El Dr. Adolfo Suárez Erdaire sostuvo en Sin Galera que el bombero fallecido no fue asistido pese a los mútiples reclamos que efectuaron por el deterioro que había sufrido su salud.

Alves falleció el pasado viernes en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás. “Se descompensó mientras realizaba sus tareas porque tenia muy buena conducta”, sostuvo el letrado a la hora de relatar las circunstancias de su deceso. Refirió que por sus habilidades para desempeñarse en distintos roles, siempre era seleccionado entre otros reclusos.

En su caso cumplía con las restricciones que le impuso la justicia tras haber sido atrapado “fuera del establecimiento donde ocurrió este hecho”, recalcó su defensor quien insiste con la inocencia de quien fue acusado de ingresar a la casa de familia con intenciones de robo junto a otros delincuentes que en los próximos meses deberán afrontar el juicio que promueve la fiscalía de la Dra. Viviana Ramos.

La situación de Alves fue confusa desde el primer día por la sorpresa que causó su pertenencia al cuerpo de Bomberos Voluntarios desde donde se lo apartó apenas conocida la noticia pero nunca se lo exoneró a la espera de una sentencia. Por ende, la calificación de “ex bombero” con la que La Opinión publicó su fallecimiento no corresponde y esa es la observación que formuló Suarez Erdaire en Sin Galera.

A la hora de describir las últimas horas de su defendido refirió que habían solicitado que mientras transitaba el proceso cumpliera con arresto domiciliario por su condición de hipertenso y porque ya había sufrido varias descompensaciones por las que estaba medicado. Aquella mañana mientras limpiaba uno de los pabellones, “sus compañeros escucharon un ruido, ahí se desplomó Alves” frente a sus compañeros, lo socorrieron para trasladarlo al sector de sanidad y allí los médicos intentaron reanimarlo para derivarlo al Hospital San Felipe” a donde llegó ya sin signos vitales”. Lamentablemente y pese a los intentos, su vida se apagó. No obstante antes de la entrega del cuerpo a la familia el abogado solicitó el envío de muestras para que periten las verdaderas causas del deceso.

“Murió inocente, no hubo condena”, aclaró el letrado aunque no eludió la pregunta que se le hizo respecto al resto de los procesados que con seguridad intentará cargarle todas las responsabilidades por el asalto perpetrado al principios del año en curso. Los restos de Alves fueron despedidos en la sala velatoria de Coopser y sepultados en el Cementerio Parque.

Hubo palabras de despedida en las redes sociales por parte de familiares, amigos, vecinos y algunos Bomberos Voluntarios que eligieron expresarse públicamente.

A casi tres meses del asalto que sufrió Claudia Lorido en su casa ubicada en el campo, en el km 8,5 de la ruta 191, el móvil de Sin Galera llegó este sábado para reconstruir junto a ella paso a paso cómo fue el hecho delictivo del que fue víctima.

Por el caso hay cuatro imputados, tres de ellos detenidos y uno, Sergio “Mangacho” Campodónico, excarcelado con arresto domiciliario. El exbombero sampedrino Walter Alves, de 45 años, y Matías David Barrionuevo, de 22 y Leandro Acosta Short, de 26, ambos oriundos de la localidad de Pilar, tienen prisión preventiva.

Todo comenzó en la tranquera. Allí, a pocos metros, Claudia Lorido charlaba con un vecino cuando un automóvil paró. Cuatro personas, vestidas “como de policías”, bajaron del coche. Cuando ella se acercó, la abrazaron, la apuntaron con el arma y le pidieron que entrara a la casa.

“Me pedían los dólares”, dijo Lorido. No sabía de qué le hablaban. Los delincuentes aseguraban que su marido había comprado moneda extranjera y que la tenía en la casa. El dato no era cierto, pero alguien se los había dado, porque insistían con ello.

Claudia Lorido guio a La Opinión por el campo, detrás del galpón, en la parte trasera de la vivienda, por donde llegó la policía y sorprendió a los delincuentes. Uno de ellos salió por una puerta que da a la parrilla y vio que había efectivos policiales. “Disparemos que estamos rodeados”, contó la víctima que les dijo a sus cómplices.

El jefe del Destacamento de Policía de Santa Lucía, Marcos Lezcano, había pasado por el lugar y notó algo raro. Se volvió para pasar nuevamente y sus sospechas crecieron. Él llamó a la Comisaría y rápidamente llegaron refuerzos, rodearon la casa e intervinieron.

En medio del campo, en una zona donde la familia cultiva zapallos, ocurrió el tiroteo. Los delincuentes intentaban huir y para ello dispararon. Fueron “más de 40 tiros”, recordó Claudia. Cercados por la policía, sólo uno de ellos pudo escapar de la escena. El resto fue apresado y puesto a disposición de la Justicia.

Casi un mes después, la investigación permitió establecer con elementos probatorios suficientes que el cuarto delincuente era Sergio “Mangacho” Campodónico, a quien detuvieron en La Tosquera, barrio donde reside y donde cumplía arresto domiciliario por un caso de piratería del asfalto en el que está involucrado.

Campodónico fue excarcelado y volvió a su domicilio porque sus abogados, dos rosarinos que supieron representar a integrantes de la banda Los Monos, lograron que el Juzgado le otorgara nuevamente el beneficio de arresto domiciliario sobre cuya revocatoria debe expedirse ahora otro juez.

Desde que ocurrió el asalto, la familia guarda ciertos recaudos que antes no tenía. El temor de volver a ser víctimas de un hecho delictivo persiste y los acompaña en la cotidianeidad, a pesar de que intentan llevar adelante sus vidas más allá del momento terrible que les tocó vivir.