Como cada vez que se piensa desde un despacho de funcionarios que desconocen las consecuencias de ciertas decisiones, miles de personas con problemas de salud mental o física que cobran sus pensiones por discapacidad y no han sido parte de engaños o abusos, reciben notificaciones para que personal al que desconocen certifique si son o no merecedores del dinero que se destina a sus tratamientos o sustento.

El sábado 17 de mayo, en medio del temporal, muchos de los citados llegaron a los consultorios Beaumont de la ciudad de San Pedro bajo el temporal cuyas consecuencias terminaron con el corte de la ruta 9 a la altura de Alsina. Viajaron más de 20 o 30 kilómetros en remises o vehículos de familiares para llegar al “monitoreo” que empleados de la empresa que rentó el lugar para certificar el motivo que dio lugar al beneficio.

“Mira, casos como este, realmente uno dice, no sé qué puede llegar a pasar si le cortan las cosas así, y desde ya que esté una semana llorando sin dormir porque estuvo así, este chico”, dijo el médico psiquiatra que atiende a un paciente que pidió dinero prestado para pagar un remise y no pudo tolerar “la presión que le produjo la incertidumbre de no saber si podrá continuar su tratamiento". El detalle: tiene 69 años y fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era apenas un adolescente.

La misma situación vivió un matrimonio septuagenario que arribó bajo la lluvia con una paciente con movilidad asistida tras haber sido sometida a cinco operacones de columna. Otra carta documento le llegó a una niña que padece parálisis cerebral y posee toda su documentación e historia clínica en distintos hospitales de la Provincia a los que debe recurrir para reunir la documentación que le exigen.

Las historias a las que accedió este medio son complicadas y ninguna de ellas justifica el dispendio de recursos públicos para auditorías que pretenden terminar con todas las pensiones mal adjudicadas por sucesivos gobiernos. Hay que tener en cuenta que quien haya tomado esa decisión desconoce la geografía y las realidades que anidan en cada rincón del país. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, hay pequeños pueblos que apenas cuentan con un centro de salud o un hospital municipal donde conseguir turnos para los trámites y requisitos que piden implican esfuerzos inhumanos para quien presenta algún tipo de discapacidad.

“A la madre cualquier trámite, cualquier papel, la desborda, es un problema enorme, imagínate esto, fue una tragedia”, relató el profesional que atiende a un paciente que está medicado y tiene como obra social “Incluir Salud”, la que reemplazó a Profe y no funciona ni para recibir los fármacos que necesita.

Los pacientes que asistieron aquel día de tormentas e inundación, regresaron a sus hogares y se preparan para concurrir a una nueva citación. La empresa que fue contratada para la tarea en todo el corredor del norte bonaerense no aparece y las autoridades del PAMI y Anses que son las que deben recibier las consultras dicen que “no están autorizadas a hablar”.

Esa es la realidad que comprende a muchas familias. “Son personas que no pueden manejar este tipo de presión. El Ministerio de Salud no puede ignorar estas situaciones. La incompetencia, de ser el caso, no es excusa tampoco”, refirieron respecto a las responsabilidades de municipios y provincia ya que las auditorías han sido ordenadas por el gobierno nacional.

Este medio consultó a una de las propietarias del edificio de los consultorios que fueron rentados para llevar a cabo el operativo que se desarrollará durante varios sábados hasta mediados de junio. La única información es que rentaron el lugar y que no tienen relación con las citaciones ni con el personal que atenderá a los pacientes.

También este medio logró acceder a las planillas que deberán llenar los administrativos o profesionales que recibirán a los beneficiarios. En ellas deben consignar qué estudios trajeron para justificar el “beneficio de la pensión” y deben agregar los antecedentes para determinar si el beneficiario puede seguir percibiendo sus haberes.

La revisión de las pensiones por discapacidad a través de auditorías sigue en pie por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a pesar de que el Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la medida que había establecido una nomenclatura de requisitos, que se comprometió a reformular.

Las autoridades ratificaron que quienes hayan recibido una carta documento debe concurrir al consultorio para "verificar la subsistencia de los requisitos", que implica llevar "documentación respaldatoria actualizada que acredite su condición de beneficiario de la pensión".

La gente que no fue atendida el sábado en los consultorios de Beaumont 665 podrá concurrir "otro sábado hasta el 14 de junio en el mismo horario en que fue citado originalmente", indicaron autoridades de los organismos involucrados.

El sábado, mientras el móvil de Sin Galera estaba en los consultorios de Beaumont 665, un joven que dijo llamarse Leandro y ser empleado de la consultora contratada por Andis para las auditorias de las pensiones por incapacidad laboral se comunicó con el programa para ofrecer explicaciones.

El plan que tiene en marcha el Gobierno nacional de revisión de las pensiones por discapacidad oficia como una especie de "reempadronamiento" para el beneficio por incapacidad laboral tras asegurar que detectaron "irregularidades".

"Si una persona tiene realmente una discapacidad, tiene pruebas", consideran entre los representantes del Gobierno de Javier Milei. "Entonces no se la van a dar de baja porque el médico está auditando y está viendo que esa persona realmente tiene la discapacidad. El problema es, claramente, para el que no la tiene", aseguraron.

El sábado pasado, una gran cantidad de personas oriundas de Baradero llegaron a los consultorios médicos ubicados en Beaumont 665 para la "auditoría". En ese lugar, alquilado por una empresa consultora que el Gobierno nacional contrató para la tarea, les dijeron que se había suspendido por las condiciones climáticas.

Ello generó enojo entre quienes viajaron desde la vecina ciudad, puesto que tuvieron que molestar a familiares, amigos o vecinos, y en el peor de los casos pagar alrededor de 50 mil pesos para llegar. 

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una resolución que había establecido un baremo para evaluar las condiciones médicas que corresponde a las pensiones por invalidez laboral y elaborará un nuevo régimen.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) derogó esa resolución, pero mantendrá la política de revisión del régimen de pensiones no contributivas en procura de eliminar "arbitrariedades" en su otorgamiento en lo que el Gobierno define como una "lucha contra el malgasto de los recursos".

Este jueves, la titular de Anses San Pedro, Analía Corvino, se comunicó con La Opinión para informar que la derogación de la resolución "no modifica ni afecta el proceso de auditorías".

"Buen día, por favor informar sobre la derogación que las auditorías siguen en pie, las persona deben concurrir como les informa la citación", indicó la funcionaria representante del Gobierno nacional en San Pedro.

Andis difundió que "la normativa solamente formaliza la baja de la resolución derogada" y que "el proceso de auditorías se desarrolla de manera habitual".

La derogación de la resolución que había dispuesto el nuevo baremo no implica que el Gobierno nacional no continúe la revisión propuesta, aunque deberá establecer un nuevo procedimiento e informarlo.

Así, Andis deberá actualizar los criterios de acuerdo a la normativa internacional que se detectó que la resolución derogada no tenía en cuenta, de manera que se garantice un proceso efectivo para la verificación.

En San Pedro, Andis tenía personal para atención presencial y sus oficinas funcionaban en el marco del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ambos organismos cerraron por orden del Gobierno tras la asunción de Javier Milei.

Este martes, entre las 10.00 y las 15.00, se desarrollaba en el Centro Cultural Abelardo Castillo un operativo especial de la Agencia Nacional de Discapacidad para atender consultas y trámites relacionados con ese organismo.

Desde temprano hubo cola en la cuadra de 25 de Mayo al 800, que llegó hasta Anses durante las primeras dos horas. La mayoría de las personas presentes habían sido citadas con anterioridad por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación porque ya habían comenzado el trámite y podrían completarlo en esta oportunidad.

Entre ellos había quienes iniciaron el trámite hace cinco o seis años y nunca avanzó, y otros que lo comenzaron en los últimos meses. También había quienes llegaban por primera vez para consultar sobre los requisitos o para llevar documentación.

El titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Nicolás Macchia, explicó la modalidad de atención el móvil de La Opinión & Sin Galera.

Durante el operativo existía la posibilidad de acelerar el trámite de certificación médica, para lo que los interesados podían llevar los estudios firmados por especialista para iniciar el trámite de validación para la obtención de la pensión.

Además, la Secretaría de Desarrollo Humano municipal dispuso atención para los certificados únicos de discapacidad (CUD), de manera tal que se canalizaban consultas e inquietudes al respecto y también tomaban inicios de trámite.

En las primeras dos horas de atención habían otorgado más de 100 números y había una gran cantidad de personas dentro del Centro Cultural Abelardo Castillo para el desarrollo de los trámites que atendía la Agencia Nacional de Discapacidad.