El plazo para apelar el fallo que absolvió al dirigente del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución se cumple esta semana, por lo que Fiscalía y la querella deben presentar el escrito para que el Tribunal de Casación analice la sentencia de primera instanncia.

El concejal Ariel Rey, uno de los socios de la empresa distribuidora cuyo conflicto laboral terminó en la Justicia penal, ratificó la decisión de su familia de recurrir como particulares damnificados la resolución judicial con el objetivo de revertir la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2.

“Están trabajando tanto Camila como Cintia, que son el equipo técnico de Florencia Arietto, analizando las 200 y pico de páginas del fallo para presentar el escrito para lo que va a ser la apelación, y de la misma manera lo está haciendo la fiscalía”, señaló Rey a La Opinión.

El empresario aseguró que de no prosperar su planteo en la próxima instancia, agotarán todas las posibilidades que prevé el sistema judicial argentino para defender su posición.

“Vamos a revertir este fallo, pero si no lo revertimos en Casación, vamos a ir a la Corte Suprema de la Provincia; y si no lo revertimos en la Provincia, vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación”, ratificó.

Rey sostuvo que en el caso "se trata de defender la propiedad privada contemplando y reconociendo absolutamente el derecho a huelga, el cual celebro y reconozco, pero de la misma manera quiero que se defienda, que se contemple y que se reconozca el derecho a la propiedad privada".

"Vamos a luchar esto hasta las últimas consecuencias por la verdad, por la realidad de lo que pasó y por la memoria de mi papá, que no pudo estar en vida viviendo esta triste situación, pero que la vamos a resistir", aseguró.

El fallo del juez Gabriel López absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a los seis exempleados de la distribuidora de los delitos de los que estaban acusados y por los que fueron sometidos a juicio oral y público.

En el caso de Cabaleyro, que llegó al debate detenido con prisión preventiva luego de cuatro años y medio, estaba acusado de "pedir coimas para dejar trabajar en paz", hecho que la Fiscalía calificó como extorsión.

Además, él y los extrabajadores estaban acusados del delito de “turbación de la posesión” por el bloqueo a la planta de Rey Distribución durante la protesta laboral de febrero de 2021, motivada por diferencias salariales que una pericia contable ratificó durante el juicio.

Carlos “Tony” Barbosa, reconocido delincuente que fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual, se comunicó desde la cárcel con La Opinión para informar que apeló el fallo judicial y que buscará revertirlo ante Casación.

En el escrito remitido a esta redacción, Barbosa detalló los puntos centrales que motivaron la apelación de su defensa, en la que cuestionó, entre otros puntos, la validez de las pruebas presentadas durante el proceso que derivó en su condena.

En su mensaje, el condenado puso foco en las declaraciones de la víctima denunciante y en presuntas inconsistencias de su relato, que el Tribunal Oral que dictó sentencia consideró verosímil.

Además, destacó que las pericias toxicológicas arrojaron resultados negativos y consideró que ese será un punto clave para su defensa, puesto que la acusación de Fiscalía que logró la condena señalaba que él había drogado a la víctima.

Barbosa cuestionó la declaración de testigos y dijo que faltaron otros tres que habrían sido, según su versión, importantes para su defensa. 

El condenado dijo que demoró cuatro meses en dar a conocer los puntos que llevó a Casación porque su problema de adicciones se lo impidió.  “Actualmente me encuentro realizando un tratamiento psiquiátrico, con la medicación correspondiente, con el objetivo de tratar esta situación”, señaló.

"No niego las cosas que me corresponden y también quiero hacerme responsable de mis propios errores. Pero considero que existen elementos de la causa que deben ser revisados y valorados. No dejo de confiar en Dios, porque creo que la Justicia será Justicia", finalizó Tony Barbosa.

Según el fallo que lo condenó, quedó probado en primera instancia que Barbosa  le dio alcohol y pastillas a la víctima para luego, en estado de inconciencia, golpearla y abusar sexualmente de ella.

El examen médico constató lesiones en todo el cuerpo y en el rostro, al tiempo que halló en los genitales de la víctima ADN del acusado.

En la condena quedó asentado que Tony Barbosa tiene un marcado "desprecio por las normas básicas de la convivencia" en sociedad.

La Corte Suprema de Justicia es la última "revisión" judicial que le queda a Nicolás Pérez, el profesor de la escuela Agraria condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado, puesto que el Tribunal de Casación ya confirmó la pena impuesta.

En una carta enviada a La Opinión desde la celda de la Unidad Penal 3 donde purga la condena, Pérez dijo que su caso estaba "en revisión" en tribunales superiores, donde acudió con el patrocinio del mediático abogado Christian Bouza —representante legal, por ejemplo, de Camila Homms en un litigio con Rodrigo de Paul—, quien ya perdió la apelación.

Con fecha 30 de junio de 2026, la sala V del Tribunal de Casación Penal notificó la sentencia que ratificó la condena de 20 años de prisión que le dictaron al docente tras el juicio por jurados en 12 ciudadanos de la región tuvieron la responsabilidad de juzgarlo y lo hallaron culpable.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Alfredo Carral rechazaron los planteos del abogado Bouza, quien había solicitado la nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia contra el profesor Nicolás Pérez, a quien la fiscala Viviana Ramos consideró un "abusador serial".

En el fallo, Casación consideró que no alcanza con discrepar con lo que decidió el jurado ciudadano en su momento respecto de las pruebas presentadas en el juicio. Hay que demostrar que el veredicto no es concurrente y el abogado de Pérez no lo hizo.

Los jueces señalaron que Bouza incurrió en "deficiente tarea" defensiva porque no indicó con precisión qué pruebas fueron erróneamente ponderadas.

Además, aseguraron que "la decisión del jurado respecto de la agresión sexual" tiene "pleno respaldo en la prueba" que se presentó durante el debate oral y público al que fue sometido el abusador.

Entre esa prueba hay declaraciones de víctimas en cámara Gesell, testimonios de familiares, del médico que practicó exámenes físicos y de las trabajadoras sociales que elaboraron los informes victimológicos.

Aunque el abogado quiso poner en duda la credibilidad del testimonio de la adolescente que fue víctima de abuso son acceso carnal, Casación dejó en claro que las pruebas permitieron "corroborar sin lugar a dudas" lo dicho por la joven.

Entre las víctimas de Nicolás Pérez hay adolescentes que tuvieron episodios de autolesiones y hasta tuvieron que mudarse de San Pedro en procura de retomar una vida normal. Todo ello fue ponderado por el Tribunal de alzada para ratificar la condena.

"No encuentro que en el caso se haya dictado el veredicto con un apartamiento manifiesto de la prueba del juicio y en función de ello estimo que el recurso debe ser rechazado y confirmada la sentencia que llega a nuestro estudio en todos sus términos", dice el fallo de Casación.

Para los jueces, la pena de 20 años de cárcel impuesta "no se revela como irrazonable, excesiva o desproporcionada", teniendo en cuenta la cantidad de hechos, los agravantes y el impacto que los episodios de abuso tuvieron en las víctimas y en sus familias.

Nicolás Pérez fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal en un caso; abuso sexual simple en tres; y abuso sexual simple en grado de tentativa en un quinto.

Todos los casos se vieron agravados por su condición de docente y por haber sido cometidos dentro de las instalaciones de la escuela Agraria, a cuyas autoridades de aquel entonces la fiscala Ramos cuestionó por tener "una actitud de negación".