La Libertad Avanza, alianza que tiene como primer candidato a concejal a Ariel Rey, difundió un spot de campaña en el que anuncian que si son electos van a impulsar la eliminación de tasas y derechos, pero nombran gravámenes que en la actualidad ya no se cobran.

El video fue difundido en redes sociales. Allí aparecen los candidatos Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercero de la lista de Rey, y emulan la campaña de Milei, cuando decía que iba a eliminar ministerios y arrancaba cartelitos con el grito "afuera, afuera" como mensaje.

En el video nombran cuatro gravámenes, de los cuales uno es tasa y tres son derechos. 

De los cuatro, sólo está vigente uno: el derecho de construcción, que se paga para el visado de planos y otros trámites a la hora de declarar una obra.

Como publicó La Opinión en cada caso, los otros tres ya no se pagan:

Habilitación de comercios: rige sólo para quienes iniciaron actividad sin declararla, por lo que ante presentación espontánea la Municipalidad no cobra el tributo.

Colocación de mesas y sillas en las veredas: la última ordenanza fiscal eliminó la obligatoriedad de pago a comerciantes que instalen muebles o exhiban mercadería en la vía pública, por lo que no se cobra.

Colocación de carteles publicitarios: desde la última Fiscal/Impositiva los sampedrinos están exentos y  no se cobra por aquellos que no excedan la línea municipal.

"Hoy te traemos algunas de las propuestas que vamos a impulsar en el Concejo Deliberante para aliviar tu bolsillo", dice Joaquín González como introducción en el video.

"Que te cobren por habilitar tu comercio, afuera. Que te cobren por poner las mesitas afuera de tu bar, afuera. Que te cobren por poner un cartel adentro de tu negocio, derecho de Propaganda y Publicada, propiedad privada, afuera; derecho de construcción, ir a la Muni a habilitar un plano, también, afuera", describe Melina Panatteri. 

"La eliminación de estas cuatro tasas municipales implican menos del 1 por ciento del presupuesto municipal", cierra, convencido, el tercer candidato a concejal de la lista de La Libertad Avanza que encabeza Ariel Rey y representa a Javier Milei.

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Con la oficialización de las listas en la segunda sección, apareció una sorpresa en las filas del libertarianismo que apoya a Javier Milei pero no comparte el armado electoral de La Libertad Avanza y juega por fuera, con otros sellos.

Se trata de la candidatura a diputado por Unión Libertad (ex Ucedé) de Eliseo Almada, un histórico hombre de Cecilio Salazar desde los tiempos en que se convirtió, poco a poco y de muy joven, en sindicalista portuario del Supa hasta ocupar cargos políticos en provincia y el Municipio, siempre de la mano del intendente.

El primer candidato de la lista de Eliseo Almada es Luciano Busso, un hombre de Pergamino que fue coordinador de la juventud liberal provincial desde Avanza Libertad, el partido que fundó el también peraminense José Luis Espert.

Sus propuestas están orientadas a la reducción del Estado, el "alivio fiscal", a eliminar la "burocracia inútil" y los "cargos sin función". Se define como un "representante del interior bonaerense desde una visión liberal".

Como integrante de la camada fundadora del partido Fe, Eliseo Almada formó parte de la alianza Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) y fue candidato a concejal, quedó suplente y fue subsecretario legislativo en el Concejo.

En 2018, con acuerdo de Salazar, fue designado presidente del Consorcio de Gestión del Puerto en la gestión Vidal y en 2019 Axel Kicillof lo confirmó en el cargo, al igual que en 2023.

En 2021, cuando Cecilio estaba al frente de Trenes Argentinos en la órbita del Ministerio de Transporte, su nombre fue propuesto para ser director nacional de Control de Puertos y Vías Navegables de la presidencia de Alberto Fernández.

Almada renunció al Consorcio en 2024 y asumió como subsecretario de Obras Públicas del gobierno municipal, como segundo de Mariano Brañas.

Aunque siempre fue un "mimado de Cecilio", sus diferencias con Alfredo Carrasco lo alejaron del cargo y se fue del gabinete. 

Ahora, a casi un año de su salida del Gobierno de Salazar, Eliseo Almada aparece como tercer candidato a diputado de un espacio libertario que apoya las políticas de Javier Milei, pero se diferencia en el armado político, por lo que compite con sello propio.

A nivel local Unión Liberal tiene como armador al reconocido dirigente filoperonista Manuel Amado —siempre cercano a dirigentes de la denominada "derecha del peronismo", entre ellos el jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos—, quien ocupa el tercer lugar de la lista de concejales que encabeza Tatiana Morales.

Este viernes es la fecha en la que quedarán oficializadas las listas que competirán en las elecciones legislativas del 7 de septiembre y comienza la campaña electoral.

En la Junta Electoral, para las 10.30 de la mañana, había seis de las nueve listas presentadas al 19 de julio pasado, fecha límite para elevar las nóminas. Al mediodía apareció la séptima y alrededor de als 15.00, la octava.

Primero estaban las que encabezan Rivas, Mosquera, Grondona, Rey, Morales y Rasio. Luego llegaron las del FIT y la del Partido Liberal. Sólo resta la de Fuerza Patria.

Así, aparecen oficializadas Acuerdo Ciudadano, que encabezan como candidatos a concejales Martín Rivas, Rosario Stremel, Bruno Sciarra, Mariela Velasco y Eric Aguilar Gartner.

Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, sello con el que se presenta Hechos, que encabezan Mauro Rasio, Agustina Guevara, Ignacio Gerini, Silvina Zunino, Fernando Picasso y Noelia Pereyra.

La Libertad Avanza, con Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González, Mariana Reynoso, Damián García y Celeste Toscanini.

Alianza Nuevos Aires, con Damián Mosquera, Belén Santos, Pablo Blas, Florencia Pantanetti, Walter Carballo y Marisa Oilher.

Alianza Potencia, con Pía Grondona, Fernando Bennazar, Silvia González, Guillermo Larrondo, Vanesa Santachita y Damián Gómez.

Unión Liberal, con Tatiana Morales, Osvaldo Fernández, Anahí Olmos, Manuel Amado, Irma Almirón y Eduardo Ruiz.

Resta que aparezca Fuerza Patria, la lista del intendente Cecilio Salazar que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar, que tuvo una polémica tras el cierre del 19 de julio con la aparición de Matías Monfasani en el séptimo lugar.

También restan las del Frente de Izquierda (apareció al mediodía), que lideran Florencia Galán, Federico Marrocco y Yanina Grosso, y la del Partido Libertario (apareció alrededor de las 15.00) que encabezan Fernando Altolaguirre, Jésica Zechin y Pablo Bueno.

El Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, correspondiente al año electoral y en el que la economía se vio afectada por un proceso inflacionario que modificó todas las previsiones.

Los expedientes que conforman la Rendición de Cuentas no fueron escaneados o al menos todavía no están a disposición de los concejales para que comience su análisis, puesto que ingresaron a las 13.00 del miércoles, último día hábil de la semana y del mes.

El Gobierno cumplió con los plazos previstos por la Ley Orgánica para la entrega de la rendición del ejercicio anterior, pero el estudio por parte de los ediles no podrá comenzar hasta al menos una semana después, puesto que ya es feriado para la administración pública, por lo que tampoco tendrá lugar la sesión correspondiente al segundo jueves de cada mes.

El déficit del ejercicio 2023 se ubicó en alrededor de 750 millones, lo que en principio parece mucho pero también puede ser considerado poco en el marco de un año de inflación descontrolada y sobre un presupuesto nominal de 9500 millones representa menos del 8 por ciento.

Junto con la Rendición de Cuentas, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza para convalidar los "excesos presupuestarios" del ejercicio anterior, correspondiente al año electoral y con un cálculo de recursos y gastos confeccionado por el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Economía, Fabián Rodríguez, aunque ejecutado por Cecilio como jefe comunal y Alfredo Carrasco a cargo de Hacienda.

La solicitud de convalidación está prevista en la ley de emergencia prorrogada por la Legislatura bonaerense para que los gobiernos municipales vayan al Concejo Deliberante para solicitar que les convaliden aquellas partidas excedidas del presupuesto del año pasado porque no estaban previstas o porque fue necesario extralimitar el gasto.

Generalmente, esta solicitud de readecuación aparece en el propio expediente. Esta vez, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza por separado y, todo indica, el oficialismo pedirá votación nominal para que quede asentado cómo votó cada concejal, sobre todo para el Tribunal de Cuentas.

En el Ejecutivo sostienen que esos "excesos presupuestarios" están relacionados con el proceso inflacionario y la falta de previsión en el presupuesto confeccionado por Fabián Rodríguez y Ramón Salazar, que no contempló los aumentos de sueldos del personal municipal, los de los profesionales de la salud ni los incrementos que sufrieron servicios como el de recolección de residuos.

En el Concejo Deliberante, la oposición espera analizar con detenimiento la Rendición de Cuentas para abordar esas "extralimitaciones", puesto que parten de la premisa de que en años electorales los gobiernos suelen impulsar gastos extra que pueden ser parte de "campaña encubierta" o "cobertura de campaña".

Con el resultado de las elecciones en la mano, la administración de Cecilio Salazar tomó varias decisiones respecto del destino que tendrá personal de planta. Muchos empleados lo toman como parte de las reglas del juego en las que los sindicatos juegan un papel que tributa de manera obediente al poder. Otros, aceptan con resignación su destino.

El resto, la mayoría, toma nota de lo que puede llegar a pasarles si no colaboran en la campaña electoral o si sus convicciones no coinciden con el candidato de turno.

Ha sucedido en todas las gestiones y la frase “hay que salir a cazar traidores” acuñada al calor del kirchnerismo más rancio, nunca estuvo más vigente.

Cuando Cecilio Salazar volvió al cargo para el que había sido electo, varios de los aliados a su hijo Ramón fueron desplazados de sus cargos. Era lógico, ocupaban carteras de designación política y allí rodó la cabeza de Marcela Cuñer, uno de los pilares de la gestión que desde 2015 en alianza con el Pro y la UCR y luego con el Frente de Todos, sostuvo en pie la dinámica turística de la ciudad.

Entre los secretarios que “salvaron la ropa” están Javier Silva, responsable junto a Ramón del frustrado sorteo de las 84 viviendas, y el asesor letrado, Ricardo Uguet. Fabián Rodríguez se fue solo y al igual que Cuñer ostentaba su cargo desde que fue nombrado Juez de Faltas a principios de la gestión de Cecilio Salazar. De allí pasó a secretario de Hacienda. Luego, ostracismo.

Como se dijo, los nombrados eran funcionarios de designación política y por ende, absolutamente prescindibles para el timón firme que caracteriza a Cecilio Salazar a la hora de listar a los tibios, los fervientes o los que por conveniencia se van adaptando a su suerte con destinos como el Cementerio municipal o el Corralón. Allí purgan sus actividades los castigados.

Lo supo Adrián De Vito, un estrecho colaborador de Cuñer que es de cuna radical y fue derivado a la necrópolis tras ser director de Comisiones de Fomento. Lo aprendió Fernando Negrete, antecesor en el cargo, cuando tuvo que aprender a cortar pasto en el Puerto. Tomó nota el concejal Matías Franco, acusado de traidor tras las Primarias y los nombres sigue sin que sea necesario que La Opinión confeccione una lista prolija.

“Quién podría estar disconforme con la salida de Luciano Juhant”, se preguntó en Sin Galera tras los desastres que provocó cuando repatrió a una mujer y sus hijos para utilizar como vivienda una escuela rural y así garantizarle los sueldos a una directora y maestros que cobraban sumas jugosas por no tener alumnos y tener que viajar.

Quién podría quejarse de quien como pastor evangélico fue convocado por Mario Barbieri para ocupar una banca de concejal. Quién pelearía por él si a la vuelta de Barbieri armó su propia lista para ser intendente por el Frente de Todos junto a “La Dignidad” de Juancho Correa en las internas de 2019. Un día le duró la fidelidad, porque de allí saltó a obediente militante de Cecilio Salazar y más tarde a delegado de Santa Lucía.

Es cierto, nadie reclamará por quien muda tan rápidamente de ideas y desde Unidos por la Patria se va con Milei, los libertarios y Ramón Salazar. Semejantes vueltas no producen seguidores ni simpatías.

Pese a ello, el hecho objetivo es que la venganza llegó primero bajándolo de su cargo de delegado a chofer de ambulancia y ahora, a pocas horas de terminados los comicios, le avisaron que debía presentarse a trabajar como administrativo en el Corralón municipal.

Casi todos coincidirían con un “se lo merece”, pero cuando con recursos de todos se invierte dinero público en un trabajador sería preferible asignarlo a tareas más acordes a su rendimiento, porque se corre el riesgo de la “licencia psiquiátrica” a la que acuden ciertos personajes que pasan largos períodos cobrando su sueldo sin cumplir tarea alguna.

Un ejemplo claro es el de los sumariados por robar placas y mármoles en el Cementerio. Nunca los echaron, nunca culminó la etapa administrativa con las sanciones, porque si esas personas rompen el silencio ni las tumbas más antiguas resistirían los gritos de los negociados que se perpetran con los muertos.

Ahora, la fila de “condenados” corre con distinta suerte. Sucedió con Mauro de Rosa, que se lleva el premio mayor desde que dejó su lugar de chofer de Ramón para pasar a empleado raso y ahora a primer concejal electo por la lista de La Libertad Avanza.

Es como acertar los cuatro números a la quiniela o un pleno en el casino. Tiene cuatro años para representar las ideas libertarias junto a Viviana Riquelme, que se postuló en segundo lugar.

A un castigado camillero del Hospital que ya había sido condenado al Cementerio lo mandaron al Pasillo Público N° 2, sin escalas. Javier Sierra es desde el lunes “el empleado sin baño”, porque en el lugar los sanitarios no funcionan y hay que cruzar al Tiro Federal para encontrar un inodoro.

A Gustavo Franco, el exdirector de Obras durante el mandato de Ramón lo asignaron nuevamente a su función inicial en Parques y Jardines. Este empleado al que el pueblo sampedrino le pagó su sueldo durante todo este tiempo, tomó licencia.

A Sergio Ríos, un estrecho colaborador de Marcela Cuñer y sumamente capacitado en el área de Turismo, lo enviaron sin retorno al Corralón. Es el único que pudo renunciar e irse al sector privado sin tener que mendigar una defensa de sus derechos como trabajador.

Hay muchas caritas nuevas en varios sectores, premiados con los tristes decretos que nunca garantizan estabilidad. Esta lección que aprendieron muy bien las chicas superpoderosas que tenían más de 60 millones de pesos asignados en el presupuesto 2023 y se cansaron de vociferar que el intendente es misógino, violento y maltratador, devenidas ahora en repartidoras de boletas con poses cuasi obscenas de obediencia debida al mandato del patriarca.

Es antipático, pero es real. ¿Serán medidas con la misma vara que los empleados que no tienen quién se preocupe por su destino?

La lista sigue con los integrantes de una familia bastante particular. Allí anidan los que son destinados al Centro de Monitoreo, al sector administrativo o de mucamas del Hospital e incluso a despachos más cómodos que los habituales.

Tal es el caso de la concejal Soledad Llul, que pasó de ferviente guerrera a subsecretaria legislativa primero y a un un hermoso cuarto lugar en la lista de ediles que tributa al intendente después. Otros beneficiarios son los que ya integran la lista de aspirantes a formar parte de la planta permanente.

En agosto por ejemplo se concretaron algunos nombramientos que estaban “en el aire”. Una activa y conflictiva empleada del Hospital que tuvo a maltraer a varios compañeros se enojó el fin de semana cuando se dio a conocer el decreto que le otorga una relación de dependencia estable pese a tener mucha menos antigüedad que otras conocidas operadoras de campaña en redes sociales.

Su sola mención provocó una velada amenaza y el método del “escrache” habitual que desmiente publicaciones periodísticas. Se trata de Rosalía Piernabieja cuya designación es muy similar a la que logró con mucha rapidez el joven Kieven Chiarella Ocampo en el lugar donde se revisan las cámaras de seguridad. Todo lo que aquí se expresa está entre los decretos que deben ser publicados en el Boletín Oficial.

El decreto 948 del 28 de junio de 2023 no es novedad porque siempre en su Anexo I exhibe un largo listado de nombres y apellidos cuya estabilidad pende del delgado hilo que sostiene a los “temporarios”, una modalidad que desde más de una década mantiene en la cuerda floja tanto a meritorios —como el personal de la carrera médica profesional— como a los acomodados.

En esa lista eran casi 250 los que revisten esa condición y entre ellos estaba hasta el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio.

Así como durante la gestión de Pablo Guacone fue menester comenzar a analizar las cuentas y las decisiones, conviene hacer saber que esta no es una misión que sólo le corresponde a la prensa. Es el Concejo Deliberante el que debe velar por todo tipo de cuestiones administrativas y por el efectivo cumplimiento de la normativa que obliga a la apertura de datos públicos que en la mayoría de los municipios se cumple.

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Por Juan José Domínguez, de Reverso

Es un clásico: cada año de elecciones los argentinos y las argentinas reciben llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y SMS de candidatos y candidatas en primera persona invitándonlos a darles su voto. Pero esta vía no solo canaliza propaganda política: también se los llama para participar de encuestas electorales.

¿Cómo consiguen su número? ¿Qué puede hacerse para evitar que esto pase? En esta nota te contamos por qué algunos ciudadanos reciben publicidad proselitista por teléfono, cómo se puede hacer para dejar de recibirla y qué pasa con las encuestas.

¿Qué es el Registro No Llame?

Como se dijo, la publicidad electoral ingresa por llamadas y por mensajes SMS y de WhatsApp con informaciones de uno u otro candidato/a, sin autorización, como si te escribiera un familiar o un amigo. ¿Se puede evitar? Sí.

Una manera de hacerlo es el Registro No Llame, que reúne los números telefónicos de personas que voluntariamente se inscriben porque no quieren recibir información, ni publicidad, ni ofertas, ni servicios. Una vez que la persona suma su número al registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios tienen hasta 30 días para dejar de contactarse  ese número, ya sea por llamada, WhatsApp o SMS.

¿Por qué razón me llaman o me llegan estos mensajes?

Como explicó en esta nota Natalia Zuazo, investigadora asociada de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y consultora en política y tecnología, “las personas somos titulares de nuestros datos personales y, por lo tanto, los cedemos a otros con consentimiento, de la misma manera que podemos pedir que nos saquen de una base de datos”. Así, estos mensajes y estas llamadas no deberían llegarle a una persona a menos que haya dado su consentimiento expresamo.

A su vez, Eduardo Pedutto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo porteña, señaló en esta nota que “las empresas telefónicas podrían estar vendiéndole las bases de datos a alguien porque, si no, ¿cómo llegan a tu teléfono?”. Además, resaltó que, “en el caso de los correos electrónicos, ya hay jurisprudencia de que tienen el mismo carácter de privacidad que el viejo correo [postal]”, y que, por lo tanto, “con los celulares es evidente que hay negocios detrás”.

Los SMS de publicidad electoral suelen provenir de números telefónicos que no son los tradicionales, sino códigos (como 11011, 30777, 41411 y 30003) que envían empresas privadas que manejan bases de datos y son contratadas para contactarse con números de teléfono particulares.

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, subrayó en diálogo con Chequeado que las bases de datos que guardan las empresas privadas “deben estar declaradas” ante la Dirección Nacional de Datos Personales. En relación con los SMS electoralistas, señaló que, “si alguien tiene datos míos, tiene prohibido utilizarlos con una finalidad distinta” de la indicada al momento de pedir el consentimiento para obtenerlos. “Si yo entrego datos a una empresa, esa compañía no puede disponer de ellos y dárselos a otras empresas sin antes habérmelo informado y sin yo haber prestado consentimiento”, sostuvo.

¿Qué dice la ley?

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo que tiene a cargo la administración del Registro Nacional No Llame, así como también la tarea de llevar adelante las actuaciones administrativas por su incumplimiento.

Los datos personales en la Argentina están protegidos por la Constitución nacional, que en su artículo 43º establece que toda persona puede presentar una acción de amparo para saber qué datos suyos hay en bases públicas y/o privadas destinadas a proveer informes y enterarse de la finalidad de su almacenamiento; y la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que en su artículo 5º establece que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado”.

¿Qué pasa con las encuestas?

Como se explicó en esta nota, en la Argentina las encuestas que se realizan para medir el potencial electoral de las fuerzas políticas y de los candidatos son de 2 tipos: domiciliarias/presenciales o a distancia (on line o telefónicas). 

Dentro de las telefónicas, hay 2 tipos: una es la Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI) que, como  indica la sigla en inglés, es una entrevista telefónica asistida por computadora, con un encuestador que dirige la llamada. Y también están las Interactive Voice Response (IVR), o bien respuesta de voz interactiva, en castellano, que son aquellas en las que una máquina se comunica sin la intervención de un ser humano. A estos 2 tipos de encuestas telefónicas se le añaden las encuestas on line y las encuestas presenciales.

En año de elecciones también es común recibir llamadas telefónicas para responder encuestas. Sin embargo, a diferencia de la publicidad electoral, el Registro No Llame en este caso no puede impedirlo. 

“Si la llamada tiene el único propósito de realizar una encuesta de opinión, no se encuentra alcanzada por el Registro Nacional No Llame, salvo que directa o indirectamente se utilicen para publicitar, ofertar, vender y regalar bienes o servicios, en cuyo caso deberán cumplirlo”, dice la web de este registro oficial.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes.

Autor: Juan José Domínguez

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