El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Carlos Casini, se refirió este sábado en Sin Galera a la convocatoria a privados para permisos de uso en espacios portuarios que lanzaron la semana pasada.

Casini destacó que la convocatoria cuenta ahora con el recuperado predio del exclub Pesca y Casting, pero aclaró que los espacios están disponibles exclusivamente para propuestas destinadas a "logística portuaria".

"La expectativa es que algún inversor privado decida desembarcar en San Pedro", dijo el titular del Consorcio y agregó: "Va a necesitar espacio y ahí lo tiene".

Los interesados deben presentar sus proyectos al Directorio. Si se trata de un permiso de uso hasta 10 años, lo puede aprobar directamente; si no, puede hacer un llamado a licitación para hasta 30 años de concesión.

"Lo que se busca es que los distintos operadores de este gran mundo de la logística portuaria se interesen en hacer una apuesta en San Pedro, sea chica, mediana o grande, porque hay distintas actividades que se podrían hacer", explicó Casini.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto dijo que "es difícil" lograr que inversores se interesen en la terminal portuaria local y que si bien hay algunos proyectos en danza, todo depende de las decisiones empresariales.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Carlos Casini, concurrió este lunes a la comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante tras una convocatoria impulsada por el concejal opositor Martín Rivas para que responda consultas respecto de la situación desatada tras la varadura del buque Yasa Tokyo.

Casini respondió preguntas de los concejales al otro día que el barco zarpara hacia su destino, el puerto de Luanda, en Angola, con 33 mil toneladas de trigo que había cargado entre el 18 y el 23 de mayo, fecha en la que intentó salir del puerto pero quedó varado en el canal de acceso.

Acompañado del ingeniero Dante Ambrogi, Casini dio explicaciones relacionadas con el fenómeno natural al que el informe oficial del Consorcio atribuyó la sedimentación excesiva que provocó la varadura y dio detalles acerca de las gestiones para el dragado practicado en la última semana y que permitió que el buque, finalmente, zarpara.

"Los estudios dirán qué es lo que pasó y si puede volver a pasar. Si esto vuelve a suceder, es una tragedia para el puerto", sostuvo el presidente del Consorcio. Aun así, aseguró:

"A pesar de la desgracia, hemos salvado la temporada".

El concejal Rivas dijo que el objetivo de la convocatoria, "las preguntas y el cuestionamiento" respecto del informe oficial tiene que ver con que "sería trágico para los intereses de la comunidad que vuelva a suceder".

Rivas pidió copia de los informes técnicos y acceso a las batimetrías previas al dragado de mantenimiento de mayo y posteriores al fenómeno de la varadura. "Esa información que usted solicita ya es pública", le dijo Casini, quien además le confirmó que una muestra de los sedimentos refulados serán enviados a analizar a un laboratorio.

Rivas pidió que quede registrada en el acta su inquietud y el concejal Matías Franco, que además es representantes de los sindicatos portuarios en el directorio del Consorcio, se molestó: "No busques cosas que no tienen sentido", le dijo.

Casini informó que el último dragado, el que hizo el Grupo Jan de Nul tras la varadura del Yasa Tokyo, refuló alrededor de 109 mil metros cúbicos para alcanzar los 9,80 metros de profundidad que necesita el canal para quedar operativo.

Ante la consulta de la concejala Paola Basso sobre la situación económica del Consorcio, el presidente informó que quedó una deuda de alrededor de mil millones de pesos con la Compañía Sudamericana de Dragados y que esperan un subsidio de Provincia para saldarla.

En ese marco, les dijo a los concejales de San Pedro que responden a Javier Milei que le hubiese gustado que se comunicaran con él "para dar una mano", puesto que "tienen llegada" al Gobierno nacional, que durante otras gestiones intervino para inyectar recursos ante situaciones relativamente similares.

Respecto de eventuales reclamos de las empresas involucradas en la operatoria del Yasa Tokyo, Casini sostuvo que la situación ocurrida tiene todos los elementos para ser considerado "un hecho de fuerza mayor" por lo que, entiende, "el Puerto no puede ni debe responder".

"Un hecho extraordinario de esta naturaleza debe ser soportado por todos", dijo y aseguró que así como el Consorcio tuvo pérdidas por no operar este mes, también las tuvieron el armador y el dueño de la carga. "Cada uno deberá soportarlo, porque todos deben contribuir ante este hecho de fuerza mayor", agregó.

Tras señalar que el Consorcio hizo "lo que tenía que hacer" tras la varadura, destacó: "No había plan B. Había que dragar o dragar. Hacerlo 15 días más tarde o el mes que viene, era la muerte del puerto. Se caía la operatoria, los buques se iban a otros puertos y quizás no volverían el año que viene".

El capitán del buque varado en el puerto y su tripulación cuentan las horas que restan de dragado para poder zarpar a casi un mes de la situación que los obligó a dejar fuera de servicio la embarcación que ingresó el 18 de mayo para cargar con destino a Angola 33 mil toneladas de trigo.

Desde el viernes, dos dragas de la empresa Jan de Nul, trabajan sin pausa para liberar de sedimentos el canal de acceso y recuperar la profundidad del canal. 

Con la “Alfonso de Albuquerque” y la “Pancho” deben cumplir con la remoción de 214.000 metros cúbicos contratados a raíz de la emergencia y a razón de 8.39 dólares por metro refulado.

El panorama que analizaron los especialistas para el futuro de la terminal portuaria no es auspicioso si no se concretan inversiones que permitan generar competitividad en las costas del Río Paraná, donde los privados han logrado una ventaja extraordinaria al despachar sus propias cargas y administrar sus propios negocios sin la interferencia de decisiones que dependen del estado provincial o nacional.

 “Están trabajando a full las dragas. las 24 horas, tratando de terminar para viernes, en lo posible si tenemos suerte, para que pueda salir este buque. Si no terminan, siguen trabajando el fin de semana y luego ingresaría un buque que ya está en espera”, anunció Carlos Casini frente al buque que ingresará para cargar soja que ya está almacenada en las instalaciones de Grobocopatel Hnos..

El presidente del Consocio aclaró que “obviamente dependemos de batimetrías, interviene prefectura que nos dice qué altura tendríamos y en qué términos autorizaría la salida del buque”. Respecto a las cargas que se cancelaron o derivaron a otros puertos el hermetismo es total. 

La empresa que opera los silos y el elevador de Terminal Puerto San Pedro decidió no formular declaraciones ni dimensionar los daños. Se sabe que su proyecto para la explotación de los muelles, aún espera una respuesta para poder prosperar. El plan quedó en manos del Consorcio de Gestión en 2019.

El Yasa Tokyo fue botado en 2023 y durante este mes no pudo cumplir con los compromisos que demandaba la compañía naviera por lo que se estima que ejecutarán los seguros que por estas horas elaboran estrategias para determinar responsabilidades que podrían desembocar en litigios contra el Consorcio de Gestión o el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este bulk carrier mantuvo un promedio de 25 operatorias anuales desde que comenzó a navegar.

Este viernes por la tarde comenzaron a trabajar en el canal de acceso al puerto de San Pedro las dragas Afonso de Albuquerque y Pancho, de la Compañía Sudamericana de Dragados del Grupo Jan de Nul.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, Carlos Casini, informó el martes pasado la decisión del directorio de contratar esa empresa para refular 214 mil metros cúbicos de sedimentación del canal de acceso donde se varó el buque Yasa Tokyo.

La empresa que dragó el vaso portuario a principios de mayo, antes del temporal que provocó la sedimentación extraordinaria, practicó batimetrías que midieron la profundidad del canal.

Esas batimetrías, a las que tuvo acceso La Opinión y se reproducen en esta nota, fueron practicadas luego del temporal, primero, y tras adelantar el mantenimiento previsto para el resto del año, después.

Esas mediciones son las que establecieron que hace falta refular 214 mil metros cúbicos para devolver la determinante de 9,80 m que requiere la operatoria portuaria para recuperar el normal funcionamiento.

La reunión de directorio del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro de este martes resolvió encargar a la empresa Jan de Nul un dragado que permita refular alrededor de 214 mil metros cúbicos de sedimento para devolverle la operatividad al puerto, parado desde que el 23 de mayo se varó el buque Yasa Tokyo en el canal de acceso.

La decisión es contratar a Compañía Sudamericana de Dragados S. A., la misma que hizo las tareas de dragado anual a principios de mayo y que el fin de semana pasado trabajó para "adelantar" mantenimiento que estaba previsto para dentro de unos meses y que se hizo ahora ante la emergencia.

Tras las batimetrías de antes del dragado del fin de semana y las practicadas después, a las que tuvo acceso La Opinión, el diagnóstico es que hay que refular 214 mil metros cúbicos.

El Consorcio de Gestión del Puerto pagará a Jan de Nul con recursos propios. El presidente del organismo, Carlos Casini, informó que tras analizar desde el punto de vista legal la viabilidad, decidieron utilizar para ello los intereses del plazo fijo en el que mantienen los 450 millones de pesos que durante la gestión Alberto Fernández envió Nación para el proyecto de refacción integral del muelle cabecera.

Los intereses, informaron desde el Consorcio, suman alrededor de 1500 millones de pesos que, aunque no alcanzan para abonar la totalidad del trabajo encomendado a Jan de Nul, permiten iniciarlo a la espera de que Provincia remita recursos para saldar la deuda que implicará la obra.

Dragar para refular 214 mil m3 de sedimento en el canal de acceso significa desembolsar alrededor de 2.150.000 de dólares, teniendo en cuenta que el costo del metro cúbico es de 8,39 dólares más IVA.

Al Consorcio le faltan alrededor de 900 mil dólares para pagar la obra encargada a Jan de Nul. La empresa llevará adelante el dragado y el Puerto deberá abonar esa deuda por su cuenta.

Con subsidio de Provincia o no, puesto que las empresas privadas que operan en la terminal portuaria no harán aportes, puesto que, señalaron desde el Consorcio, Grobocopatel Hermanos fue quien pagó el dragado del año 2023, por ejemplo.

"Nos jugamos la vida, sabemos que este es el único camino", dijo a La Opinión el presidente del Consorcio, Carlos Casini.

En la reunión de directorio del Consorcio, el funcionario se mostró sumamente preocupado porque para julio, agosto y septiembre vienen las cargas de porotos. 

Por ello esperan que esta semana comiencen las tareas de dragado para que en alrededor de 10 días desde el inicio el puerto vuelva a la normalidad.

El peor escenario que espera ahora el Consorcio es una deuda con Jan de Nul, si es que los fondos de Provincia no llegan a tiempo para saldarla. El temor hasta antes de la reunión de este martes era perder la temporada en su totalidad.

En el Yasa Tokyo, mientras tanto, la tripulación filipina y el capitán turco esperan con expectativa la posibilidad de zarpar con destino a Angola, algo que podría ocurrir, si todo sale como se espera, entre el 20 y el 22 de junio.

El buque ingresó el 18 de mayo para cargar 33 mil toneladas de trigo, que tienen un valor de más de 7,5  millones de dólares, con destino a Angola.

Las tareas de la draga que llegó el sábado para adelantar dragado de mantenimiento que tenía comprometido terminó su tarea y desde el Consorcio de Gestión informaron que refuló alrededor de 65 mil metros cúbicos de sedimento del canal de acceso.

El presidente del organismo, Carlos Casini, indicó a La Opinión que ahora aguardan los resultados de la batimetría de la empresa de dragado y de otras dos mediciones que el Puerto contratará para evaluar los pasos a seguir.

Mientras tanto, el buque Yasa Tokyo continúa en el muelle local, donde fue remolcado luego de liberarlo de la varadura que sufrió el 23 de mayo pasado cuando intentaba salir cargado con 33 mil toneladas de trigo rumbo a Angola.

Tras las tareas de la draga Afonso de Albuquerque, que comenzaron el sábado por la madrugada, el Consorcio aguarda las mediciones para saber cuánto resta dragar para alcanzar los 9,80 de determinante en el canal de acceso para que el buque pueda salir a la Hidrovía.

Las tareas de la Compañía Sudamericana de Dragados estaban comprometidas como "mantenimiento" durante el transcurso del año y el Consorcio logró que se ejecutaran ahora, ante la emergencia.

Casini informó que Jan de Nul elevará su informe tras el dragado del fin de semana y que el Consorcio encomendará "uno o dos" más para, con ese resultado, definir qué tareas deben emprenderse no sólo para que el Yasa Tokyo pueda zarpa rumbo a Angola sino también para devolver la operatividad a la terminal portuaria local.

"Esos informes nos dirán de cuántos metros cúbicos estamos hablando y de qué plata estamos hablando", señaló Casini. Con ese detalle, el Consorcio evaluará si está en condiciones de afrontar el gasto o si deberá solicitar recursos extraordinarios a Provincia.

"La idea, que siempre se comunicó a todos, es que nosotros nos íbamos a abocar a dragar lo antes posible con los esfuerzos que sean necesarios y en eso estamos", dijo Casini.

Mientras el Consorcio de Gestión del Puerto aguarda novedades desde el Gobierno provincial respecto de la necesidad de un dragado extraordinario en el canal de acceso tras la varadura del buque Yasa Tokyo, que sigue en el muelle, en el Concejo Deliberante tratarán un pedido de informe sobre el tema.

El proyecto fue elevado por el concejal del bloque Juntos por el Cambio Martín Rivas, quien además de solicitar al intendente, como miembro del directorio del Consorcio, documentación relacionada con el dragado previo, desconfía de la versión oficial respecto de lo ocurrido.

En el expediente, consideró que el informe oficial emitido por el Consorcio respecto de una sedimentación extraordinaria arrastrada contracorriente por el riacho Baradero producto de excesivas lluvias en la región es "a las claras muy improbable".

Rivas, que en el proyecto dejó constancia de su "experiencia como marino mercante, egresado de la Escuela Nacional Fluvial", expresó sus "dudas respecto a la corrección del dragado, el cual podría no haber repasado los veriles respetando el talud adecuado, de manera que no se produjeran desmoronamientos del canal".

Para el concejal opositor, las lluvias excesivas y la contracorriente no podrían "nunca, en tan poco tiempo, sedimentar casi tres metros dentro del canal de acceso". El informe oficial refirió que el canal pasó de 9,80 a 6,50 m, es decir 3,30 m por debajo.

El pedido de informe al intendente, en su condición de integrante del directorio del Consorcio, será tratado en la sesión del 12 de junio próximo, primera del mes en curso.

Rivas pide "constancias documentadas" del trabajo que hizo la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S. A., del grupo Jan de Nul, y nombres de los "responsables designados" para el seguimiento de la tarea.

Además, solicita que incluyan "informe de batimetría previa, supervisión del trabajo y batimetría final con el que se recibió la obra".

También quiere una copia del contrato en la que figuren condiciones, ubicación, medidas, metros cúbicos a dragar y montos acordados, así como información sobre "la implementación de acciones contundentes para mitigar las consecuencias de este incidente y asegurar la operatividad futura del puerto".

Por otro lado, Rivas solicitó al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo, el oficialista Cristian Leguizamón, que convoque al presidente del Consorcio, Carlos Casini, y al propio intendente "a comparecer" a esa comisión.

El objetivo, señala, es "ampliar el informe de prensa emanado por el Consorcio" en el que, dice Rivas, "sólo se leen supuestas razones meteorológicas y nula información técnica sobre el dragado anterior".

Desde el viernes el silencio de los operadores portuarios provoca mucho ruido. Las posibilidades de operar durante esta temporada con los buques comprometidos se reducen, por el momento, a cero.

Esa es la conclusión a la que arriban los armadores que tenían previstas operaciones pactadas con el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro que, en definitiva, pertenece a la Provincia de Buenos Aires.

A cinco días de “la tragedia natural" que en conferencia de prensa confirmó el presidente del organismo, Carlos Casini, no hay en el horizonte una solución para el problema actual y mucho menos para ofrecer una salida a futuro.

“Si no se hace un salvataje, el puerto no funciona más”, dijo Casini el día en que explicaron la situación.

El Yasa Tokyo llevaba 33 mil toneladas de trigo que cargó desde su propio establecimiento la firma Grobocopatel Hermanos.

Desde el mismo momento en que soltó su última amarra, las cinco bodegas en las que almacena el cereal “ya fueron exportadas”, explicó un especialista en derecho portuario y por ende hay que apelar a los seguros para sopesar la reparación económica y conocer cuál será el reclamo al Consorcio de Gestión y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

En la consulta que formuló La Opinión, llama la atención que aún no haya información precisa sobre la modalidad que debe emplearse si se quiere liberar el barco. La empresa Grobocopatel Hnos. no formula declaraciones.

El único modo es el empleo de barcazas, que cargan alrededor de 3000 toneladas cada, una y su posterior descarga en el muelle; la otra alternativa es un dragado de emergencia. El domingo con ayuda de tres remolcadores apenas lograron volver a amarrarlo.

Este miércoles Casini viajó para gestionar “si podemos encarar una obra de dragado grande, para la que obviamente no tenemos los fondos, a ver si la podemos hacer que salga el buque, pero lo más importante es normalizar la operatoria del puerto, que puedan seguir operando”.

“Hay que hacer una obra de dragado y la plata no está y hay que conseguirla. Por supuesto, también pretendo que los capitales privados colaboren”, dijo Casini a La Opinión.

El funcionario también indicó que hay que tener en cuenta la dimensión que tuvo la variación de la profundidad porque no tienen antecedentes en la historia del puerto. 

“Hay que dragar o dragar”, indican quienes evalúan el importe que por día implica un buque amarrado al muelle: entre 25 mil y 30 mil dólares por jornada sin contemplar la actividad de camiones, combustible, personal, acopio, administración y otras tareas vinculadas que incluyen mantener la tripulación afectada.

También hay preocupación para quienes en agosto tenían pensado arrancar nuevamente con la exportación de legumbres.

Pasó más de un mes desde que se cumplió el plazo previsto por el fallo judicial que ordenó la restitución al Consorcio de Gestión del Puerto del predio de Pesca y Casting. Sin embargo, todavía ese espacio público bonaerense sigue en manos de la comisión directiva denunciada por usurpación.

El 26 de marzo, cuando se cumplieron los 90 días desde que quedó firme el desalojo, el presidente del Consorcio, Carlos Casini, le pidió al juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de San Nicolás, que proceda a ordenar el mandamiento para desalojar con la fuerza pública, ante el incumplimiento.

El juez pidió, antes de proveer conforme a derecho de acuerdo a lo establecido en el fallo, que se acredite "el valor económico del pleito", para que se puedan regular los honorarios de los abogados y profesionales actuantes.

Al otro día, Casini respondió: remitió el plano del predio y la valuación fiscal de Arba, que asciende a 99,9 millones de pesos, y aclaró que esa documentación había sido presentada por la propia demandada cuando fue a la Cámara de Apelaciones.

"Esta parte considera que el lanzamiento (desalojo por la fuerza pública) debe efectuarse sin más demora, con independencia del trámite de regulación de honorarios o cualquier otro trámite", señaló Casini en ese escrito.

"No existe fundamento alguno que justifique la demora o la permanencia de intrusos en el predio", consideró el abogado y volvió a pedir el inmediato mandamiento de desalojo.

Sin embargo, la Justicia, la semana pasada, puso otro reparo. Con fecha 24 de abril, el juzgado, esta vez con firma del juez Hernán Prat, subrogante, pidió que "debe determinarse el valor locativo del inmueble motivo del litigio a los fines de la estimación de los honorarios, toda vez que la materia de este proceso ha sido 'desalojo'".

Así, el Puerto deberá responder a la nueva solicitud y aguardar que el magistrado tome conocimiento y disponga la medida de desalojo para, al fin, recuperar el predio cuyo contrato con Pesca y Casting venció en 2005 y cuya continuidad de hecho tuvo final en 2008, cuando el Puerto empezó a reclamar la restitución.

Las autoridades de la comisión directiva del club Pesca y Casting no hicieron efectiva la entrega del predio al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, por lo que serán desalojados con la fuerza pública.

El 26 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por el fallo que dejó firme la decisión judicial de restituir el espacio al Estado provincial, tras el juicio por ocupación irregular iniciado por el Puerto en 2009.

Pesca y Casting tenía que entregar el predio libre de ocupantes, pero la comisión directiva que preside Lorena Milesi hizo caso omiso a la notificación judicial y desconocieron la orden.

El Consorcio de Gestión pidió al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 que libre el oficio para el desalojo, de manera tal que puedan concurrir con la fuerza pública para tomar posesión del terreno.

El permiso de uso precario para la explotación del camping Pesca y Casting venció en enero del año 2000. Desde entonces, la situación es irregular. 

Cuando se creó el Consorcio de Gestión, en 2005, el contrato se extendió de hecho hasta que en 2008 el entonces presidente Mariano Veiga pidió la restitución.

Como la comisión directiva no respondió a la solicitud, el Puerto fue a la Justicia. Finalmente, tras el fallo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de devolver al uso público el predio y ordenó proceder a la entrega por parte del club, que debería haberse hecho efectiva el 26 de marzo pasado.

Jara Emprendimientos Túristicos Sociedad Anónima quedó como única oferente y adjudicataria del predio de Playa Mansa, el sector que pertenece a la Provincia de Buenos Aires y administra el Consorcio de Gestión.

En reunión de directorio decidieron ceder la explotación por los próximos 30 años y aceptar la propuesta de inversión. 

Según se supo, la empresa ofreció un canon de 2000 dólares mensuales  —el mismo monto que fue aprobado en el Concejo para el predio municipal—a los que sumará un millón y medio de dólares para la construcción de otras instalaciones.

Si bien no ha trascendido el esquema de la oferta, el único requisito que había adelantado el presidente de la institución era una entrada accesible a la playa para los sampedrinos. Ese valor, para el año en curso fue fijado en 3000 pesos.

"Por medio del presente, venimos a informarles que en la Licitación Pública N° 01/2024 del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro - CONCESION INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION, ACTUALIZACION, MEJORA, AMPLIACIÓN, GESTIÓN, OPERACION, MANTENIMIENTO, USO Y EXPLOTACIIÓN DEL PREDIO SITUADO EN AV. ESPAÑA Y DR. RÓMULO NAÓN SIN NÚMERO DEL PUERTO DE SAN PEDRO", Expediente Administrativo N° 86/2024, se ha resuelto adjudicar la concesión a la firma JARA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS S.A."..., dice textualmente el comunicado que recibió la empresa.

“Es un desafío impresionante”, dijo Javier Muñoz en la tarde del jueves a La Opinión, tras recibir la notificación que precede a la firma de la concesión. 

De sus dichos también se desprende el nombre que podría llevar el emprendimiento “La Rueda”, apelando a la nostalgia por un espacio que estuvo cerrado al público durante años. 

Ahora aguardan el llamado para la explotación del sector que pertenece al municipio, tal como adelantaron desde la empresa en el programa Sin Galera.

Desde el Consorcio, Carlos Casini confirmó que tras una semana de análisis, y con la aprobación del Gobierno provincial para el uso de las tierras costeras, el directorio decidió que hasta  2054 Playa Mansa opere con la empresa sampedrina. 

“La inversión está escalonada en semestres y garantiza el acceso a sampedirnos y turistas desde el primer día”, indicó.

También se sabe que la propuesta incluye una primera etapa de refacciones, reparaciones y acondicionamiento del espacio del espejo de agua. La construcción de una pileta y hasta la posibilidad de una cancha de mini golf, están entre los planes.

El doctor Carlos Casini, en una entrevista en Sin Galera, ofreció detalles sobre el proceso de licitación del predio que pertenecía a Mansa Lyfe y respondió a las polémicas surgidas en torno a su adjudicación. Subrayó la importancia de que el espacio sea accesible a toda la comunidad de San Pedro, con tarifas razonables y mejoras en su infraestructura básica.

Casini explicó que la licitación del predio, que será concesionado por 30 años, se encuentra en una etapa avanzada tras un proceso complejo. “El Directorio analizó en su momento el destino que se le está dando y se elevó todo a la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es la dueña del predio e intervinieron varios organismos. Desde Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Contaduría, Ministerio”, detalló.

El pliego de licitación, que hasta ahora fue retirado por un solo interesado, no estipula montos específicos de inversión, pero sí establece obras mínimas y la apertura del espacio para el disfrute general.

 “La exigencia más grande para el oferente que le interese, que tiene que tener abierto el predio para toda la comunidad cobrando una tarifa muy accesible”, puntualizó. 

Casini aclaró que esta concesión tiene menos requisitos que los exigidos por la Municipalidad en el proceso paralelo para otra parte del predio. Mientras que el sector municipal establece como condición la realización de obras por un mínimo de medio millón de dólares,  la licitación del predio provincial, no exige un monto de inversión determinado.

En relación con las dudas planteadas por la concejal Paola Basso, quien insinuó que el mismo oferente podría ganar las licitaciones del predio municipal y del puerto, Casini respondió: “No tiene porque ser el mismo. Pueden ser diferentes”. 

Sobre la situación legal del predio, explicó que la Federación de Luz y Fuerza lo abandonó sin cumplir las condiciones requeridas: “La Federación de Luz y Fuerza abandonó el predio [...] porque la exigencia del puerto del Consorcio fue que entregaran el predio libre de ocupantes y no con un intruso. El que está explotando la guardería es un intruso, claramente”.

Casini expresó su optimismo sobre el futuro del predio: “La expectativa que tenemos es que eso se convierta en el lugar de San Pedro, donde todos los padrinos puedan acudir a pasar un día espectacular [...] que el espacio de a poco sea ganado por toda la comunidad de San Pedro”.

El programa inició con un repaso de los principales hechos políticos de la semana, incluyendo el aumento de tasas aprobado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, junto con la controvertida cotización "empanada" presentada por la Secretaría de Economía para justificar el incremento. También se analizó el debate sobre la polémica obra en el predio del club Tiro Federal.

Abordamos el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años encontrado muerto en un campo de Villa Sarita, inicialmente catalogado como suicidio. Lili relató los detalles del caso y entrevistó a la hermana de la víctima y a la abogada Sofía Sanjurjo.

El móvil, a cargo de Augusto Azimonti, visitó la Liga Deportiva Sampedrina, donde se exhiben las últimas tres copas ganadas por la Selección Argentina: la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Referentes deportivos locales compartieron su testimonio.

Hubo novedades en el caso Naiara Durán, por la decisión de la Justicia boliviana de quitarle la guarda de su hijo Kaos al exnovio de la víctima, sospechado de abuso. La familia busca traer al niño a Argentina. Conversamos con Elsa Romero, abuela de Naiara.

Y en un nuevo episodio de la “Oficina de Quejas de Sin Galera”, dos turistas pasaron por el estudio y expresaron su descontento por la falta de baños públicos en San Pedro

La licitación del predio del ex Mansa Lyfe fue otro de los temas centrales. Tanto la Municipalidad como el Consorcio de Gestión del Puerto avanzaron en sus propios procesos licitatorios, lo que generó críticas de la oposición, que denunció irregularidades. Carlos Casini, presidente del Consorcio, dio su perspectiva al respecto.

El programa también tuvo su momento de color: Los de Salta visitaron los estudios de Sin Galera para invitar al Gran Circo Criollo y espectáculo folclórico, recorriendo la ciudad con su llamativo Citroën amarillo.

Finalmente, se anunció a los ganadores del concurso semanal, con premios de almuerzos y cenas en Costee del Río y Pastas El Tete. Además, se resolvió la intriga de cuántos segundos tardó el caballo El Coronel en voltear al jinete Cepillo.

La relevancia de la Hidrovía y la inserción del Puerto de San Pedro en su desarrollo y estrategia, fue parte de la disertación que ofreció el presidente del Consorcio de Gestión local, Carlos Casini.

“El Futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná” se convirtió el tema central del 34° Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior de Globalports, desarrollado en el Hotel Argenta Tower, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este jueves.

Casini aportó su perspectiva sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la Hidrovía, una de las principales arterias comerciales de la región.

“El puerto de San Pedro está ávido y abierto hacia aquellos inversores que quieran apostar, ofreciendo espacios con la seguridad jurídica correspondiente para quienes deseen acercarse a mover carga por aquí”, les comentó a los presentes en el momento de su disertación.

También resultó propicia la ocasión para mantener reuniones con las autoridades de la Prefectura Naval Argentina y representantes del sector privado, siendo los ejes temáticos la seguridad en la navegación, la cooperación entre los países que integran la Cuenca del Plata y las normativas necesarias para mejorar el funcionamiento de la vía fluvial.

“La participación del Puerto de San Pedro en esta jornada reafirma el compromiso con el desarrollo portuario y su rol clave en la Hidrovía”, agregó el titular del Consorcio, además de compartir el espíritu de la integración regional y la mejora continua de las operaciones.

El sampedrino Carlos Casini, como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local, fue designado revisor de cuentas titular del Consejo Portuario Argentino (CPA), que renovó su comisión directiva para el período 2024/2026.

El organismo que nuclea a todos los puertos del país tiene al titular del Consorcio del puerto de La Plata, José María Lojo, como nuevo presidente, con el responsable de la Dirección de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, como vicepresidente.

La provincia de Buenos Aires tiene relevante representación en el CPA, con la titular del Consorcio de Dock Sud, Carla Monrabal como secretaria, y la de San Nicolás, Cecilia Comerio, como tesorera.

La Administración General de Puertos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no tiene representantes en el Consejo, lo que resultó llamativo puesto que generalmente ocupaban espacios relevantes en la comisión deirectiva.

Quienes conocen acerca de la “rosca portuaria” aseguran que el movimiento en el CPA no debe leerse por fuera de la disputa entre el Gobierno nacional y el bonaerense, que se ocupó a través de funcionarios del gabinete de Kicillof de lograr la mayor cantidad de sillas, entre ellas la de la presidencia.

Marcos Gutiérrez, de Mar del Plata, es el prosecretario, Jimena López, de Quequén, protesorera; Miguel Cavalli (Dock Sud), Santiago Mandolesi Burgos (Bahía Blanca) y Diego Piñero (Coronel Rosales) son los vocales titulares. 

"El CPA es una herramienta fundamental que hay que desarrollar y desde donde se pueden llevar adelante muchas iniciativas positivas para mejorar la logística vinculada a los puertos", dijo Lojo tras asumir como presidente.

La ordenanza por la que el Municipio y la provincia cedieron a la Federación de Luz y Fuerza, la explotación del predio de Playa Mansa durante 30 años, era clara. Contemplaba fuertes inversiones y prohibía expresamente sub concesiones o arrendamientos. 

En el sector municipal sólo dejaron algunas parrillas y un quincho, porque las cabañas son de un inversor privado. Alberto Peyrot tramita hoy en la justicia la restitución de una inversión. 

En el otro extremo, el predio que pertenece al puerto, se teje otra demanda, Esta vez por la cesión que el gremio firmó con Mario Asturi para la construcción de una guardería náutica que fue exhibida una y otra vez como justificación de un dinero en inversiones que nunca llegó. Tur Lyfe, apenas dejó el restaurante, la proveeduría, los sanitarios y las parrillas. 

Rita Asturi primero y su padre Mario después, rompieron el silencio el sábado a la mañana cuando relataron y recordaron los pasos que dieron para concretar una inversión millonaria en un sector que “no existía”, porque sólo era un bañado cuando emprendieron la tarea de rellenarlo y cavar las 400 zapatas sobre las que se asiente el gigante galpón y las grúas de la guardería.

“Carlos Casini era el abogado de Luz y Fuerza”, indicaron respecto al rol que ahora le compete al abogado como Presidente del Consorcio de Gestión que ahora tiene que litigar con el desalojo o mediar para acordar de qué modo puede continuar la explotación de un emprendimiento que según su propietario aún no logró recuperar la inversión inicial.

Asturi reconoció además que no hubo estudio de impacto ambiental cuando se trabajó sobre la costa y que la ubicación es óptima para quienes confían sus embarcaciones y viven en la región centro del territorio bonaerense.

“Era un contrato leonino”, dijo Rita Asturi a la hora de describir las cláusulas que no podían violar y los hacían pasibles de una restitución total a Tur Lyfe. Contó que pasaron momentos muy duros y que este proyecto los trajo a vivir a San Pedro tras vender la empresa que tenían en Buenos Aires.

Por su parte, Mario Asturi consignó que le hicieron construir “hasta una confitería” que está lista para funcionar y que nunca inauguraron. Esa era una de las inversiones que se habían comprometido cuando se sancionó la ordenanza que le permitió a la Federación de Luz y Fuerza recaudar durante 30 años en uno de los predios más atractivos de la costa sampedrina.

Después de treina años, el predio de Mansa que corresponde al camping y restaurante cuya explotación estuvo a cargo de la Federación de Luz Y Fuerza, vuelve a manos del Consorcio de Gestión.

Pese a que siempre se pensó que esa playa que bañaba la laguna era de uso sampedrino, cuando se sancionó la ordenanza de concesión y se anunciaron las inversioens que incluían salón de convenciones, alojamiento y otros beneficios se supo que en realidad la propiedad estaba dividida en dos: una parte de la Municipalidad, que es la que se recuperó en 2023, y otra provincial, que es la que ahora se le resituyó al Puerto. 

“Queda un problema legal pendiente, Luz y Fuerza tenía que construir una guardería y quién la explota actualmente no se fue. Tendremos un litigio para poder desalojarlo”, dijo el presidente del Consorcio de Gestión, Carlos Casini.

Auque los planos y disposiciones no refieren a una guradería náutica como la que ilegalmente cedió la Federación a un tercero, hay centenares de embarcaciones alojadas en ese lugar que está a cargo de una persona cuyo nombre es Mario Asturi. 

Será difícil probar de quién es la responsabilidad porque en apariencia una gran parte de la inversión la hizo el concesionario. Aún así, hace cerca de tres meses fue intimado para retirarse del lugar.

“Venimos discutiendo con Luz y Fuerza porque nos quiere entregar el predio con la guardería, que está a cargo de ellos, está dentro del predio del permiso, con un intruso”, esa es la verdadera condición legal que para el Estado tiene la presencia de quien opera este negocio, según refirió Casini.

El Consorcio exigió la presencia de un escribano público para certificar en que´condiciones se recibe el lugar. Saben además lo que sucedió con quien explotaba el complejo de cabañas que está lindero al Howard Jhonson con el que la Municipaliad ahora tiene un litigio. 

Luz y Fuerza también tercerizó algo que estaba expresamente prohibido y el Estado no controló el cumplimiento del contrato en favor de la población.

“Nos notificaron que dejaban el predio en las condiciones en las que están y ahí estamos con actas notariales de ida y de vuelta para dejar en claro cómo entregan la propiedad. Y seguro después de eso vendrá un conflicto legal con la situación en la que entregaron el predio”, adelantó Casini

La pregunta es si esta vez se devolverá a la población la posibilidad de disfrutar del lugar hasta tanto se resuelvan los conflictos o se llamará a una licitación para que un privado explote el predio en tanto el Puerto no lo requiera para su operatoria. 

Hay que recordar que entre el puerto y Mansa está el club Pesca y Casting, con el que también hay un pedido de desalojo que nunca logró concretarse, aunque el complejo fue clausurado por orden municipal.

La Clínica San Pedro cerró en julio de 2021 duarante la pandemia y con pacientes en la Terapia Intensiva que fallecieron tras el traslado al Hospital. Recibió el salvataje del gobierno municipal que alquiló durante meses las camas de internación y aún así, la gestión decidió montar un hospital de campaña en las instalaciones de ANDAR.

El escenario económico y financieron que arrastraba la empresa que administraban los dueños de lo que quedó del otrora prestigioso sanatorio, se repetía año a año. Atrasos en los pagos al personal, demoras con los  proveedores, cambios de accionistas, deterioro de las instalaciones y contrataciones irregulares fueron la antesala de un desenlace inevitable que se tejió al calor de la falta de pago de obras sociales.

Días después del cierre aparecieron los primeros inversores; un grupo de aventureros que se jactó de haber incorporado un “horno pizzero” mientras pintaba las habitaciones. Prometieron una clinica de primer nivel, convocaron al personal y hasta anunciaron la apertura de nuevos servicios y la captación de la cápita de Pami. Luego se fugaron y apareció otro comprador: Gabriel Hanna y supuestamente un grupo inversor dedicado a la salud.

En varias entrevistas y consultas entre las que no faltaron los recuerdos de los escraches en las casas particulares de los médicos accionistas -a excepción de uno que vive en un edificio de departamentos y es pareja de la abogada que representaba a la clínica- y la permanencia de personal dentro de las instalaciones parecían regar las esperanzas de recuperar las fuentes de trabajo. En plena campaña electoral, el Intendente Salazar estuvo en el lugar para generar nuevas expectativas. 

“El jueves 2/5 a las 10 h vendrá el perito martillero a presentarse en la clínica a revisar las intalaciones para hacer la tasación y posterior inicio del proceso de subasta pública”, ese fue el mensaje que recibieron muchas personas representadas por el Estudio Jurídico Casini & Asociados.

Respecti a la acción juducial ordenada se sabe que hay muchos juicios laborales en marcha, algunos ya con sentencia y uno ya en etapa de ejecución de la sentencia que es el que avanza en dirección a rematar la clínica.  “Nosotros con los dueños viejos o los dueños nuevos o los verdaderos dueños que quién sabe quiénes son, no tenemos ningún contacto, no tenemos nada, simplemente estamos abocados a llevar los juicios hasta la subasta”, indicaron desde el estudio jurídico que logró esta medida.

Hay una convocatoria para los que quieran presenciar la tarea que por lo que aclaran no es obligatoria. “Nosotros sólo estamos en caracter de observación y meros veedores de las actuaciones que debe llevar adelante el perito por orden judicial”, aclaran los abogados que patrocinan a varias de las víctimas que en su condición de trabajadores iniciaron acciones legales y lograron una decisión judicial que podría permitirles recuperar algo de lo que les adeudan en caso que el inmueble se remate. 

Carlos Casini asumió formalmente al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro este martes, en una ceremonia encabezada por el subsecretario de Puertos bonaerense, Juan Cruz Lucero.

Casini había sido designado por el gobernador Axel Kicillof en enero y restaba el acto de asunción formal, que se desarrolló en la terminal portuaria con la participación de funcionarios, sindicatos y del intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, que hizo uso de la palabra.

También participó del acto el expresidente del Consorcio y actual subsecretario de Servicios Públicos municipal, Eliseo Almada, a quien las autoridades le agradecieron la labor desarrollada durante su gestión.

Anunciaron que tras el dragado del canal principal y el muelle cabecera, trabajarán para dragar y reparar la dársena 2, lo que "permitirá aumentar la oferta de servicios del puerto".

Casini destacó la tarea conjunta con el personal del Consorcio y los sindicatos que actúan en la órbita portuaria, y señaló la importancia de reactivar y diversificar la operatoria con la atracción de nuevas cargas.

Casini era abogado externo del Puerto y lo representó legalmente en la denucia penal que Almada radicó contra la contadora, que es investigada por el presunto desvío de millones de pesos de las cuentas oficiales a una personal.

Con operatoria escasa y proyectos que esperan una respuesta, desde este lunes, el abogado y ex concejal municipal Carlos Casini es el nuevo Presidente del Consorcio de Gestión.

El ente mixto que integran representantes empresarios, sindicatos y entidades intermedias representativas, tiene una administración que tributa a la Dirección Provincial de Puertos.

Durante el último año quedaron pendientes varias iniciativas, algunas con severos perjuicios para una inversión sumamente necesaria que se diluyó al ritmo de la inflación. Era la obra de ampliación del muelle principal. La otra materia pendiente lleva más tiempo de demora. Se trata del proyecto de concesión de una parte de la operatoria a la empresa Grobocopatel Hermanos. Almada fue designado en 2018 y durante el interinato de Ramón Salazar presentó su renuncia por los conflictos que se desataron para la contratación del dragado aunque volvió tiempo después a pedido de las autoridades.

Casini viajó a La Plata junto a Cecilio Salazar a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios donde fueron recibidos por Juan Cruz Lucero que es el titular de esa cartera.