Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

Un chatarrerero de San Nicolás irá a juicio oral y público en una causa relacionada con la denominada “ruta del cobre”, investigación que procura establecer responsabilidades en la compraventa de material robado. Se trata de un caso paralelo al allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro y Santa Lucía en junio del año pasado, cuyo expediente todavía está en trámite.

La agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal difundió la decisión del fiscal Matías Di Lello de solicitar la elevación a juicio de una causa en la que está procesado un chatarrero identificado como Marcelo Andriola. En el escrito, el titular de la Fiscalía Federal señaló que su dependencia “investiga también en otros expedientes situaciones similares”, entre ellos el caso sampedrino.

Marcelo Andriola es hermano de Roberto Andriola, otro chatarrero de San Nicolás investigado en la misma causa en la que aparece Jonathan Panizza, cuyo domicilio en Santa Lucía y su galpón en San Pedro fueron allanados en junio, en el marco de otra investigación vinculada a la “ruta del cobre” pero que corre por carriles judiciales distintos.

Esa causa no sólo no fue elevada a juicio, como la otra, sino que todavía está en etapa preliminar de investigación, informó el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, quien consultado por La Opinión ante la novedad publicada por el Ministerio Público Fiscal evacuó la duda en Fiscalía y confirmó la situación.

Las causas federales de la “ruta del cobre” investigan denuncias radicadas por la compañía Telecom respecto de robos de cables sufridos entre enero y febrero de 2022 que habrían terminado en chatarrerías para su comercialización. A Marcelo Andriola lo allanaron en mayo del año pasado y le secuestraron 50,6 kilos de filamentos de cobre contenidos en varias bolsas.

Las tareas de inteligencia de la Policía Federal habían logrado establecer que a su chatarrería ingresaban personas en bicicleta o ciclomotores con carros o bien a pie para dejar cajas o bolsas con cobre.

Un mes más tarde, el 22 de junio, una comisión de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal allanó a Roberto Andriola en esa ciudad y a Jonathan Panizza, tanto en su casa de Santa Lucía como en su chatarrería de Independencia al 3100, en San Pedro.

Esa causa todavía está en trámite. Panizza ni siquiera prestó declaración indagatoria. De hecho, el fiscal solicitó su comparecencia pero el juez la rechazó, puesto que todavía restan pericias relevantes que implicarán elementos probatorios confirmados o descartados para el devenir del expediente.

Entre esas pericias aguardan las de las cámaras de seguridad de la propia chatarrería. “En la causa hubo Se hicieron reconocimientos de los cables secuestrados, aparte de Telecom fueron todas las empresas de electricidad, y ninguno pudo determinar que fuera sustraido”, aseguró Villarruel.

Apenas ocurridos los allanamietos, el abogado de Panizza había dicho que el material secuestrado a su representado era parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa”.

“Presenté todas las facturas de compra de los cables de electricidad porque nadie que compre cable robado lo va a tener en carretes como estaban ni va a esconder en su propia casa cables robados, sería una ingenuidad”, sostuvo el abogado.

En los domicilios de Panizza y en el galpón de Roberto Andriola, ubicado en la ruta 188 en San Nicolás, se secuestraron en total más de 7.500 kilos de cobre valuado en más de 6 millones de pesos.

Personal de la Policía Federal cumplía este miércoles con un procedimiento ordenado por la Justicia en el marco de una investigación penal que dispuso allanamientos en una propiedad en Santa Lucía y en un comercio dedicado a la compra y venta de chatarra en San Pedro.

Los agentes de la División San Nicolás de la Federal allanaban el predio ubicado en Independencia al 3100 en procura de hallar elementos de procedencia, que serían producto de robos.

En la chatarrería local secuestraban cables y cobre que serían de procedencia ilícita, y tenían incautado un camión proveniente de un comercio similar de San Nicolás, donde también había un allanamiento.

En Santa Lucía también se vio que del domicilio del titular de este comercio secuestraron bolsas que contenían cobre, material que se sospecha sería resultado de ilícitos y que se comercializarían en el predio de San Pedro.