La causa conocida como "la ruta del cobre" tuvo un nuevo capítulo esta semana, con la revocatoria de la falta de mérito de los acusados titulares de chatarrerías en San Pedro y San Nicolás, Jonathan Panizza y Roberto Andriola, respectivamente.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo había considerado que no había elementos para procesar a los cuatro imputados —también están acusados el padre de Panizza y un empleado de Andriola—, por lo que les había dictado la falta de mérito.

Sin embargo, la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello apeló y la Cámara de Apelaciones hizo lugar a sus planteos, por lo que revocó la decisión original de Villafuerte Ruzo, lo que implica que los acusados serán procesados.

En diálogo con La Opinión, el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, destacó la decisión de la Cámara y aseguró que "es un paso fundamental" para la prosecución de la causa.

La investigación comenzó tras una denuncia de la empresa Telecom por el robo de cables, que subsumió otros episodios similares. 

La Policía Federal llevó adelante la tarea que derivó en los allanamientos en las chatarrerías y en los domicilios de Paniza, en San Pedro y Santa Lucía, y de Andriola, en San Nicolás.

La Cámara confirmó la postura del Ministerio Público Fiscal, que es el paso previo para formular la elevación a juicio de una causa relevante no sólo por los más de 7500 kilos de cobre secuestrado sino porque se trata de un delito, el robo de cables para la reventa del metal, que afecta servicios públicos esenciales de la ciudadanía.

La causa es importante, no sólo porque está como querellante Telecom, lo que evidencia una situación extrema, sino por el daño y el saqueo que implica este tipo de ilícitos.

Para los investigadores, los acopiadores de metal que se alimentan del circuito ilegal de robo de cables no sólo se enriquecen a costa de un delito sino que además lo propician.

El 22 de junio de 2023 Roberto Andriola fue allanado en su galpón de la ruta 188, en San Nicolás. A su vez, la Policía Federal hacía lo propio en la chatarrería de Jonathan Panizza en Independencia al 3100 y en su casa de Santa Lucía.

En su defensa, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, había asegurado que lo que secuestraron en poder de su defendido no podía determinarse que fuera lo que Telecom denunció como robado.

Informó que el material que se llevó la Federal era parte de lotes "comprados una parta a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa".

En el expediente, agregó, presentó "todas las facturas de compra de los cables de electricidad, porque nadie que compre cable robado lo va a atener en carretes, como estaban, ni los va a esconder en su propia casa".

En su momento, el juez Villafuerte Ruzo atendió razones y dictó la falta de mérito porque "la generalidad" de los cables secuestrados" no permitían corroborar el vínculo con el ilícito investigado.

Ahora, la Cámara de Apelaciones consideró que "la serie de evidencias que se analizaron permiten inferir que se ha configurado el delito", por lo que los imputados serán procesados y Fiscalía podrá requerir la elevación a juicio.

La DDI busca a tres delincuentes que este jueves, alrededor de las 10.00 de la mañana, asaltaron una familia titular de una conocida chatarerría dedicada a la compraventa de metales.

Los ladrones llegaron a la vivienda del titular del comercio Depósito José Verdón, en la zona de San Martín y Depietri, armados. Simularon que iban a vender metales y apuntaron a la mujer que los atendió.

Le robaron dinero en efectivo y además se llevaron una indeterminada cantidad de cobre que había en el lugar.

La policía buscaba cámaras de seguridad de la zona para establecer la ruta que tomaron los delincuentes, que se movilizaban en un automóvil.

La policía clausuró este jueves una reconocida chatarrería ubicada en Independencia al 3100 en el marco de una inspección de rutina a cargo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría.

El lugar carecía de habilitación comercial municipal así como del libro de registro foliado y rubricado por el titular de la dependencia policial, obligatorio por ley, en el que deben asentarse los datos relacionados con el origen de la mercadería que tienen para la venta.

La chatarrería de Independencia al 3100 fue objeto de allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de una causa penal conocida como "la ruta del cobre", que investiga denuncias radicadas por la compañía Telecom por el robo de cables.

En ese momento la Policía Federal secuestró más de 7 toneladas de cobre en un operativo que incluyó allanamientos en Santa Lucía, en el domicilio del titular de la chatarrería, cuyo abogado aseguró que podía demostrar la procedencia del material incautado.

Ese tipo de comercio está obligado a llevar un libro foliado y rubricado por el comisario en el que debe constar nombre, apellido y domicilio del vendedor y comprador de los bienes que comercializan.

Además, deben dejar asentado “fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada”.

Debe haber "exacta correspondencia entre el material descripto —en cuanto a peso, características y estado— en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito".

Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero recuperó este lunes un lote de grifería nueva que fue robada en un comercio ubicado en Mitre al 2700 la semana pasada, cuando al menos un delincuente violentó el blindex de acceso con fines delictivos.

La tara de investigación, que incluyó análisis de imágenes de cámaras de seguridad, permitió establecer la identidad y domicilios donde suele residir el delincuente. 

Además, lograron determinar que había vendido las canillas robadas a un comercio dedicado a la compraventa de materiales ferrosos.

Con el detalle preciso, la Justicia autorizó tres allanamientos, dos en domicilios del sospechoso, que resultaron negativos, y otro en una chatarrería de Lucio Mansilla al 2000, donde hallaron la grifería robada.

El lote de mercadería nueva que estaba exhibido para la venta en el local de Mitre al 2700 había sido vendido por el delincuente en esa comercio del rubro compraventa, cuyo titular quedó imputado por el delito de encubrimiento. 

La policía clausuró un taller y chatarrería cuyo galpón está ubicado en la zona de Javier Rivero al 500, donde llegaron para una inspección en el marco de la ley que regula esa actividad.

El comercio carecía de la documentación habilitante para funcionar y además tenía en su interior elementos que contaban con pedido de secuestro activo por robo.

Así, la policía además de clausurar la chatarrería secuestró el block de motor de una moto que fue robada en Baradero el 29 de febrero pasado.

El titular del galpón fue trasladado a la Comisaría para las diligencias de rigor y por el caso, además de Fiscalía, se le dio intervención al Juzgado de Paz.

La normativa establece que los titulares de este tipo de comercios deben llevar un libro foliado y rubricado por comisario, donde deben asentarse los datos del responsable y la modalidad de compraventa, con descripción y datos registrales de los materiales.

Hoy es viernes 27 de octubre. Estos son los títulos de “Lo que importa”, el resumen diario de noticias de La Opinión

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Auspician Lo Que Importa:Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, Boulevard Ahorro, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Ostoich Inmobiliaria y Construcción, Rapicuotas,Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos.

Un chatarrerero de San Nicolás irá a juicio oral y público en una causa relacionada con la denominada “ruta del cobre”, investigación que procura establecer responsabilidades en la compraventa de material robado. Se trata de un caso paralelo al allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro y Santa Lucía en junio del año pasado, cuyo expediente todavía está en trámite.

La agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal difundió la decisión del fiscal Matías Di Lello de solicitar la elevación a juicio de una causa en la que está procesado un chatarrero identificado como Marcelo Andriola. En el escrito, el titular de la Fiscalía Federal señaló que su dependencia “investiga también en otros expedientes situaciones similares”, entre ellos el caso sampedrino.

Marcelo Andriola es hermano de Roberto Andriola, otro chatarrero de San Nicolás investigado en la misma causa en la que aparece Jonathan Panizza, cuyo domicilio en Santa Lucía y su galpón en San Pedro fueron allanados en junio, en el marco de otra investigación vinculada a la “ruta del cobre” pero que corre por carriles judiciales distintos.

Esa causa no sólo no fue elevada a juicio, como la otra, sino que todavía está en etapa preliminar de investigación, informó el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, quien consultado por La Opinión ante la novedad publicada por el Ministerio Público Fiscal evacuó la duda en Fiscalía y confirmó la situación.

Las causas federales de la “ruta del cobre” investigan denuncias radicadas por la compañía Telecom respecto de robos de cables sufridos entre enero y febrero de 2022 que habrían terminado en chatarrerías para su comercialización. A Marcelo Andriola lo allanaron en mayo del año pasado y le secuestraron 50,6 kilos de filamentos de cobre contenidos en varias bolsas.

Las tareas de inteligencia de la Policía Federal habían logrado establecer que a su chatarrería ingresaban personas en bicicleta o ciclomotores con carros o bien a pie para dejar cajas o bolsas con cobre.

Un mes más tarde, el 22 de junio, una comisión de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal allanó a Roberto Andriola en esa ciudad y a Jonathan Panizza, tanto en su casa de Santa Lucía como en su chatarrería de Independencia al 3100, en San Pedro.

Esa causa todavía está en trámite. Panizza ni siquiera prestó declaración indagatoria. De hecho, el fiscal solicitó su comparecencia pero el juez la rechazó, puesto que todavía restan pericias relevantes que implicarán elementos probatorios confirmados o descartados para el devenir del expediente.

Entre esas pericias aguardan las de las cámaras de seguridad de la propia chatarrería. “En la causa hubo Se hicieron reconocimientos de los cables secuestrados, aparte de Telecom fueron todas las empresas de electricidad, y ninguno pudo determinar que fuera sustraido”, aseguró Villarruel.

Apenas ocurridos los allanamietos, el abogado de Panizza había dicho que el material secuestrado a su representado era parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa”.

“Presenté todas las facturas de compra de los cables de electricidad porque nadie que compre cable robado lo va a tener en carretes como estaban ni va a esconder en su propia casa cables robados, sería una ingenuidad”, sostuvo el abogado.

En los domicilios de Panizza y en el galpón de Roberto Andriola, ubicado en la ruta 188 en San Nicolás, se secuestraron en total más de 7.500 kilos de cobre valuado en más de 6 millones de pesos.

La Policía Federal incautó alrededor de siete toneladas de cobre en allanamientos que tuvieron lugar en una chatarrería ubicada en Independencia al 3100 y en el domicilio particular de su propietario, identificado como Jonathan Panizza, en Santa Lucía.

Este jueves, en Radio Cuarentena, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, aseguró que pueden probar la procedencia del material secuestrado y que no se trata de lo que fue denunciado como robado por la empresa Telecom.

“Esto se inicia en San Nicolás a raíz de una denuncia de la empresa Telecom, deriva en San Pedro por un proveedor que tiene Panizza en San Nicolás”, explicó Villarruel y señaló que el procedimiento judicial llegó a su cliente ante la sospecha de una posible conexión por el vínculo comercial con esa firma nicoleña.

El abogado informó que la orden de la Justicia Federal era verificar si había cobre en el lugar y convocar a representantes de la empresa Telecom para que certifique in situ si lo hallado coincidía con lo que denunciaron como robado. Como no se presentaron, la Policía decidió llevar todo a un depósito a San Nicolás para que allí se produzca esa constatación.

“Hay unos cables que son específicos para cada cosa. Con la marca y el espesor y esas cuestiones específicas Telecom va a comprobar que no son cables de comunicaciones”, aseguró Villarruel.

El abogado indicó que el material secuestrado es parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa” y que pueden probar esa procedencia.

“Si hubiese venido la gente de Telecom no se llevan nada, porque no son cables de telecomunicaciones”, sostuvo. “Está todo documentado”, aseguró e informó que su cliente “compra sabiendo la procedencia y en grandes volúmenes”.

“Se lo van a tener que traer otra vez”, dijo Villarruel sobre el material incautado por la Policía Federal y trasladado a San Nicolás en el marco de una causa que está caratulada como “daños a sistemas informáticos”, tras la denuncia de la empresa Telecom.

“Esto a lo sumo se podría tratar un encubrimiento, por comprar materal de procedencia ilícita, si se estableciera que fuera así, y si no serán sobreseídos inmediatamente”, explicó el abogado y agregó: “Voy a pedir las pericias pertinentes”.

Confirmó que “se llevaron 1800 dólares que tenía la esposa de Jonathan Panizza en la casa, de ahorros, y 100 mil pesos que había en la chatarrería, que es dinero que se utiliza para comprar y de las ventas que se habían hecho hasta el momento”.

No había que pensarlo varias veces ni ser demasiado entendido en la materia para intentar establecer adónde iba a parar el metal que se roba en la ciudad.

Ahora, la secuencia de denuncias que distintas empresas efectuaron tras sufrir varios robos hizo que la Justicia actuara y que la investigación de la Policía Federal apuntara a quienes se dedican a este tipo de transacción: las chatarrerías.

El secuestro de más de 7 toneladas de cobre que se encontraba en poder de un reconocido chatarrero de la ciudad desnudó un negocio ilegal que se practica hace mucho tiempo pero que no todos se atrevían a poner en escena.

Detrás de este negocio hay cifras millonarias que quizás expliquen el porqué del aumento que han tenido este tipo de ilícitos en el último año.

Si bien en esta oportunidad la Justicia buscaba los cables que robaron a las empresas como Telecom o Movistar, por ejemplo, en San Pedro se vienen originando diversos hechos delictivos con la sustracción de metales como objetivo.

Primero fue el cableado de las bombas de agua que alimentan a distintos barrios de la ciudad, luego sucedió con el tendido eléctrico de las canchas de fútbol de distintos clubes, más tarde pasó con el sistema que alimenta el servicio eléctrico del barrio La Tosquera, las placas del Cementerio y ahora es el turno de la rejas y alcantarillas, donde grupos organizados salen de noche y con un carro arremeten con todo lo que encuentran a su paso.  

Alguien los compra, y los investigadores saben que todo va a parar a un solo punto y por eso vinieron directo al lugar indicado tras una investigación que permitió establecer sospechas firmes.

No es la primera vez que los chatarreros quedan en el ojo de la tormenta ya que en su momento sucedió con la fibra óptica que distintas empresas comenzaban a colocar hace unos diez años atrás bajo tierra. Ya había sucedido anteriormente cuando se robaban los viejos tendidos del ferrocarril u otros similares que iban quedando obsoletos.

También están los reducidores, los que hacen el “trabajo fino”, los que salen de noche a robar cables para luego quemarlos y quedarse con el tesoro más preciado, el cobre, y dejan a barrios enteros sin luz, a cientos de chicos sin poder ir a los clubes o destruyen bóvedas jugando con el sentimiento de los damnificados.

Personal de la Policía Federal cumplía este miércoles con un procedimiento ordenado por la Justicia en el marco de una investigación penal que dispuso allanamientos en una propiedad en Santa Lucía y en un comercio dedicado a la compra y venta de chatarra en San Pedro.

Los agentes de la División San Nicolás de la Federal allanaban el predio ubicado en Independencia al 3100 en procura de hallar elementos de procedencia, que serían producto de robos.

En la chatarrería local secuestraban cables y cobre que serían de procedencia ilícita, y tenían incautado un camión proveniente de un comercio similar de San Nicolás, donde también había un allanamiento.

En Santa Lucía también se vio que del domicilio del titular de este comercio secuestraron bolsas que contenían cobre, material que se sospecha sería resultado de ilícitos y que se comercializarían en el predio de San Pedro.