El diputado provincial por la segunda sección y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia confirmó que impulsará formalmente un pedido de juicio político (jury de enjuiciamiento) contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma Rey Distribución.

El legislador de Hechos aseguró que la resolución de López, que será apelada por Fiscalía y los abogados de Rey ante el Tribunal de Casación, sienta un “peligroso antecedente" para las pymes al considerar que el derecho a huelga primó en la situación de bloqueo de la planta en aquella semana de febrero de 2021.

Al detallar los fundamentos de su presentación ante los organismos competentes de la Legislatura bonaerense, Passaglia sostuvo que el argumento fundamental es que López “no explica por qué no sanciona el bloqueo”. 

“El mismo juez reconoce que hubo un bloqueo y que eso es un delito; lo que dice después es que la facultad de manifestarse de los trabajadores le permite hacer cualquier tipo de accionar”, cuestionó.

El diputado nicoleño consideró que la resolución judicial implica “el mensaje de que acá los sindicalistas hacen lo que quieren y que a los dueños de las empresas nadie los defiende”. 

“¿Cuál es el mensaje que dejó el juez para todos los empresarios, para todo el que quiere invertir? Bloquear una pyme dos semanas la funde, pierde todo el trabajo que hizo en toda la vida”, señaló.

Passaglia reconoció que su planteo en la Legislatura tendrá escollos para avanzar. “Esto es una decisión política, al final del día, y obviamente tengo muchas dudas de que el kirchnerismo nos acompañe y se ponga del lado del que labura”, advirtió.

Tras su anuncio acerca del jury contra el juez, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Juidicial bonaerense emitió un comunicado en respaldo de Alejandro López.

Advirtieron que el juicio político es un mecanismo válido, pero que "no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia" esgrimido por "quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático" para "condicionar las decisiones judiciales".

Ante el juicio realizado contra Maximiliano Cabaleyro, del Sindicato de Camioneros, y el fallo absolutorio del juez Alejandro López conocido esta semana, la organización que reúne a los funcionarios del Poder Judicial emitió un comunicado donde advierte que los mecanismos de remoción no deben utilizarse como herramientas de presión o represalia por decisiones judiciales.

El mismo reza:

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ante los agravios dirigidos a un juez del Departamento Judicial de San Nicolás y el anuncio de un pedido de juicio político en su contra, considera necesario pronunciarse sobre el respeto a la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones judiciales.

El sistema de justicia contempla el desacuerdo con las decisiones judiciales y establece procedimientos para cuestionarlas y, cuando corresponde, obtener su revisión. Esos mecanismos constituyen las vías institucionales previstas para resolver las controversias sobre las decisiones de las y los magistrados.

La independencia judicial es una garantía constitucional indispensable para la protección de los derechos de todas las personas. El juicio político es un mecanismo legítimo de responsabilidad de las y los magistrados, pero no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción. De lo contrario, quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático podrían condicionar las decisiones judiciales, en perjuicio de quienes carecen de esos recursos para defender sus derechos. Lo que está en juego, en definitiva, es la igualdad ante la ley.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresa su respaldo al Colegio Departamental de San Nicolás y se pone a su disposición para colaborar en todas las acciones institucionales destinadas a preservar la independencia judicial”.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal dio a conocer el veredicto en el que absuelve a todos los involucrados en el juicio a Camioneros.

Los jueces consideraron que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y los exempleados de Rey Distribución Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El sindicalista sampedrino Fernando Espíndola, por otro lado, no participó del debate, ya que eligió el juicio abreviado. 

Este jueves, en la sede de su empresa, los hermanos Gustavo y Ariel Rey convocaron a los medios para brindar su palabra tras el fallo de la Justicia. 

Ariel Rey encabezó solo la reunión y destacó que su hermano no pudo estar presente por motivos personales.  

“Es un fallo que nos sorprende, es una piedra en el camino. Sabemos que es una mafia poderosa y tenemos los elementos contundentes para sostener lo que venimos diciendo. Hablamos de la verdad que venimos sosteniendo”, dijo. 

“El mismo juez, en el fallo, reconoció los delitos que nosotros probamos. Nunca dijo que no hubo bloqueo ni coacción, pero lo justificó con una medida gremial. Este juez garantiza la mafia sindical”, expresó. 

“Este fallo es absolutamente cuestionable desde donde lo miremos. El juez reconoce el delito, esto es un cheque en blanco a la mafia sindical”, recalcó. 

Rey cuestionó los argumentos del fallo y planteó: “¿La huelga justifica bloquear? Estoy a favor de la huelga, del sindicato y de la representación de los trabajadores, pero eso no avala el delito. El derecho a huelga, según este juez, justifica el delito. ¿Para qué estamos en un Estado de derecho con normas?”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de la resolución judicial: “¿Qué pasa si viene de nuevo con el motorhome? ¿Qué hago yo? La Justicia dice que está cometiendo el delito, pero él puede, Moyano puede”.

“Esto desincentiva el trabajo y la inversión. Considero que tenemos que luchar por una Argentina en la que pueda haber inversiones”, agregó.

El empresario sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones y anticipó que continuará con el proceso judicial.

“No tengo mea culpa para hacer porque vamos con la verdad. Nosotros vamos a ir a Casación, a sostener cada una de las acusaciones y, si es necesario, a la Corte”, dijo. 

“En este juicio hay una instancia para recurrir. Sabemos que no es fácil luchar contra esta mafia, mucho más cuando hay una mafia política, pero sabemos que vamos con la verdad”, indicó. 

También destacó el trabajo de los fiscales: “Tenemos fiscales como Viviani, que bajó al barro y vio los delitos, pese a jueces que les dan la razón, pero los justifican con la huelga”.

“Hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, recordó. 

Al recordar lo sucedido durante el conflicto, Rey aseguró que los hechos quedaron expuestos durante el juicio y el debate.

“Fuimos viviendo lo que fue el juicio y el debate. Ocurrieron esos hechos, hubo gomas prendidas en un galpón, hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, dijo. 

Y explicó las consecuencias que, según sostuvo, tuvo el bloqueo: “En ese momento, cada escuela recibía 200 cajas. Todas esas familias no comieron ese día; eso no se pudo hacer por las gomas prendidas en los depósitos”.

Además, remarcó que la empresa cuenta con “más de 30 empleados que trabajan en blanco, en el gremio que les corresponde”.

Aunque aclaró que no busca politizar el conflicto, Rey también apuntó contra el accionar de funcionarios durante los hechos denunciados.

“No quiero politizar, pero no podemos mirar para otro lado. Acá hubo un intendente que llamó al comisario para decirle: ‘Acá no pasó nada’”.

Asimismo, afirmó que “el contador mintió ante el juez”, aunque señaló que avanzará paso a paso en el proceso.

Por último, hizo referencia a una frase de su esposa y a un supuesto pedido de dinero: “Una palabra de mi señora que dijo ‘aporte’. ¿Piensan que voy a grabar un video mientras me piden un cheque, 500 mil pesos?”.

Rey concluyó que continuará con la disputa judicial y vinculó su reclamo con la defensa de la propiedad privada y la memoria de su padre: “Tenemos los elementos para luchar, por la lucha por la propiedad privada, por la memoria de mi viejo”.

El mismo miércoles, también ante los medios, el sindicalista nicoleño Maximiliano Cabaleyro, tachó a los hermanos Rey de “mitómanos” y aseguró que nunca impidieron que la firme trabaje. 

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró. 

“Fui injustamente privado de mi libertad”, dijo el sindicalista Maximiliano Cabaleyro, acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, que habló por primera vez ante los medios en una rueda de prensa tras ser absuelto este miércoles.

“Llegamos después de cuatro años y medio a este dictamen. Sirvió para que el concejal Ariel Rey y la senadora Arietto hagan su campaña. No me queda otra cosa que pensar que fue un armado político, todos terminaron siendo candidatos y teniendo cargos”,  expresó Maximiliano Cabaleyro a la prensa. 

“El fallo dice que Gustavo Rey miente en sus declaraciones. Los hechos son irrefutables. Es insostenible lo que querían sostener”, afirmó. Además, calificó de “mitómanos” a los hermanos Rey.

“Cuando uno está tranquilo por lo que hizo, no tiene más dudas de seguir con la frente en alto y mirando hacia adelante. La verdad en algún momento llega”, sostuvo.

“Si reclamar la plata que le corresponde a los trabajadores es cobrar coimas, seré un coimero. Todo fue en base a reclamos realizados legítimamente”, manifestó al referirse a las acusaciones en su contra.

“Por suerte, los trabajadores estuvieron firmes y expectantes. Tocaron timbre para hablar porquerías de los trabajadores, pero por suerte hay gente que los tiene trabajando y los valora”, señaló.

También destacó el rol de su abogado: “Siempre me dijo la realidad”.

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró.

“No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”, expresó.

“Yo tenía la representación de once trabajadores. Jamás el Sindicato de Comercio fue a reclamar por sus trabajadores”, cuestionó.

“Quedó a las claras que siempre vamos a bancar la que se venga para defender a los trabajadores”, agregó.

En cuanto a las consecuencias personales que le dejó el proceso, señaló: “Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”. 

“No sé qué puedo decir a nivel nacional, pero hay mucha gente que desinforma. Pasa en todos lados”, indicó.

Al recordar cómo actuó cuando recibió la orden de detención, relató: “Cuando me llegó la orden de detención, me vine desde La Plata a San Pedro. Era el cumpleaños de mi sobrina y ese día me entregué en la DDI. No me fugué, no huí, me entregué. Me subí, acaté la orden de la Justicia y me fui a la Unidad Penal”.

“Hasta el día de hoy cumplí con todos los mandatos que me dio la Justicia. Le dije al juez que, aunque no me gustara su fallo, lo iba a acatar”, remarcó.

Cabaleyro también cuestionó al edil Ariel Rey: “Gracias a esta movida hoy es concejal. Escuchar a esa persona decir que un juez no iba a mandar en su empresa da un poco de bronca. Bárbaro, Cabaleyro, el coimero, acató todas las órdenes; el concejal Rey, que legisla leyes, no”.

“Se hizo justicia. Hay gente que no va a estar conforme, pero hay que leer el fallo un poquito y ver”, sostuvo.

“A mí me sacaron el cargo como concejal de San Nicolás. Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”, recordó.

Sobre la acusación por coimas, insistió: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal”.

“No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”, aseguró.

Finalmente, envió un mensaje a las empresas y anticipó que continuará con la actividad sindical: “Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Quédense tranquilos, que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

También se refirió a la situación en Rey Distribución y afirmó que “el clima cambió porque no pagaron lo que tenían que pagar”.

“Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás absolvió al sincalista y al resto de los imputados por la denominada causa camioneros y ordenó su inmediata libertad. 

Junto a él, fueron absueltos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Todos compartían la imputación por "turbación de la posesión", acusados de haber bloqueado la planta e impedido las operaciones de la empresa durante los días de protesta. 

Cabe mencionar que el octavo acusado, Fernando Espíndola, se había acogido al juicio abreviado y no formó parte de este veredicto.

El Tribunal consideró que en el debate oral no se acreditaron los hechos endilgados en ninguno de los casos. 

Durante las audiencias del debate oral, gran parte del material fotográfico y audiovisual exhibido como prueba documental para analizar los hechos acontecidos durante las jornadas de protesta fue registrado originalmente por la cobertura periodística de La Opinión.

En la antesala de la conferencia, el abogado Gugger manifestó estar conforme con el trabajo realizado, destacó la jerarquía constitucional del derecho a huelga e indicó que evaluarán presentar denuncias por "falso testimonio", argumentando que "hubo una persona cuatro años y medio detenida". 

Por su parte, el extrabajador absuelto Edgardo Di Mayo declaró a La Opinión: “Se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley”.

Desde la parte denunciante, Gustavo Rey, confirmó que apelarán el fallo del juez López; desde la firma llamaron a una conferencia de prensa para este jueves por la mañana. 

"No era lo que esperábamos, pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar. Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más", señaló. 

Tras el veredicto que ordenó absolver a todos los imputados en la causa Camioneros, la firma Rey Distribución anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves por la mañana en sus instalaciones, ubicadas en Bonorino 175.

Desde el momento en que el Juez Alejandro López consideró que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y seis exemplados de la empresa sampedrina comenzaron a circular los cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al magistrado a considerar que la firma no sufrió impedimentos para llevar a cabo su operatoria.

La única que queda es comprarse un arma para defender tu propiedad privada. Este juez que absolvió a este mafioso mando a la casa a un violador que un jurado popular había condenado. Alejandro López se llama el juez, kuka.

Los hermanos Ariel y Gustavo Rey expondrán sobre las implicancias de este fallo en lo que denominan “la defensa del derecho a trabajar en paz” y tomarán como base las primeras declaraciones de su abogada defensora, la senadora bonaerense Florencia Arietto.

Es que la abogada cuestionó duramente el fallo, adelantó que apelarán la medida y ahora el foco apunta a los antecedentes del juez Alejandro López, ya que en las últimas horas se han dado a conocer varios fallos en los que se le han cuestionado decisiones proclives a las garantías de los victimarios y no a las de las víctimas. 

Uno de los casos más resonantes fue el que tuvo lugar en 2023 cuando tras un fallo por jurados que condenó al profesor Pablo Javier Gordillo por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor. La acusación y la escala penal habilitaban 20 años de prisión para ese delito, fijó una condena de 5 años y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

También se lo recuerda por la condena contra el efectivo policial Iván Polo a quien sancionó con 17 años de prisión, por la persecución y muerte de dos jóvenes que circulaban en moto en el barrio San Jorge de San Nicolás.  Esa vez consideró que se trataba de un homicidio simple. 

El magistrado tuvo a su cargo también el juicio al sacerdote Tulio Mattiussi, que fue condenado por cometer abusos en el Jardín Belén de gran repercusión en San Pedro.

En exclusiva para Lo Que Importa, Gustavo Rey, dueño de la empresa, anticipó que apelarán el fallo en la Justicia. 

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto del juicio a Camioneros que juzgó al sindicaslista Maximiliiano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución: absolución para todos.

Los jueces consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados.

Maximiliano Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez fueron absueltos de todos los cargos.

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad.

En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

Junto con el resto, y con Fernando Espíndola, que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión” es decir de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta.

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Edgardo Di Mayo a La Opinión tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”.

El Tribunal dio a conocer el veredicto, pero todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

“Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció Gugger en Lo  Que Importa.

“Tenemos la fe total en que esto se revierta”, dijo Gustavo Rey.

“No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, dijo, por su parte, Gustavo Rey, que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. 

“Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

A las 12.30 de este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer su veredicto tras el juicio oral y público que sentó en el banquillo de los acusados al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la empresa Rey Distribución.

Tras los alegatos, las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio pidieron 10 años de prisión efectiva para el dirigente del gremio de los Moyano y tres años en suspenso para el resto.

Cabaleyro está acusado de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión, por eso la pena solicitada para él es más grave.

En el caso de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo durante los días de protesta frente a la planta.

Además de ellos, está acusado de los mismos delitos que Cabaleyro el dirigente sindical de Camioneros San Pedro Fernando Espíndola, quien eligió la modalidad de trámite abreviado para su juicio.

El debate oral y público se desarrolló durante seis jornadas en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás, por donde pasaron los testigos, peritos y una multiplicidad de elementos de prueba.

La defensa de Cabaleyro, con el abogado sampedrino Mauricio Gugger a la cabeza, planteó en sus alegatos que la causa fue "un guion" orquestado para hacer encajar las piezas de manera tal que su defendido quedara involucrado.

Gabriel Ruiz, defensor de los seis extrabajadores de la empresa, sostuvo que sus pupilos nada tenían que ver con las acusaciones que pesaban sobre los sindicalistas y que ellos solo estaban reclamando sus derechos laborales.

Maximiliano Cabaleyro llegó al juicio detenido con prisión preventiva, desde hace cuatro años, aunque con el beneficio de arresto domiciliario por cuestiones de salud.

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

Los Tribunales de San Nicolás fueron sede este martes de la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

En el inicio de la audiencia, la contadora de la firma Rey Distribución brindó un detallado informe sobre el perjuicio económico sufrido por la compañía durante el piquete y medida de fuerza llevado adelante por la organización gremial a la vez que según indicó el abogado de los trabajadores, Gabriel Ruiz reconoció que los empleados estaban declarados dentro del marco de empleados de comercio y que sus recibos de sueldo eran por media jornada ya que no eran literalmente choferes. De allí surgen las diferencias que se reclaman en favor de los seis trabajadores.

La contadora Patricia Butti sostuvo que se constató una pérdida de unos $ 13.500.000, a valores de febrero de 2021, que traducidos al valor dólar de entonces, significaron más de 140 mil dólares. Todo motivado por el bloqueo que paralizó las actividades de la firma sampedrina a lo largo de cinco días consecutivos, entre el 22 y el 26 de ese mes.

Después del testimonio que posibilitó darle relevancia a las implicancias de la medida adoptada por el gremio, llegó el turno de la declaración de la perita de la Asesoría Pericial, cuyo rol en la audiencia fue la examinar “la validez de los montos exigidos por el gremio y posteriormente abonados por los titulares de la distribuidora”. Tal como informó La Opinión, la pericia es concluyente si se toma como base lo que estipula el convenio del gremio Camioneros y no el de Comercio.

En este caso, lo actuado por la profesional tuvo como finalidad precisar si la deuda reclamada por los representantes sindicales se encuadraba dentro de las normativas existentes o si fue una extorsión contra los empresarios, que sustenta las bases de este juicio.

En la primera jornada, durante más de cinco horas, se pudo escuchar a Gustavo Rey, quien aparece a cargo de la empresa local. En la segunda, además de los contadores comenzó la declaración de Ariel Rey que continuó en la mañana de hoy. Para las próximas jornadas se esperan los testimonios de las partes citadas por los abogados y estiman que no habrá conclusiones hasta la semana próxima.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

Familiares escribieron: "Hola, quería hacer un saludo a nuestro abuelo Pinocho que es su día, hoy es el Día del Camionero. Desde sus 18 años anduvo toda la vida en camiones y hoy queremos felicitarlo porque, además de ser un trabajo también es duro. Le mandamos saludos sus nietos Ciro, Santi, Benja. Te queremos, abuelo". 

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Este lunes 15 de diciembre se celebrará el Día del Camionero y, pese a la conmemoración, el servicio de recolección de residuos se desarrollará con total normalidad en la ciudad y en las distintas localidades del partido. Así lo confirmaron desde la empresa Ashira S. A., concesionaria del servicio.

Desde la firma indicaron que, como ocurre cada año, se aplicará un esquema especial de trabajo que permite sostener la prestación habitual sin interrupciones.

En ese marco, el personal que cumpla funciones durante la jornada percibirá un adicional, en reconocimiento a la fecha y al compromiso laboral.

De esta manera, Ashira garantiza la continuidad de una tarea esencial para la comunidad, asegurando la higiene urbana y el normal funcionamiento del servicio, tanto en el casco urbano como en los barrios y localidades del distrito.

Asimismo, se recordó a los vecinos respetar los horarios habituales para la disposición de los residuos, a fin de colaborar con el normal desarrollo del operativo durante la jornada conmemorativa.

El Gobierno Nacional ratificó la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), más conocida como “Registro Moyano”.

La medida había sido anunciada el año pasado y ahora fue ratificada ante la reforma de algunos puntos de la Ley Tránsito, que incluye la simplificación de la obtención de las licencias de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había determinado darle continuidad hasta que se implemente una nueva normativa, que en pocos días estará vigente.

El LiNTI era un paso obligatorio que los choferes de camiones, de determinadas cargas, debían efectuar para obtener la licencia que los habilite para el transporte interjurisdiccional de cargas, o de pasajeros en el territorio nacional.

A su vez, reconocido por ser un trámite ante el Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo costo era elevado para el conductor, además de demandar varios días para su aprobación. Si un chofer no aprobaba este curso, quedaba inhabilitado para la conducción del transporte de cargas, en las categorías C, D y E (todo relacionado con transporte de cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros).

El valor se aproxima a los $ 500.000 cuando se la gestiona por primera vez, y renovarla es de $ 250.000, examen psicofísico que en nuestra zona se otorgaba en la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás.

El LiNTI fue impuesto por el Sindicato de Camioneros desde hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia, un paso fastidioso para los choferes.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

Los camioneros ya no deberán acudir al Sindicato de Choferes de Camiones por la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para obtener el registro que los habilite para la conducción del transporte de cargas.

De esta manera, concluye uno de los trámites que el Sindicato de Camioneros había logrado imponer hace varios años, vinculante con el otorgamiento definitivo de la licencia. 

Con esto, los profesionales del volante ya no perderán varios de días de trabajo, porque además del psicofísico y la capacitación, existía la demora para su aprobación.

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó la decisión en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto que modifica la Ley Nº 24.653, cuya finalidad es “reducir la carga burocrática y eliminar barreras en el sector”, tema tedioso para los choferes y que abonaban de su bolsillo.

De acuerdo a lo que reza la disposición, la medida entrará en vigencia dentro de 60 días. Desde entonces, se hará efectivo el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que será gratuito y sin necesidad de presencialidad. La inscripción será digital. 

Ahora, “ninguna autoridad provincial o municipal podrá imponer requisitos adicionales a los transportistas que se encuentren bajo este régimen”, informaron.

Otro dato saliente es a partir de qué kilaje se considera transporte automotor de cargas. Lo que antes eran 700 kilogramos, ahora serán desde los 3.500 kilogramos (por lo tanto, los utilitarios quedan exceptuados), y en cuanto a los acoplados o remolques, a partir de 750 kilogramos. Las casas rodantes, remolcadas o autopropulsadas, no tendrán límite de peso.

La LiNTI era el único documento que habilitaba realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. Contaba con tres categorías: Cargas generales, Mercancías peligrosas y Transporte de pasajeros. 

Para la licencia de conducir implicaba las categorías B, C, E (Cargas generales y/o mercancías peligrosas) y la D (Transporte de pasajeros).

Previamente, los requisitos indicaban que el chofer debía realizar el examen psicofísico (en nuestra zona acudían a la Obra Social de Conductores de Camiones, en San Nicolás), que una vez aprobado se incorporaba al sistema provincial de emisión de licencias de conducir, para luego recién proceder al resto del trámite en las oficinas del Municipio, de calle Mitre 1995.

La Justicia nicoleña aceptó como particular damnificada a Cintia Espíndola, una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, en la solicitud de que sea sometido a un juicio por la verdad en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por ella y otros familiares.

En diciembre la Cámara de Apelaciones consideró que, como sostenía su defensa, el paso del tiempo había favorecido a Espíndola ya que los alrededor de 30 años que pasaron desde los hechos denunciados implicaban la prescripción 

Pero también consideró que sería importante que lo sometieran a un juicio por la verdad, que es igual a un proceso común pero sin cumplimiento de pena en el caso de ser hallado culpable.

Para que esa posibilidad avanzara era necesaria la aceptación de las víctimas y Cintia, una de las que desde el primer día hizo pública la situación, decidió instruir al abogado Agustín Tanús para que, en su representación, solicite al Juzgado el inicio del proceso. La Jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, aceptó la presentación, reveló el diario El Norte.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.

Fernando Espíndola fue denunciado por tres sobrinos que convivían con él cuando eran niños y él adolescente. Los denunciantes tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones de las que lo acusan; él, algunos más. Aseguraron que incluso siguió abusando de ellos cuando ya había cumplido la mayoría de edad, por eso la causa se dividió en dos, una en el fuero juvenil y otro en la Justicia ordinaria.

El exconcejal y sindicalista de Camioneros cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, expediente penal por el que también tendrá que rendir cuentas en un juicio.

Si bien los denominados "juicios por la verdad" no tienen consecuencias penales —un veredicto de culpabilidad no implica cárcel— permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.