Tras el veredicto que ordenó absolver a todos los imputados en la causa Camioneros, la firma Rey Distribución anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves por la mañana en sus instalaciones, ubicadas en Bonorino 175.

Desde el momento en que el Juez Alejandro López consideró que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y seis exemplados de la empresa sampedrina comenzaron a circular los cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al magistrado a considerar que la firma no sufrió impedimentos para llevar a cabo su operatoria.

La única que queda es comprarse un arma para defender tu propiedad privada. Este juez que absolvió a este mafioso mando a la casa a un violador que un jurado popular había condenado. Alejandro López se llama el juez, kuka.

Los hermanos Ariel y Gustavo Rey expondrán sobre las implicancias de este fallo en lo que denominan “la defensa del derecho a trabajar en paz” y tomarán como base las primeras declaraciones de su abogada defensora, la senadora bonaerense Florencia Arietto.

Es que la abogada cuestionó duramente el fallo, adelantó que apelarán la medida y ahora el foco apunta a los antecedentes del juez Alejandro López, ya que en las últimas horas se han dado a conocer varios fallos en los que se le han cuestionado decisiones proclives a las garantías de los victimarios y no a las de las víctimas. 

Uno de los casos más resonantes fue el que tuvo lugar en 2023 cuando tras un fallo por jurados que condenó al profesor Pablo Javier Gordillo por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor. La acusación y la escala penal habilitaban 20 años de prisión para ese delito, fijó una condena de 5 años y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

También se lo recuerda por la condena contra el efectivo policial Iván Polo a quien sancionó con 17 años de prisión, por la persecución y muerte de dos jóvenes que circulaban en moto en el barrio San Jorge de San Nicolás.  Esa vez consideró que se trataba de un homicidio simple. 

El magistrado tuvo a su cargo también el juicio al sacerdote Tulio Mattiussi, que fue condenado por cometer abusos en el Jardín Belén de gran repercusión en San Pedro.

En exclusiva para Lo Que Importa, Gustavo Rey, dueño de la empresa, anticipó que apelarán el fallo en la Justicia. 

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfuncionario de la Fiscalía local y ex fiscal general de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal que lo juzgó en un resonante caso de corrupción judicial vinculado al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Serjal fue hallado penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado por haber protegido organizaciones criminales desde su importante cargo como jefe de todos los fiscales de Rosario y la región.

Los magistrados Nicolás Foppiani, Faucndo Becerra y Hebe Marcogliese dictaron sentencia para Serjal y para Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial que también fue acusado de cobrar en dólares de una red de juego ilegal para brindar protección en la Justicia, a quien le dieron cinco años de cárcel.

Desde el comienzo de la causa, los abogados de Serjal —primero Hugo Lima y luego Ignacio Carbone, defensor de barrabravas y sicarios de "Los Monos"— habían planteado que como el sampedrino había accedido al cargo sin vínculos políticos, habían tejido debajo de él una red de corrupción que lo involucró por el lugar que ocupaba.

 El intento por desvincularlo no alcanzóy la Justicia consideró que Patricio Serjal Benincasa cobró coimas para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" en procura de que "no prosperen" causas penales contra Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino a quien también se lo vinculó alguna vez con la banda narco Los Monos.

Peiti brindó información como "arrepentido", fue condenado a tres años y a pagar 47 millones de pesos de multa en un juicio de trámite abreviado. 

Los datos que aportó involucraron a Serjal y a Ugolini, así como al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis ños, y como "arrepentido" ofreció detalles de la operatoria ilegal.

Serjal tiene 48 años. Tras recibirse como abogado, trabajó como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada que hubo en San Pedro e hizo carrera en el Poder Judicial hasta convertirse en la máxima autoridad regional del Ministerio Público Fiscal en Rosario.

Durante la instrucción de la causa fue detenido y cumplió varios meses en prisión preventiva hasta que le otorgaron primero arresto domiciliario y luego la libertad, tras lo que volvió a San Pedro a esperar el juicio, que comenzó el 15 de septiembre y terminó con su condena a 9 años de prisión.

“Hice todos los servicios de un loteo, presentando planos en La Plata (Dirección de Geodesia) y ya llevo 17 años haciendo trámites si tener una definición”, dijo Roberto Grimoldi en Sin Galera, quien viene luchando por la subdivisión de un terreno en proximidades a Celupaper.

“El último trámite en ARBA lo demoran, lo cajonean y la gente que tiene uno de esos lotes se queja, dicen que soy un estafador”, explicó Grimoldi, agotado de la burocracia administrativa.

Cada vez que le solicitaban un papel, lo presentaba. Contrató un agrimensor para llevar adelante la tarea engorrosa y cumplió con las normativas vigentes, como todo predio que desee lotearse, que debe tener determinados servicios: “Pagué alumbrado público a razón de 5 mil dólares por parcela actuales, y también llevé el agua. Las cloacas no eran obligatorias, pero una parte está hecha. Todo resultó muy oneroso”.

Además, del predio situado en Av. 3 de Febrero 3300, mantuvo los impuestos provinciales (ARBA por Impuesto Inmobiliario costó 5 millones de pesos el año) y las tasas municipales al día.

“En estos momentos falta que me aprueben el legajo en La Plata para habilitar las escrituras. Lleva como dos meses cajoneado”, acotó Grimoldi, y narró la experiencia de haber tenido que soportar uno de los rechazos porque una casa construida tiene dos baños y no se decía cuál era el principal.

No se sabe cuándo recibirá la noticia grata, de que lo emprendido no murió en el intento. Pero, algo tiene claro: “Quien quiera hacer todo legal, sin coimas, tarda décadas. No es que el dueño no quiera hacer las cosas bien, sino que no lo dejan”, concluyó.

Su enojo reside en la inmensa cantidad de loteos que sin contar con servicios se han desarrollado en toda la ciudad y sobre los que nadie reclama ni exige lo mismo que se le pidió a este vecino para empezar la tarea que hoy contiene a una gran cantidad de familias en sus terrenos.

Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) labró una infracción en el kilómetro 152 de la ruta 9 a un conductor que llevaba la patente adulterada para evitar fotomultas.

En el video difundido por la Secretaría de Transporte de la Nación, de la que depende la agencia con asiento en la autopista a la altura de San Pedro, se escucha cuando el agente interviniente le dice al infractor que lo "intentó coimear".

El vehículo, una camioneta tipo SUV marca Chery, tenía las patentes tapadas con cintas rojas de manera tal de obturar la posibilidad de fotomultas, una práctica bastante habitual que genera infracciones cotidianas en la zona de Buenos Aires y el conurbano.

Además, tenía una letra "C" del dominio convertida a "G" y una "I" a "E", con cintas negras pegadas. "Eso así no puede estar", le dice el agente al infractor, que sólo responde "Sí, sí".

El vehículo tampoco tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, por lo que el personal de la ANSV procedió a retenerle la licencia de conducir al dueño del rodado, tal como establece la normativa vigente.

El infractor amenazó a los agentes y les dijo que "no les convenía verlo violento". Antes, había deslizado la posibilidad de "arreglar" la situación, es decir intentó coimear al personal que llevaba adelante el procedimiento.

"Como consecuencia de este combo de infracciones, fue retenida su Licencia Nacional de Conducir y deberá afrontar multas de hasta 800 mil pesos aproximadamente", informó la ANSV.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola seguirá detenido en la cárcel. Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, que revocó el arresto domiciliario con que había sido beneficiado en primera instancia.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso y apeló la prisión domiciliaria con pulsera electrónica que por cuestiones de salud del detenido había aceptado conceder el juez de Garantías Román Parodi y el Tribunal hizo lugar al planteo.

Fernando Espíndola no llegó a ser trasladado a su casa para cumplir la prisión preventiva que la Justicia dictó en su contra en la causa en la que está acusado, junto a Maximiliano Cabaleyro, de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

La defensa de Espíndola había planteado la necesidad de que el imputado continuara el proceso en su casa con arresto domicilario y pulsera electrónica porque padece diabetes y las condiciones de detención en la Unidad Penal 3 agravarían su estado.

Viviani se opuso y apeló. La Cámara falló a favor del planteo de la titular de la UFI 7 y decidió revocar la resolución de primera instancia, por lo que el sindicalista seguirá alojado en la cárcel de San Nicolás mientras se sustancia la causa camino al juicio.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás este martes al mediodía, en el marco de la causa por extorsión y coacción que los mantiene detenidos desde el 8 de abril pasado.

“Estábamos a la espera”, confirmó el abogado Mauricio Gugger, que representa a ambos dirigentes. El traslado estaba pedido por parte de la Justicia para que cumplan en un calabozo del Servicio Penitenciario Bonaerense. la prisión preventiva ratificada en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

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Desde que fueron detenidos, Cabaleyro y Espíndola estaban alojados en la sede de la DDI de San Nicolás. Tras la resolución de Cámara, deberán pasar los meses que tienen por delante en una unidad carcelaria, aunque todavía resta una audiencia para que el Juzgado interviniente resuelva sobre el pedido de arresto domiciliario que interpuso la defensa y que la Cámara dispuso debe ser revisado desde cero.

El líder regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el referente del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, fueron detenidos en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos en la sede de la DDI de San Nicolás en el marco de la causa en la que están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acuso de “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Ambos permanecen en esa dependencia policial porque no se generó cupo en las cárcesl del Servicio Penitenciario de San Nicolás, Campana o Junín, donde la jueza de Garantías dispuso que se los traslade luego de denegar la solicitud de excarcelación que interpuso el abogado que los representa, Mauricio Gugger, una vez que prestaron declaración indagatoria.

Este jueves Maximilino Cabalayro era sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, informó el abogado, que confirmó que tanto el intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, como el exsecretario de Seguridad, Eduardo Roleri, fueron citados a declarar como testigos en la causa, declaración que iba a tener lugar este miércoles pero que se pospuso.

La semana del 9 de mayo será la audiencia en la que la jueza María Eugenia Maiztegui deba resolver si decide mantenerlos detenidos con prisión preventiva mientras se sustancia el proceso que derivará en juicio, puesto que se vencen los plazos previstos en el Código Procesal Penal bonaerense.

La fiscala María del Valle Viviani hizo uso de la prórroga disponible, por lo que se tomó el mes completo para reunir los elementos probatorios que le permitan solicitar la prisión preventiva para ambos acusados. Con esas pruebas, la titular de la UFI 7 irá a la audiencia para pedir que permanezcan detenidos por lo menos durante ocho meses, plazo en el que debería elevar la causa a juicio o bien la defensa podrá plantear la excarcelación.

El abogad Mauricio Gugger adelantó que se opondrá al pedido de prisión preventiva con el argumento de que si bien los hechos registrados en la causa existieron y “son innegables”, consideran que no hay delito alguno en ellos. “Hay un acuerdo de pago, que es un proceder normal de un sindicato”, dijo sobre el presunto “pedido de coima”.

“la Fiscalía entiende otra cosa, estamos viendo una misma cosa con distintos puntos de vista”, señaló Gugger. Respecto del presunto delito de “turbación de la propiedad” consideró que hay allí también una “contraposición de derechos”, puesto que, entiende él, el sindicato de Camioneros hizo uso a su derecho a la huelga y a la protesta.

La detención de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y el episodio ocurrido el domingo en Fiscalía en ocasión de su declaración indagatoria fueron parte de la reunión que la Comisión Directiva del Centro de Comercio mantuvo este lunes por la noche.

Desde la entidad, el presidente Raúl Cheyllada expresó la solidaridad de todos los integrantes de la Comisión con la periodista Lilí Berardi ante la situación de agresión y amenazas que le tocó vivir con Julio Cabaleyro y sus acólitos durante la jornada de cobertura de la indagatoria.

Además, el representante de comerciantes y empresarios locales consideró que el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante deberían pronunciarse en conjunto con el Centro de Comercio para expresar desacuerdo con la metodología de protesta y reclamo del sindicato de Moyano por las consecuencias que ello implica para el orden social local.

“Lo vivido te lleva a muchas reflexiones, va pasando el tiempo sin lograr aprender algo, esta confianza en que la Justicia se pueda preservar de manera independiente, que no sea entorpecida a través de mecanismos que no contribuyen ni ayudan tanto para el desarrollo empresarial como para la sociedad”, reflexionó Cheyllada en Radio Cuarentena.

El presidente del Centro de Comercio informó que esperan una intervención por parte de las entidades provinciales y nacionales a la que pertenece la institución que doncude “para poner estos temas en tratamiento, no sólo el tema de los bloqueos sino cómo se puede convivir con algún rol gremial para que los empresarios puedan seguir desarrollándose”.

En ese sentido, cosideró que “si hay alguna cuestión que dirimir entre empleados y empleadores que se puedan dirigir a las autoridades competentes para que esto resulte conveniente para las partes y no con los mecanismos que hemos sufrido habitualmente a través de la extorsión, de pedidos improcedente que nos llevan a esta situación que realmente no es lo que nos merecemos”.

Cheyllada aseguró que es importante que la entidad que preside pueda tener un canal de diálogo para seguir tratando el tema “con las autoridades municipales, legislativas, para garantizar la seguridad de la sociedad para convivir en paz, que no se altere el orden público, garantizar el desarrollo a partir de un desenvolvimiento de los sectores empresariales y gremiales que sea el adecuado”.

Al respecto, consideró: “Necesitamos juntarnos, ser parte de un proceso de comunicación en el que le manifestemos a la sociedad que no estamos de acuerdo con las metodologías, más allá de las circunstancias particulares”.

“Estamos hablando de cosas que hacen mal a la sociedad y traen consecuencias, quizás potenciales, futuras, como la atracción de inversiones, la generación de puestos de trabajo, la radicación de nuevas empresas en San Pedro, que el turismo venga con la tranquilidad y la seguridad de pasar una estadía tranquila, hay muchas aristas en torno a una alteración del orden social. El Estado cumple un rol fundamental y las instituciones también”, señaló.

Además de enfrentar la causa por “pedido de coimas”, el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido junto a Maximiliano Cabaleyro, está imputado por abuso sexual intrafamiliar contra al menos dos sobrinas y un sobrino que lo denunciaron por someterlos cuando eran menores de edad.

Una semana antes de ser detenido por el caso Camioneros, Espíndola prestó declaración indagatoria por la causa relacionada con abuso sexual. El abogado del sindicalista, Mauricio Gugger, sostuvo que “no coinciden las fechas” y que “él no convivía” con las personas denunciantes en el año 1988, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

“Lo que resta en esa causa es que empiecen a a aportar los testimonios que se ofrecieron oportunamente”, dijo Gugger y sostuvo: “Él se declaró inocente, ya no vivía en ese lugar, ya estaba casado y con hijos”.

Este lunes, en Radio Cuarentena, una de las denunciantes, Cintia Espíndola, ratificó en todos los términos su el relato que dejó asentado en la Justicia. El domingo estuvo en Fiscalía. “Vaya donde vaya, esté donde esté, voy a estar”, aseguró.

Tras escuchar las declaraciones del abogado de Espíndola, la mujer señaló que los abusos que denunció se extendieron más allá de la mayoría de edad del sindicalista e incluso cuando ya no eran convivientes en la casa de lo abuelos, donde prácticamente se criaron juntos. “Él estaba de novio y lo seguía haciendo, tenía hijos y lo seguía haciendo”, aseguró.

“Dígale al abogado que no trate de ensuciar la cancha, lo que uno cuenta es nuestra realidad, es lo que nos pasó. Aunque no haya estado viviendo, los abusos los seguía cometiendo igual”, aseveró.

Cintia Espíndola reveló que tenía 14 años cuando le contó a la ahora esposa de su tío la situación. “Ella me abofeteó como quiso y me trato de mentirosa”, dijo.

“Nosotros somos cuatro hermanos, yo fui la que convivió y que más torturas vivió”, dijo y consideró: “El abuso es algo que te enferma la cabeza todos los días, para nosotros no hay cura, esto se lleva de por vida”.

En ese sentido, volvió a plantear que la decisión de su hermano de quitarse la vida está relacionada con los abusos de los que fue víctima.

“Mi hermano no lo soportó. Él era un muchacho joven, trabajador, con dos hijos, no soportó más vivir con eso”, aseguró.

Relató que Fernando Espíndola la amenazaba con que tenía “arañas escondidas bajo la tierra” y dijo que cuando le preguntan por qué no denuncié cuando era chica responde que “la víctima habla cuando puede no cuando quiere, porque no es fácil procesar todo esto”.

“Hay que seguir luchando y no voy a parar hasta conseguir lo que quiero conseguir: este tipo tiene que pagar de alguna manera. El abuso de poder que tiene con toda la gente lo aprendió de muy chico con nosotros, alimentaron una bestia, no le importa los derechos de nadie, se cree impune a todo”, dijo.

Además, reveló que “a los 16 años, teniendo ya una bebé” recibió “el último abuso de ese degenerado”. Cintia Espíndola sostuvo que buscará justicia “hasta el último día de mi vida, porque ese desgraciado me quitó mi hermano, porque mi hermano se mató por culpa de él”.

Este viernes 8 de abril, a las 10.18 de la mañana, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió sobre el pedido de detención que la jueza María Eugenia Maiztegui libró contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola: dejó firme el fallo, por lo que es inminente el traslado a prisión de ambos.

Cabaleyro —referente regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás— y Espíndola —cara visible del gremio en San Pedro y exconcejal del Frente Renovador— serán detenidos imputados por “extorsión y cohecho” luego de que la empresa Rey Distribución los denunciara por “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Cumplidas las dos instancias judiciales de Garantías, el fallo de Cámara deja firme la detención y, aunque la defensa de los sindicalistas puede apelar, ambos serán trasladados por la policía a una celda para esperar el momento de la declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani.

Una vez que presten declaración indagatoria, Viviani tiene entre 15 y 30 días de plazo para solicitar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, lo que significa que ambos estarán tras las rejas durante ese lapso y hasta tanto la Justicia defina su futuro procesal camino al juicio que deberán afrontar por los delitos de los que se los acusa.