” en un Municipio que insume el 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad en sueldos.

El viernes pasado, antes de la sesión especial en la que se trató la Rendición de Cuentas 2025, La Opinión reveló que los concejales habían tomado vista de los denominados "decretos reservados" y que su contenido estaba lejos de ser "secreto de Estado": eran todos "acomodos" de familiares de funcionarios, concejales y punteros.

Nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, en su mayoría de personas con vínculos políticos, formaban parte de lo que el Gobierno municipal decidió ocultar de la publicación de los boletines oficiales, amparados en la "protección de datos sensibles".

Este lunes, luego de que en la sesión la concejala de Nuevos Aires Paola Basso expusiera diversos casos, desde el bloque Alianza La Libertad Avanza, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, los ediles Joaquín González y Melina Panatteri elevaron una propuesta para que rija una ordenanza que establezca la obligatoriedad de publicar ese tipo de medidas.

La iniciativa es para modificar la ordenanza vigente y establecer que "será obligatoria la publicación" de todo decreto que implique designación de personal, pases a planta permanente, contrataciones, nombramientos, recategorizaciones, bonificaciones y "toda otra medida que implique erogación de fondos públicos o alteración de la situación laboral de funcionarios o agentes municipales".

"No podrán ser clasificados como reservados, confidenciales o de acceso restringido por el solo hecho de referirse a cuestiones de personal, debiendo garantizarse en todos los casos la publicidad del contenido esencial del acto administrativo", dice el articulado.

En los considerandos, los concejales impulsores del proyecto señalaron que "la transparencia administrativa no puede aplicarse de manera selectiva ni quedar sujeta a criterios discrecionales que permitan conocer determinados actos mientras se impide el acceso a otros de idéntica naturaleza jurídica".

"Los vecinos del partido de San Pedro tienen derecho a conocer quiénes ingresan a la administración municipal, quiénes acceden a cargos políticos, quiénes son incorporados a planta permanente y qué beneficios salariales son otorgados con fondos provenientes de los contribuyentes", sostuvieron Panatteri y González.

Tras la sesión del Concejo Deliberante, donde aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, Diego Lafalce explicó los motivos de su voto positivo y dio detalles respecto de por qué su nombre aparece dentro de los denominados "decretos reservados".

El referente de Patricia Bullrich, que preside el monobloque La Libertad Avanza, explicó en Sin Galera que su decisión responde a una cuestión “estructural” y vinculada a la situación económica que atraviesan los municipios, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la coparticipación.

Argumentó que San Pedro depende en un 90 por ciento de los recursos coparticipables y enfrenta crecientes demandas en áreas sensibles como salud y seguridad.

“Hay cosas para corregir, hay que revisar estructuras y reducir el volumen de personal, pero no podemos romper todo ni empujar una crisis institucional mayor”, afirmó.

El edil sostuvo que durante el último año existieron intentos de debilitar al gobierno municipal con fines políticos y aseguró que no comparte esa estrategia.

Consultado sobre los decretos reservados que fueron analizados por los concejales y expuestos —solo— por la concejala de Nuevos Aires Paola Basso durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, Lafalce se refirió particularmente al expediente que formalizó su incorporación a la carrera profesional hospitalaria.

Explicó que es técnico superior en Enfermería y que desde hace años reclamaba ser incorporado al régimen laboral que, según entiende, le correspondía por formación y funciones.

Relató que inició ese reclamo en 2016 y que, tras concursar, logró ingresar a la carrera profesional hospitalaria en 2019. Sin embargo, aseguró que una “discusión política” ocurrida durante la gestión interina de Ramón Salazar derivó en la anulación de ese trámite.

Indicó que fue notificado de una “desinteligencia administrativa” que dejó sin efecto el pase, por lo que inició un nuevo reclamo administrativo y posteriormente acciones legales para recuperar ese derecho.

“Tuve que volver a hacer todo el recorrido administrativo y finalmente logré el pase por medio de mis abogados”, señaló. También afirmó que el cambio de régimen no significó una mejora económica, sino una reducción cercana al 22 por ciento en sus ingresos.

Lafalce explicó además que continúa desempeñándose como inspector de instituciones geriátricas y aseguró que todas sus actividades laborales son compatibles desde el punto de vista legal.

Sostuvo que comprende los cuestionamientos que despierta la falta de información pública, aunque, aseguró que toda la documentación vinculada a su situación laboral se encuentra "respaldada y disponible" para quien desee revisarla.

Lafalce cuestionó el accionar político de Ariel Rey, al que tildó de "burro" y "corrupto", además de deslizar que "si un tipo del peso de Rivas" le hubiera pegado tendría "alguna marca".

"Rey acusó a todo el mundo de corrupto y el único que pagó coimas es él", disparó.

Finalmente rechazó las sospechas sobre un supuesto “acuerdo” con el intendente Cecilio Salazar y sostuvo que sus decisiones se basan en criterios de gestión y no en acuerdos políticos.

“No podemos complicarle más la vida a la gente. La política tiene que servir para arreglar las cosas, no para empeorarlas”, concluyó.

El concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal que completan Fernando Negrete y Mauro de Rosa, explicó ante La Opinión por qué votaron a favor de la Rendición de Cuentas 2025 tras haber sido críticos opositores al Gobierno de Cecilio Salazar, posición que modificaron desde las últimas elecciones a esta parte.

Rivas y sus compañeros de bloque no pidieron la palabra en sesión —a excepción de De Rosa, aunque sólo para apurar la votación—, lo que llamó la atención, sobre todo del presidente del bloque, que suele intervenir en todos y cada uno de los expedientes que se tratan en el recinto.

Rivas dijo que no tenía mucho sentido hablar "después de la campaña política de La Libertad Avanza, del bloque de Rey y del análisis inexacto de la doctora Basso".

Respecto de la exposición de la concejala radical, señaló: "Vamos a chequear y vamos a ver que los números que tiró estaban errados en su mayoría, como en otras oportunidades".

"Decidimos, como habíamos hecho en el Presupuesto y en las acciones que creemos tenemos que tener hoy, poner por delante los intereses de San Pedro, acompañar para dar herramientas, un marco de gobernabilidad, y exigir cuando vemos algo que está mal, con una propuesta superadora, no solamente con la crítica y el voto negativo", argumentó el concejal el acompañamiento.

En ese marco, analizó: "Cambió, muy claramente, el esquema de la política nacional y provincial. Estamos realmente en un momento de crisis, no en el Municipio de San Pedro, que no ha generado las herramientas necesarias para levantar la base imponible y recaudar más, pero vemos a los municipios vecinos y encontramos la misma problemática".

"Hay recesión en los comercios, la gastronomía, el turismo y si a eso le sumamos la desfinanciación del Gobierno nacional en áreas claves, el aumento de los impuestos nacionales que no vuelven, creo que el esquema es realmente diferente a lo que planteábamos en años anteriores", sostuvo.

También, al igual que el oficialismo, tuvo cuestionamientos para el Gobierno del presidente Javier Milei: "El cambio es ese, el esquema de la política nacional, que en lugar de traer cuestiones justas para los vecinos y quitar la casta del poder, se generó una nueva casta, una presión fuerte sobre las provincias y por ende sobre los municipios, que es el primer mostrador y está todo el tiempo a punto de estallar y en ajuste y crisis, porque no llegan las partidas que deberían llegar".

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo más los de Rivas, Negrete, De Rosa y Lafalce.

El resto de los ediles votaron en contra y los presidentes de bloque fueron voceros en el recinto para exponer lo que analizaron en estos dos meses que pasaron desde que el expediente fue remitido por el Gobierno.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Joaquín González tuvo una muy corta alocución para informar por qué su bloque votaba en contra. Con algunos aspectos políticos, no hubo ninguna alusión a detalles de la ejecución de recursos y gastos.

"Estuvimos analizándolo y a primera vista notamos un déficit exorbitante", dijo y agregó: "Creemos que los recursos no fueron utilizados oportunamente".

En ese sentido, cuestionó que "se va todo en personal y se sigue tomando gente" y sostuvo que su bloque no acompañaba "porque no son claros ni transparentes".

Además, cuestionó a los aliados políticos del oficialismo por haber sido elegidos en partidos opositores pero votan a favor del Gobierno. "Hay siete que somos verdaderos opositores", señaló.

El Gobierno de Cecilio Salazar logró aprobar la Rendición de Cuentas 2025 gracias a que a los votos del bloque oficialista sumó los de sus aliados de Acuerdo Vecinal (Rivas, Negrete y De b) y de La Libertad Avanza línea Bullrich (Lafalce)

Durante la sesión especial, Soledad Llull, presidenta de la bancada de Fuerza Patria y titular de la comisión de Presupuesto fue la vocera del oficialismo.

"La situación financiera resulta crítica a corto plazo porque no se sustenta con lo recaudado", dijo Llull y repitió lo que el secretario de Economía Roberto Borgo había destacado ante La Opinión respecto de que la coparticipación que llega no alcanza para cubrir la masa salarial mensual.

Indicó que "la cobrabilidad se registra en sus cifras más bajas de la historia" y que está en el orden del 30 por ciento, lo que dificulta cumplir con los servicios básicos.

Destacó que la situación de déficit tiene como eje la decisión del Municipio de no desestimar la demanda que tiene el sistema de salud público, que asiste "al 70 por ciento" de la población local.

"La gran demanda que hay responde a que la gente se quedó sin trabajo y sin obra social", dijo y sostuvo que "la salud depende del sistema público".

En ese marco, Llull tuvo críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei, cuyas medidas, señaló, atentan contra las gestiones provincial y municipal.

Indicó que servicios básicos obligatorios del Estado local como agua corriente y recolección de residuos demandan cada mes una gran cantidad de recursos con los que no se cuenta no sólo por la caída en la cobrabilidad sino por la baja recaudación que impacta en la coparticipación.

En se marco, aseguró: "En este contexto y con estos números, los efectos de la macroeconomía profundiza la crisis en los municipios".

Destacó que aun en la situación complicada desde el punto de vista financiero, el Municipio mantiene la prestación de servicios así como "muchísimos programas" en barrios, que dependen de diversas áreas.

"El futuro no se ve muy prometedor si la situación a nivel nacional sigue igual", advirtió la vocera del Gobierno del intendente Cecilio Salazar en la sesión en la que fue aprobada la Rendición de Cuentas.

El intendente Cecilio Salazar logró una vez más aprobar la Rendición de Cuentas. Esta vez, tras la derrota en las últimas elecciones, necesitó de los votos de aliados políticos para lograrlo.

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada por 11 votos contra siete. Votaron a favor los bloques Fuerza Patria (Soledad Llull, Martín Baraybar, Valentín Bravo, Tamara Vlaeminck, Cristian Leguizamón, Juan Cruz González y Rita Leguizamón), Acuerdo Vecinal (Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete) y La Libertad Avanza (Diego Lafalce).

Lo hicieron en contra Nuevos Aires (Paola Basso, Damián Mosquera, Belén Santos), Alianza La Libertad Avanza (Joaquín González y Melina Panatteri) y San Pedro Puede (Ariel Rey y Mariana Reynoso).

Hubo pocas alocuciones en el recinto, a pesar de una previa cargada de matices que incluyeron hasta un altercado entre Rey y Rivas, con denuncia de trompadas incluida.

Desde la oposición fue Paola Basso la única que profundizó aspectos de la rendición de cuentas propiamente dicha, con datos y detalles que incluso sorprendieron al resto de los opositores.

Joaquín González (LLA) y Ariel Rey (San Pedro Puede) tomaron la palabra para hacer consideraciones políticas generales, sin detenerse en cuestiones puntuales, aunque habían solicitado información al respecto, lo que hacía prever que tendrían aspectos específicos a los que referirse.

Soledad Llull, por su parte, fue la vocera del oficialismo. En su alocución repasó el Mensaje Anual del intendente Cecilio Salazar, que fue incluido como “memoria descriptiva” en la Rendición de Cuentas, y se detuvo en algunos ejemplos relevantes que, al criterio del Gobierno, justifican la situación deficitaria del Municipio.

En ese marco, no faltaron las críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei por la influencia que tienen las medidas tomadas por Nación en las gestiones provincial y municipal.

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

Fines de mayo y antes de la Rendición de Cuentas, hubo sesión en el Concejo Deliberante. Con discusiones y chicanas, pocos proyectos y después de un lío a las piñas.

De los nueve expedientes que había para esta sexta sesión del año, cinco tuvieron tratamiento sobre tablas.

El primero fue el pedido de informe que La Libertad Avanza presentó luego de que La Opinión revelara que el Gobierno dijo que hacía una obra en el Estadio con donaciones de particulares sin haber pasado por el Concejo, algo que es obligatorio.

Ya lo habían pasado a comisión, porque el Concejo actual tiene la muy mala costumbre de evitar que los pedidos de informe se respondan como corresponde, por escrito y desde el Ejecutivo, y los mandan a comisión para que vayan los funcionarios a decir un montón de cosas que luego nadie transcribe en las actas.

Fue el secretario de Obras Públicas, dijo que él no tenía nada que ver, así que La Libertad Avanza dictaminó. Igual, el Gobierno no va a responder el pedido de informe. Lo volvieron a mandar a comisión.

Luego aprobaron una ordenanza que quitó un artículo de otra ordenanza que los propios concejales habían aprobado hace dos años.

Ahora provincia les dijo que estaba mal hecha. Era sobre Villa Jardín y una autorización para lotear que chocaba con la norma provincial.

Tal como hicieron con el pedido de La Libertad Avanza, enviaron a comisión un  pedido de informe de Paola Basso y Nuevos Aires relacionado con un edificio en construcción en el centro.

Es sobre un edificio de departamentos que se construye en Salta al 400. Entienden que "a simple vista supera la altura máxima" permitida en la zona.

Por último, hubo debate en relación a una proyecto para rechazar la propuesta de modificación de los subsidios al gas por zona fría que trata el Congreso nacional.

Antes de la sesión hubo lío: mientras estaban en la Secretaría de Economía mirando documentación relacionada con la Rendición de Cuentas, hubo un altercado entre Ariel Rey y Martín Rivas. El de Acuerdo Vecinal dijo que sólo discutieron y el de San Pedro Puede denunció que recibió una piña en la cara.

Un violento episodio registrado en la Municipalidad con concejales como protagonistas ocurrió este jueves en en la zona de la Secretaría de Economía, antes de la sesión ordinaria del Concejo.

Mientras revisaban documentación relacionada con la Rendición de Cuentas, una situación entre los ediles Ariel Rey (San Pedro Puede) y Martín Rivas (Acuerdo Vecinal) terminó con una acusación de agresiones físicas.

El concejal Rey elevó una nota a la presidencia y radicaba una denuncia penal por "un hecho de extrema gravedad", según dijo en la nota y a La Opinión: "Me propinó un golpe de puño en la cara".

"Sabemos que todas estas cosas van a pasar, lo tenemos claro, se va a poner peor", señaló el presidente del bloque San Pedro Puede y aseguró que no estaban "discutiendo" sino que fue parte de "las actitudes violentas" y las "típicas conductas de un concejal que saca menos del 3 por ciento cuando se presenta solo a elecciones".

Rey dijo que la situación ocurrió delante de varias personas, como su compañera de bloque Mariana Reynoso, Paola Basso, Joaquín González, Roberto Borgo, Candelaria Cusucuela.

"Es vergonzoso y bochornoso, pero denunciamos muchas veces y hay una práctica normalizada y cotidiana de tapar todo: la corrupción, el robo, estas conductas vergonzosas de parte de la corporación política, porque todos se deben algo", cuestionó.

Calificó a Rivas de "cobarde" y de estar "pago para hacer esto". En ese marco, chicaneó: "Son los últimos manotazos de ahogado, dar sermones sí le sale pero cuando tienen que hablar con la gente no supera el voto en blanco".

Martín Rivas salió de la sesión y se dirigió a una reunión con el intendente Cecilio Salazar y la directora de Turismo, Marcela Cuñer, que fue presentada oficialmente este jueves.

En ese marco, dijo a La Opinión que Rey "es un maleducado" y agregó: "No le voy a permitir los insultos". Aseguró que la intención del concejal de San Pedro Puede es "hacer prensa" con "una falta de respeto total".

Consultado sobre la situación ocurrida, aseguró que no golpeó a Rey y que si llegara a haber sucedido algo así "se le notaría" al otro edil. "Sí discutimos, porque no lo dejo que falte el respeto, está mal acostumbrado", agregó.

Rey y Rivas ya protagonizaron otros conflictos. Cuando el primero era candidato a intendente en 2023, el segundo fue su primer postulante al Concejo y de hecho ocupa la banca gracias a ello. En medio de la campaña, se pelearon y tomaron caminos distintos.

Esa disputa siguió y cuando Rey asumió como concejal hubo denuncias cruzadas ente Rivas y los asesores del presidente del bloque San Pedro Puede por agresiones en los pasillos.

Los concejales de La Libertad Avanza en San Pedro, Melina Panatteri y Joaquín González, anunciaron la realización de un “cabildo abierto” para este lunes 25 de mayo, una iniciativa que se desarrollará en los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de recibir inquietudes, propuestas y reclamos de los vecinos.

La actividad se llevará a cabo desde las 10 de la mañana frente al Concejo Deliberante y, según explicaron en el programa Sin Galera, buscará generar un espacio de intercambio directo con la comunidad.

“La idea es acercarnos a la gente para que venga a contarnos qué le duele de San Pedro, cuáles son sus problemáticas o necesidades, y ver cómo podemos trabajarlas desde el Concejo”, señalaron.

Los ediles indicaron que instalarán una mesa abierta al público y que compartirán bebidas calientes y pastelitos para acompañar la jornada patria. Además, remarcaron que la intención es escuchar de primera mano las demandas vecinales y transformarlas luego en proyectos legislativos o gestiones concretas.

“Queremos escuchar, tomar nota y trabajar sobre esos temas. Somos representantes del pueblo y nuestra función es canalizar esas inquietudes”, expresaron.

Durante la entrevista con Rafael Flaiman, Panatteri y González también se refirieron a otro de los temas centrales de la semana política local: el tratamiento de la rendición de cuentas del ejercicio municipal 2024, que deberá debatirse antes del 31 de mayo.

Aseguraron que vienen analizando el expediente junto a asesores y profesionales externos, y adelantaron que encontraron “muchas irregularidades” y aspectos que consideran “maquillados”.

“Hemos pedido bastante información. Parte llegó y otra todavía no. Es una rendición extensa y compleja, pero notamos cuestiones que vamos a manifestar cuando emitamos nuestro voto”, indicaron.

Si bien evitaron anticipar formalmente su postura definitiva, dejaron entrever que el bloque opositor votaría en contra de la aprobación de las cuentas municipales.

Por otra parte, los concejales defendieron la gestión nacional encabezada por el presidente Javier Milei y aseguraron que perciben respaldo de los vecinos hacia las políticas impulsadas desde Nación. “La gente siente que durante muchos años hubo despilfarro y que ahora se están ordenando las cuentas”, sostuvieron, al tiempo que remarcaron diferencias con la gestión provincial bonaerense.

Finalmente, invitaron a los vecinos a participar del cabildo abierto y acercarse durante la jornada del lunes para plantear inquietudes o intercambiar opiniones sobre la realidad local.

Mayo, mes del día del trabajador, y para honrarlo el Concejo Deliberante tuvo una sesión corta, muy corta y con apenas dos expedientes tratados sobre tablas.

La sesión tuvo la particularidad de ser la primera del año con la presencia de Mauro de Rosa, el concejal denunciado por delitos sexuales que había pedido licencia tras protagonizar un escándalo  cuando estaba alcoholizado en el club Paraná en febrero.

Aunque hubo rechazo de la gran mayoría de los concejales a su reincorporación y hasta anuncio de comisión investigadora, no hubo novedades y lo único que se dice puertas adentro es un escueto "estamos en eso".

La concejala Tamara Vlaeminck, que tiene vigente una restricción perimetral con De Rosa que les impide a ambos acercarse o tener contacto pero que no implica que no puedan asistir al Concejo, no estuvo presente en la sesión.

Tampoco fueron Diego Lafalce y Valentín Bravo, por lo que las bancas vacías fueron tres y el Concejo sesionó con quince ediles.

El orden del día tenía 12 expedientes. Cuatro proyectos de ordenanza que pasaron a comisión, cinco notas que se archivaron y tres proyectos de resolución, aunque sólo trataron sobre tablas dos, porque uno debería haber sido proyecto de ordenanza, así que también fue a parar a una comisión.

El primero de los expedientes tratados en el recinto fue la propuesta de La Libertad Avanza para respaldar el proyecto de la senadora Arietto que propone agilizar los desalojos ante usurpaciones. Joaquín González fue el vocero.

Sin argumentos de ninguno de los bloques, el proyecto fue rechazado por la bancada oficialista, la filooficialista Acuerdo Vecinal y la de Nuevos Aires.

Por último, trataron una propuesta de Damián Mosquera y Nuevos Aires para sugerir al Gobierno que ponga en marcha una casa del estudiante para quienes viajan a San Pedro desde las localidades.

El proyecto generó debate porque Rivas se opuso y propuso enviarlo a comisión, no sin chicanear a Mosquera.

Desde el oficialismo, Soledad Llull recogió el guante, respondió a Rivas y anunció no sólo el acompañamiento al expediente sino que además el intendente está de acuerdo y hay un plan en marcha para llevarlo adelante.

Rivas y su bloque finalmente acompañaron, aunque el concejal advirtió que el anuncio de Llull implica un compromiso del Ejecutivo.

Sin más temas que tratar, porque desde el 23 de abril hasta ahora no dictaminaron proyecto alguno, dieron por finalizada la sesión.