Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

Familiares escribieron: "Hola, quería hacer un saludo a nuestro abuelo Pinocho que es su día, hoy es el Día del Camionero. Desde sus 18 años anduvo toda la vida en camiones y hoy queremos felicitarlo porque, además de ser un trabajo también es duro. Le mandamos saludos sus nietos Ciro, Santi, Benja. Te queremos, abuelo". 

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Este lunes 15 de diciembre se celebrará el Día del Camionero y, pese a la conmemoración, el servicio de recolección de residuos se desarrollará con total normalidad en la ciudad y en las distintas localidades del partido. Así lo confirmaron desde la empresa Ashira S. A., concesionaria del servicio.

Desde la firma indicaron que, como ocurre cada año, se aplicará un esquema especial de trabajo que permite sostener la prestación habitual sin interrupciones.

En ese marco, el personal que cumpla funciones durante la jornada percibirá un adicional, en reconocimiento a la fecha y al compromiso laboral.

De esta manera, Ashira garantiza la continuidad de una tarea esencial para la comunidad, asegurando la higiene urbana y el normal funcionamiento del servicio, tanto en el casco urbano como en los barrios y localidades del distrito.

Asimismo, se recordó a los vecinos respetar los horarios habituales para la disposición de los residuos, a fin de colaborar con el normal desarrollo del operativo durante la jornada conmemorativa.

El Gobierno Nacional ratificó la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), más conocida como “Registro Moyano”.

La medida había sido anunciada el año pasado y ahora fue ratificada ante la reforma de algunos puntos de la Ley Tránsito, que incluye la simplificación de la obtención de las licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había determinado darle continuidad hasta que se implemente una nueva normativa, que en pocos días estará vigente.

El LiNTI era un paso obligatorio que los choferes de camiones, de determinadas cargas, debían efectuar para obtener la licencia que los habilite para el transporte interjurisdiccional de cargas, o de pasajeros en el territorio nacional.

A su vez, reconocido por ser un trámite ante el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo costo era elevado para el conductor, además de demandar varios días para su aprobación. Si un chofer no aprobaba este curso, quedaba inhabilitado para la conducción del transporte de cargas, en las categorías C, D y E (todo relacionado con transporte de cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros).

El valor se aproxima a los $ 500.000 cuando se la gestiona por primera vez, y renovarla es de $ 250.000, examen psicofísico que en nuestra zona se otorgaba en la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás.

El LiNTI fue impuesto por el Sindicato de Camioneros desde hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia, un paso fastidioso para los choferes.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

Los camioneros ya no deberán acudir al Sindicato de Choferes de Camiones por la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para obtener el registro que los habilite para la conducción del transporte de cargas.

De esta manera, concluye uno de los trámites que el Sindicato de Camioneros había logrado imponer hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia. 

Con esto, los profesionales del volante ya no perderán varios de días de trabajo, porque además del psicofísico y la capacitación, existía la demora para su aprobación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó la decisión en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto que modifica la Ley Nº 24.653, cuya finalidad es “reducir la carga burocrática y eliminar barreras en el sector”, tema tedioso para los choferes y que abonaban de su bolsillo.

De acuerdo a lo que reza la disposición, la medida entrará en vigencia dentro de 60 días. Desde entonces, se hará efectivo el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que será gratuito y sin necesidad de presencialidad. La inscripción será digital. 

Ahora, “ninguna autoridad provincial o municipal podrá imponer requisitos adicionales a los transportistas que se encuentren bajo este régimen”, informaron.

Otro dato saliente es a partir de qué kilaje se considera transporte automotor de cargas. Lo que antes eran 700 kilogramos, ahora serán desde los 3.500 kilogramos (por lo tanto, los utilitarios quedan exceptuados), y en cuanto a los acoplados o remolques, a partir de 750 kilogramos. Las casas rodantes, remolcadas o autopropulsadas, no tendrán límite de peso.

La LiNTI era el único documento que habilitaba realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. Contaba con tres categorías: Cargas generales, Mercancías peligrosas y Transporte de pasajeros. 

Para la licencia de conducir implicaba las categorías B, C, E (Cargas generales y/o mercancías peligrosas) y la D (Transporte de pasajeros).

Previamente, los requisitos indicaban que el chofer debía realizar el examen psicofísico (en nuestra zona acudían a la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás), que una vez aprobado se incorporaba al sistema provincial de emisión de licencias de conducir, para luego recién proceder al resto del trámite en las oficinas del Municipio, de calle Mitre 1995.

La Justicia nicoleña aceptó como particular damnificada a Cintia Espíndola, una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, en la solicitud de que sea sometido a un juicio por la verdad en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por ella y otros familiares.

En diciembre la Cámara de Apelaciones consideró que, como sostenía su defensa, el paso del tiempo había favorecido a Espíndola ya que los alrededor de 30 años que pasaron desde los hechos denunciados implicaban la prescripción 

Pero también consideró que sería importante que lo sometieran a un juicio por la verdad, que es igual a un proceso común pero sin cumplimiento de pena en el caso de ser hallado culpable.

Para que esa posibilidad avanzara era necesaria la aceptación de las víctimas y Cintia, una de las que desde el primer día hizo pública la situación, decidió instruir al abogado Agustín Tanús para que, en su representación, solicite al Juzgado el inicio del proceso. La Jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, aceptó la presentación, reveló el diario El Norte.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.

Fernando Espíndola fue denunciado por tres sobrinos que convivían con él cuando eran niños y él adolescente. Los denunciantes tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones de las que lo acusan; él, algunos más. Aseguraron que incluso siguió abusando de ellos cuando ya había cumplido la mayoría de edad, por eso la causa se dividió en dos, una en el fuero juvenil y otro en la Justicia ordinaria.

El exconcejal y sindicalista de Camioneros cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, expediente penal por el que también tendrá que rendir cuentas en un juicio.

Si bien los denominados "juicios por la verdad" no tienen consecuencias penales —un veredicto de culpabilidad no implica cárcel— permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

El exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, que cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, podría ser protagonista de uno de los primeros juicios por la verdad en la región, en el marco de las denuncias por abuso sexual que radicaron contra él tres sobrinos con los que vivía cuando era adolescente.

Espíndola tuvo que enfrentar dos causas por abuso sexual a sus sobrinos, que tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones que denunciaron. Una en el Fuero de Responsabilidada Penal Juvenil, puesto que los delitos se habrían cometido cuando él era menor de edad; y otra en el fuero penal común, puesto que en las denuncias las presuntas víctimas aseguraron que siguió abusando de ellas cuando ya había cumplido 18 años.

Respecto de la primera, Espíndola fue favorecido por el paso del tiempo. El juez había elevado la causa a juicio pero la Cámara de Apelaciones falló a favor del planteo del abogado defensor del sindicalista, puesto que los presuntos hechos denunciados habrían sucedido hace más de 30 años.

La Cámara declaró la "extinción de la acción penal por paso del tiempo", pero en un fallo innovador los jueces recomendaron la continuidad de la causa en los términos de los denominados "juicios por la verdad", que si bien no tienen consecuencias penales permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.

"El juicio por la verdad autoriza a buscar la verdad real, aunque llegue tarde para cerrar heridas y es una posibilidad también para el imputado de defenderse si cree que hubo un ataque infundado a su honor", dice el fallo que difundió esta semana el diario EL Norte de San Nicolás.

Respecto de la otra causa, que investiga los abusos denunciados por los sobrinos de Espíndola y que habrían sido cometidos cuando él era mayor de edad, sigue su curso y ahora se espera una resolución de Cámara respecto de la apelación a la elevación a juicio que hizo la defensa, con el abogado Miguel Arzagot a la cabeza, en los mismos términos que en la correspondiente a cuando era menor.

Los pasos que siguen para que avance el proceso de Juicio por la Verdad implican la aceptación de las víctimas respecto de la continuidad de la acción judicial tras la declaración de sobreseimiento por prescripción que establecieron los camaristas. Para ello, se estima que aguardarán el fallo de Cámara.

Los Juicios por la Verdad comenzaron en el país como una manera de encontrar estrategias alternativas de reparación ante la imposibilidad de perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad durante la vigencia de las denominadas leyes de obediencia debida y punto final.

La jurisprudencia favorece la idea de que "no debe desatenderse la obligación del Estado de asegurar el derecho de conocer la verdad de los hechos aun cuando se hubiera dispuesto la prescripción de la acción penal", tal como señalan los camaristas, que citan un fallo del Tribunal de Casación bonaerense, fundamentalmente en casos con víctimas "sujetos de especial protección" y "sometidas a aberrantes conductas de abusos sexuales extendidas en el tiempo".

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, detenido con prisión domiciliaria en el marco de la causa por “pedir coima” para “dejar trabajar” a la empresa sampedrina Rey Distribución fue suspendido preventivamente como concejal en San Nicolás.

Edil electo en 2019 por el Frente de Todos, Cabaleyro cumplirá mandato en diciembre. Luego de ser detenido el 8 de abril del año pasado, el sindicalista había pedido licencia en su banca en el HCD nicoleño.

Ahora, el oficialismo de esa ciudad, que responde al intendente de Juntos Manuel Passaglia, logró aprobar el proyecto para suspenderlo preventivamente mientras se resuelve la situación judicial que lo mantiene detenido con prisión preventiva a la espera del jucio oral y público, cuya elevación fue solicitada por la fiscala Viviani.

El bloque Juntos propuso la suspensión preventiva que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para miembros del Concejo Deliberante que se encuentren detenidos con prisión preventiva, como esl caso de Cabaleyro, aunque esa figura quedó firme contra él y contra el sindicalista sampedrino Fernando Espíndola en junio, semanas después de que le aprobaran la licencia.

Los ediles de Juntos San Nicolás consieraron “sumamente necesario brindar un mensaje claro a toda la sociedad sobre la responsabilidad institucional de esge Honorable Concejo Deliberante”. La LOM prevé la destitución de los concejales cuando hayan sido condenados con sentencia firme por algún tipo de delito doloso.

Desde la oposición a Passaglia, la concejala que preside el bloque Frente de Todos al que pertenece Cabaleyro consideró “un mamarracho” la medida. “No ay otra explicacion que no sea electoral”, dijo durante la votación y aseguró que el oficialismo decidió “hablar de esto sólo para aparecer en la tapa de un diario”.

“¿No les preocupa la inseguridad, la salud la educación? ¿Qué proyectos presntaron hoy para cambiarle la vida a las y los nicoleños?”, se preguntó en sesión la también presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás y precandidata a intendenta de Unión por la Patria.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola deberá enfrentar al Tribunal en juicio por el caso de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal contra dos sobrinas y un sobrino, que lo denunciaron penalmente antes de que lo detuvieran por la causa por pedido de coimas junto a Maximiliano Cabaleyro.

El juzgado de Garantías interviniente rechazó los planteos de la defensa de Espíndola, que había pedido sobreseimiento del imputado, prescripción de la causa y nulidad de la requisitoria de elevación a juicio que hizo la Fiscalía.

El sindicalista está acusado de abusar reiteradamente de sus sobrinos cuando convivían y eran todos menores de edad. Para el juzgado, existen “elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener” que Fernando Espíndola “es probablemente autor penalmente responsable del delito que se ivestiga”.

El juez ordenó elevar la causa a juicio para que el Tribunal disponga la fecha y modalidad en la que se juzgará al sindicalista sampedrino denunciado por abusar sexualmente de dos sobrinas y un sobrino.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

Transportistas de cereal volvieron este lunes al kilómetro 153 de la ruta 9 para encabezar una protesta relacionada con el monto de las tarifas vigentes en el servicio que prestan, tal como hicieron el año pasado. De la misma manera, hay cortes intermitentes por lo que se producen demoras en la circulación a esa altura de la autopista, en ambos carriles.

“Es exactamente el mismo reclamo que hicimos hace algunos meses. Estamos en la banquina, esperando que llegue Gendarmería y Seguridad Vial para que vayan cuidando la cola cuando cortemos”, dijo Juan Manuel Acevedo, sampedrino que participa de la protesta.

Explicó que desde el paro del año pasado, se nuclearon en una Cámara nacional que elevó petitorios al Ministerio de Transporte de la Nación para exponer la problemática que afecta al sector y quedaron a la espera de una respuesta.

“Como nunca nos llamaron, nos vemos obligados a volver a salir a la ruta. Creo que es la única manera de que nos escuchen, pero esta vez no nos vamos a ir sin lograr el objetivo”, aseguró el transportista.

Quienes llevan adelante el reclamo son propietarios de camiones que trabajan en el transporte de cereal desde las zonas de producción a los puertos desde donde se exportan los granos.

“La actividad dejó de ser rentable hace rato y ahora no podemos más. No hay trabajo y en el que hay, se abusan las multinacionales y las cerealeras grandes”, cuestionó Acevedo.

“Pedimos que en la carta de porte digital esté la tarifa, que sea ley, que deje de ser de oferta y demanda. Hay una tarifa que el Gobierno pone todos los años, pero en el anterior Gobierno pusieron la ley de oferta y demanda, si el viaje vale 10 ellos te lo pueden pagar 5 y eso hacen”, explicó.

“Hay una tarifa para trabajar, pero nadie la respeta. Te pagan lo mínimo de la mínimo”, se quejó Acevedo y detalló: “La tarifa está, no reclamamos un aumento, queremos que paguen lo que dice la ley”.

“Los camiones llevan 30 toneladas. Si el viaje vale 110 mil pesos, ellos te lo pagan 80 mil. Es mucha diferencia. Pero hay tanta necesidad de trabajo que si uno no acepta, hay diez atrás”, dijo.

En ese sentido, señaló: “A la larga se perjudican todos, porque gastan el camión para sobrevivir y comer, pero el día que se rompe el motor o hay que cambiar una cubierta no se puede”.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui rechazó el pedido de excarcelación, cese de la prisión preventiva y cambio de carátula que el abogado Mauricio Gugger interpuso en defensa de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes seguirán detenidos acusados de extorsionar a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

Gugger había solicitado que se baje la calificación penal de manera tal que recuperen la libertad y para ello se basó en audios que forman parte de escuchas telefónicas que ordenó la Justicia pero que no habían sido aportadas al cuerpo de la causa.

Maiztegui consideró que en el devenir del proceso “no se vislumbra afectación alguna a la parte acusada ni a los principios y garantías constitucionales.

La jueza le dice a la defensa que desconoce el caudal probatorio que obra en la causa y que fue tenido en cuenta para dictar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola.

Considero que la pretensión de la defensa del cese de prisión preventiva o cambio de calificación de legal con consecuente excarcelación no pueden prosperar.

Maiztegui consideró que se encuentran reunidos los requisitos que exige la ley para mantener a Cabaleyro y Espíndola detenidos con prisión preventiva en esta etapa del proceso penal en su contra”, como pretendía la defensa y consideró “no brinda ningún argumento que permita el cambio de calificación”.

La jueza Sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, que “no se han agregado a la causa nuevos elementos de prueba” tendientes a reconsiderar esa situación y que los planteos de la defensa no alcanza para modificar el estado de cosas.

“No hay prueba que pudiera modificar el estado procesal de los imputados”, aseguró Maiztegui y recordó en su fallo que los delitos por los que están acusados tienen una pena en expectativa de entre cinco y 25 años de prisión, por lo que no resultan excarcelables.

Viviani se opuso al planteo de Gugger y en su escrito señaló que esas escuchas telefónicas aportadas “no fueron ocultadas sino que no eran de interés para la investigación”.

Esas conversaciones, dijo la fiscala, “son en términos pacíficos” y, señaló, “no se desprende (de ellas) elemento ilícito alguno que configure delito o que incorpore elemento desincriminante”.

“La víctima no hace otra cosa que tratar de salir adelante de la sitaución por miedo a volver a que se paralice la empresa, la afectación psicológica y la intimidación que sufrió”, dijo sobre los términos en los que Gustavo Rey conversa con Maximiliano Cabaleyro por teléfono.

Para Viviani hay abundante prueba para considerar que “se obligó a la empresa Rey Distribución SRL por medio de una intimidación al contador de la empresa a firmar un documento reconociendo la deuda”.

“El único que se beneficia es el propio sindicato, a expensas de los trabajadores”, acusó la fiscala, que sostiene que “está debidamente probado que la intimidación existió, el método extorsivo que utilizaron para lograr que la empesa arribe a ese convenio de pago en vez canalizar el reclamo por la vía legal”.

“La acción coercitiva por parte de los imputados sobre la empresa fue la que determinó la suscripción del convenio de pago reconociendo una deuda ilegítima”, acusó la fiscala.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.

El sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro seguirá detenido en la Unidad Penal 3 de esa ciudad en el marco de la causa por “pedido de coimas” que la Justicia tramita en su contra, puesto que el Juzgado de Garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria interpuesto por su defensa.

Al igual que en el caso del sampedrino Fernando Espíndola, el Juzgado no hizo lugar al planteo para que atraviese la prisión preventiva en su casa, con pulsera electrónica, a pesar de las cuestiones de salud que señaló el abogado defensor, Mauricio Gugger, y las malas condiciones de detención imperantes en la sobrepoblada cárcel de San Nicolás.

Gugger confirmó a La Opinión que, tras el fallo contrario al planteo, apelará para que la Cámara de Apelaciones y Garantías revise la decisión y se expida al respecto. Mientras tanto, Cabaleyro seguirá en una celda de esa unidad penitenciaria donde lo trasladaron cuando le dictaron la preventiva.

La Cámara ya había rechazado el planteo de Gugger respecto de Espíndola cuando el Juzgado denegó el arresto domiciliario. Ahora, el Tribunal deberá analizar lo resuelto en el caso de Cabaleyro y definir si sigue preso en la cárcelo o lo beneficia con una detención controlada en su casa.

Cabaleyro y Espíndola fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Tuvo lugar este martes en los Tribunales de San Nicolás la audiencia pautada para poner en análisis del Juzgado de Garantías el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia por el Frent de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones había dejado firme el fallo que dispuso prisión preventiva para Cabaleyro y para el dirigente sindical de San Pedro Fernando Espíndola, pero había ordenado que las audiencias por el pedido de prisión preventiva, otorgado en primera instancia y luego anulado, se desarrollaran desde cero.

Este martes se desarrolló la correspondiente a Cabaleyro, cuyo defensor, el abogado sampedrino Mauricio Gugger, planteó cuestiones vinculadas a la salud del sindicalista preso para solicitar que atraviese el proceso camino al juicio con el beneficio de arresto domiciliario, es decir en condición de detenido pero en su casa, con tobillera electrónica.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a los planteo de Gugger y ahora el Juzgado de Garantías tiene hasta cinco días hábiles para expedirse, aunque se espera que lo haga antes del fin de semana, respecto de si otorga el beneficio o no.

Se espera que cualquiera sea el resultado de esta audiencia, la parte no favorecida apele la decisión del Juzgado, por lo que todo indica que será luego la Cámara de Apelaciones y Garantías la que defina el futuro procesal de Cabaleyro, tal como sucedió con Espíndola.

En el caso del sampedrino, a pesar de las diversas situaciones relacionadas con su salud que expuso el abogado Mauricio Gugger, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo del Juez de Garantías que había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

Así, Espíndola quedó alojado en una cela de la Unidad Penal 3 de San Nicolás mientras se sustancia el proceso en su contra en el marco de la causa por la que fue detenido el 8 de abril pasado junto a Maximiliano Cabaleyro.

Ambos fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.