La Justicia tomó intervención en el caso Rainbowex tras la amplia difusión del tema que hicieron los medios nacionales y luego de que el Gobierno municipal diera cuentas de la situación tanto a la Fiscalía local como al fuero Federal.

El intendente Cecilio Salazar informó este martes, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Día del Trabajador Rural, que había hablado “con la fiscal de turno y con la Justicia Federal, porque si hay un delito sería de índole Federal y debe actuar la Justicia”.

El fiscal Federal, Matías Di Lello, informó a La Opinión que inició una “investigación preliminar de oficio en base a la trascendencia pública”, algo que también hizo la fiscala María del Valle Viviani, del fuero ordinario.

Desde el Gobierno municipal se habían comunicado con el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, para que la Justicia tome conocimiento de lo que ocurre.

Como no hay denuncias, las actuaciones iniciadas por el fiscal Di Lello son de oficio y en procura de establecer si en el marco de la captación de inversiones por parte de los referentes del denominado Knight Consortium existe la comisión de delitos.

El fiscal explicó a La Opinión que las figuras penales sobre las que comienza la investigación están relacionadas con la "intermediación financiera sin autorización o un posible lavado de dinero", aunque advrtió que “todavía es muy prematuro".

Para el desarrollo de la investigación, la Fiscalía Federal dio intervención a diversos organismos que entienden en delitos como los que la hipótesis de la investigación va a abordar.

Por eso intervienen la Procelac (Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos) y la Ufeci (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que se ocupa de los ciberdelitos.

Además, informó Di Lello, dieron intervención al área antifraudes de la Policía Federal, que también llevará adelante una investigación por el tema.

Una de las primeras medidas tomadas por la Fiscalía Federal de San Nicolás en el caso es elevar oficio a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Solicitamos que nos informe sobre estas plataformas, para ver si están autorizadas o no”, detalló el fiscal.

Di Lello señaló que su Fiscalía comenzó a desplegar “todas las medidas de investigación características de estos hechos”, que no son distintas a las que en su momento dispuso para el caso Intense Live.

Esa plataforma captaba inversores en criptomonedas para la presunta compra de acciones de una empresa internacional de servicios de taxis similar a Uber y resultó ser una clásico esquema Ponzi, una estafa piramidal, como advirtieron expertos que podría ser Rainbowex.

Además, la Fiscalía Federal envió un oficio a la fiscala Viviani para que informe si existe alguna denuncia o si está llevando adelante algún tipo de investigación por eventuales estafas, un delito que es independiente al que investiga Di Lello y que, en caso de existir, tramitará en el fuero ordinario.

“Nosotros no tenemos oportunidad alguna de actuar en nada porque ni siquiera somos terceros damnificados. Tendrá que investigar la Justicia”, dijo Salazar este martes y todavía no estaba al tanto de las actuaciones judiciales iniciadas.

“Habría que ponerse en la cabeza de esa gente, la situación es tremendamente complicada hoy, la gente no llega a la mitad del mes, llega el 10 y se les termina el sueldo, por eso cuando llegan este tipo de cosas pasa esto”, analizó sobre lo que ocurre.

“Yo no puedo ir a decirle a cada persona, porque el intendente siempre es la primera ventana y tiene la culpa de todo, pero qué puedo hacer yo para evitar que  cada persona que va y juega, decirle que no juegue”, señaló el jefe comunal.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor interviene ante casos de sampedrinos que firmaron contrato con una empresa que les vendió un plan de ahorro “para una vivienda” o su equivalente en pesos, pero desapareció de San Pedro.

Las oficinas de la firma Plan Zero S. A., que estaban ubicadas en 25 de Mayo 554, están cerradas, en los teléfonos que figuraban no atiende nadie, la página web de la empresa está caída y sus redes sociales no se actualizan hace un año y medio.

La casa central, que estaría en Godoy Cruz, Mendoza, tampoco aparece operativa y el 0800 que figura en los contratos "no corresponde a un abonado en servicio". En esa provincia, figura una concesionaria de motos, pero tampoco presenta actividad en el último año.

Patricia José es una de las que firmó contrato. Fue en octubre de 2020. Dijo que tenía que pagar “21 cuotas de 3580 pesos” en un Rapipago. Cada mes hacía efectivo el depósito y esperaba novedades del sorteo.

Su plan de ahorro implicaba la posibilidad de acceder a una “vivienda prefabricada”, "la más chica", contó. Si salía sorteada, dejaba de pagar. Como no tuvo esa suerte, llegó al final del plan sin salir sorteada. Una vez que terminó de pagar las 21 cuotas, tenía que esperar 18 meses más, sin abonar, que el azar la beneficiara.

Nunca ocurrió. Lo que seguía era que, pasados los 39 meses desde que firmó el contrato, entendió, accedería a un millón de pesos, por lo que decía su contrato: vivienda o el dinero capitalizado. Cuando se cumplió el plazo, empezó el drama.

"La oficina desapareció, las personas desaparecieron. Conseguí un número y el que me atendió me dijo que no trabajaba más, me dio otro número y ese también me dijo que no trabajaba más, pero que me iba a averiguar", contó Patricia a La Opinión.

El último con el que se comunicó le dijo que sólo podían devolverle 30 mil pesos, que no le correspondía más que eso. "Le dije que me diera los 30 mil, me dijo que marzo, que abril y no me contestó más las llamadas", relató.

Hasta ahora, Patricia no sabe si hay otras personas con la misma problemática que ella, que iba a llevar el caso a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde La Opinión consultó para confirmar que en efecto hay expedientes iniciados por la misma modalidad.

Esa dependencia municipal intentó notificar a la empresa, pero se encontró con el problema de que ya no hay oficinas. Tras obtener un domicilio particular, tampoco logró hallar a alguien cada vez que el oficial notificador se presentó.

"Yo me enganché como una cosa de ahorro, pero pasó el tiempo y nada. Yo tengo todo, el contrato, los comprobantes de pago en Rapipago, todos los tickets que pagué todos los meses", dijo Patricia. En marzo fue la última vez que mantuvo comunicación con el promotor. Desde entonces, no se sabe nada.

En 2021, una denuncia similar radicada en la Justicia para que se investigue el presunto delito de estafa provocó que un referente local de la empresa se presentara en La Opinión para informar cómo funcionaban los contratos que firmaban.

Ese promotor, Rafael González Ferro, es uno de los que le dijo a Patricia que ya no tiene relación alguna con Plan Zero, puesto que dejó de trabajar para la compañía.

En agosto de 2021 accedió a una entrevista en vivo tras la denuncia penal de una clienta. Dijo que tenían "diferentes tipos de planes" y que asesoraban "a domicilio" para "despejar todo tipo de dudas".

"No es que se entrega el lote o la vivienda, lo que se sortea es un valor nominal, en este caso un monto de un millón de pesos, que si bien no le alcanza es un gran apoyo", reconoció el promotor en ese momento.

"Si sale sorteado el número del cliente, por Lotería Nacional, se le entrega el dinero y automáticamente no paga más", informó ese día. "Todo esto se aclara muy bien y hay tres clientes de San Pedro que salieron adjudicados", aseguró.

En ese momento explicó que el plan era de "280 cuotas" y que "en la cuota 18 el cliente puede dar de baja el plan y la empresa le reconoce el 72 por ciento del ahorro". Indicó que "lo peor que puede pasar es que se generó un ahorro" y ejemplificó: "Es como el que juega a la quiniela, si no se la saca estamos en la misma. De esta manera al menos se recupera algo".

"Es una manera de hacer un ahorro, y si tenés suerte de salir adjudicado, te hacés de un millón de pesos", señaló. "Somos gente de acá, ante un inconveniente respondemos", aseguró en ese momento el promotor. "En la hoja que se le entrega al cliente se aclara todo, en ningún momento se dice que se va a entregar un inmueble", explicó.

En ese momento eran seis empleados y estaban buscando más porque, aseguraban, estaban en proceso de crecimiento. "Pueden llamarlo publicidad engañosa, pero al cliente se le explica todo", dijo ese día el promotor sobre las publicidades en Facebook. Para explicar lo que vendía puso de ejemplo el de otras empresas reconocidas que venden planes de ahorro.

El operativo dispuesto por la Justicia Federal de San Nicolás en las oficinas y los domicilios de los representantes de la empresa Intense Live en esa ciudad generaron preocupación entre los “inversores” y mucha polémica respecto de cómo afectará la situación a todos los referentes de la compañía en diversos puntos del país, entre ellos los de San Pedro, que el sábado hablaron en exclusiva con Sin Galera.

La investigación del fiscal Matías di Lello y la Procuraduría de delitos económicos y lavado de activos (Procelac) implicó escuchas telefónicas, ciberpatrullaje y otras instancias de recolección de pruebas para llegar al operativo del viernes pasado, con diez allanamientos en oficinas de la empresa y el domicilio de siete personas que aparecen involucradas en el caso.

Los procedimientos tuvieron lugar en las oficinas de Intense Live ubicadas en calle De la Nación al 200; en la vivienda del director de Marketing Lucas Fabián Moyano, en Viamonte al 100; en lo de los asesores de inversiones digitales Sergio Andrés Romero y Alejandra Soledad Cantero, en Segura al 800.

También en Sarmiento al 800, donde tiene domcilio otro asesor financiero de inversiones identificado como Horacio Andrés Monzón; en la casa de Leandro Martín Cantero Lobos, en Dorrego al 800; en lo de Alberto David García, Gil Medina al 300; y en Lavalle al 500, donde reside Bruno Tomás Mussio.

Todos ellos están involucrados en la causa que investiga una red de captación de ahorros bajo la figura de “inversión”.

“Se trataba de una organización criminal, la que, mediante una plataforma, captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20 % mensual”, consideró la Policía Federal, que intervino a través de la División de Investigación Antifraude.

La sospecha es que se trata de una posible estafa de las denominadas “piramidales”, mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones. La Justicia sospecha que no hay tal “inversión” sino que los recursos de los asociados son los que financian la rentabilidad prometida.

La empresa sostiene que invierte en dólares y bitcoins para la adquisición de automóviles de alta gama para ofrecer servicio de transporte ejecutivo tipo Uber de características VIP en ciudades de Brasil, Bolivia y ahora en Colombia, donde el fin de semana, informaron desde la oficina de San Pedro, había una presentación formal de la app Intense Move, que todavía no está en funcionamiento a pesar de que la empresa existe para captar inversores desde hace más de tres años.

En los diez allanamientos, la Policía Federal “identificó a la y los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPU, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación”, informaron desde la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Fréderic.

Para la Justicia se trata de una captación de ahorros sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Según explicaron los referentes locales, los “inversores” ingresan con un mínimo de 300 dólares para obtener un 20 por ciento de rentabilidad asegurada y un 10 por ciento por cada socio nuevo que presenten.

El dinero que aportan se convierte en bitcoins y en esa misma criptomoneda les pagan las ganancias. Para cobrarlas en billetes, deben comprar moneda de curso legal en casas de cambio autorizadas.

La acusación del fiscal Di Lello sostiene que los representantes de Intense Live captaban ahorristas o presuntos inversores para un negocio del que no se tiene ciencia cierta. No se sabe, sostiene el agente judicial, dónde están los automóviles adquiridos, los choferes contratados y el servicio que aseguran prestar.

En San Pedro, los referentes de Intense Live, los efectivos policiales Jonathan De la Fuente y Maximiliano Bueno, aseguraron que en las oficinas locales “todo sigue igual” y que la investigación judicial obedece a que el Estado quiere “cobrar impuestos” sobre la actividad.