Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Desde la oportunidad real de acceder a la vivienda propia hasta los riesgos ocultos de un fraccionamiento mal planificado, hay decisiones que se toman una sola vez y que conviene tomar bien informado.

Comprar un lote es, para muchas familias, la decisión económica más importante de su vida. Y sin embargo, pocas veces se toma con la información completa. Se confía en la palabra del vendedor, en el entusiasmo del momento, en el precio que parece razonable. Lo que no se ve —o no se explica— es el universo de condiciones técnicas, jurídicas y administrativas que determinan si ese lote es realmente lo que parece. Las consideraciones que siguen se enmarcan en la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires y están dirigidas a cualquier persona que esté evaluando una compra de tierra en nuestro territorio, con la claridad que merece quien está a punto de tomar una decisión que no tiene marcha atrás.

Imaginemos un grupo de vecinos, o los trabajadores de una empresa local, que se organizan para comprar entre todos un predio grande y luego subdividirlo en lotes para cada familia. La idea es razonable, el impulso es legítimo. Pero hay un problema que puede arruinarlo todo: no cualquier terreno puede subdividirse en la cantidad de parcelas que uno imagina.

Cada municipio de la Provincia tiene un Código Urbano —u Ordenanza de Zonificación— que determina qué puede hacerse con cada metro cuadrado del ejido. Esa norma clasifica los terrenos por zonas y fija, para cada una, la superficie mínima y el frente mínimo que debe tener cada lote resultante de una subdivisión. La normativa de fondo que encuadra a todos los municipios bonaerenses es el Decreto-Ley 8.912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que ningún distrito puede ignorar ni contradecir.

¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que, si un grupo de doce familias compra un predio de dos hectáreas en una zona donde el lote mínimo es de 2.000 m², solo podrán obtener diez parcelas como máximo —antes de descontar las superficies que quedan afectadas a calles internas. El sueño de los doce se convierte en un conflicto entre doce.

Riesgo concreto: adquirir en condominio un predio con la expectativa de subdividirlo en una cantidad de lotes que la normativa urbana no permite es uno de los errores más costosos y frecuentes en operaciones grupales. La consulta previa con un profesional evita ese problema. La falta de consulta puede significar la imposibilidad de escriturar a favor de todos los integrantes del grupo.

Un loteo irregular no es solo un problema de papeles: es la razón concreta por la que en ese barrio no llega la luz, no hay agua de red, no hay gas, no pasa el colectivo y no hay farola en la esquina. Para que cualquier prestador —eléctrico, sanitario, vial o de transporte— extienda su red, necesita que existan formalmente las calles, los espacios verdes y las áreas de equipamiento que la normativa exige ceder al municipio como condición del fraccionamiento. Esas cesiones solo se materializan con un plano de subdivisión debidamente aprobado por la Dirección de Geodesia y convalidado por el municipio. Sin ese documento, esas superficies no existen jurídicamente, y ningún organismo tiene obligación de prestar servicio sobre lo que el Estado no reconoce. A esto se suma que el Decreto-Ley 8.912/77 prohíbe aprobar loteos en zonas inundables: un lote por debajo de la cota mínima fijada por la Dirección Provincial de Hidráulica no puede ser habilitado, y si se vende igual, el contrato es susceptible de nulidad.

“Comprar en un loteo irregular no es solo arriesgarse a no escriturar. Es resignarse a vivir sin los servicios que el resto del municipio da por sentados”.

Muchos lotes se ofrecen y se venden con un croquis: un dibujo orientativo que muestra la ubicación aproximada, las medidas supuestas y los linderos generales del terreno. Ese croquis puede estar muy bien presentado, con logo de inmobiliaria, sello y todo. Y aun así, no vale nada como título de propiedad.

Un plano de mensura es un documento técnico elaborado por un agrimensor matriculado, sometido a visado y aprobación por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y con reflejo en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. Es el único instrumento que da existencia jurídica a una parcela. Sin él, no hay lote en sentido legal. Hay tierra, hay posesión, hay expectativa —pero no hay derecho real oponible a terceros.

Cuando la venta se realiza a través de una inmobiliaria, es fundamental comprender que actúa como intermediaria. No es la titular del bien ni asume la responsabilidad sobre la situación dominial del predio. La responsabilidad recae sobre el titular registral del inmueble o, en los casos más riesgosos, sobre un mero poseedor que vende algo sobre lo que no tiene dominio inscripto. Comprar a un poseedor que vende con un croquis y un boleto informal puede significar pagar por años algo que nunca podrá escriturar, o que será reclamado por el verdadero titular en cualquier momento.

La pregunta que todo comprador debería formular antes de firmar es simple: ¿quién figura como titular en el Registro de la Propiedad Inmueble y existe un plano de mensura aprobado? Si no hay respuesta clara a esas dos preguntas, hay que detenerse.

Frente a todos estos riesgos, existe una alternativa que combina organización colectiva con respaldo jurídico sólido: la cooperativa de vivienda. Puede constituirla un grupo de vecinos de un barrio, los empleados de una fábrica, los integrantes de un sindicato o los trabajadores de una empresa. Cualquier grupo con un objetivo habitacional común y la voluntad de organizarse correctamente.

La cooperativa, una vez constituida e inscripta conforme a la Ley 20.337 de Cooperativas y registrada ante el INAES, puede adquirir un predio, contratar los servicios técnicos necesarios —agrimensor, ingeniero, abogado—, gestionar el loteo ante los organismos provinciales y municipales bonaerenses, y finalmente adjudicar los lotes a sus asociados de manera ordenada y con respaldo legal en cada paso. No es magia: es organización con marco jurídico. La diferencia entre una compra grupal informal y una cooperativa bien constituida es exactamente la diferencia entre la expectativa y el derecho.

Quienes elijan este camino deben igualmente verificar la zonificación del predio antes de adquirirlo, confirmar que la cantidad de socios sea compatible con los lotes que la normativa permite generar, y asegurarse de que el proceso de subdivisión y aprobación de planos se complete antes de iniciar la construcción.

Mi experiencia en el área registral y en la Oficina de Regularización Dominial de la Municipalidad de San Pedro me muestra con frecuencia situaciones que podrían haberse evitado con una consulta oportuna. Grupos que compraron un predio sin verificar la zonificación. Familias que pagaron cuotas durante años por lotes que nunca se inscribieron. Vecinos que construyeron su casa y no pueden acceder a ninguno de los servicios esenciales porque el loteo donde viven nunca fue aprobado por la Provincia.

La consulta profesional antes de la operación no es un trámite de lujo ni una formalidad para grandes inversores. Es la herramienta que permite distinguir una oportunidad real de una promesa sin sustento. El abogado especialista en derecho registral no está ahí para complicar la operación: está para que la operación llegue a buen puerto y el comprador obtenga lo que pagó.

Antes de firmar un boleto, antes de sumarse a un grupo de compra, antes de entregar una seña: consulte. No es un gasto. Es la inversión más barata —y más segura— de toda la operación.

No es la primera vez que sucede y que la única boca de entrega que funciona en las oficinas municipales de calle Mitre al 2600, no puede responder a la demanda. La recorrida de La Opinión por los lugares habituales fue interminable y la respuesta a encontró en un comerciante que explicó cómo es el mecanismo para quienes están autorizados a venderla.

“Hace más de un año que no entregan tarjeta Sube. Primero fue el pretexto de que no había plásticos suficientes como para hacerlas. Y después que no había”, dijo el titular de un comercio en la tarde del miércoles al ser consultado por este medio.

“Después aumentaron el precio sugerido al público, que en un principio era 90, 100 pesos, a 150 más o menos. Y ahí era cuando querían vender a los distribuidores mayoristas al mismo valor, y el tema estaba en la ganancia en la cadena, ¿no? Se encarecía mucho”, explicó respecto del margen con el que están sometidos a trabajar con este medio de pago de transporte que hoy es imprescindible.

“Por eso algunos distribuidores no la quisieron. Y ahora lo último es que llevaron a 490 pesos el precio al público. Pero pasa lo mismo. No están entregando por estos inconvenientes. El único que tiene alguna tarjeta, no sé qué cantidad, es la agenda Sallustio, porque Lotería y Casino es agente oficial de Sube. Entonces ellos tenían hasta hace un mes y pico atrás. En otro lado no”, explicó Víctor Sabbioni.

“Cuando empezó a pasar todo esto, Sube puso a disposición la compra de la tarjeta a través de la página. Es personal, virtual, y se mandan a domicilio o a retirar en el correo, que es un poco más económico”.

El comunicado del gobierno nacional desde que se dispuso el costo de 490 pesos, indica “El nuevo mecanismo de actualización del valor de venta al público estará conformado por el costo de los insumos tanto del plástico como de los componentes tecnológicos, gastos de infraestructura y procesos, gestión logística, impuestos y el saldo negativo de la misma y en función de la evolución de los boletos mínimos para el servicio de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.