En medio de la polémica por el mantenimiento de los caminos rurales, el costo de la prestación, la recaudación de la tasa de Red Vial y los cuestionamientos de la Sociedad Rural al Gobierno municipal, un informe elaborado en el gabinete de Cecilio Salazar aporta datos relevantes para abordar la problemática.

Si en 2025, según la Rendición de Cuentas y el informe de la Secretaría de Economía y la Dirección de Rentas, la recaudación alcanzó para apenas el 28 por ciento del costo del servicio, la situación no cambió demasiado en 2026.

Aunque la Sociedad Rural consideró primero "falsos" los datos difundidos por el Gobierno municipal y luego "insuficientes" los informes que le elevaron, las cuentas no cierran.

En el distrito hay 6800 cuentas de contribuyentes de la tasa por conservación y mantenimiento de los más de 1800 kilómetros que tiene la red vial. 

Al cierre del primer semestre, el 61,5 por ciento tenía algún tipo de deuda. Es decir que al día sólo está el 38,5 por ciento de los dueños de propiedades en la zona rural. La deuda implica más de 622 millones de pesos.

El análisis que hacen puertas adentro de Palacio indica que hay una insuficiencia financiera que tienen al menos dos aristas relevantes: la morosidad (la cobrabilidad cae todos los años y también bajó del segundo al primer trimestre de 2026) y las dificultades para hacer frente a los costos del servicio aun si pagaran todos.

La brecha estructural entre costo y emisión es del orden de los 90 millones por mes. Si pagaran todos, sólo alcanzaría para el 60 por ciento de lo que cuesta prestar el servicio.

El déficit no se detuvo en el primer semestre de 2026 en relación al año pasado. La recaudación de alrededor de 512,6 millones representa un 62 por ciento de cobrabilidad sobre los 822,6 millones de emisión de la tasa.

Pero prestar el servicio costó más de 1363 millones. Si la recaudación ascendió a más de 512,6 millones, la diferencia, el rojo, es de 850.5 millones.

En el Gobierno advierten que hay una importante "brecha entre el costo de conservación de la infraestructura rural y el financiamiento obtenido directamente mediante la tasa".

El desequilibrio estructural implica dificultades para "alcanzar un umbral razonable de contraprestación" que demandan los contribuyentes rurales, considera el informe del Gobierno.

"El análisis de la prestación no puede limitarse exclusivamente a la gestión operativa municipal, sino que debe considerar conjuntamente la suficiencia de la tasa, su nivel de cobrabilidad y el costo real del mantenimiento de la red vial rural", finaliza el informe.