Con los minutos contados y muchos integrantes de la lista objetados por el Consejo de Administración de Coopser, la lista Verde logró reunir la cantidad suficiente de avales, delegados titulares y suplentes para poder participar de las elecciones del domingo 14 de julio. Ahora se abre el compás de espera y también la intriga sobre la nómina de integrantes de la lista oficialista. 

Hay una denuncia penal por falsificación de firmas que debe analizar la fiscala María del Valle Viviani, aunque ello no modifica la posibilidad de participar en la jornada electoral siempre que todo esté en regla.

“Fue muy difícil pero lo logramos”, dijo Marcela Izaguirre tras certificar que solicitaron al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la presencia de veedores para la jornada del comicio. 

En sede del organismo nacional también dejaron asentadas las irregularidades que encontraron en los padrones donde además de personas fallecidas, falta de actualización deudas de socios y anotaciones que no se correspondían con la dirección de los titulares de medidores, observaron dificultades que fueron en línea con “la falta de experiencia que tenemos”, explicó.

“También denunciamos difamación, ya que salieron a acusarnos que fuimos los que falsificamos firmas”, indicó Izaguirre con la presunción de que algunos de los firmantes fueron expresamente enviados para complicarles la presentación.

A la hora de brindar precisiones sólo refirió que muchos de los integrantes de la nómina fueron contactados por gente del propio Consejo de Administración para preguntar: “¿Vos firmarste? o ¿estás seguro que querés seguir con la lista?” y así “le metieron miedo o amenazaron a muchos o les gritaban por la calle”.

La Opinión consultó también a la escribana Cecilia Dubini quien cumplió con su rol de certificación de la presentación de dos listas y recibió el jueves la nómina corregida por los opositores. 

Alcaró que no es su rol revisar quiénes participan ni chequear la aptitud para hacerlo. Es decir que su tarea se limita a la recepción de la documentación y no a su análisis. La aclaración vale frente a las versiones que se esgrimían repecto al equipo profesional que verificaba qué socios estaban en condiciones de votar. 

 “La  denuncia ante el ente Regulador INAES es  por las irregularidades en los padrones, las intimidaciones y  amenazas tanto a los socios como tanbien a los integrantes de la lista, ya que es el ente regulador a partir de la denuncia el que deberá asegurar la transparencia de la próxima asamblea. En el mismo momento también se procedió al pedido de veedores ante el poder Judicial de la Nación”, informó Izaguirre..

Es larguísima la nómina de los observados por mantener deudas de todo tipo. Gente con “un medidor de una casa que tenía alquilada, los que pagan en el segundo vencimiento y no entraron en el corte del 23 de mayo, otros que firmaron en un domicilio y tenían otro medidor más antiguo en otro distrito, hubo uno que quería votar como accionista y todavía no sabemos si lo dejarán hacerlo, así y todo llegamos”. 

En síntesis cada asociado con un medidor a su nombre y sin deudas, podrá decidirse entre “la oficialista roja" o “la opositora verde”, siempre y cuando no surjan nuevos obstáculos para la participación de los más de 45 mil empadronados.

La última vez que se votó fue en Julio de 2018, cuando el oficialismo de Luz y Fuerza y el Intendente Salazar unieron fuerzas para derrotar a las dos nóminas opositoras. Entre 2006 y 2018 nunca ingresaron opositores al Consejo de Administración.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, brindó durante la mañana del sábado asesoramiento gratuito a los ciudadanos. En San Pedro, en el Centro de Comercio e Industria, la escribana Cecilia Dubini respondió a las inquietudes de quienes se acercaron para aprovechar la oportunidad que año a año brinda esa organización en cada región.

Pasado el mediodía, La Opinión consultó sobre los resultados y las cuestiones más frecuentes. La mayor parte apuntó a las afectaciones de viviendas a las que antes se las definía como “Bien de Familia” por su carácter de inembargables. Según reportó la letrada, las consultas apuntaron a los requisitos que se necesitan para resguardo del bien inmueble, cómo desafectarlo de esa condición y qué costos tienen ese tipo de trámites.

También los concurrentes preguntaron por las donaciones con reserva de usufructo que es la modalidad que permite la transferencia de bienes a los sucesores preservando el donante su derecho a vivir o explotar el inmueble que de este modo queda a nombre de los herederos. Una de las situaciones más frecuentes es la que surge de inquietudes posteriores a la donación como la separación de conyuges, el fallecimiento de uno de los beneficiarios o conflictos que puedan surgir si se presenta alguien con derechos de filiación.

Además, entre las cuestiones recuerrentes figuran quienes se ven impedidos de escriturar propiedades de loteos que no cuentan con aprobación y los que intentan llegar a regularizar su situación tras la tramitación de la posesión veinteañal cuando no se encuentra inscripta en el Registro de la Propiedad.