Romina Balenzuela, DNI 35.762.297, remitió a La Opinión una carta documento en relación a una publicación de este medio, vinculada a conflictos armados en la localidad de Río Tala, la que se reproduce completa a continuación:

“Quien suscribe, en mi carácter de damnificada del contenido de la nota periodística de fecha 16 de marzo de 2026 - 18:25 hs, en el medio periodístico "La Opinión Semanario", edición digital, cuyo título de portada expresa: "A los tiros en Río Tala: Crece la preocupación de vecinos por conflicto entre grupos armados". En los dichos vertidos se dirige a mi persona como "La Chinguda" y vuelve a estigmatizarme como exconvicta, de la simple lectura sus dichos, los mismos tienen carácter despectivo y cuanto menos discriminatorios.

Pero lo más grave es que me involucra en los hechos denunciados y conocidos públicamente, excusada en el verbo SERÍA y el derecho de la libre comunicación de los medios, y se me atribuye participación de hechos delictivos de los cuales soy totalmente ajena, y ello es un facto ya que desde el ámbito judicial no fui notificada de ninguna denuncia en mi contra.

En consecuencia, ya que lo informado me provoca en gravamen y una estigmatización por la presente, le solicito que cese inmediatamente la difusión de declaraciones que afectan la dignidad y honor de mi persona. Retire cualquier publicación o comentario que me vincule a actividades ilícitas o lo califique de manera ofensiva.

En caso de no recibir respuesta satisfactoria, se iniciarán acciones legales correspondientes”.

La tensión entre el Gobierno de Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó a escalar a punto tal que tras la amenaza de una demanda penal, el municipio resolvió intimar mediante carta documento al gremio para que abandone el edificio de calle San Martín y Uruguay.  

En una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, se intima al “inmediato desalojo y reintegro del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle San Martín entre calles Uruguay y María A. de Gomendio”

La gestión Salazar sostiene que el sindicato carece de un título válido o instrumento legal que autorice la ocupación actual, calificando la situación como una “ocupación sin causa jurídica que justifique la tenencia del inmueble”

El plazo otorgado para integral la sede sindical fue fijado en treinta días corridos desde la recepción de la intimación para que el gremio desocupe totalmente las instalaciones. 

En caso de negativa, la Municipalidad advirtió que iniciará acciones judiciales por desalojo y reclamará daños y perjuicios, incluyendo el cobro de un “canon locativo retroactivo por el uso indebido del inmueble”.

También el texto refiere que la comuna pretende recuperar el inmueble para  “destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal”.

En otro párrafo aclara que en el plazo previsto el sindicato debe “restituir el bien en perfectas condiciones de uso, hacer entrega de llaves, documentación y cualquier elemento perteneciente al Municipio y dejar el inmueble libre de personas y cosas”. El conflicto está desatado y escribirá nuevos capítulos a partir del viernes, cuando se decida si finalmente se arremete con una demanda penal para el recupero de los fondos que se reclama en nombre de los trabajadores.

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Los cotidianos reclamos de vecinos usuarios de la nueva Terminal de Ómnibus de San Pedro provocaron acción directa por parte del Municipio, que intimó a la empresa a que cumpla con la normativa vigente en la materia.

A través de una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, el Gobierno exigió a San Pedro Farm S. A., compañía de capitales chinos a cargo de la estación terminal de micros, el "estricto cumplimiento".

"Desde su inauguración, la Municipalidad ha recibido numerosos reclamos de ciudadanos y turistas respecto de la falta de seguridad, limpieza y cierre en horario nocturno de la terminal", dice la misiva.

Además, destacaron que en el Concejo Deliberante los ediles aprobaron por unanimidad una resolución para que el Gobierno haga las gestiones necesarias y que, a pesar de los intentos por la vía política de avanzar en el tema, hubo caso omiso.

Por eso, el Gobierno puso en marcha la instancia administrativa correspondiente a través de una carta documento y, de no prosperar el planteo, podría ir a la Justicia para exigirle a la empresa que cumpla con los compromisos asumidos.

El Gobierno municipal tomó nota del fallo judicial que favoreció a Ramallo y reclamó ante el presidente Javier Milei para que repare los caminos de acceso desde la ruta nacional 9 a San Pedro y las localidades del distrito.

En julio, el Juzgado Federal de San Nicolás ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales, empresa a cargo de la concesión de la autopista, que repare los tramos deteriorados que atraviesan el distrito que gobierna Maruo “Mumi” Poletti.

El fallo de Carlos Villafuerte Ruzo destacó que el mantenimiento de la ruta 9 no corresponde a la competencia municipal, como sugirió una legisladora provincial vinculada a Milei, y dejó expresado que la intervención del Municipio está prohibida, en la medida en que se trata de responsabilidades del Gobierno nacional.

Teniendo en cuenta el fallo, el subsecretario de Legal y Técnica de San Pedro, Daniel Porta, remitió una carta documento en nombre del Gobierno de Cecilio Salazar para intimar a Vialidad Nacional a que se ocupe de los accesos al distrito.

En la misiva, dan cuenta del "deplorable estado de mantenimiento y conservación" de los puentes y vías de acceso de la ruta 9 en su intersección con los parajes Tablas y La Buena Moza, y la localidad de Gobernador Castro, así como por ruta 191.

"Ambas vías de circulación poseen severas deficiencias en su carpeta asfáltica, baches profundos y ondulaciones que constituyen un serio riesgo para la integridad física de las personas que por allí transitan".

De la misma manera, el Municipio advirtió a Nación que la situación implica "un obstáculo para el transporte seguro de la producción en la zona, en clara contraposición con los parámetros de seguridad vial".

"Intimamos para que a la brevedad proceda a ejecutar las acciones y obras necesarias a fin de garantizar el tránsito y la circulación segura" en esa zonas.

En ese marco, advirtieron que si Nación hace caso omiso al planteo, iniciarán las acciones legales correspondientes para que la Justicia intervenga, tal como hizo en el caso de Ramallo.

Los accesos a la autopista fueron materia de reclamo histórico por parte de los municipios, puesto que desde que se privatizó el mantenimiento de las rutas, las concesionarias dejaron fuera de su competencia esa tarea.

En el caso de ruta 191 y ruta 9, el acceso a Buenos Aires tiene pozos en la banquina de la ruta provincial, en el tramo que une ambos caminos y en la subida.

Dos referentes de La Libertad Avanza en San Pedro intercambiaron cartas documento en el marco de la disputa interna que surgió en el sector que representa al presidente Javier Milei en la ciudad en el marco del cierre de listas.

El concejal Mauro de Rosa, que advirtió que junto a Fernando Negrete dejarán de llamar a su bloque La Libertad Avanza, había hecho declaraciones públicas contra la decisión del grupo que coordinan Luis Silva y Analía Corvino de designar a Melina Panatteri como segunda en la lista para las elecciones, detrás de Ariel Rey.

La joven kinesióloga es hija de Victoria Vitale, la titular de Pami, y el edil que supo ser mano derecha de Ramón Salazar consideró que no era ético que todo quedara "en familia" y hasta deslizó acusaciones de favoritismo en el organismo que conduce la exabogada del Puerto respecto de presuntas contrataciones para prestaciones de servicio por parte de Panatteri.

La situación se desmadró y hubo intercambio epistolar. Vitale le mandó una carta documento a De Rosa para que se retracte y el concejal respondió ratificando su posición en contra de la decisión de La Libertad Avanza de ubicar a la hija de la abogada como segunda en la lista.

Vitale le exigió al concejal que ratifique o rectifique sus dichos en relación a que ella, como titular de Pami, "tiene como prestadora a la hija" y "privilegiaba las sesiones" de ella, como profesional, "sobre los demás" colegas, lo que consideró "expresiones falaces y agraviantes que afectan mi buen nombre y honor".

Las declaraciones a las que alude Vitale en su carta documento fueron expresadas en el programa de radio que conduce la periodista Betty Rodríguez, quien además replicó la nota en sus redes sociales. 

Al considerar el contenido "lesivo" de su honor, la abogada advirtió que iniciará acciones por injurias, de acuerdo a lo normado por el Código Penal.

De Rosa negó "categóricamente haber vertido expresiones injuriantes ni difamatorias" en contra de Vitale y sostuvo que todo lo que dijo en el marco de la nota son manifestaciones "amparadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión".

"Como representante elegido por el pueblo, tengo el deber de ejercer el control público y ético de la función pública, incluyendo las prácticas que puedan ser consideradas como nepotismo o favoritismo dentro de los espacios partidarios, más aún en una fuerza como La Libertad Avanza, que expresa públicamente a su rechazo a dichas prácticas", disparó De Rosa.

El edil consideró que la inclusión de la hija de Vitale en la lista, teniendo en cuenta que ella "tiene responsabilidades en organismos públicos", resulta "políticamente reprochable" y "constituye un hecho que merece ser analizado y cuestionado dentro del debate democrático".

De Rosa no sólo ratificó sus declaraciones, sino que además consideró "carente de sustento jurídico" la intimación de Vitale respecto del inicio de causa penal por injurias, puesto que, aseguró, los temas de los que se trata el debate están relacionados con cuestiones de interés público protagonizado por funcionarios públicos. 

No es una novedad, pero sí una nueva manera de incentivar a los medios de comunicación a proporcionar detalles sobre el derecho a la información que es patrimonio del ciudadano.

Aun con lo innecesaria que resulte la aclaración y la correspondiente publicación del pedido de eliminación de una noticia, cabe recordar que en el archivo de La Opinión & Sin Galera hay centenares de notas que dan cuenta de nombres, apellidos y fotos de personas que son detenidas en la vía pública o en allanamientos ordenados por la Justicia, sea cual sea el motivo.

Pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado, como las causas penales, contravencionales y de Faltas, forma parte de los derechos tutelados por la legislación relacionada con el acceso a la información pública y la libertad de prensa, lo que responde a la carta documento remitida, que se reproduce en esta nota.

A continuación, el texto completo de la Carta Documento que Nicolás Matavos, imputado y allanado por atropellar a un inspector de tránsito en un operativo remitió a este medio:

"SAN PEDRO, 5 DE FEBRERO DE 2025Por la presente carta documento me dirijo a ud. por publicar fotos donde se visualiza mi identidad y por divulgar mis datos personales sin mi consentimiento, sintiéndose agraviado e injurias puesto que jamás fui consultado por los medio en los que Ud es la titular, sobre la verdad de los hechos, generando un manto de dudas y sospechas sobre la honorabilidad de un ciudadano. Además de considerar su actuar discriminatorio teniendo en cuenta que no todas las noticias policiales publicadas se realizan con todos los datos personales e imágenes donde se visualiza claramente a la persona, siendo expuesto a la opinión pública en forma arbitraria afectando mi salud física y mental. Todas estas presuntas intromisiones en mi vida, sea publicando o divulgándo fotografías y vídeo grabaciones, reitero sin mi consentimiento, perturban de muchos modos mi intimidad. aunque también en el aspecto moral y en el psíquico, como en el familiar y laboral. En virtud de lo expuesto la INTIMO a retirar en forma inmediata de recibida la presente, las fotos y datos personales que hacen a mi individualización, bajo apercibimiento de iniciar las acciones criminales y civiles que sean pertinentes. No obstante ello el daño ya se encuentra ocasionado, dado que los otros medios de comunicación utilizaron su fuente para publicar la noticia, generando un mayor perjuicio, por lo que se iniciara el daño y perjuicios reclamando una reparación económica por el injusto descrédito causado a mi persona y reputación. Cierro intercambio epistolar".

Tras el texto figura la firma de Nicolás Matavos y su número de documento. La misma persona a la que se observó en las cámaras de seguridad guiando la moto en la que viajaba sin casco y con un acompañante menor. 

El infractor, en su intención de huir de un control vehicular provocó lesiones a un inspector municipal. La investigación permitió identificarlo y la Justicia ordenó allanar su casa, aprehenderlo y secuestrar la moto que conducía al momento del incidente.

La Opinión & Sin Galera, como siempre, ofrecen a la persona que se ha sentido molesta por la existencia de una noticia que él mismo protagonizó para que pueda expresarse libremente mediante un escrito o una entrevista en la que desee responder preguntas o aclarar cuáles fueron los motivos de su proceder en la vía pública.

Una carta documento que impone como plazo máximo el jueves 7 de diciembre es el corolario de decenas de gestiones iniciadas por los responsables de SADIV para que se les abone el monto acordado para el transporte de más de 90 personas con discapacida que diariamente forman parte del recorrido de las combis adaptadas para ese servicio.

Proceden de Arrecifes, Baradero, Zárate, Pérez Millán, San Nicolás y otras ciudades de la zona. Las familias ya lo saben porque en el acto que la institución organizó como cierre de ciclo fueron informadas de la situación que está a punto de desencadenarse.

El acuerdo entre la prestadora del servicio y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se firmó el pasado 26 de abril y contemplaba el abono mensual para el traslado de los afiliados con distintos grados de discapacidad.

El primer mes de contrato fue mayo y desde allí en más hubo reclamos, reuniones, advertencias y ahora una comunicación oficial que obligará a los familiares a reclamar que la obra social provincial abone la deuda o garantice que los chicos puedan llegar al predio ubicado en Lucio Mansilla por otros medios.