Desde la semana pasada, el edificio en construcción ubicado en Salta al 400 que fue motivo de intervenciones políticas, administrativas y judiciales, tiene nuevas fajas de clausura, esta vez sí colocadas en la puerta de acceso a la obra.

Las fajas tienen fecha del miércoles y fueron dispuestas luego de que se conociera que los concejales del bloque Nuevos Aires radicaron una denuncia penal  por “posibles hechos de corrupción” contra el secretario de Obras Públicas por el caso.

Esta es la tercera clausura que se impone sobre la obra. La primera había sido sólo sobre el cuarto piso, cuya construcción sobrepasa los límites permitidos por la legislación vigente.

Así lo había informado el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, durante una reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo a la que fue citado en el marco de un pedido de informe por el tema.

Allí dijo que había ordenado clausurar el cuarto piso y que en su área había dos planos presentados, uno con tres pisos y otro con cuatro. El segundo tenía sello de aprobado, pero sin fecha ni firma.

Luego de esa reunión volvieron a clausurar la obra porque los trabajos continuaron en el piso prohibido. Aun así, las tareas nunca se detuvieron. Ni siquiera ante esa segunda clausura.

Ahora la obra está parada, la Justicia ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de la causa penal y el Juzgado de Faltas debe tener las actuaciones de la tercera clausura. El cuarto piso está terminado. 

El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, fue denunciado penalmente por los concejales de Nuevos Aires por la continuidad de la construcción del edificio de Salta al 400, clausurado en dos oportunidades.

La presentación judicial, cuya instrucción recayó en la Fiscalía n.° 11 que conduce Viviana Ramos, pide investigar a Brañas por los delitos de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia alcanza no sólo al arquitecto que conduce la Secretaría sino también a "arquitectos responsables de aprobación de planos, entre otros funcionarios públicos o particulares que surjan de la investigación".

La denuncia está relacionada con lo que ocurrió inmediatamente después de que inspectores de obras del Municipio procedieran a la clausura total por incumplimiento de la primera infracción, que había sido dispuesta solo para el cuarto piso, puesto que estaba pasado en altura de acuerdo a la normativa vigente.

Sin embargo, la obra continuó. "Lo llamativo fue que el cartel de clausura no se hallaba colocado en la puerta de ingreso de la obra, sino sobre un costado", advirtieron en la denuncia.

Ello, señalaron, permitió el libre acceso a la obra sin necesidad de romper la faja, que de todas maneras fue intervenida y aparece dada vuelta, por lo que no se ve.

"Pese a la clausura, los obreros se encontraban trabajando, como si nada ocurriera, llegando incluso a cortar la calle", dice la denuncia. Eso ocurrió durante toda la semana pasada, inclusive el feriado del 9 de julio, cuando el movimiento fue muy importante en la obra.

Para los denunciantes hay "posibles hechos  de corrupción" a investigar, entre ellos la existencia de dos planos, uno pasado en 28 metros y el otro, en más de 400.

El primero tiene sello de aprobado y firma autorizada de Obras Públicas, con fecha del 11 de julio de 2025. El segundo también tiene sello de "aprobado", pero sin firma ni fecha.

Para los denunciantes hay una "flagrante, abierta y desafiante" transgresión a las normas, lo que permite "presumir la eventual existencia de un delito", todo "a ojos vista de la Secretaría de Obras Públicas, que está a pocos metros" del edificio y sin que nadie haya procedido a tomar las medidas que corresponden ante la situación.

"Resulta evidente que ha habido un actuar irregular del Estado", consideraron en la denuncia los concejales Basso, Mosquera y Santos, quienes pidieron una medida cautelar de no innovar para que se paralicen las tareas.

El Tribunal de Faltas tomó intervención ante el acta de clausura —la segunda, la total— y libró oficio al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, para responsabilizarlo de la custodia y cumplimiento de la medida, lo que no ocurrió.

Todo comenzó cuando el bloque Nuevos Aires presentó un pedido de informe en el Concejo, tras advertir a simple vista que el edificio en construcción tenía un piso más de lo que está permitido en esa zona.

El expediente pasó a comisión y lo citaron a Brañas, que reconoció que la construcción estaba "pasada",  dijo que había "clausurado el cuarto piso" y reveló la existencia de los dos planos.

Desde ese día, los concejales que ahora denunciaron penalmente la situación solicitaron la "demolición" del cuarto piso, teniendo en cuenta no solo la violación a la normativa vigente y el riesgo para la infraestructura urbana sino también el "natural beneficio económico" que implica un piso de más.

La Secretaría de Obras Públicas que conduce el arquitecto Mariano Brañas tiene la responsabilidad de hacer cumplir la medida de clausura de la obra del edificio en construcción en Salta al 400.

El edificio está pasado en metros, tal como reconoció el propio Brañas, y había sido clausurado en el cuarto piso cuando todavía tenía apenas las columnas. Como no cumplieron la medida y construyeron las paredes, clausuraron el total de la obra.

Aun así, en varias ocasiones, desde entonces, se vio movimiento en el lugar. Esta semana, el Juzgado de Faltas tomó medidas respecto de la situación y emplazó a Brañas y a su equipo a hacer cumplirlas.

La jueza de Faltas, Jimena Gómez, ratificó la clausura cuya acta fue firmada por los inspectores de Obras Públicas y remitió un oficio a Brañas en el que lo responsabilizó por la custodia del cumplimiento.

Sin embargo, la obra, que está a metros de las oficinas de la Secretaría, no muestra signos de haberse detenido. Los movimientos de personal y materiales son constantes.

Las fajas de clausura no sólo no fueron dispuestas sobre las puertas de acceso, lo que permite el libre ingreso y salida del lugar, sino que además en los últimos días se vieron intervenidas: estaban dadas vueltas y no eran legibles desde la calle.

Cuando Brañas fue al Concejo Deliberante para responder a un pedido de informe presentado por el bloque Nuevos Aires, dijo que la obra estaba "pasada de metros" y que había clausurado el cuarto piso porque en esa zona está prohibida esa altura, cuyo límite se agota en el tercero.

Además, reconoció que en su área hay dos planos correspondientes al proyecto: uno aprobado y firmado en 2025 por la arquitecta responsable de las autorizaciones, con tres pisos; y otro, el de cuatro, que tiene sello de "aprobado" y número de expediente, pero no tiene firma ni fecha.

La situación despertó sospechas de toda índole y se transformó en un verdadero escándalo en al ámbito de la construcción. Los concejales que presentaron el pedido de informe pidieron “demolición” del cuarto piso.

En Obras Públicas, la cara visible del proyecto fue la arquitecta Liliana Morresi, quien había presentado excepciones en el Concejo para construir torres de departamentos en edificios históricos. 

En la puerta de la obra hay un cartel de la empresa Quing estudio, dedicada a arquitectura e ingeniería civil, responsable de varios proyectos similares en la ciudad.

La obra del edificio de Salta al 400, que fue clausurada en su totalidad este jueves por no cumplir con la clausura anterior, que era para las tareas del cuarto piso, tuvo movimiento este viernes a pesar de las fajas visibles que dicen "clausurado".

El personal de inspección de la Secretaría de Obras Públicas había ido ayer al mediodía a clausurar, "por hacera caso omiso" a la medida anterior, puesto que entre lunes y miércoles levantaron las paredes del cuarto piso, prohibido en esa zona.

Este viernes, desde temprano, los vecinos advirtieron movimientos propios de las tareas de construcción cotidiana, como si no hubieran hecho caso a la clausura. En horas de la siesta quedó confirmado que no habían respetado la decisión municipal.

Con las fajas de clausura pegadas en las puertas de acceso a la obra, pero sin obstruir el ingreso, como suele disponerse, había personal trabajando en la calle, donde había llegado material para la continuidad de las tareas.

El secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, que tiene su oficina a escasos  metros del edificio, había ordenado la inspección y clausura tras una reunión con concejales de Nuevos Aires, el bloque que denunció el caso a través de un pedido de informe en el Concejo.

Esa clausura se produjo en medio de versiones sobre causas penales y civiles que podrían enfrentar el propio Brañas, el intendente y otros funcionarios y empleados municipales por la situación irregular que rodea a esa obra.

La cara visible ante el Municipio para el expediente fue la arquitecta Liliana Morresi, la misma que presentó dos pedidos de excepción a la San Pedro 2000 para construir torres de departamentos en edificios históricos del centro.

En la comisión de Planeamiento, Brañas había confirmado que el edificio estaba pasado porque en esa zona no se puede construir más de tres pisos, además de que la estructura levantada ocupa más superficie de la permitida por la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la San Pedro 2000.

En esa oportunidad, el funcionario informó que habían clausurado la obra del cuarto piso, por lo que las tareas que se vieron esta semana para levantar las paredes fueron en flagrante incumplimiento de esa medida por parte del os responsables del edificio en construcción.

En una reunión que los integrantes del bloque Nuevos Aires mantuvieron con Brañas tras tomar conocimiento de que habían levantado las paredes del cuarto piso, volvieron a plantearle que la sanción que corresponde es la demolición, tal como ocurrió en otros casos en otros distritos.

En el marco de un operativo nocturno en la zona céntrica, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) procedió a la clausura de un local nocturno ubicado en calle Mitre al 1000, por incumplimientos en materia de seguridad e higiene.

De acuerdo a la información oficial, el establecimiento carecía de la documentación obligatoria para su funcionamiento, situación que motivó la intervención de las autoridades.

No se trata de un hecho aislado, ya que el mismo recinto había sido objeto de sanciones en reiteradas oportunidades, incluyendo una clausura previa.

Durante el último procedimiento se produjo un altercado en el lugar, que requirió la intervención de efectivos policiales. En ese contexto, el propietario del comercio fue aprehendido tras amenazar verbalmente al personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad que participaba del operativo.

Una vez más, aunque hacía tiempo que no sucedía, clausuraron en Las Canaletas el reconocido local de esparcimiento nocturno conocido como "el bar del Chino", que desde hace años regentea en Juan Ismael Giménez al 2200, casi Bajada de Chaves, César "Chino" Villarruel.

En el marco de una inspección de nocturnidad encabezada por personal de la Comisaría, hubo operativo en locales de ese tipo que derivó en la clausura de este bar.

Como cada vez que lo visitan, la clausura estuvo relacionada con la carencia de todo tipo de habilitación: la comercial municipal, la de seguridad e higiene de Bomberos de San Nicolás, la autorización de REBA para la venta de alcohol, etc.

La última clausura que tiene publicada La Opinión data de septiembre de 2024. En ese momento, el bar tenía sobre una de las paredes delanteras del quincho construido por sobre la línea municipal un cartel que decía "El más clausurado", casi una burla a la labor de los responsables de las inspecciones municipales y policiales.

En la actualidad, esa pared de madera fue reemplazada por una de material, por lo que la irregularidad sobre el espacio público que le señalaron cuando en 2021 intentó comenzar los trámites de habilitación es mayor que entonces.

En ese momento, la Municipalidad le exigió que libere la vereda como condición fundamental para la habilitación. No sólo no lo hizo, sino que además —y a la vista de todos— siguió construyendo.

Villarruel había intentado comenzar el trámite luego de violentos episodios ocurridos dentro y fuera del lugar, que terminaron con apuñalados y homicidios.

Esos violentos hechos no cesaron. Las peleas con corridas, piñas, cuchillos y fierros fueron registradas en diversas jornadas post boliche, ya de día, en la zona.

La última disputa que se viralizó fue la que terminó con una joven desmayada tras recibir un rodillazo en la cabeza por parte de otra chica con la que había protagonizado un enfrentamiento.

El bar del Chino no sólo es objeto —muy cada tanto— de clausuras por falta de habilitación.. En los registros de Coopser hay una varias actas relacionadas con inspecciones por estar "enganchado" de la luz,  lo que implica que cada vez que lo “desenganchan” volvía a la conexión clandestina.

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro fue convocado ante una situación registrada en un bar ubicado en Mitre 1070, donde se llevaba adelante una clausura.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años, propietario del establecimiento, quien amenazó verbalmente a personal de la Secretaría de Obras Públicas que se encontraba realizando el procedimiento.

Tras el incidente, el sujeto fue trasladado a sede policial, mientras que la Fiscalía n.º 11 dispuso que permanezca alojado hasta nueva disposición judicial.

Personal de la Dirección de Comercio clausuró este miércoles por la mañana un local del rubro alimentos que carecía de habilitación para funcionar.

Denominado “Condor”, el negocio ya había sido advertido respecto del riesgo de clausura, pero aun así no cumplió con los trámites correspondientes.

El propietario del local, Manuel del Pardo, es titular de otros comercios de denominación similar, entre ellos el ubicado en Mitre y Juan B. Justo que fue clausurado en febrero por carecer de Reba.

A Del Pardo suelen relacionarlo con el secretario de Gobierno municipal, Martín Baraybar, puesto que es el hijo mayor de la exesposa del funcionario. 

Personal municipal, con agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección de Comercio, clausuró tres negocios que comercializaban alcohol fuera del horario habilitado.

El primero de ellos, ubicado en avenida 11 de Septiembre y Boulevard Moreno, bajo la razón social BeerHell.

El segundo, denominado La Cavita, en avenida 3 de Febrero al 400. El tercero, en avenida 3 de Febrero y Sarmiento, conocido como El Pino.

La ley provincial vigente establece que la venta de alcohol para llevar está prohibida entre las 23.00 y las 10.00 de la mañana. Desde mayo y hasta diciembre, ese horario pasará a las 21.00.

También clausuraron un bar ubicado en Maestro Reyna al 1330 que carecía de habilitación comercial y sobre el que había quejas de vecinos por ruidos molestos.

Personal municipal y de la Comisaría clausuraron este viernes por la noche un comercio dedicado a la venta de comidas identificado como "Parrilla Tincho".

Ubicado en Miguel Porta y Simonino, el local carecía de habilitación comercial para ejercer la actividad que llevaba adelante.

En la pared del frente, junto al cartel de "Parrilla Tincho" indicaban que hacían delivery y ofrecían achuras, vacío, pescado asado, pollo, choripán, fritas, empanadas, ensalada rusa, tortillas, sándwiches de milanesa y pechito de cerdo.

Además de la falta de habilitación comercial, constataron que en el local había una cantidad de personas que superan el factor ocupacional que establece la normativa vigente por los metros cuadrados de construcción. 

A dos semanas de haber sido clausurado y tras reabrir el fin de semana, el maxikiosco Tomate, ubicado en Rivadavia y Obligado, volvió a ser objeto de un operativo que terminó con las fajas de clausura en sus puertas.

El local fue infraccionado, una vez más, por no respetar el horario de venta de alcohol previsto en la normativa vigente, que establece que no se puede comercializar ese tipo de bebidas después de las 23.00, entre diciembre y mayo (el resto del año es hasta las 21.00).

El procedimiento estuvo a cargo de personal municipal de la Secretaría de Seguridad junto a efectivos policiales de la Comisaría, que labraron las actas correspondientes.

El titular del comercio deberá tramitar la reapertura ante el Juzgado de Faltas, previo pago de la multa correspondiente, que tendrá mayor severidad por su condición de reincidente.

El maxikiosco Tomate había sido objeto de reclamos por parte de vecinos de la zona, que pidieron a la Municipalidad y a la policía intervención porque había venta de alcohol y consumo en las veredas hasta altas horas de la madrugada, con música y bullicio.

Personal policial y de Inspección municipal clausuraron este martes un galpón que tenía acopio de pescado fresco para la distribución y venta sin habilitación comercial.

El local está ubicado en Ruiz Moreno y Eduardo Depietri. En su interior había cámaras de frío con pescado que se comercializaba sin autorización.

El personal de la Secretaría de Seguridad que conduce Carlos Farré labró el acta de infracción correspondiente para darle intervención al Juzgado de Faltas municipal.

Fuentes del procedimiento confirmaron a La Opinión que la mercadería quedaba en el propio galpón pero a disposición de la jueza de Faltas, que deberá dar intervención a Bromatología para el decomiso y posterior destrucción.

La venta de alcohol tiene sus disposiciones y no ha variado desde que en la provincia de Buenos Aires se sancionó la Ley 11.825.

Esto implica que existen restricciones que, en caso de ser incumplidas, son sancionadas con multas para el comerciante.

Primeramente, para vender alcohol el negocio debe estar inscripto en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA). Una vez habilitado, se debe exhibir un cartel con la leyenda: "Prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad”.

La peregrinación de los consumidores, especialmente los fines de semana, es perfectamente visible en la ciudad. En algunos sitios conocidos por las variedades y promociones, se forman colas para comprar estos productos para consumir afuera de estos negocios, lo cual solo debe suceder entre las 10 y las 21 horas, entre el 1º de mayo y el 30 de noviembre. Fuera de esta fecha, en temporada estival, se extiende hasta las 23.

En los negocios nocturnos como bares, confiterías, restaurantes, etc., el consumo está permitido hasta 4,30 de la madrugada.

Sin embargo, donde no está permitida la venta es en los kioscos o anexos que poseen las estaciones de servicios.

La normativa también tiene un apartado para los eventos de convocatoria masiva, como recitales, encuentros deportivos, fiestas de egresados o cualquier otro tipo de espectáculo público. En este caso, no puede venderse dentro de un radio de 200 metros de donde se desarrolle el evento, una hora antes y hasta una hora después del horario de finalización del mismo.

¿Cuál es la sanción para el comercio que no cumple? Durante el procedimiento se labra un acta de infracción, quedando habilitado el responsable de la inspección de secuestrar la mercadería que es objeto de la infracción.

El local puede ser clausurado preventivamente con el apoyo de la fuerza pública, de ser necesario.

Finalmente, quien dispone la sanción es el juez de Paz Letrado de San Pedro.

El reclamo de vecinos de la zona de Rivadavia y Obligado por la actividad de un comercio ubicado en esa esquina provocó la intervención de autoridades municipales y policiales que lo clausuraron este jueves.

Alrededor de las 23.30, inspectores municipales y efectivos de la Comisaría se presentaron en el negocio denominado Maxikiosco Tomate y constataron que, si bien tenía toda la documentación en regla, vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

Así, procedieron a disponer faja de clausura del local y labrar el acta correspondiente por infracción a la ley de venta de alcohol que rige en la provincia de Buenos Aires, que establece que no se puede expender ese tipo de bebidas entre las 23.00 y las 10.00, en verano.

Vecinos de la zona habían elevado una nota al Gobierno, al Concejo Deliberante y a la Policía para pedir una reunión que permitiera abordar la problemática a la que asistían durante las madrugadas.

Más de 15 frentistas del barrio firmaron la nota en la que señalaron que desde hace más de un año sufren "ruido, suciedad, desorden, violencia", porque "durante la noche, entre las 00.00 y las 6.00", el comercio "vende alcohol" y "funciona como punto de encuentro al aire libre".

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral dijo en Sin Galera que el Gobierno tiene intenciones de invertir recursos propios en la refacción de los calabozos de la Comisaría.

Para ello, señaló, sugirieron junto a su superior, el secretario Carlos Farré “que el arquitecto del Municipio se junte con los arquitectos de la Corte Suprema de la Provincia” para que los del Poder Judicial especifiquen con precisión qué trabajos hay que hacer.

"Que digan este calabozo mide tanto, falta una ventana acá, un techo para el ingreso del sol durante el día, un baño en estas condiciones, porque si hacemos la refacción, el calabozo se deja hermoso, pero no está con las condiciones que la Corte considera que son las necesarias, y gastamos plata en una forma totalmente innecesaria e irresponsable”, sostuvo.

Los calabozos en la dependencia de calle Mitre al 1900, que se encuentran clausurados desde diciembre. Esto sucedió a instancias de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria y una inspección realizada en noviembre de 2024. 

Por entonces, ya había sido clausurados dos de los tres espacios. Desde hace dos meses y medio, no se pueden alojar detenidos en la única comisaría de la ciudad.

“Los calabozos hace mucho tiempo que están clausurados. La última capacidad de alojamiento era para cuatro personas. Fuimos con Carlos Farré a ver el estado actual con el informe que mandó un perito de la Corte, para ver si el Municipio podía iniciar la refacción para lograr habilitarlos, y que nos autoricen el alojamiento de detenidos en San Pedro y no tener un gasto excesivo de medios humanos y logísticos en el en el traslado de éstos”, dijo Cabral.

También explicó que lo que sucede aquí es habitual en la mayoría de las dependencias del norte bonaerense: “En la Superintendencia Región Interior Norte II, que tiene asiento en San Nicolás, de la cual depende San Pedro, los únicos calabozos habilitados para ser utilizados son los de la Comisaría Primera de San Nicolás, en la que hubo una fuga hace escasos días; la Comisaría Tercera de Pergamino; y la Comisaría de Rojas. El resto están todos clausurados”. 

Por su experiencia, no dudó en señalar que “a los calabozos habría que hacerlos prácticamente nuevos. Hay que tener en cuenta que la Comisaría es un edificio de casi 100 años, fantástico, pero que está detonado”.

Asimismo, manifestó que parte de la problemática pasa porque “aquí hay una única comisaría. Son edificios antiguos que no se le ha ido haciendo el mantenimiento necesario". 

"El sector de calabozos es el sector más castigado de una dependencia policial, por los daños que sufre en forma permanente de parte de los reclusos”, explicó.

El Municipio está a la expectativa de una definición para la refacción de  menos de uno de los espacios de detención, pues contaría con la partida de dinero, responsabilidad que debería caer sobre el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Mientras tanto, cada vez que alguien es detenido, especialmente aquellos que cometen un delito grave, la nueva función de los jefes policiales es la de procurar derivarlos, inmediatamente, para su reubicación para evitar que el autor del ilícito gane la calle nuevamente.

Personal municipal, junto a la policía y con el secretario de Seguridad Carlos Farré a la cabeza, clausuró este miércoles una agencia de remises que carecía de habilitación municipal y no tenía autos autorizados para esa actividad.

La remisería Sol, ubicada en Salta al 1700, había sido clausurada en abril del año pasado y tenía una habilitación provisoria que estaba vencida, por lo que volvieron a disponer la faja de clausura en su frente.

Además, ninguno de los automóviles que trabajaban en el transporte de pasajeros desde esa agencia, que hacía viajes locales y a otras ciudades, tenía tramitado el permiso para ello.

"Había quejas de los taxitas y remises habilitados. Más que pedirles disculpas y clausurar no podía", dijo a La Opinión el secretario de Seguridad, Carlos Farré.

"Al no tener auto habilitados, ante un accidente el seguro no los cubre porque en la póliza figura como uso particular", advirtió el funcionario, que destacó el apoyo de la policía para el desarrollo del operativo.

Remisería Sol era una de las más económicas del mercado local de servicios de transporte en automóvil, por lo que era una de las más elegidas por los sectores de menos recursos.

Entre los remiseros autorizados cuestionaban el precio de este competidor porque “al no pagar nada, pueden cobrar más barato, pero además ponen en riesgo a los pasajeros".

Personal de la Secretaría de Seguridad junto a Policía clausuró este viernes un comercio ubicado en Mitre 989, pleno centro de la ciudad, que carecía de autorización para la venta de bebidas alcohólicas.

El local, denominado ArtMode Gráfica, está habilitado como "centro de copiado" con actividad accesoria "diseño gráfico", pero también tiene mercadería típica de kiosco.

En la inspección, el personal municipal constató que tenían exhibidas para la venta botellas de vino, cerveza, fernet y otras bebidas alcohólicas para cuyo expendio se necesita autorización específica.

Ese permiso es el denominado "Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires", conocido como Reba, que se tramita en la Municipalidad.

Semanas atrás, personal de la Municipalidad estuvo en ese comercio y vio la actividad que desarrolla. Fue el sábado 7 de febrero, cuando recorrieron el centro para hacer una encuesta sobre la situación de inseguridad en la ciudad.

Esa encuesta la había encargado el secretario de Seguridad, Carlos Farré, quien había asumido el día anterior junto al subsecretario, Gabriel Cabral, en el área que ordenó la inspección que derivó en la clausura.

Ese día, el comerciante titular de ese local había expresado su preocupación por la situación de inseguridad en el centro de la ciudad. Había sido víctima meses atrás de daños en su vidriera.

El domingo a la madrugada personal del REBA (Registro de Bebidas Alcohólicas) montó un operativo de control y como saldo, clausuró dos locales de esparcimiento nocturno.

Durante las últimas semanas hubo debate y denuncias cruzadas por locales que están habilitados como bares que deben trabajar hasta determinado horario y que luego a puertas cerradas funcionan como boliches bailables. 

Aunque no se sabe si la presencia de la inspección está relacionada con esas acusaciones, dos comercios quedaron clausurados por infringir las normas. Hollywod y Dubai quedaron inhabilitados para la atención al público.

La publicación de la demolición de la emblemática casona de Las Heras y Rivadavia fue motivo de un intercambio de opiniones entre los lectores de Sin Galera y La Opinión.

La nota, titulada “Otro atropello al patrimonio edilicio que se clausura después de la demolición”, tuvo diferentes consideraciones y se transformó en un verdadero debate.

Para Carlos, la preocupación pasa por levantar más construcciones en altura en la zona céntrica. “La red de cloacas y agua no están preparadas para edificios. Los servicios en decadencia y ahora con incrementos de impuestos. Basta de pegarle al caballo que más tira”, señaló.

En idéntico sentido lo hizo Lilia: “Cuando se terminen los egoísmos políticos, tal vez ahí se decidan a pensar en la ciudad. Seguramente, ya será tarde y las consecuencias de los servicios colapsados las vamos a sufrir todos, incluyendo a los ineptos y corruptos a los que les venimos pagando sus sueldos desde hace añares”.

Para otros lectores la visión es diferente. Julio sostiene “para qué quieren esas pocilgas, criaderos de ratas, cucarachas y murciélagos donde se necesitan decenas de viviendas. Y si se quedan cortos con los servicios se supone que hay una Dirección de Servicios Públicos que debería ir planificando las ampliaciones necesarias”.

Ezequiel es proclive a que “cada persona debería hacer lo que quiera con su propiedad”, y para Rogelio “al que no le gusta que demuelan, que las compre y el haga historia con las propiedades viejas”.

No faltaron los cuestionamientos hacia determinadas actitudes que rayan con la impunidad. “Si hay plata, todo se puede”, dijo Gabriel, y Paula, con ironía, expresó: “De verdad preguntan cómo hacen para conseguir las habilitaciones de estos proyectos. ¿Es chiste o la pregunta es capciosa?”

Fernando también apuntó con dureza: “Es lo que votaron: desidia. A nadie le interesa. Lo mismo donde está Costé. Ahí hay túneles, es un lugar que no se podía hacer nada, y estos corruptos…”

Por su parte Rubén discutió la clausura después de haber derribado la casa. “Es una risa”, señaló y agregó: ¿Nadie vio nada? Más presencia e inspeccionar mejor. Por esta obra el arquitecto debería ser multado, ya que hay una ordenanza vigente. Una multa millonaria por corromper el patrimonio histórico de nuestra ciudad y una multa millonaria al propietario de la obra. Hay que terminar con los vivos y los que hacen la vista gorda”.

La casona de Las Heras y Rivadavia permaneció cerrada durante décadas. Con sus altas paredes elevadas con ladrillos de 45, sus puertas y ventanas de “buena madera”, molduras que fueron hechas a mano, herrajes que ya no se fabrican e historias que no se repiten. A pocas cuadras del centro se convirtió en fiel testigo del avance del tiempo, de los cambios de la fisonomía de la ciudad con casco céntrico e identidad de pueblo.

Cuando un cerco de chapas usadas (prolijamente lijadas y pintadas de rojo por los obreros) rodeó la antigua construcción, que perteneció a la familia Príncipe, muchos sampedrinos temieron lo peor, hasta que finalmente sucedió lo peor.

Con un grupo de trabajadores comenzó la demolición y cuando todas las aberturas de madera estacionada y vidrios repartidos fueron removidas de la construcción, se cargaron en un acoplado, apilando los recuerdos con quién sabe qué destino para una venta ventajosa.

Muchos de los vecinos que pasaron por el lugar se asombraron al notar el vacío que dejaba la casona, y el mismo abismo se abría en el patrimonio histórico y la construcción sampedrina. Casi con una mueca burlona, los obreros que tumbaban al ritmo de las mazas y los percutores esas anchas paredes, respondían con gestos de “¿qué mirás?”

Los que más saben del tema dicen que ahí se va a levantar un edificio. Sería otro que llega a opacar el paisaje que nos van robando con los años, esas casonas antiguas y simbólicas de familias tradicionales.

Estamos ante un caso más que implica perder el privilegio de seguir siendo una ciudad de “casas bajas”. Pero más grave aún es la inexistencia de un criterio urbanístico y la debida prevención de los servicios, saber cómo afectará a los vecinos en redes cloacales y agua corriente, algo que a los inversores desconocidos poco les importa.

Además, “le dan maza” y después clausuran la obra. ¿Cómo se explica? O se explica, como siempre, con un guiño de ojos.

La “piqueta del progreso” es inevitable en algunos casos. Pero a la demolición de estructuras emblemáticas no le asiste calificativo que amortigüe el impacto.

Si el justificativo es que la Ordenanza 4139 lo permite deberían ponerse a trabajar de una vez por todas para tener una nueva normativa, porque la existente data de 1987. Sí, tiene 37 años de antigüedad y fue pensada para el 2000.

Y nada de promesas con la San Pedro 2050 que se anunció en campaña. Existen numerosas universidades para establecer un convenio con especialistas que pueden ayudan a pensar y diseñar un San Pedro más sensato.