La Justicia ordenó detener a un profesor acusado de acosar sexualmente a través de medios digitales a una estudiante de una escuela secundaria donde dictaba clases.

El docente fue denunciado semanas atrás y la causa recayó en la Fiscalía 15 que conduce Jorge Leveratto, tematizada en delitos relacionados con pornografía infantil y grooming o ciberacoso.

El docente es profesor en diversas escuelas y tiene 48 años. La alumna es menor de edad y la causa que lleva adelante el fiscal Leveratto derivó en un allanamiento que tuvo lugar el miércoles en un domicilio de calle Hipólito Yirigoyen al 900.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval, que suele colaborar con la Fiscalía 15. En la vivienda secuestraron el celular desde el que se enviaron los mensajes relacionados con el delito investigado.

El docente fue detenido y trasladado a San Nicolás para ser sometido a declaración indagatoria, imputado por el delito de grooming, introducido al Código Penal en 2013.

La ley pena con prisión de entre seis meses y cuatro años a quien "por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual" de la víctima.

El último episodio relacionado con falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos, ocurrido el 15 de mayo en la escuela Normal, tiene a un estudiante identificado como sospechoso e imputado por el delito de intimidación pública.

El área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal logró establecer las direcciones IP desde donde se enviaron los e-mails con las amenazas, tras lo que la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil solicitó los allanamientos correspondientes.

Este martes por la tarde, personal policial junto a integrantes de la Secretaria de Cibercrimen y Evidencia Digital y de la UFI del joven se presentaron en dos domicilios de San Pedro para cumplir con las diligencias.

En una de las viviendas allanadas, ubicada en la zona de avenida 3 de Febrero al fondo, secuestraron un teléfono celular que sería el utilizado para remitir los correos electrónicos amenazantes.

El adolescente imputado fue trasladado junto a su padre a la Comisaría para la notificación de la causa penal en trámite por el delito de intimidación pública, que tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás.

El hecho corresponde al ocurrido el viernes 15 de mayo en la escuela Normal, que recibió un e-mail con la advertencia relacionada con la presunta existencia de un aparato explosivo dentro del establecimiento.

Ello obligó a evacuar las instalaciones y trasladar a todos los estudiantes de los tres niveles educativos a la plaza Belgrano, mientras desde San Nicolás llegaban los agentes de la División Antiexplosivos de la policía para revisar las instalaciones.

Una vez requisado todo el edificio, que abarca dos manzanas, la policía confirmó que se trataba, una vez más, de una falsa alarma. La denuncia había sido radicada por las autoridades y derivó en la investigación penal.

Además, la escuela Normal tomó la polémica medida de prohibir que los estudiantes del secundario concurran con mochilas, lo que implicó que tuvieran que asistir con los útiles en la mano o en bolsas transparentes.

La medida duró poco más de dos semanas y este martes, antes de que se produjeran los allanamientos, las preceptoras avisaron a las familias que a partir del miércoles ya podían concurrir con mochilas.

Una joven denunció haber sido víctima de un caso de ciberacoso y extorsión, que comenzó durante la madrugada de este miércoles y se extendió con amenazas constantes a través de distintas plataformas.

Todo inició alrededor de la 1.30, cuando la mujer recibió un mensaje a través de TikTok que abrió sin sospechar.

A partir de allí, los delincuentes lograron acceder a su cuenta vinculada con Google, desde donde obtuvieron fotos personales, algunas de carácter íntimo.

Con ese material, comenzaron las amenazas, donde le exigían el pago de dos millones de pesos para no difundir las imágenes en redes sociales.

Además, aseguraban conocer datos personales, como su identidad, domicilio y que tiene un hijo, e incluso le advirtieron que tuviera cuidado al llevarlo a la escuela.

“Decían que no me iba a escapar fácil, me pedían que les transfiera plata que no tengo”, expresó la damnificada.

La víctima también contó que recibió llamados constantes y mensajes en los que insistían con el pedido de dinero.

Ante la situación, llamó a la Comisaría, donde le tomaron los datos para radicar la denuncia correspondiente.

"La verdad fue horrible, me hackearon la cuenta y me continúan llamando por Whatsapp", concluyó la joven.

El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito en los últimos años. Su trabajo reciente, en colaboración con empresas como NorthScan y ANY.RUN, ha revelado un sofisticado esquema de ciberdelincuencia orquestado por un grupo criminal vinculado a Corea del Norte, lo que fue resaltado por medios especializados de Sudamérica y el mundo.

A través de un intrincado análisis, Eldritch “ha podido registrar en tiempo real las actividades de espías norcoreanos, evidenciando el uso de herramientas de inteligencia artificial para robar información y fondos de computadoras occidentales, recursos que, en última instancia, financian el régimen de Kim Jong Un”.

La motivación detrás de estas acciones reside en un contexto de sanciones internacionales que presionan económicamente al régimen norcoreano. Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establece prohibiciones estrictas sobre la contratación de trabajadores norcoreanos y la transferencia de fondos al gobierno de este país.

Ante esta situación, grupos como "Famous Chollima", una facción del conocido grupo Lazarus, han recurrido a tácticas clandestinas para mantener su flujo de ingresos.

Una de las tácticas más recientes detectadas por Eldritch -de gran actividad durante la existencia de Rainbowex y de colaboración con La Opinión- involucra el contacto directo con desarrolladores tecnológicos, bajo la apariencia de reclutadores estadounidenses. Este modus operandi incluye ofertas de empleo tentadoras que, al ser investigadas, revelan su naturaleza fraudulenta.

En uno de estos casos, un supuesto reclutador, apodado "Blaze", contactó a Heiner García de NorthScan, proponiéndole hacerse pasar por él durante entrevistas laborales. El ofrecimiento incluía un salario atractivo de aproximadamente 3.000 dólares mensuales, pero el verdadero objetivo era obtener información personal y acceso remoto a las computadoras de los postulantes.

Utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social y manipulación, los atacantes solicitaban datos sensibles a cambio de acceder a oportunidades laborales. A partir de este punto, Eldritch, junto a ANY.RUN, desarrolló un sistema de “sandboxing” (técnica en ciberseguridad) que les permitió monitorear las actividades de estos ciberdelincuentes en un entorno virtual controlado.

Esta técnica permitió a los investigadores observar cada movimiento, archivo abierto y acción realizada por el atacante en tiempo real.

Durante esta operación, el hacker cometió un error crucial al dejar abierta su cuenta de Google, lo que permitió a Eldritch y su equipo acceder a sus herramientas y comunicaciones internas. Esta filtración resultó en una importante recopilación de información que demostró la frustración y presión bajo la que operaban los ciberdelincuentes.

El diseño de esta investigación dejó una enseñanza vital: “Es elemental que las organizaciones implementen controles de identidad rigurosos y procesos de verificación exhaustiva durante la contratación”. Además, es fundamental capacitar a los equipos de recursos humanos en la identificación de señales de alerta de posibles fraudes y compartir historias reales con los candidatos para concienciarlos sobre la naturaleza del ciberdelito.

En un entorno digital cada vez más complejo, la cautela y el escepticismo son herramientas esenciales para salvar la seguridad de las empresas y sus activos digitales.

La Fiscalía n. 7 que conduce María del Valle Viviani investiga la aparición de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se ven rostros de chicas de San Pedro sobre cuerpos desnudos en situaciones sexuales.

Las imágenes trucadas fueron captadas por las víctimas en plataformas que se utilizan para subir contenido erótico y la mayoría fueron posteadas por un usuario cuya identidad la Justicia procura establecer.

Una gran cantidad de publicaciones refieren a San Pedro en esas plataformas de contenido erótico no profesional. Muchas de ellas, de acuerdo a lo que obra en la causa, son falsas.

En los casos denunciados, las víctimas indicaron que las fotos originales corresponden a publicaciones que hicieron en redes sociales, sobre todo en Instagram.

Esas fotos fueron intervenidas con IA para reemplazar los cuerpos por imágenes de desnudez que las convierten en contenido sexual explícito.

La producción y difusión de esas imágenes bajo la modalidad deepfake, es decir manipuladas con inteligencia artificial vía face swapping (la disposición de rostros en cuerpos ajenos) implica un delito relacionado con la denominada Ley Olimpia, que regula la violencia digital con perspectiva de género.

Así, actos como la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento se encuadran en lesiones graves, en este caso a la integridad psicológica y sexual de las víctimas, agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

La investigación del caso es incipiente y está orientada a la identificación de las direcciones IP desde las que fueron subidas a la Internet, en procura de dar con los autores del delito cometido.

Tras la difusión de las estadísticas sobre ciberdelitos en el país, el referente del área en el Departamento Judicial San Nicolás respondió preguntas en Sin Galera, este sábado.

Julio Carreto, coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital se refirió a las investigaciones sobre ciberdelitos y estafas virtuales, en un marco de creciente complejidad.

Destacó que hay delitos informáticos propiamente dichos y aquellos en los que se aprovechan los avances tecnológicos para la mutación de otros que ya estaban previstos en el Código Penal y sobre los que los delincuentes renuevan la modalidad.

Uno de los más recurrentes es el de estafa. La aparición de internet, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea provocaron que ese tipo de delitos se muden hacia el universo informático.

"Nosotros siempre instamos a la ciudadanía en general a que haga la denuncia", sostuvo Pérez Carreto.

El especialista advirtió que las modalidades delictiva mutan porque "cuando la gente empieza a darse cuenta cuáles son las distintas metodologías, los delincuentes empiezan a hacer variar la las distintas circunstancias".

Una de las cuestiones más llamativas de las investigaciones de este tipo de defraudaciones está relacionada con que en la mayoría de las causas que llegaron a buen puerto, con allanamientos y esclarecimiento, tiene como protagonistas a presos de unidades penales.

Pérez Carreto dijo que desde su área hicieron un pedido para "limitar el uso de los teléfonos celulares de los presos", que implicaría no quitar la comunicación con sus familiares pero sí circunscribir el uso para evitar la comisión de delitos.

"Tenemos puntualmente informes donde establecemos que en más de diez delitos de distinto tipo, ya sea violencia de género, extorsión y amenazas, defraudaciones, esas acciones han salido de dentro de las unidades penales", señaló.

Entre las nuevas modalidades, detectaron una recurrente que consiste en buscar víctimas que oficien de "mula digital": el delincuente logra robarle dinero de su cuenta a una persona y se la transfiere a otra, se comunica con la segunda para decirle que fue un error y le pide que haga una transferencia a una tercera cuenta.

"Lo que hay que hacer, siempre, es si uno lo quiere devolver, devolverlo a la misma persona que se lo envía. No a otra persona, nunca a una persona distinta, al remitente original", aconsejó el especialista.

Un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) reveló un aumento del 21,1 por ciento en delitos informáticos en 2024 en el país.

Los datos aluden a los fraudes con criptoactivos, usurpación de identidad en WhatsApp, acceso ilegítimo a cuentas, sustracción de datos y acoso.

El parte analizó 34.468 reportes en 2024, con un importante aumento desde la pandemia. Los modus operandi más comunes son "fraude en línea" (63 %), "usurpación de identidad" (13,5 %), "acceso ilegítimo" (8,3 %), "phishing" (4,5 %) y "acoso" (4,2 %).

El 56 % de los fraudes online son por compraventa de bienes/servicios; 18 % por home banking; 10 % son esquemas Ponzi; y el 16 % restante, otras modalidades.

Julio Pérez Carreto, titular de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital, con sede en San Nicolás, destacó la evolución de las estafas virtuales.

Los fraudes en plataformas de inversión también aumentaron. Las víctimas reciben ofertas tentadoras por redes sociales para invertir en sitios que prometen altos rendimientos. 

Además, como miles de sampedrinos conocen, luego transfieren dinero a billeteras virtuales y son incentivadas a invitar a otros. Algunos logran retirar dividendos al principio, pero al final, la mayoría pierde el dinero, pusesto que la plata que ganaron los primeros en ingresar al sistema se lo sacaron a los nuevos, que alimentaban el círculo.

La pandemia parece haber sido un mojón. Entre abril 2019 y marzo 2020 se registraron 2.581 reportes; en tanto, entre enero y diciembre de 2021 la cifra se elevó a 22.364; en 2022 se elevó hasta 32.395 casos; y en 2023, a 28.456.

El Departamento Judicial de San Nicolás registra un aumento de delitos virtuales, lo que suepra las cifras de la UFECI. 

Pérez Carreto destacó ante el diario El Norte la "transformación" al escenario virtual, donde ya no se generan estafas presenciales. 

“Los delincuentes tiene un terreno más seguro, generalmente amparado en el anonimato. La mayoría de los casos se dan a través de las redes sociales, compra-venta de artículos, uso indebido de tarjetas de crédito, malware para vaciar cuentas de billeteras virtuales, aplicaciones engañosas, simulaciones falsas en Mercado Libre y ofertas de trabajos remotos falsos”, explicó.

El funcionario destacó que “los delincuentes logran que la víctima transfiera dinero bajo el pretexto de impuestos o comisiones ficticias”.

Pérez Carreto indicó que el delito ha evolucionado, lo que implica nuevos desafíos en la investigación, especialmente en el ámbito de las estafas con criptoactivos. 

"Afortunadamente en nuestro Departamento Judicial contamos con personal capacitado para enfrentar estos nuevos retos”, señaló.

Una mujer casi fue víctima de una estafa virtual este fin de semana, cuando contestó una llamada del teléfono de línea fija y habló con unas personas que fingían comunicarse desde la página de Trámites a Distancia (TAD). “La llaman al fijo (casi nadie llama ahí), le dicen usted es fulana de tal, DNI tal, usted hace 21 años que es docente, a usted le corresponde una actualización de haberes de 2,5 millones de pesos porque le estuvieron liquidando mal”, explicó un familiar a La Opinión. Momentos después, los delincuentes virtuales le dijeron que debía comunicarse con ellos a través de WhatsApp. La mujer, que ya se había dado cuenta que se trataba de un engaño, decidió seguirles la corriente y tras agendar en su celular el número que le dictaron vio que el contacto decía en su información “Actualización de aberes” sin h. Inmediatamente, la mujer cortó la llamada y bloqueó el número y pese a que no perdió dinero, tanto ella como su familia desean alertar a los demás para que “estén atentos” y no caigan en este tipo de estafas. 

“Asombrosa la información que poseen”, finalizó con asombró su familiar.  

La sala de la OGA (Oficina General de Audiencias) fue la sede en la que el Juez Román Parodi, escuchó todos los argumentos y analizó la calidad de la prueba presentada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en la que sostienen que los 18 imputados tuvieron conocimiento, participación y actividades que configuran el delito de “Estafas Reiteradas”.

De esos 18, hay seis que están detenidos y a la espera de poder recuperar la libertad si sus abogados logran demostrar que la evidencia no es suficiente. Ellos son: Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez.

También hubo presencia de los representantes de la división de ciberdelitos que asignó la Procuración, los que además recibieron los testimonios de las víctimas y lograron que, por primera vez en la historia, se congelen criptoactivos por valor de 3,5 millones de dólares, una medida inédita y que sienta precedentes respecto a los activos virtuales que parecían intangibles.

De la lectura del pedido de prisión preventiva surgen decenas de preguntas. Desde los testimonios de los acusados que dicen que se vieron envueltos en una situación que desconocían y que estaban aprendiendo “trading”, a la mención de las financieras que oficiaban de intermediarias para las operaciones. 

Las claves indubitables fueron incorporadas por los peritos: hay once cuentas identificadas como las que receptaban fondos y los administraban, todas ellas con saldos millonarios y superiores a los montos que se han revelado hasta la fecha. También hay detalles de la operatoria y hasta el contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede del Knight Consortium con las donaciones. Ese alquiler estaba a nombre de Luis Pardo y sus garantes eran Alexis Pan y Maximiliano Braga, pese a que en sus declaraciones dijeron que no tenían vínculos entre ellos.

 …"descubrir las maniobras defraudatorias, la trazabilidad de los fondos y las distintas direcciones de dominio directo de Rainbowex, se le suma la gravedad y características de los hechos que se les imputa a los encartados Eduardo Maximiliano Braga; Luis Alberto Pardo, Alexis Pan, Gerardo Rubén Gelabert, Pablo Mariano Diez y Rodolfo Andrés Desanzo, la numerosa cantidad de personas que conforman la organización y a la vez la relación de los imputados con personas que se encuentran en el exterior"… son algunos de los fundamentos por los que Fiscalía solicita que se los mantenga en prisión.

Tal como lo adelantó el abogado Paulo Cordara, en la audiencia se insistió con que sus defendidos son víctimas y que si el magistrado sigue el criterio de la fiscalía, deberían haber solicitado la detención de casi 20 mil ciudadanos que retiraron dinero de la plataforma.

Por ahora, la defensa de Braga y Pardo, a cargo del Dr. Mauricio Gugger no ha adelantado ninguna estrategia y espera el tiempo que resta para conocer la resolución que se extiende hasta principios de la semana próxima.

En cuanto a los argumentos por los que se pide que se mantenga la prisión preventiva para todos, los más fuertes están relacionados con una importante cantidad de pruebas que se están procesando, entre ellas las pericias sobre los teléfonos, que se abrieron el pasado 8 de enero y donde entienden habrá una gran cantidad de datos para alimentar la causa.

También se toma en cuenta que los imputados podrían entorpecer la causa e incluso fugarse, ya que poseen el recurso económico y las herramientas para hacerlo. 

Por último, y en protección de las víctimas que ya denunciaron y las que se agregarán, porque aún restan tomar decenas de testimonios que están en una lista de espera, las fiscales indicaron “la profusa cantidad de víctimas y el más que significativo perjuicio económico que han sufrido en su patrimonio, los que lleva a hacerlas vulnerables y que los imputados y otros integrantes de la organización puedan realizar conductas intimidatorias, coactivas o influir negativamente en las víctimas, tal como ya ocurrió cuando se les exigió que abonen USD 88 -cuando la plataforma dejó de funcionar- para recuperar el dinero invertido, circunstancia, por lo demás que nunca se concretó”, dice el expediente que escribe un nuevo capítulo en la historia de las estafas piramidales.

Ante la proliferación de correos electrónicos falsos que simulan ser de una entidad bancaria para obtener datos privados de las personas, el Banco Provincia alertó sobre los casos de “phishing” que se vienen multiplicando últimamente.

La empresa IBM explica esta modalidad que ya está arraigada en nuestro país: “El phishing es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a las personas y hacer que compartan datos confidenciales, descarguen malware o se expongan de otro modo a la ciberdelincuencia”.

Por su parte, el BAPRO considera que se trata de las artimañas que proliferan actualmente y que busca redirigir a las personas usuarias a un homebanking ilegítimo, que simula ser el del Banco, para a partir de allí robar los datos para acceder a las cuentas y vaciarlas”.

“Además de requerir usuario y contraseña, solicitan entrar a Cuenta DNI e ingresar el código de autenticación. Este código, les permite a los estafadores migrar el Token a su dispositivo, contando con acceso total a la cuenta.

Por eso es muy importante revisar que la dirección de la página de homebanking de Banco Provincia sea la oficial”, agregó.

Por estas razones es clave aprender a reconocer los correos falsos:

*Tienen remitentes extraños: pueden aparecer como si se tratara de un banco, pero cuando se ve el nombre no tiene nada que ver con la entidad financiera. No te guíes por el nombre del remitente. Siempre hay que hacer clic sobre el mismo para visualizar la casilla de mail de origen.

*Suelen pedir ingresar a enlaces o que descarguen archivos: nunca se debe hacer, porque incluso pueden descargarse programas maliciosos que roben información.

*Es habitual que esgriman amenazas como “tu cuenta se cerrará” o “será suspendida”. No es la forma que tiene un banco de hablar con sus clientas y clientes.

*Solicitan que den una respuesta a la brevedad: nadie puede inducir a responder cuanto antes. Es un gran motivo para desconfiar.

*Los mails falsos suelen estar escritos con faltas de ortografía o errores de puntuación y no responden al estilo de comunicación de los bancos.

Esta semana, una mujer preocupada por estar siendo víctima de una estafa virtual informó a La Opinión sobre  notificaciones que estaban llegando a su celular. 

Se trataba de publicidades y mensajes, donde entre otras cosas se le anunciaba que había ganado una importante suma de dinero, pero al ingresar la dirigía a una página de “extraña procedencia”.

Lo cierto es que este tipo de mensajes falsos cursan a partir de algunos sitios webs que suelen pedir acceso para enviar notificaciones. 

Muchas veces, por error o por desconocimiento, se da clic en "permitir" y a partir de ahí es cuando la barra de notificaciones se llena de estos mensajes que van desde avisos publicitarios, invitaciones a páginas pornográficas y hasta alertas de que el celular está en peligro.  

Tras varias consultas de este tipo decidimos hacer un video informativo para explicar cómo eliminar este tipo de notificaciones y sobre todo a evitar que el celular se infecte con virus que alteren su funcionamiento. 

Si tenés un celular marca Samsung debes ir al navegador e ingresar a la sección de ajustes, a partir de ahí presionar en sitios webs y descargas y va a parecer una opción que dice notificaciones, al apretar en los tres puntitos va ingresas en donde dice “permitir o bloquear sitios webs” y va a figurar una lista con todas las páginas que tienen permitido enviarnos notificaciones, las deseleccionas a tu gusto y listo. 

En el caso de Google, entráas al navegador y apretás en los tres puntitos que figuran a la derecha, allí debés ir a la ventana que dice configuración y buscar en la parte de notificaciones para desactivar todos los sitios webs que aparezcan.

Es importante destacar que estas clases de mensajes no se tratan de ningún tipo de estafas o hackeos por parte de delincuentes virtuales, sino que ingresan al móvil a partir de un permiso previo de nuestra parte. 

Dos e-mails del Banco Provincia en la bandeja de entrada de una mujer la alertaron acerca del hackeo a sus cajas de ahorro en esa entidad bancaria. Los delincuentes que ingresaron a sus cuentas le robaron el sueldo recién depositado y una suma en dólares.

El episodio ocurrió el jueves 3 de agosto pasado. A la víctima le llamó la atención la recepción de esos mails, porque no había hecho ningún movimiento en sus cuentas. Al ingresar, leyó que había dos movimientos hacia la cuenta de una mujer que no conoce.

Eran dos transferencias que ella no había hecho. “Me llevaron todo, no tengo nada”, se quejó en diálogo con La Opinión. Inmediatamente radicó la denuncia penal en la Comisaría e hizo lo propio en la Oficina de Defensa del Consumidor.

“El banco me dice que tengo que esperar, no saben cuanto tiempo, par aque el seguro vea que me devuelve. Es decir no se aún el tiempo de la devolución ni el importe”, señaló la mujer.

“Es increible que uno tenga la plata en el banco y éste no se hace cargo”, se quejó. En el Provincia, todos los que la atendieron le dijeron lo mismo, que tiene que esperar la intervención del área de fraudes y las acciones que emprendan desde el seguro, que por supuesto paga ella.

En Defensa del Consumidor le informaron que enviarán una carta documento al banco, que deberá responder con su descargo, proceso que puede demorar alrededor de 30 días. Mientras tanto, el sueldo completo y un ahorro en dólares que tenía en sus cuentas desaparecieron.

El domingo fue detenido uno de los más reconocidos “delincuentes informáticos” de los últimos tiempos: el famoso “estafador QR”, que engaña a comerciante con compras apócrifas a través de ese medio de pago, conocido como “billeteras virtuales”

La sensación de justicia duró poco: al otro día ya había sido liberado tras las diligencias de rigor correspondientes a la causa penal, una más, en trámite que tiene por este tipo de estafas, algunas consumadas y otras que fueron sólo intento.

Mientras tanto, a cada momento aparecen denuncias en la Comisaría vinculadas a delitos de tipo tecnológico relacionado generalmente con estafas que surgen tras el hackeo de cuentas de WhatsApp, accesos remotos a dispositivos móviles, phishing y otros delitos similares.

En cada caso, como en los del estafador QR, el denominador común es el engaño en el uso de tecnologías con las que de a poco la población comenzó a familiarizarse en pandemia pero que no necesariamente llegó a cristalizar en todo el mundo.

Ante el “aumento exponencial de los delitos informáticos” que “el amplio uso de los medios tecnológicos ha generado”, el Concejo Deliberante tratará un proyecto de ordenanza para que el Gobierno local difunda la información necesaria para evitarlos.

El proyecto, presentado por el bloque de concejales de Unión por la Patria que preside Juan Cruz González y responde al intendente Cecilio Salazar propone que se publique en la página web de la Municpalidad —un sitio bastante vetusto y de poca consulta por la ciudadanía— “la información necesaria para actuar ante un hackeo o intento de estafa a través del intento de acceso a sistemas informáticos, cuentas poersonas, dispositivos digitles o redes de ordenadores”.

De la misma manera, piden que se incluyan los números telefónicos para denuncias por robos o extravíos de tarjetas, y que la Oficina de Defensa del Consumidor promueva campañas de información y prevención para comerciantes y cosumidores.

Personalidades de la política local no estuvieron exentos de este tipo de maniobras. Dos de ellas fueron la consejera escolar Patricia Sabaté y la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, a quienes les hackearon el WhatsApp y pedían dinero en su nombre.

Alrededor de 70 allanamientos en todo el país se desarrollaron antes del fin de semana en el marco de una megacausa que investiga una red de delincuentes que cometían delitos bajo la modalidad ciberestafas y que derivó en el denominado “megaoperativos Hermes”.

Entre los procedimientos, hubo allanamientos en San Pedro y una de las causas surgió por un caso ocurrido en Baradero, cuya investigación lleva adelante la Fiscalía Nº 8 que conduce Hernán Granda.

Heber Lischetti, secretario de la UFI 8, explicó en Sin Galera cómo fue el episodios que derivó en una causa que se sumó a la investigación de la que participaron 15 fiscalías de toda la provincia, bajo la conducción del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General bonaerense.

Un cliente del Banco Provincia de Baradero denunció que lo llamaron “desde una supuesta cuenta de Mercado Pago, donde incluso le muestran una factura de compra de un eterminado producto cargado a su tarjeta”, explicó Lischetti.

Los estafadores le dijeron que tenían dudas respecto de la legitimidad de la compra y lo engañaron para que descargue un programa con el que presuntamente podría elminar esa compra.

“En realidad, con ese programa ingresan al teléfono de él y a partir de ahí lo llevan a lo que es la cuenta bancaria del banco Provincia, donde le efectúan transferencias de dinero a cuentas de terceros”, explicó el secretario de la Fiscalía de Granda.

Cuando lo advirtió, era tarde. “Incluso llama al Banco Provincia y no puede frenar la transferencia”, señaló Lischetti. La investigación procuró rastrear las llamadas, las direcciones IP, etc.

“En el caso de la denuncia de Baradero intentaron ingresar a una cuenta de otro banco que él tenía, lo que pasa es que en ese banco intentaron hacer algo, pero no había dinero suficiente, como sí habá en el Provincia”, dijo para graficar que la vulnerabilidad estuvo en varias entidades bancarias.

La coincidencia de las denuncias radicadas en diversos departamentos judiciales, la Procuración General dispuso la participación del Departamento de Ciberdelitos, que derivó en los alrededor de 70 allanamientos que permitieron secuestrar celulares, computadoras, dinero en efectivo, armas, entre otros elementos de interés para la investigación.