Por Carla Diamante, profesora de Historia

El 24 de marzo de 1976, Argentina vivió un nuevo y violento golpe de Estado, elquinto y último del siglo XX, que estableció el “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) y usurpó el poder hasta 1983. 

La crisis política, social y económica que aquejaba al país desde los últimos  años del gobierno peronista (1973-1976), sumada a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en a represión y un contexto internacional favorable a las doctrinas contrainsurgentes promovidas por Estados Unidos, fueron factores determinantes para este trágico acontecimiento.

El PRN instauró un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones, implementado de manera articulada y centralizada a nivel nacional, aunque con un accionar descentralizado en lo local y regional. Así, el “Terrorismo de Estado” se acompañó de profundas medidas económicas, políticas y socio-culturales.

La ciudad de San Pedro no fue ajena a este oscuro capítulo de la historia argentina. Desde marzo de 1975, se integró a lo que las fuerzas represivas denominaron la “Zona Roja del Paraná”, que abarcaba desde Villa Constitución hasta Campana. 

Este territorio fue el escenario del operativo represivo denominado “Serpiente Roja del Paraná”, que dio pie a que las fuerzas represivas comenzaran a realizar allanamientos y requisas en San Pedro, en busca de material considerado “subversivo”.

Inicialmente esporádicas, estas intervenciones se volvieron constantes a finales de 1975 en el marco de la “lucha contra la subversión” aplicado en todo el país. En consecuencia, los agentes represivos realizaron secuestros ilegales de personas, tanto en la vía pública como en sus domicilios, a plena luz del día.

Asimismo, la Comisaría de San Pedro, bajo las órdenes de los jefes militares asentados en San Nicolás (sede del Área Militar 132), asumió tareas de inteligencia y control social. 

Tras el golpe del 24 de marzo, la Comisaría se transformó en un centro de detención clandestina, y el accionar represivo en la ciudad alcanzó su cenit.

Grupos operativos, armados y vestidos de civil, empezaron a secuestrar a “sospechosos” días antes del golpe y continuaron hasta agosto de 1976. 

Uno de los casos más trágicos fue el de Rubén Darío Reynoso, secuestrado en el domicilio de su padre y posteriormente trasladado, bajo tortura, a distintos centros de detención, siendo finalmente víctima de uno de los “vuelos de la muerte”. 

Tras un breve periodo de “relativa calma” –en el que si bien las patotas no estaban activas, se mantuvo un “estado policial” para controlar a la población- comenzaron nuevamente los operativos de secuestro en San Pedro. 

El objetivo de estas acciones eran, nuevamente, trabajadores rurales, obreros, médicos, periodistas, docentes, empleados públicos, etc., independientemente de su grado de militancia política.  Estos detenidos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, donde sufrieron interrogatorios bajo tortura. 

Un pilar del aparato represivo en San Pedro fue la propia Comisaría. No solo se encargó de recopilar información que debía ser elevada a jefes militares, sino que también mantuvo en clandestinidad a detenidos en sus calabozos.

Las víctimas permanecían entre 24 y 48 horas en condición de detenidos-desaparecidos, incomunicados e interrogados bajo torturas, antes de ser trasladadas a otros centros de reclusión del Área Militar 132. 

A pesar de su función represiva, la Comisaría continuó con sus actividades habituales, lo que evidenció la doble cara de la institución policial. 

En 2015, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, enmarcados en la mega causa Saint Amant II (que se realizaron el año previo), la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria (Ley 26.691), colocó una placa en el frente de la Comisaría de San Pedro. 

Amurada al edificio, que representó el terror en la ciudad durante la última dictadura militar, simboliza, en el presente, la lucha por la Memoria. Allí puesta, recuerda que, en ese lugar donde hoy muchos ciudadanos transitamos a diario, se mantuvo cautiva a personas de manera ilegal. 

A 50 años del Golpe de Estado, es fundamental no olvidar, mantener viva la memoria, exigir justicia y luchar por la verdad. 

La historia local no es mera anécdota. Su reconstrucción es un compromiso con las víctimas y un llamado a la sociedad. 

Develar las verdades que recorren las memorias de una ciudad, que se ocultan en la normalización de los silencios, nos va a ayudar a convivir mejor con nuestro pasado y a imaginarnos una comunidad Sampedrina que no sea sólo una anécdota, si no una ciudad presente y futuro. 

NUNCA MÁS.

Este jueves, alrededor de las 17.30, familiares y allegados a víctimas de abuso sexual infantil concentraron y reclamaron por justicia, frente a la Comisaría local, para luego marchar hasta la sede de Fiscalía, en Belgrano al 900.

Bajo la consigna "Con los niños, no", los autoconvocados pidieron la detención para el hombre de 40 años que está acusado de abusar sexualmente de una chica de 12 años, y de escapar tras ser descubierto por la hermana de la víctima.

La madre y la abuela de dos de las víctimas llegaron acompañadas por familiares y amigos y pidieron el arresto del acusado, sobrequien, por el momento, no pesa una orden de detención, a la espera de pericias y declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell.

“Es un monstruo y tiene que aparecer, no tiene que salir nunca más”, expresó una de las presentes a La Opinión. 

La familiar de una de las víctimas confirmó que el 3 de octubre comenzarán con las pericias correspondientes para la declaración en cámara Gesell y que ya practicaron los exámenes médicos en las menores. 

“Era su papá, la protegíamos de cualquiera cuando el monstruo era su propio padre”, concluyó entre lágrimas la madre de una de las denunciantes. 

El pasado sábado, la hermana de una de las víctimas denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso.

El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo hombre por situaciones de características similares. 

Este jueves a las 17.30 habrá una manifestación frente a la Comisaría local en el marco de los casos de abuso sexual infantil denunciados en los últimos días.

Familiares y allegados a las víctimas convocaron para esa hora en las puertas de la dependencia policial local para hacer escuchar su reclamo a la Justicia, bajo la consigna "Con los niños, no".

"Queremos que nos escuchen. Sabemos dónde está el tipo, él anda muy bien y los niños están sufriendo. Con los niños, no", dijo a La Opinión una de las mujeres que convoca a la protesta.

"Queremos que se haga justicia, que escuchen a los familiares, que este tipo no esté libre, estamos sufriendo y los chicos, también", aseguró.

El sábado por la noche, la hermana de una chica de 12 años denunció que al llegar a la casa de su madre encontró a su padrastro desnudo y en situación de abuso con la nena.

El acusado escapó de la escena y tras la denuncia penal, la DDI lo buscó para notificarlo, aunque sin orden de detención por parte de la Justicia, de acuerdo al devenir de la causa.

El lunes, dos nuevas denuncias fueron radicadas contra el mismo sujeto por situaciones similares: abusos sexuales intrafamiliares cometidos contra menores de edad.

Durante la noche del sábado, el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, junto al grupo operativo UTOI y efectivos de la comisaría local, llevaron a cabo una serie de operativos que derivaron en la incautación de varios vehículos.

Estas acciones se realizaron en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores donde suele concentrarse un elevado número de motos, muchas de las cuales presentan caños de escape estruendosos que afectan a los vecinos.

En el marco de estas intervenciones, se llevaron a cabo controles de alcoholemia, dando como resultado el secuestro de tres automóviles, cuyos conductores arrojaron resultados positivos. Además, otro vehículo por carecer de la documentación reglamentaria.

Respecto a los vehículos menores, se incautaron cinco unidades: tres de ellas no contaban con la documentación necesaria, mientras que dos poseían caños de escape sin silenciador.

Asimismo, durante la madrugada, se recibió un aviso sobre la presencia de caballos en la vía pública, los cuales fueron trasladados al Corralón Municipal para su resguardo.

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro detuvo en la tarde de este viernes a un hombre de 36 años que tenía una orden de captura y detención a nivel nacional.

La intervención tuvo lugar en las inmediaciones de las calles San Lorenzo y Combate de Obligado, cuando el individuo fue interceptado mientras caminaba por la vía pública.

Según fuentes policiales, la orden de captura fue emitida por el Juzgado en lo Correccional Nº 2 de San Nicolás. Tras su detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá hasta que el magistrado interviniente ordene su liberación.

Se destacó la importancia de la recorrida que efectuaban los uniformados y la colaboración ciudadana para dar con este individuo.

En el marco de los cambios en la cúpula policial, asumió este viernes al frente del Comando de Prevención Rural la comisaria Natalia Godoy.

La nueva jefa de la policía que se ocupa de la seguridad en el campo proviene de la Comisaría tercera de San Nicolás.

Godoy reemplaza en el cargo a Paola Vela, la elegida para conducir la Comisaría local luego de que se cayera la designación de Gastón Tolosa, a quien enviaron a Rojas.

Se espera la designación oficial de la comisaria Vela al frente de la Comisaría local para conducir bajo las órdenes del nuevo jefe de la Policía Comunal San Pedro, el comisario Rodrigo Pereyra, que viene de Quilmes.

Pereyra es el reemplazo de Juan Catalano y Vela, tras el desplazamiento de Tolosa, el de Andrés Galiano, como máximas autoridades de la Policía Bonaerense en el distrito.

El desembarco de Vela en la Comisaría obligó al nombramiento de una nueva conducción en la Patrulla Rural, lo que recayó en Natalia Godoy, que ya está al frente del destacamento ubicado en ruta 191.

Un joven de 22 años que fue detenido el domingo tras el robo de un televisor en una vivienda fue confirmado como paciente con tuberculosis y la Comisaría tuvo que aislarlo en una celda, solo.

El detenido tenía que ser trasladado para una audiencia y antes de ello lo llevaron al Hospital para revisarlo, donde confirmaron que estaba contagiado de TBC "en fase de contagio".

Aun así, el paciente no quedó internado y fue devuelto a la Comisaría, donde tuvieron que aislarlo en una celda aparte del resto de los detenidos, con los que compartió calabozo hasta este jueves por la mañana.

La situación generó preocupación entre los familiares del resto de los detenidos y entre el propio personal policial, por el riesgo de contagio.

En la Comisaría, el detenido con tuberculosis debe ser asistido por el personal policial para la alimentación, el aseo y la medicación.

El joven fue detenido el domingo en la zona de Alvarado y 11 de Septiembre tras robar un televisor de una vivienda a pocas cuadras.

Imputado por robo agravado por efracción, fue detenido y prestó declaración indagatoria el lunes. Ahora, permanece alojado en una celda solo y aislado, cursando tuberculosis.

Este miércoles, personal de la Comisaría en colaboración con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, llevó a cabo la aprehensión de un hombre de 23 años de edad.

La intervención se realizó en la intersección de las calles Casella y Manuel Iglesias, donde se logró secuestrar una motocicleta de 110 cc que, tras las verificaciones pertinentes, se constató que tenía un pedido de secuestro desde el 18 de diciembre de 2022.

La motocicleta está involucrada en un caso de "Robo Agravado", siendo dispuesto el secuestro por orden de la Fiscalía Nº 5.

Una vez cumplido el procedimiento legal, el individuo fue puesto en libertad tras ser notificado sobre la causa en su contra.

Por otro lado, la motocicleta secuestrada quedó bajo custodia policial, a disposición de la Justicia para los trámites en la continuidad de la causa.

La Comisaría de San Pedro tiene tres calabozos, dos de ellos con órdenes de clausura desde 2009 y 2022, respectivamente. El único que aún podía alojar personas fue inhabilitado por el juez de Garantías Román Parodi tras la presentación de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria.

La resolución llegó tras una inspección realizada a fines de octubre de 2024. Así, la situación de quienes hoy están alojados a la espera de resoluciones judiciales —entre ellos Braga y Desanzo, los detenidos por la estafa piramidal de “la China”— suman días de ocupación en un lugar en el que por el momento sólo podrá albergar a cuatro personas.

Cada vez que arrestan a alguien deben procurar el traslado para no violar la manda judicial. La medida se toma sin resolver el problema de fondo y sin que se conozca si habrá presupuesto para las refacciones que necesita la sede local policial.

La decisión impone un plazo de 15 días al  Ministerio de Seguridad para que “arbitre los medios necesarios para realizar las obras de refacción”.  Una imposición que la Justicia ya hizo varias veces a al menos tres gestiones  de Gobierno distintas.

“El Sr. Comisario de San Pedro deberá proceder a la reubicación de los detenidos alojados en esa Comisaría a su cargo a fin de respetar el cupo habilitado de cuatro personas, previa comunicación a los Juzgados a cuya disposición se encuentran cada una de las personas allí alojadas para que avalen los traslados”, eso dice la notificación que se recibió en la Comisaría.

En la misma orden indica que deben ser los jueces de cada causa quienes dispongan los lugares donde alojarán a los apresados.

Según relataron quienes prestaron testimonio en ocasión de la requisa de octubre, llegó a haber casi 20 personas en simultáneo y en condiciones de extrema precariedad. 

Indicaron que a las graves condiciones de detención se sumaban requisas dos veces por semana, las que calificaron como vejatorias de los derechos humanos. 

Refirieron además que el personal del GAD los obligaban a desnudarse y que en ocasiones les robaran pertenencias. 

“Entrás de nuevo y está la yerba y el azúcar desparramada por todo el piso” o “si encuentran camperas o abrigos se lo llevan”, fueron algunos de los testimonios relevados por la Comisión por la Memoria.

“Aunque el sector se considere un lugar de tránsito, no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y dadas las falencias edilicias, no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas”, dice el escrito producto de los informes periciales de los que se valió el magistrado para avalar su decisión.

La Opinión consultó al jefe de la Policía Comunal de San Pedro, comisario Juan Ramón Catalano, quien confirmó que hoy hay cuatro personas dentro del único lugar que posee para los arrestos y que en caso de excederse debe trasladar a los aprehendidos a otro destino. 

En 2022 el ministro Sergio Berni entregó patrulleros y anunció el destino de 13 millones de pesos para refacciones, que se usaron para tareas de pintura y electricidad ya que el edificio está en condiciones deplorables también para el personal que a diario sufre las pésimas condiciones en las que debe trabajar.

El caso del departamento judicial de San Nicolás, que comprende a las ciudades de San Pedro, Ramallo, Capitán Sarmiento, Baradero y Arrecifes, es insólito: tras la clausura de la comisaría de San Pedro, la Comisaría Primera de San Nicolás es la única dependencia policial habilitada en toda la jurisdicción para albergar detenidos. 

En octubre pasado, otra resolución del juez Parodi por denuncias de la Comisión por la Memoria estableció el impedimiento para la DDI San Nicolás de alojar detenidos en su dependencia, lo que también generó serios inconvenientes para la tarea operativa de la policía en función judicial en toda la región.

Una persona que, con gran esfuerzo como muchos otros, procura terminar su casa propia para dejar de lado uno de los mayores costos en la subsistencia diaria, el pago del alquiler, fue protagonista de un episodio insólito.

El hombre fue víctima de un robo en su futura vivienda, pero no pudo asentar la denuncia en ese momento porque había, supuestamente, solo una computadora en la Comisaría y estaba ocupada. 

La realidad golpea en los lugares más sensibles, los que deben velar por la seguridad carecen no solo de nafta, resmas de papel o dispositivos de comunicación. En plena era digital, se turnan para utilizar una computadora.

“Estoy intentando terminar mi casa en calle Independencia y Calle 66, que pertenece a la Cooperativa ‘Nuestros Sueños’, es decir, el sueño de tener nuestra casa”, comenzó contando a La Opinión.

“Llego al lugar cerca de las 8,15 y encuentro una reja abierta. Supuse que podría estar mi papá, quien también tiene llaves, pero no, lamentablemente no fue así. Rompieron el candado de la reja, entraron y se llevaron una ventana de aluminio”, continuó.

El hecho fue avistado por alguien que dio aviso inmediato a la Policía. “De pronto llegó un patrullero. Hablan conmigo los policías, que se comportaron muy bien, quienes por entonces ya tenían el nombre de alguien sospechoso que habían comenzado a buscarlo. Se van y comienzan a recorrer la zona para ver si encuentran al ladrón y nosotros también para ver si veíamos algo. De pronto, un hombre a caballo, que estaba parado en el Rincón de los Gauchos, nos llama y nos pregunta si nos habían robado, porque que había visto a una persona con una ventana de aluminio entrar en el barrio que se encuentra en Independencia al fondo”, primer indicio concreto que pudimos retransmitir a los uniformados.

“Cuando apareció el móvil policial les hago el comentario a los oficiales y me piden que haga la denuncia para que ellos pudieran proceder, porque supuestamente ya saben quién es el malhechor. Acepto la sugerencia y me voy a rápidamente a la Comisaría”, prosiguió contando, prólogo a lo impensado, nunca imaginado de acuerdo a sus vivencias.

“Cuando llego a la Comisaría le digo a la oficial que me atendió que vengo a dar parte de un hecho, que sé dónde supuestamente se llevaron la ventana robada, y me responde ‘tenés que esperar porque la computadora está en uso’. Me siento a esperar y a los 15 minutos, aproximadamente, sale otro oficial que me pregunta si estoy para una denuncia, le contesté que así era, y me comenta que tengo que seguir esperando ‘un rato largo más’ porque la computadora está en uso”.

¿Cuál fue decisión en ese momento? le preguntamos. “Me levanté muy indignado, rabioso, y me fui. No puedo creerlo todavía. Vas a hacer una denuncia y parece que te toman el pelo”, respondió.

Tras el insólito acontecimiento, como toda historia tuvo un final: fue su hermana quien se encargó de registrar el ilícito.

“Quedé muy caliente por todo lo vivido, por eso no fui”, fue el párrafo final de su relato.

Es sorprendente que en esta época la principal dependencia policial no cuente con los recursos tecnológicos básicos para llevar a cabo su función primordial: la atención a la ciudadanía. La falta de computadoras para tomar denuncias representa una deficiencia del Estado, que debe cumplir su rol de solucionarle los problemas a la gente, no complicarla.

Un poste de madera que sostiene el cableado de la empresa Telecom cedió este lunes en medio de la lluvia desatada en San Pedro y cayó al pavimento en calle Mitre, donde quedó atravesado.

Ocurrió en la intersección de la arteria principal de la ciudad con Moisés Novillo, en la esquina de la Comisaría. El poste estaba ubicado al lado del que sostiene el semáforo este de esa bocacalle.

Personal de la Dirección de Tránsito, con Armando Caballero a la cabeza, dispuso control vehicular y cortaron la circulación por calle Mitre y hacia Moisés Novillo.

Caballero informó que dispuso inspectores para señalizar el tránsito, a la espera del arribo de personal técnico de Telecom para la remoción del poste.

Durante la caída no hubo lesionados ni otros daños materiales, puesto que al momento del incidente no pasaban vehículos por esa zona.

Julio Oscar "Tarucha" Silva, conocido delincuente de 48 años que la semana pasada fue detenido por un robo agravado, fue trasladado a la cárcel de San Nicolás junto a otros tres detenidos que estaban en la Comisaría.

Así lo dispuso la Justicia, que emitió la orden correspondiente para que personal de la Comisaría lleve a Silva en un patrullero hasta la Unidad Penal 3.

El delincuente fue detenido el 25 de septiembre pasado en la zona de Ayacucho y Manuel Iglesias, donde la policía lo abordó tras reconocerlo como el autor de un robo a un comercio céntrico.

Silva había asaltado una dulcería ubicada en General Pueyrredón al 100, frente a la plaza Belgrano, para llevarse dinero en efectivo y un teléfono celular.

Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo y la Justicia libró la orden de detención, que se hizo efectiva en la vía pública.

Ese día, además, apresaron a su hermano, quien intervino cuando la policía detenía a "Tarucha" Silva y arrojó golpes de puños y patadas contra los uniformados.

Dos delincuentes que se encuentran detenidos alojados en los calabozos de la Comisaría protagonizaron una pelea dentro de la celda que comparten en la dependencia policial..

Hermes Alan Dalceggio, de 23 años, y Agustín Courtade, de la misma edad, se trenzaron en lucha dentro de la celda y la policía tuvo que intervenir ante la situación para que no pase a mayores.

Courtade acusó a Dalceggio de propinarle golpes de puño en el rostro, por lo que una médica del Hospital tuvo que revisarlos para constatar que no hubo lesiones.

Dalceggio está detenido acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, mientras que Courtade fue apresado por resistencia a la autoridad luego de que alterara el trabo de los inspectores de Tránsito y se pusiera agresivo con la policía en la zona de Mitre y Tucumán.

Dos familias fueron víctimas de robo en la puerta de su propio domicilio este fin de semana. En ambos casos, los delincuentes fueron minuciosos y se llevaron motos sin ser escuchados o vistos por algún vecino.

Uno de los hechos tuvo lugar en una vivienda ubicada en Basavilbaso al 280. Los ladrones se llevaron una moto Guerrero Trip 110 cc que se encontraba en el patio delantero de la casa. Cuando la familia salió, se percató de que faltaba el rodado y la puerta de acceso al frente del hogar estaba abierta.

Un episodio similar ocurrió en la zona de las 104 viviendas, entre 11 de Septiembre y Aulí. Aseguran que la moto, mismo modelo que el anterior, estaba con seguro puesto y aun así fue robada. Los propietarios se dieron cuenta minutos más tarde, cuando salieron a la vereda.

Las damnificadas radicaron las denuncias correspondientes en la Comisaría y aguardan novedades de sus rodados. “Espero no sea otra más de tantas que se roban y nadie las encuentra. Agradezco cualquier información”, señaló una de ellas.

Una mujer de 30 años fue aprehendida en la Comisaría cuando intentaba ingresar drogas a una celda donde se encuentra detenido un familiar.

El hecho ocurrió este viernes al mediodía, a la hora del amuerzo, cuando la mujer llegó a la dependencia policial con una pizza para una persona alojada en la zona de calabozos y la guardia descubrió que tenía marihuana.

La “pizza loca” no llegó a destino porque el personal policial se percató de la situación: entre la masa había un trozo de marihuana compactada, que arrojó un peso de 9 gramos, envuelta en papel film y papelillos para armar.

La Policía procedió a la aprehensión de la mujer que intentaba ingresar la droga a la celda y la conformación de la causa correspondiente, así como el secuestro de la marihuana que había llevado para su familiar detenido.

El hecho se registró el sábado en la intersección de Riobamba y Mitre. Dos vehículos protagonizaron un choque y personal de Inspección intervino para constatar en qué condiciones circulaban sus conductores.

En esa esquina, colisionó un Ford Escort, manejado por un hombre de 42 años, y un Volkswagen Gol, guiado por un hombre de 75, que resultaron sin lesiones.

Sin embargo, según constató el área municipal que conduce Ángel Burgos, el Escort carecía de la documentación exigida para poder circular, por lo que procedieron al secuestro del rodado.

Esa situación provocó el enojo del conductor, a quien Policía debió aprehender por “alterar el órden público”, tal y como consta en los registros policiales.

El hombre de 42 años fue trasladado a Comisaría y luego liberado. Interviene el Juzgado de Paz y el Juzgado de Faltas por la infracción a la ley nacional de tránsito N° 24.449.

El comisario Andrés Galiano fue removido de su cargo como titular de la Comisaría de San Pedro y pasará a cumplir funciones en la Superintendencia de Seguridad Interior Norte, con sede en San Nicolás, ciudad de la que es oriundo y donde reside su familia. Su reemplazo es la exjefa de la Comisaría de la Mujer, Valeria Sosa.

El secretario de Seguridad, Diego Solana, confirmó a La Opinión el relevo de Galiano y su reemplazo por Sosa, que hasta ahora estaba a cargo de la Comisaría de Baradero, luego de dejar la dependencia de la Mujer y la Familia local.

El funcionario informó qu el intendente interino Ramón Salazar recibirá al comisario Galiano para agradecerle sus servicios en San Pedro, donde llevaba en total alrededor de 20 años. En el gabinete municipal no descartan que “algún día pueda volver como Jefe de la Policía Comunal”, teniendo en cuenta su conocimiento del territorio.

El relevo de Galiano fue una decisión de la superioridad. El propio Jefe interino de la Policía Comunal de San Pedro, Germán Pahuasi, habría planteado que notaba un “desgaste” por “el paso del tiempo” en las funciones del hasta hoy titular de la Comisaría.

Galiano cumplirá tareas en San Nicolás, lo que le permitirá estar más cerca de su familia puesto que, según revelaron fuentes cercanas a sus labores, también tiene asuntos personales y familiares que atender.

La comisaria Valeria Sosa, que será la primera mujer al frente de la dependencia policial local, cuenta con el aval de Pahuasi, de Solana y de Ramón Salazar para asumir al frente de la dependencia policial local, de la que además dependen los destacamentos de las localidades.

Valeria Sosa es oriunda de Santa Lucía. Fue jefa de la Comisaría de la Mujer de Baradero hasta marzo de 2020, cuando se hizo cargo de esa misma dependencia en San Pedro. En noviembre del año pasado había regresado a la vecina ciudad para asumir en la Comisaría principal de ese distrito, que ahora quedará en manos del comisario Víctor Casas.

Este jueves, personal de Policía Científica trabajaba para reunir elementos de prueba en un kiosco ubicado a metros de la Comisaría que fue víctima de un robo durante la madrugada.

Delincuentes ingresaron al comercio y de su interior se llevaron todo tipo de mercadería como máquinas de afeitar, medias, cigarrillos y hasta caramelos, informaron en el lugar.

Los ladrones dañaron el CPU de una computadora porque creyeron que allí podría estar el almacenamiento de las cámaras de videovigilancia, aunque estaban en otro lado, por lo que la Justicia ya trabajaba en el análisis de esas imágenes para dar con los delincuentes.

Además, en la cuadra siguiente en dirección ascendente hubo otro local que resultó dañado por desconocidos durante la madrugada de este jueves, también en una zona próxima a la Comisaría, el Centro de Monitoreo y la Secretaría de Seguridad.

Ocurrió en el frente de la concesionaria de automóviles Laiseca – Rasio, donde dañaron uno de los paneles de las puertas tipo Blindex, aunque no constataron faltantes.

Ese comercio había sufrido un robo semanas atrás, cuando delicuentes ingresaron por la parte trasera del local con fines de robo, informaron en el lugar a La Opinión.

Integrantes del Equipo COVID-19 de la Secretaría de Salud detectaron cinco contagios entre 16 detenidos en la Comisaría en el marco de testeos practicados este martes luego de que la confirmación de un positivo entre los apresados por el caso Andreani.

El domingo la policía había llevado al Hospital a Amilcar Palacios, quien presentaba síntomas de coronavirus puesto que al momento de su detención estaba aislado ante el positivo de su esposa, detectado en el operativo de testeos del jueves pasado en el Centro de Salud de La Tosquera.

Ante ese contagio, detectado en test rápido practicado por un médico del SAME en la Comisaría, Salud dispuso un operativo de testeo entre los presos alojados en esa dependencia policial.

Los resultados fueron cinco positivos y 11 negativos entre los 16 detenidos que permanecen en la Comisaría, quienes deberán ser aislados de manera preventiva, como ocurrió con Palacios.

El Defensor Oficial Alejandro Ares mantuvo una reunión con el juez de Garantías Román Parodi y elevó un habeas corpus ante las condiciones de detención en la Comisaría local, puesto que los calabozos están excedidos.

El sábado trasladaron a dos de los detenidos por el caso Andreani a Ramallo, pero hay otros presos que aguardan traslado desde hace tiempo sin que haya cupo en comisarías de la región ni en unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El titular de la Defensoría Oficial Nº 1, Alejandro Ares, elevó un habeas corpus para que el Juzgado de Garantías intervenga de inmediato ante la situación que atraviesan los detenidos alojados en la Comisaría local.

El cupo de presos en la dependencia policial está sobrepasado y a ello se suman los casos de coronavirus COVID-19 registrados.

A los detenidos que estaban en los calabozos, entre ellos algunos que llevan casi un mes, se sumaron el viernes los apresados por el caso Andreani, por lo que Defensoría entiende que es necesario el traslado urgente.

El fin de semana, dos de los siete detenidos por el caso Andreani, Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez y Lucas “Bolillón” Medina, fueron trasladados a Ramallo y se esperaba cupo en otras dependencias para descomprimir los calabozos.

El lunes una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 acudió a la Comisaría para testear a detenidos con síntomas de coronavirus COVID-19 y Amilcar Palacios dio positivo. Antes de que lo detuvieran estaba aislado porque su esposa dio positivo en el operativo de testeo del jueves pasado en La Tosquera.