Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

Una investigación de La Opinión & Sin Galera reveló el sábado que las motos secuestradas que el Gobierno envió a compactación tras difundir el decreto en febrero del año pasado no fueron destruidas sino que terminaron en el depósito de una chatarrería donde están a la venta.

La empresa local que se adjudicó la licitación para compactar los vehículos secuestrados cuyos propietarios no cumplieron con los trámites para retirarlos no sólo no las destruyó sino que las trasladó a ese desarmadero.

Allí, comprobó La Opinión, se pueden comprar por partes, en algunos casos enteras y en otros hasta habría ofrecimiento de motores y cuadros a los que se suprimirían los números para que dejen de ser visibles.

El decreto con las motos a compactar tiene fecha del 25 de febrero de 2025 y fue publicado en el Boletín Oficial y también en La Opinión.

Allí figuran, en total, 283 vehículos en condición de ser compactados, entre ellos 269 motos. Todos los rodados, como establece la normativa vigente, llevaban más de 180 días desde que fueron secuestrados.

La Opinión detectó en ese depósito varias motos con la chapa patente colocada cuya numeración coincide con las que aparecen en el decreto, puesto que la Municipalidad está obligada a publicarlas por si alguien quiere regularizar su situación y evitar la compactación.

En esa documentación figuran número de acta, número de causa en el Tribunal de Faltas, acta de incautación, fecha, tipo de vehículo, dominio, marca y modelo.

Todos los vehículos que aparecen en ese decreto deberían haber sido compactados, es decir destruidos para que la empresa que ganó la licitación pueda comercializar el resultado, la chatarra. Sin embargo, eso no ocurrió.

Las motos que la Municipalidad envió a compactación no fueron destruidas y hoy están almacenadas en un depósito, puestas a la venta.

La investigación comenzó a fines del 2025, cuando el Municipio publicó el listado de motos y autos secuestrados que serían compactados.

La licitación fue adjudicada a una empresa local, que debía realizar el procedimiento de destrucción de los vehículos, tal como ocurrió en otras oportunidades.

Sin embargo, en lugar de compactarlas, las motos fueron trasladadas a un depósito y comenzaron a aparecer versiones de vecinos y personas vinculadas al ambiente de las autopartes que aseguraban que las unidades seguían enteras y que incluso algunas piezas se comercializaban.

Con el correr de los meses, La Opinión recibió fotografías y datos concretos sobre el lugar donde estaban almacenadas.

A partir de esas imágenes, comprobó que varias de las motos coincidían con las incluidas en el decreto municipal de compactación.

En las fotos tomadas dentro del depósito se observan patentes visibles que, al ser cotejadas con el listado oficial publicado por la Municipalidad, corresponden a motos que debían haber sido destruidas.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venden repuestos, motores y otras partes de las motos secuestradas. Además, algunas fuentes aseguraron que determinados motores podrían ser entregados con la numeración limada.

La Municipalidad se prepara para llevar adelante una nueva compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito.

Ante la decisión tomada de ir por una nueva compactación desde 2016, año en que se sancionó la Ordenanza Nº 6.175, el Departamento Ejecutivo solicitó que los propietarios de motos, cuatriciclos y automóviles los retiren.

Para ello, deben pagar la multa establecida por el Juzgado de Faltas y antes de ser alcanzados por la reglamentación vigente. Entre multa y estadía, en algunos casos-,el valor es inferior a la cotización que tienen en el mercado. Por lo tanto, resulta conveniente recuperarlos.

Sin embargo, existe un lote mayor que irá a compactación. Es el que está ubicado en el Corralón Municipal, cuya antigüedad supera los seis meses de estadía, que también puede retornar a sus dueños siempre que abonen las multas.

¿Cómo se llega a la decisión de compactar? En su momento se tomó el ejemplo de otras comunas. Algunas remataban. Otras compactaban. Rematar implicaba retornar al tránsito a cientos de motos, por ejemplo, y a su vez habilitar el “mercado negro” de los repuestos. Por eso se adoptó el criterio de la compactación.

Para que un vehículo llegue a su destrucción total el Departamento Ejecutivo realiza el trámite administrativo, como elaborar el listado a través del Juzgado de Faltas.

Una vez confeccionado el inventario, se notifica al propietario de lo que sucederá publicando un edicto judicial, teniendo cinco días para regularizar la situación. Allí se lo intima al pago de la multa y la estadía, bajo apercibimiento de que el Municipio queda facultado para proceder a la compactación.

Una empresa, ganadora de una licitación privada, se encarga de que los tanques de combustibles estén vacíos (para evitar incendios y/o explosiones) y que todo lo que sea metal se lo someta a la destrucción (chatarra), por separado de lo que serían otros elementos como asientos y cubiertas.

Puede ocurrir que el titular no se presente y esto significará que ha desistido de recuperar el rodado.

También existe la instancia de que el Municipio pueda acceder a algún vehículo que esté en buenas condiciones y sea incorporado al patrimonio. Esto ya ocurrió en dos ocasiones. En la primera compactación se recuperaron tres motos y en la segunda un automóvil.

A su vez, existe la alternativa de que puedan llegar a manos de entidades de bien público.

Una vez más, el Municipio llevará adelante el proceso de compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que permanecieron más de seis meses en el depósito, tal como establece la ordenanza vigente.

En esta oportunidad, se trata de motos retenidas durante 2024 y parte de las que ingresaron en 2025. En total serán 230 rodados los que dejarán de estar en resguardo, lo que representará una importante descompresión para la Dirección de Tránsito, que enfrenta una seria falta de espacio para almacenar los vehículos secuestrados en los operativos de control.

El listado con las unidades a compactar ya fue elaborado en el Juzgado de Faltas y, en los próximos días, se iniciará el proceso de notificación a sus propietarios, quienes tendrán una última oportunidad para recuperarlas. La comunicación se realizará mediante un decreto del Departamento Ejecutivo, a partir del cual los dueños dispondrán de 15 días corridos para regularizar la situación.

Vencido ese plazo, las motos quedarán a disposición del Municipio para su destrucción. Cabe recordar que el Ejecutivo puede incorporar alguno de estos vehículos a su patrimonio, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas.

Si bien la cifra de 230 motos resulta significativa, no es la más alta registrada: en anteriores etapas se compactaron alrededor de 1.000 unidades —incluyendo automóviles— y otro lote de 750 rodados.

Entre las infracciones más frecuentes que motivaron las retenciones se destacan la falta de licencia de conducir, falta de seguro y, especialmente, la ausencia de casco.

El Gobierno municipal dispuso pasar al dominio del Estado local cinco motocicletas de mediana cilindrada que fueron secuestradas en el marco de operativos de tránsito para afectarlas a la denominada Guardia Urbana que había propuesto Carlos Farré cuando asumió como secretario de Seguridad en enero.

El Municipio había destinado 48 millones de pesos para comprar seis motos Honda o Yamaha 250, que tenían una serie de requerimientos técnicos específicos y para lo que llamaron a licitación.

Aunque hubo dos provedores que se inscribieron y compraron los pliegos, finalmente no presentaron propuesta y la licitación quedó desierta. 

Desde el Gobierno confirmaron a La Opinión que “no se procedió a segundo llamado por cuestiones de fondos” y que, en ese marco, decidieron buscar entre las motos secuestradas que están en condiciones de pasar a dominio público las que encajan en los requerimientos para la guardia urbana.

Son cinco rodados de entre 12 y 200 cc que el personal de la Dirección de Tránsito incautó en diversos operativos y que cumplieron el plazo de ley sin que nadie las vaya a retirar, lo que permite que sean compactadas o que pasen a la órbita municipal.

El Gobierno publicó un edicto para dar aviso respecto de esas motos, que están en condiciones de ser afectadas al uso municipal porque están en buen estado y en condiciones de rodar, aunque hay que hacerles mantenimiento.

Son una Yamaha FZ16, patente 961 GIB que fue secuestrada el 19 de abril de 2024; una Brava 200 dominio A056BRZ, incautada en abril del año pasado.

Una Guerrero GXR200, 850 KUC, retenida en septiembre 2024; una Gilerca VC 150, A101NXO, del 11 de diciembre; y una Jianhse JS125, dominio 302LLW, secuestrada el 29 de diciembre de 2024.

Los titulares de esas motos tienen 15 días para oponerse a la decisión municipal de afectarlas al uso público. Para hacer valer sus derechos sobre los vehículos deben presentarse en el Juzgado de Faltas.

Allí podrán tramitar la restitución, previa presentación de la documentación que acredite la propiedad y el pago de multas, derechos de oficina, acarreo y estadía más accesorios y honorarios.

El Gobierno decidió emprender un nuevo proceso de compactación de los vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito, según establece la ordenanza vigente, aunque de acuerdo a lo informado oficialmente, destruirán las secuestradas en 2022 y 2023.

El Municipio elaboró un listado de motos y automóviles que serán convertidos en chatarra, mientras solicitó que aquellas personas que posean un rodado por fuera de esa nómina, se acerquen al Juzgado de Faltas a realizar las gestiones para lograr su recuperación.

El decreto de compactación (Nº 227/25) fue publicado el 25 de febrero y desde entonces los propietarios tuvieron 15 días para sanear la situación ante el Tribunal.

Luego de este plazo, motos y automóviles quedaron a disposición del Departamento Ejecutivo para su destrucción, excepto aquellos que están en buenas condiciones para ser reutilizados, que pasarán a ser patrimonio del Municipio.

En total serán 268 unidades las que dejaron de estar alojadas en el depósito municipal y fueron trasladaas al Corralón de calle Lucio Mansilla, correspondientes a los años 2022 y 2023.

El proceso de compactación de motos y automóviles secuestrados que inició el Gobierno con el objetivo de disponer de alrededor de 300 vehículos que estaban en depósito municipal tiene al menos cinco rodados que pasarán a dominio público para su reutilización.

Son un utilitario, una SUV, una camioneta y dos colectivos, todos secuestrados por distintas infracciones y que llevan en depósito más de 180 días, plazo que estipula la normativa para que se rematen, sean compactados o pasen al patrimonio municipal.

En el listado de vehículos del decreto aparecen cinco como "aptos para rodar".

 Si los propietarios no cumplen el trámite para su restitución, que implica pagar multa, acarreo, estadía, derechos de oficina, etc., serán afectados al Municipio.

Son un utilitario Peugeot Partner modelo 2011 que fue secuestrada en abril de 2024; una SUV Renault Duster del año 2012 incautada por la policía en julio de 2022.

También na camioneta Ford F-100 que está en depósito municipal desde septiembre de 2023; y dos colectivos Agrale retenidos uno en febrero de 2023 y otro en agosto del mismo año. 

La Secretaría de Seguridad prepara la compactación de una gran cantidad de motos secuestradas en operativos de control vehicular que estaban en depósito desde 2022 y 2023, al tiempo que pidieron a quienes les incautaron el rodado desde 2024 en adelante que hagan los trámites para su restitución.

En el depósito municipal de calle Saavedra al 700 hay más de 300 motos que corresponden a los secuestros del año pasado y lo que va de 2025. Las de fechas anteriores comenzaron a ser trasladadas al Corralón para la compactación.

Por eso el Gobierno pidió a los propietarios de los rodados incautados que todavía están en el galpón que vayan al Juzgado de Faltas para tramitar la devolución de su moto, para evitar así que el Estado pueda disponer de ellas ya sea para compactar, rematar o pasar al patrimonio público y utilizarlas en el Municipio.

En la actualidad, las motos que están secuestradas bajo custodia municipal están ordenadas, bien identificadas y asentadas en un archivo que permite su rápida restitución una vez que el propietario hizo los trámites correspondientes.

La mayoría de las infracciones son por falta de documentación y casco, que tienen, en general una multa de alrededor de 140 mil pesos, puesto que el Juzgado de Faltas suele establecer el mínimo para facilitar la recuperación.

Los infractores deben llevar la documentación al día, lo que incluye el seguro obligatorio, y el caso protector para retirar su moto. 

Además de abonar la multa, tienen que pagar la estadía, que asciende a 1286 pesos por día y que suele contarse en días hábiles (en la ordenanza impositiva habían dispuesto 9286 pesos por día y luego lo corrigieron a 1286 porque "hubo un error", informaron).

Las motos secuestradas en operativos en la vía pública ingresan a depósito, donde son asentadas en un libro con todos los datos del vehículo y del acta de infracción.

"La gente trae la denuncia y con número de chasis y motor revisamos, y aparecen motos robadas", contó Mario Romero, uno de los encargados de la custodia del galpón de calle Saavedra.

El Gobierno de la vecina ciudad de Baradero anunció que subastarán 35 motocicletas que fueron secuestradas en operativos de tránsito y cuyos propietarios no hicieron el trámite de restitución dentro de los plazos que indica la normativa vigente.

El intendente Esteban "Tito" Sanzio informó en conferencia de prensa que la subasta será el 12 de julio y que dos días antes las motos será exhibidas en el Paseo del Puerto de la localidad.

"La más barata tiene una base de $ 50.000 y la más cara una base de $ 400.000", informó Sanzio. Una vez adquirido el rodado en la subasta, toda multa o impedimento para circular quedará sin efecto, explicó

Quienes adquieran los vehículos deberán abonar de contado vía cheque o transferencia bancaria para recibir la documentación que permitirá inscribir el bien a su nombre, tras lo que recién se le entregará la moto, detallaron.

La normativa permite a los municipios que una vez cumplidos los 180 días sin tramitar restitución se pueda destinar a compactación, subasta pública o traspaso al dominio municipal los vehículos retenidos en operativos de tránsito.

Para proceder a subasta o convertirse en vehículo municipal, los rodados tienen que estar en condiciones de circular. De lo contrario, pasan a compactación.

El Estado local pasará a dominio público municipal 20 de las más de 750 motos que figuran en el listado de destrucción vía compactación, tarea que la empresa contratada por el Gobierno comenzó el lunes.

“Va avanzando bastante, son 150 automóviles y 750 motocicletas. No sé si esta semana van a terminar”, dijo el secretario de Seguridad, Juan Carlos Agüero, este jueves en Radio Cuarentena.

La empresa Scrap, de Zárate, que se dedica a la comercialización de chatarra y metales, se adjudicó la tarea y desde el lunes trabaja en el predio del depósito municipal para la compactación de vehículos. “Ellos compactan, pesan y trasladan”, explicó Agüero.

Las 20 motos seleccionadas para pasar al dominio público municipal deben atravesar un trámite administrativo tras lo que se definirá su destino en las áreas que el Gobierno considere para su uso.

“Si uno ve el depósito, hay motos que no fueron a retirar pero están muy bien, algunas casi nuevas. Es impresionante la cantidad que hay”, dijo Agüero.

La compactación corresponden a vehículos secuestrados entre 2016 y 2019. El Estado tiene potestad para destruir o pasar al dominio público los vehículos incautados en operativos de tránsito que no fueron reclamados en los 180 días desde su secuestro.

“Al correr el tiempo, está la problemática del pago de la estadía, no les conviene retirar porque a veces resulta que se hizo más cara la estadía que la moto”, dijo el funcionario a cargo de la Secretaría de Seguridad.

“La intención siempre es preventiva, que no haya que secuestrar motos. Lo que queremos desde el Municipio es que cumplan las normas, que no haya accidentes, que el tránsito esté ordenado y sin inconvenientes”, aseguró Agüero.

Comenzó esta semana la compactación de vehículos secuestrados en operativos de tránsito cuyos titulares no cumplieron con los trámites correspondientes para la restitución y se encontraban en el depósito municipal de Crucero General Belgrano e Independencia.

Alrededor de 750 motos y 150 automóviles son los que figuran en el decreto publicado a fines de agosto por el Gobierno municipal para intimar a los dueños de esos vehículos como última oportunidad de recuperarlos.

Una empresa de Zárate tiene a su cargo las tareas, que implican la destrucción de motos y autos que fueron secuestrados en operativos de tránsito entre los años 2016 y 2018.

La normativa vigente establece que pasados los 180 días, el Gobierno puede disponer de los rodados incautados para su compactación o, en el caso en que fuera posible, para que pasen al patrimonio público municipal.

El Gobierno ultima detalles para la compactación de vehículos que tenía prevista para fines del año pasado. Resta que definan si hay motos y autos en condiciones de pasar al patrimonio público municipal antes de proceder a la destrucción del resto.

El director de Tránsito, Ángel Burgos, señaló que estiman que hay alrededor de 450 motocicletas y entre 50 y 70 automóviles en el expediente del Juzgado de Faltas que está preparado para convocar a la compactadora.

“Es una preocupación que tengo, hoy no tenemos espacio físico ni para motos ni para autos, es imposible pasar por un lado o por el otro, esperemos poder resolverlo cuanto antes”, dijo Burgos.

Una vez que la Secretaría de Seguridad resuelva si entre esas motos y autos hay algunos en condiciones de pasar al patrimonio municipal, convocarán a la empresa encargada de la destrucción del resto. Para que ser reutilizados por el Estado tienen que estar en condiciones óptimas de circulación.

Las motos y autos que fueron secuestrados en operativos de tránsito y que no fueron reclamadas por sus propietarios en los 180 días posteriores están en condiciones de ser compactadas o de pasara al patrimonio municipal, según indica la normativa vigente.

“Hay muchos vehículos secuestrados que estaban en estado de abandono que no se retiran, en estos tres meses llevamos alrededor de 60”, señaló Burgos respecto de la cantidad de automóviles que puede verse en el predio donde funcionan el depósito de vehículos secuestrados y la balanza pública.