Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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La Cámara de Apelaciones de San Nicolás deberá decidir si el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido con prisión domiciliaria por pedir coimas a una empresa, es sometido a un juicio por la verdad tras ser denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos cuando convivían juntos, hace más de tres décadas.

Como el delito prescribió, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró que estaban dadas las condiciones para un juicio de esas características, que si bien no contempla sanciones punitivas en términos de condenas a prisión sí permite echar luz sobre los hechos y considerar si ocurrieron o no y si el acusado es responsable de ellos.

El caso fue a Cámara porque el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Nicolás que integran los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que no están dados los extremos para habilitar un juicio por la verdad.

"No obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad", dijeron en sus argumentos los jueces.

A pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

La Cámara fue la que había recomendado el juicio por la verdad, al confirmar que el paso del tiempo favoreció a Espíndola y dejar firme la prescripción, y ahora deberá decidir sobre el rechazo del Tribunal.

Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

La causa entró en un compás de espera y la resolución para llegar a juicio está en manos de la Cámara de Apelaciones que debe resolver el pedido de la defensa que promovió su intención de objetar la llegada a esta instancia.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los meses de enero y febrero de 2021. Comenzaron como un reclamo por falta de baños y terminaron con una investigación por "coimas, aprietes y amenazas". 

Viviani estuvo desde el primer día a cargo de la investigación, de hecho, era la primera vez que una fiscal se hacía presente en el bloqueo de una empresa. No sólo soprendió a los dirigentes sino a los dueños de la firma que no esperaban la dimensión que cobró el caso tras una comprobación directa por parte de la justicia. 

Literalmente el paso a la planta estaba obstruído y los sindicalistas subestimaron el curso que más tarde tendría la investigación.

Ahora, con Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro privados de la libertad en sus domicilios, la Fiscalía consideró que "hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de co autoría por los delitos de Turbación de la Posesión, dos hechos: Coacción en grado de tentativa, dos hehos; Extorsión, dos hecho y Extorsión en grado de Tentativa, todo en concurso real, respecto de ambos. Para los imputados Carlos Julián Ojeda, Marías Agustín Torees, Edgardo Dimayo, Enzo Ojeda, Macilimiano Pérez y Lucas Torres, los delitos que serán llevados a juicio son de "Turbación de la Posesión, dos hechos y Coacción en grado de Tentativa, dos hechos".

En el caso de Espíndola además de cumplir arresto domiciliario hay otro caso pendiente. Será un “Juicio por la Verdad” al que por primera vez accedió la justicia nicoleña por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravada por el vínculo. Una causa que promovieron sus sobrinas y que llegó a una instancia en la que por el paso del tiempo no podía prosperar.

Desde que las víctimas de Fernando Espíndola rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.

Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.

“Después de tantos años de silencio  y de oprimir el pecho de las angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad  a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de todo la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debesuceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.

En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista que fue acusado por abuso sexual. 

Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.

Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Habían pasado 30 años y ya no podían, condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.

Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad. 

Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.

 “Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.

Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.

Pero su desarrollo otorga el derechoa la víctima para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente. 

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Auspician Lo Que Importa: Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Diserquim El Gaby, Supermercado VEA.

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro fue beneficiado con arresto domiciliario y cumplirá la detención con prisión preventiva en su casa por decisión de la sala V del Tribunal de Casación de La Plata.

Con la firma de los jueces Mario Eduardo Kohan y Fernando Mancini Hebeca, el fallo ratificó la decisión inicial del Juzgado de Garantías, que había decidido que Cabaleyro atraviese el proceso penal detenido pero en su casa.

Es lo mismo que ocurrió en mayo pasado con Fernando Espíndola, el sampedrino también sindicalista de Camioneros detenido junto a Cabaleyero, ambos acusados de cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Así, el abogado de Cabaleyro y Espíndola, el sampedrino Mauricio Gugger, logró para ambos detenidos la atenuación de la medida coercitiva, por lo que si bien seguirán detenidos lo harán en sus domicilios.

Espíndola ya esta en su casa y el fallo que favorece a Cabaleyro fue firmado este viernes, por lo que el sindicalista y concejal nicoleño en uso de licencia podrá ser trasladado a su vivienda en San Nicolás, bajo la tutela de su esposa.

Arraigo, contención familiar, domicilio conocido, mal estado de los establecimientos carcelarios, problemas de salud apoyados con certificados médicos, presencia de cámaras de seguridad en su casa y hasta fianza o caución real formaron parte del planteo inicial de Gugger para pedir el arresto domiciliario.

Cabaleyro es un adicto a las drogas en recuperación desde el año 2018 tras consumir durante casi 20 años. Él mismo había dicho que estaba “en riesgo permanente” de volver a caer en el consumo porque en la cárcel circula todo tipo de estupafecientes.

Además, está en situación de obesidad de primer grado, es fumador y tuvo un aumento de colesterol que fue señalado por los médicos respecto de la falta de tratamiento, al tiempo que le recomendaron “modificar hábitos higiénicos y dietéticos”.

Además, la defensa de Cabaleyro había hecho hincapié en las pésimas condiciones de detención que tanto él como los otros más de 900 detenidos padecen en la unidad penal 3 de San Nicolás.

La causa fue elevada a juicio por la jueza de Garantías María Eugenie Maiztegui tras la solicitud de la fiscala María del Valle Viviani. Además de Cableyro y Espíndola, van al debate como imputados los sampedrinos exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Después de tres recusaciones para la Fiscal María del Valle Viviani, intervención de legisladores nacionales, movilizaciones a la sede fiscal y varias dilaciones en el proceso, durante la tarde del miércoles el Juzgado de Garantías recibió el requerimiento para elevar a juicio la causa por las que están detenidos los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Las noventa y seis páginas del expediente detallan paso a paso todas las pruebas que apuntan a condenar por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “Extorsión” también en dos hechos y “Extorsión en grado de Tentativa” para uno de ellos. En cuanto a los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julién Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Perez, Lucas José Torrez, Matías Agustin Torrez el delito del que se los acusa es el de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Quedan varias instancias que con seguridad la defensa de los imputados intentará pero de la lectura de los fundamentos surgen varios datos que hasta la fecha no habían sido difundidos.

El primero de ellos relacionado a la comprobación de la extorsión a los que eran sometidos los dueños de la empresa para que efectuaran pagos recurrentes para evitar problemas. También se remarca que aquello que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo, no contaban con una contraparte documental que los acredite.

Sobre el allanamiento “realizado el día 02 de Mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, sede central, NADA SE OBTUVO respecto del origen de la deuda a la que se hace alusión”, dice textualmente el escrito.

A ello se agrega un párrafo esclarecedor respecto a mucho de lo que se había afirmado en distintas publicaciones y declaraciones en medios de comunicación sobre el dinero que había sido entregado por el contador “y la caja de chocolinas” de la firma para el supuesto pago de deudas con el fisco: “de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques legítimamente recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, sostiene Viviani para sostener la hipótesis que se había analizado en un principio cuando la firma accedió a “firmar un convenio de pago” que se concretó en tres partes. También se recuerda en otro tramo del escrito que “las víctimas accedieron a la entrega del dinero en efectivo y a la confección y pago de los cheques emitidos, a reconocer la deuda”.

Sobre los días del bloqueo con el motorhome que pertenece al sindicato estacionado en las puertas del establecimiento, la fiscal describe que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a susdueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”.

En la última página y a la hora de solicitar la sanción a los imputados, la titular de la Fiscalía N° 7 expresó “en principio, a los fines de establecer la pena aplicable al caso debe merituarse: Que no hay eximentes ni atenuantes” y luego sostiene que “en función de ello que estimo que la pena para los Imputados Cabaleyro Emanuel Maximiliano y Fernando José Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiendo que resulta procedente el trámite el juicio abreviado”.

Por último indica que “para el Resto de los imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez, Matías Agustïn Torrez es justo aplicar una pena de prisiónefectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes”.

El 13 de Abril de 2022, cuando La Opinión celebró sus 30 años, fue publicada una columna editorial que con el título “Dejen laburar”, escribió Lilí Berardi para recordar las decenas de oportunidades en que empresas sampedrinas se vieron obligadas a aceptar “las reglas del juego“. Un 22 de Junio de 2011, la tapa de la edición papel del semanario ya denunciaba los tiempos que se avecinaban y la escasa reacción de la dirigencia política e institucional que dentro de sus responsabilidades también debe cuidar la defensa de las fuentes laborales y el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales.

El Juzgado de Garantías que interviene en el caso Camioneros – Rey rechazó el pedido de recusación a la fiscala Viviani que hizo el abogado de los imputados sampedrinos que estén en libertad y ratificó su condición de involucrados en la causa.

Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres y Enzo Ivo Ojeda siguen imputados por “turbación de la posesión y coacción”, puesto que la jueza María Eugenia Maiztegui rechazó también el pedido de sobreseimiento que había elevado su defensa.

Los cuatro están involucrados en la causa que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, ambos alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás con prisión preventiva y procesados, además del bloqueo y el pedido de coimas, por el delito de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”.

Esta es la tercera recusación de Viviani que la Justicia rechaza. El abogado de los imputados sampedrinos, Gabriel Rogelio Ruiz, lo había solicitado por considerar que la fiscala tenía “parcialidad manifiesta” en el caso, algo que la jueza no respaldó.

Maiztegui no sólo rechazó la recusación, sino que además mantuvo la imputación que pesa sobre los cuatro defendidos de Ruiz y además no hizo lugar al pedido de “nulidad del procedimiento” que había interpuesto el abogado.

“Todas las acusaciones respecto de mi actuación no tienen argumentos legales que produzcan mi apartamiento en esta investigación”, se había defendido Viviani ante la jueza tras el planteo de Ruiz.

La primera recusación la habían planteado Cabaleyro y Espíndola, cuyo abogado, Mauricio Gugger, había pedido que se declare la incompetencia de Viviani porque consideraban que no le correspondía intervenir a la UFI 7 por la fecha en la que ocurrieron los hechos. El Juzgado la rechazó.

La segunda fue en mayo del año pasado, cuando plantearon que habría un ocultamiento malicioso del legajo y que se habían transcripto conversaciones entre cliente y abogado en el marco de las escuchas telefónicas, todo rechazado por el juez Román Parodi, que subrogó a Maiztegui en ese momento.

Viviani sostuvo que su actuación fue “conforme a la ley” y que no se excedió en sus facultades. Incluso señaló que los planteos de Ruiz eran “conjeturas” que desconocen “la normativa procesal y los elementos típicos que configuran los delitos que menciona”. La Justicia le dio la razón.

La causa por extorsión y turbación de la propiedad por la que los dos dirigentes del gremio Camioneros continúan detenidos, transitará durante los próximos meses sobre los imputados sampedrinos. Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro esperan ahora las nuevas pericias contables dispuestas para el mes de febrero mientras que los trabajadores que participaron del bloqueo siguen imputados en el marco del mismo expediente. Esta semana la fiscal trabaja para la elevación a juicio del caso que torció el rumbo y develó entretelones que desnudaron prácticas habituales de presión que excedían las protestas por reivindicaciones laborales.

Enzo Ivo Ojeda , Carlos Julián Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres y Edgardo Dimayo serán informados de la oportunidad que tendrán sus defensas para que cese su situación de imputados por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa” o se les imponga una pena. Hubo un pedido de sobreseimiento para dos de los mencionados, pero la Fiscal María del Valle Viviani ya respondió que considera que todos participaron de los hechos que se investigaron.

Por su parte Maximialino Cabaleyro quien tuvo que ser evaluado para ser alojado en otra dependencia por los conflictos que generaba con otros internos y Fernando Espíndola suman agravantes por estar acusados de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa mas los delitos de Extorsión en calidad de coautores, Extorsión en grado de tentativa y Extorsión en su calidad de coautores por suscripción de documentos con efectos jurídicos.

La fecha aún no está dispuesta pero se sabe que al menos dos de los involucrados a nivel local ya cuentan con nuevos lugares de trabajo asignados con anuencia de propio gremio en empresas que operan en la zona.

En pocos días se cumplen tres años desde que se desató al conflicto que comenzó como un reclamo para la construcción de un cuerpo de baños que luego desembocó en la requisa de documentación que es parte de la causa en la que encontraron pruebas sobre la presión que a cambio de dádivas ejercían los sindicalistas sobre los empresarios. Aún no se sabe si la fiscal irá también por la colaboración que otras empresas propietarias de camiones brindaron el día en el que se produjo el bloqueo puesto que esos vehículos sólo llegaron a inmediaciones del establecimiento Rey y al sitio donde se cargaban los alimentos que debían ser distribuidos en las escuelas del partido.

Mientras Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola siguen detenidos en la DDI de San Nicolás a la espera de una vacante que permita su traslado a una unidad penal, los trabajadores imputados presentaron un escrito ante la fiscala María del Valle Viviani acompañados por el abogado defensor, Mauricio Gugger.

Según trascendió y como parte de la misma causa por el bloqueo de la planta distribuidora en la que se les imputan delitos como extorsión y coacción, la citación les permite ejercer su derecho a defensa sin afectar los derechos gremiales a los que intentaron aferrarse los representantes del gremio al que pertenecen.

Hay que recordar que fue la propia fiscala quien se presentó en la sede de la distribuidora para verificar la presencia de vehículos que impedían el normal funcionamiento y tarea de la empresa de la familia Rey, y que es la primera oportunidad en la que se denuncia penalmente el accionar de integrantes del gremio que ahora deberán esperar que se expida la Justicia en los plazos previstos, mientras se evalúan los recursos presentados para la excarcelación.

Además de Gugger, el exjuez Daniel Llermanos acompaña las acciones que incluyen la excarcelación y el hábeas corpus presentado el 9 de abril, que ahora deberá resolver la sala 5 del Tribunal de Casación.

Esta tarde también deberá presentarse para prestar declaración testimonial la delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, quien intervino en el reclamo de los trabajadores e intentó una mediación y un acuerdo que luego no prosperó.

También se supo que el abogado nicoleño Daniel Ruíz interpuso otro pedido de hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, aunque en este caso actuó como podría hacer cualquier ciudadano que vea que se vulneran derechos o se producen decisiones arbitrarias contra cualquier persona.