Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

Una investigación de La Opinión & Sin Galera reveló el sábado que las motos secuestradas que el Gobierno envió a compactación tras difundir el decreto en febrero del año pasado no fueron destruidas sino que terminaron en el depósito de una chatarrería donde están a la venta.

La empresa local que se adjudicó la licitación para compactar los vehículos secuestrados cuyos propietarios no cumplieron con los trámites para retirarlos no sólo no las destruyó sino que las trasladó a ese desarmadero.

Allí, comprobó La Opinión, se pueden comprar por partes, en algunos casos enteras y en otros hasta habría ofrecimiento de motores y cuadros a los que se suprimirían los números para que dejen de ser visibles.

El decreto con las motos a compactar tiene fecha del 25 de febrero de 2025 y fue publicado en el Boletín Oficial y también en La Opinión.

Allí figuran, en total, 283 vehículos en condición de ser compactados, entre ellos 269 motos. Todos los rodados, como establece la normativa vigente, llevaban más de 180 días desde que fueron secuestrados.

La Opinión detectó en ese depósito varias motos con la chapa patente colocada cuya numeración coincide con las que aparecen en el decreto, puesto que la Municipalidad está obligada a publicarlas por si alguien quiere regularizar su situación y evitar la compactación.

En esa documentación figuran número de acta, número de causa en el Tribunal de Faltas, acta de incautación, fecha, tipo de vehículo, dominio, marca y modelo.

Todos los vehículos que aparecen en ese decreto deberían haber sido compactados, es decir destruidos para que la empresa que ganó la licitación pueda comercializar el resultado, la chatarra. Sin embargo, eso no ocurrió.

Las motos que la Municipalidad envió a compactación no fueron destruidas y hoy están almacenadas en un depósito, puestas a la venta.

La investigación comenzó a fines del 2025, cuando el Municipio publicó el listado de motos y autos secuestrados que serían compactados.

La licitación fue adjudicada a una empresa local, que debía realizar el procedimiento de destrucción de los vehículos, tal como ocurrió en otras oportunidades.

Sin embargo, en lugar de compactarlas, las motos fueron trasladadas a un depósito y comenzaron a aparecer versiones de vecinos y personas vinculadas al ambiente de las autopartes que aseguraban que las unidades seguían enteras y que incluso algunas piezas se comercializaban.

Con el correr de los meses, La Opinión recibió fotografías y datos concretos sobre el lugar donde estaban almacenadas.

A partir de esas imágenes, comprobó que varias de las motos coincidían con las incluidas en el decreto municipal de compactación.

En las fotos tomadas dentro del depósito se observan patentes visibles que, al ser cotejadas con el listado oficial publicado por la Municipalidad, corresponden a motos que debían haber sido destruidas.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venden repuestos, motores y otras partes de las motos secuestradas. Además, algunas fuentes aseguraron que determinados motores podrían ser entregados con la numeración limada.

La saturación del depósito de motocicletas ubicado en la calle Saavedra al 700 ha llevado a la Municipalidad a disponer de un nuevo espacio para el almacenamiento de vehículos incautados. Esta situación es el resultado de los operativos diarios, donde se reiteran la circulación de rodados por falta de documentación, escapes antirreglamentarios o maniobras peligrosas.

Para aliviar la acumulación actual, la Municipalidad ha iniciado un nuevo proceso de compactación de 230 vehículos. No obstante, esta medida no resolverá el problema de espacio de forma definitiva: una vez finalizado el procedimiento, aún permanecerán en el depósito cerca de 200 motocicletas, todas correspondientes a infracciones del año 2025.

La permanencia de los rodados no siempre se debe a limitaciones económicas de los infractores. El principal obstáculo es la irregularidad registral:

*Muchos propietarios adquieren motos sin realizar la transferencia.

*En diversos casos, el titular registral ha fallecido, imposibilitando acreditar la tenencia legal.

*Existen unidades adquiridas de manera indebida o que cuentan con pedidos de secuestro previos.

Ante la urgencia de resolver la logística diaria —especialmente tras los operativos de cada fin de semana, donde las motos suelen quedar alojadas provisoriamente en oficinas administrativas—, se ha habilitado un nuevo depósito junto al Centro de Salud de Los Aromos. Este predio cuenta con la capacidad para 200 unidades, aproximadamente, y pertenece al Municipio.

El panorama no visualiza un cambio. Los controles de la Dirección Tránsito continuarán existiendo, las incautaciones también y la ilegalidad respecto a la documentación se mantendrá mientras no se comprenda que cada vez que se circula los motociclistas deben ajustarse a la ley de tránsito.

La Municipalidad se prepara para llevar adelante una nueva compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito.

Ante la decisión tomada de ir por una nueva compactación desde 2016, año en que se sancionó la Ordenanza Nº 6.175, el Departamento Ejecutivo solicitó que los propietarios de motos, cuatriciclos y automóviles los retiren.

Para ello, deben pagar la multa establecida por el Juzgado de Faltas y antes de ser alcanzados por la reglamentación vigente. Entre multa y estadía, en algunos casos-,el valor es inferior a la cotización que tienen en el mercado. Por lo tanto, resulta conveniente recuperarlos.

Sin embargo, existe un lote mayor que irá a compactación. Es el que está ubicado en el Corralón Municipal, cuya antigüedad supera los seis meses de estadía, que también puede retornar a sus dueños siempre que abonen las multas.

¿Cómo se llega a la decisión de compactar? En su momento se tomó el ejemplo de otras comunas. Algunas remataban. Otras compactaban. Rematar implicaba retornar al tránsito a cientos de motos, por ejemplo, y a su vez habilitar el “mercado negro” de los repuestos. Por eso se adoptó el criterio de la compactación.

Para que un vehículo llegue a su destrucción total el Departamento Ejecutivo realiza el trámite administrativo, como elaborar el listado a través del Juzgado de Faltas.

Una vez confeccionado el inventario, se notifica al propietario de lo que sucederá publicando un edicto judicial, teniendo cinco días para regularizar la situación. Allí se lo intima al pago de la multa y la estadía, bajo apercibimiento de que el Municipio queda facultado para proceder a la compactación.

Una empresa, ganadora de una licitación privada, se encarga de que los tanques de combustibles estén vacíos (para evitar incendios y/o explosiones) y que todo lo que sea metal se lo someta a la destrucción (chatarra), por separado de lo que serían otros elementos como asientos y cubiertas.

Puede ocurrir que el titular no se presente y esto significará que ha desistido de recuperar el rodado.

También existe la instancia de que el Municipio pueda acceder a algún vehículo que esté en buenas condiciones y sea incorporado al patrimonio. Esto ya ocurrió en dos ocasiones. En la primera compactación se recuperaron tres motos y en la segunda un automóvil.

A su vez, existe la alternativa de que puedan llegar a manos de entidades de bien público.

Una vez más, el Municipio llevará adelante el proceso de compactación de vehículos incautados por infracciones de tránsito, que permanecieron más de seis meses en el depósito, tal como establece la ordenanza vigente.

En esta oportunidad, se trata de motos retenidas durante 2024 y parte de las que ingresaron en 2025. En total serán 230 rodados los que dejarán de estar en resguardo, lo que representará una importante descompresión para la Dirección de Tránsito, que enfrenta una seria falta de espacio para almacenar los vehículos secuestrados en los operativos de control.

El listado con las unidades a compactar ya fue elaborado en el Juzgado de Faltas y, en los próximos días, se iniciará el proceso de notificación a sus propietarios, quienes tendrán una última oportunidad para recuperarlas. La comunicación se realizará mediante un decreto del Departamento Ejecutivo, a partir del cual los dueños dispondrán de 15 días corridos para regularizar la situación.

Vencido ese plazo, las motos quedarán a disposición del Municipio para su destrucción. Cabe recordar que el Ejecutivo puede incorporar alguno de estos vehículos a su patrimonio, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas.

Si bien la cifra de 230 motos resulta significativa, no es la más alta registrada: en anteriores etapas se compactaron alrededor de 1.000 unidades —incluyendo automóviles— y otro lote de 750 rodados.

Entre las infracciones más frecuentes que motivaron las retenciones se destacan la falta de licencia de conducir, falta de seguro y, especialmente, la ausencia de casco.

El Gobierno decidió emprender un nuevo proceso de compactación de los vehículos incautados por infracciones de tránsito, que llevan más de seis meses en depósito, según establece la ordenanza vigente, aunque de acuerdo a lo informado oficialmente, destruirán las secuestradas en 2022 y 2023.

El Municipio elaboró un listado de motos y automóviles que serán convertidos en chatarra, mientras solicitó que aquellas personas que posean un rodado por fuera de esa nómina, se acerquen al Juzgado de Faltas a realizar las gestiones para lograr su recuperación.

El decreto de compactación (Nº 227/25) fue publicado el 25 de febrero y desde entonces los propietarios tuvieron 15 días para sanear la situación ante el Tribunal.

Luego de este plazo, motos y automóviles quedaron a disposición del Departamento Ejecutivo para su destrucción, excepto aquellos que están en buenas condiciones para ser reutilizados, que pasarán a ser patrimonio del Municipio.

En total serán 268 unidades las que dejaron de estar alojadas en el depósito municipal y fueron trasladaas al Corralón de calle Lucio Mansilla, correspondientes a los años 2022 y 2023.

Desde la semana pasada, la empresa Scrap, oriunda de Zárate, trabaja en el predio del depósito municipal en la compactación de vehículos secuestrados en operativos de tránsito entre los años 2016 y 2019.

El sábado, el móvil de Sin Galera recorrió la zona y el director de Tránsito, Ángel Jesús Burgos, informó que para ese día ya habían compactado alrededor de la mitad de los 150 automóviles y 750 motocicletas que figuran en el listado.

Este lunes, la empresa zarateña retomaba las tareas en el predio y todo indica que para el fin de semana habrán terminado con el trabajo para llevarse el material resultante de la destrucción de esos vehículos.

El Gobierno local había previsto esta compactación para 2020, pero la situación provocada por la pandemia demoró el proceso, que finalmente comenzó la semana pasada tras la publicación de los listados correspondientes.

Además de la destrucción de esos rodados, hay 20 motos que fueron recuperadas para el patrimonio público municipal y que serán destinadas a diversas áreas del Estado local una vez cumplidos los trámites previstos en la normativa vigente.

La legislación establece que pasados los seis meses de producida la incautación del vehículo en un operativo de tránsito, el Estado puede disponer para la destrucción o para su uso municipal de esos rodados si el propietario no hizo el trámite de restitución ante el Juzgado de Faltas.

La Secretaría de Seguridad informó que el Juzgado de Faltas tramita la compactación de alrededor de 500 vehículos secuestrados, que se encuentran en el depósito municipal tras haber sido incautados en operativos de la Dirección de Tránsito que conduce Luis Caramún.

En breve, anunciaron, habrá un llamado a licitación para que se presenten empresas que se dedican a esa tarea. La última compactación fue en octubre de 2020, y en esa oportunidad no hubo que preparar los vehículos y transportarlos, sino que la compactación fue en el mismo depósito ubicado en camino Crucero General Belgrano.

Los vehículos que van a compactación, en cada caso, excedieron el plazo de 180 días que establece la ley como límite de guarda en depósito municipal. Pasado ese tiempo, el Estado local queda autorizado a compactar o afectar al uso propio los vehículos.

Una vez confeccionado el listado de vehículos, será publicado y dado a difusión para que los titulares puedan optar por “rescatar” de la destrucción su moto o su auto. Por supuesto, que en los casos que llevan mucho tiempo, pagar la multa y los días de alojamiento en el depósito municipal implica una carga tan onerosa que los infractores prefieren perder su movilidad incautada.

El Gobierno decidió afectar para el uso municipal un automóvil Chevrolet Corsa GL secuestrado en el marco de un operativo. En ese caso, el rodado no se compacta, sino que pasan a ser parte de la flota de vehículos del Estado local, de acuerdo a lo que prevé la legislación vigente. El jueves en la sesión del Concejo Deliberante se autorizó esa decisión.