Mientras se aguarda la habilitación del sistema de fotomultas en San Pedro, la Justicia continúa la investigación sobre la relación entre el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y el titular de Cecaitra, empresa adjudicataria en nuestro distrito, Bernardino Antonio García.

La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta puso en evidencia distintas maniobras que implican la sospecha del montaje de un aceitado sistema de recaudación basado, principalmente, en las multas de tránsito.

La Justicia sospecha que un grupo de funcionarios, bajo la dependencia directa de D'Onofrio, actuó en connivencia con personas ajenas a la administración pública. 

Éstos operaban como "gestores" ofreciendo reducciones del 50% a los deudores de infracciones de tránsito, recaudación que mayormente no ingresaba a las arcas correspondientes.

Además, Garganta también avanza contra D'Onofrio por su presunto favorecimiento a la “asociación civil” —es una cámara que nuclea a empresas del sector— Cecaitra, que desde el 3 de enero de 2022 opera 155 cámaras de monitoreo en varios municipios. 

Aunque hubo debate acerca de si las cámaras contaban con las habilitaciones necesarias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia autorizó la continuidad de su utilización.

Ello permitió que el Gobierno municipal de San Pedro informara en comisión a los concejales que plantearon sus dudas que la continuidad del contrato con Cecaitra está garantizada, independientemente de la investigación judicial, porque “no hay impedimentos”.

El fiscal y el juez Juan Pablo Massi llevan a cabo una instrucción pormenorizada que incluyó allanamientos en la sede de Cecaitra, en la residencia de su presidente, García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en La Plata (intermediaria), con el fin de obtener documentos que validen la habilitación de los equipos y el flujo de fondos.

En total, la causa incluye a 16 imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector. 

Uno de los nombres destacados es el de Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata (la causa está caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ fraude en perjuicio de la Administración Pública”), quien fue  vinculado a viajes frecuentes al exterior junto a la concejala de Pilar Claudia Pombo, persona cercana a D'Onofrio (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, destituida por este escándalo).

Ambos podrían estar involucrados en dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según informes reservados que han llegado desde el extranjero para ser incorporados en la causa.

Aparte de su vínculo con Cecaitra, D'Onofrio enfrenta acusaciones relacionadas con la concesión irregular de servicios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que cobraba comisiones desproporcionadas por cada turno.

En el marco de la causa, no se descarta que las infracciones detectadas por cinemómetros cuestionados, puedan invalidarse legalmente y hasta ejecutar la devolución de lo recaudado por los municipios.

A su vez, otra faceta de la investigación alude a presuntas maniobras de desvío de fondos en 11 municipios, donde se supone que existieron acuerdos simulados para evitar licitaciones utilizando las universidades. 

Como si esto fuese poco, comenzó a surgir la participación de los gremios de los empleados municipales que, en consonancia con los intendentes, advirtieron que una eliminación del sistema de fotomultas implicaría postergar los aumentos salariales.

En San Pedro, Cecaitra fue la única oferente en la licitación, por lo que el convenio de adjudicación tuvo que ser validado por el Concejo Deliberante.

El Municipio de San Isidro decidió suspender por un período de 180 días el funcionamiento del sistema de fotomultas, medida que surge a raíz de irregularidades detectadas en los convenios firmados con las Universidades Nacionales de San Martín (UNSAM) y Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO).

Las casas de altos estudios están bajo sospecha por actuar como intermediarias en muchas licitaciones. Según informaron fuentes oficiales, se identificaron inconsistencias significativas en la tercerización de funciones a empresas privadas, así como ambigüedades en los contratos establecidos, lo que generó preocupación sobre la transparencia y el uso adecuado de este sistema.

La suspensión dispuesta por el intendente Ramón Lanús es de carácter transitorio y tiene como objetivo garantizar que el sistema de fotografías múltiples cumpla con la normativa vigente y que sus aplicaciones no persigan multas recaudatorias, sino que se enfoquen verdaderamente en la seguridad vial.

Durante este lapso, se verán afectados un total de 268 dispositivos, de los cuales 229 son cámaras de semáforo. Las cámaras están diseñadas para registrar infracciones por el cruce en rojo y la invasión de la senda peatonal. 

Toman tres fotos: la primera, antes de que el semáforo se ponga rojo; la segunda, en el momento exacto del cambio; y la tercera, unos segundos después, lo que permite ver la posición del vehículo en cada una de las imágenes.

Luego el análisis es realizado por especialistas de la empresa que deciden si hubo alguna infracción de tránsito.

Una orden de allanamiento emitida por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás—, reavivó la causa una de las estafas que se investiga por el presunto desvío de fondos entre algunos municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), por el sistema de fotomultas.

En esta oportunidad el sitio apuntado fue la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La institución educativa está sospechada de ser intermediario entre los municipios y Cecaitra.

Aquí surgen vinculaciones sorprendentes. Empleados de Cecaitra también son funcionarios de la UTN y habrían suscripto distintos convenios participando de un lado y del otro.

También surgieron de la investigación cuentas bancarias, que en el momento de la distribución de los ingresos no cumplían con los pasos administrativos estipulados por la Universidad. El flujo de las grandes cifras iba directamente a Cecaitra.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con la Cámara “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido”, aprobado por el Concejo Deliberante.

Hace un mes el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, allanó Cecaitra porque “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

A su vez, las multas de Cecaitra tenían una mayor celeridad en los Juzgados de Faltas provinciales y, ante esa fluidez, se anticipaba la cobranza.

Todo lo señalado, y algo más, hizo que el entonces ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciara a su cargo. 

Quedó en medio de un escándalo que surgió a la opinión pública por la manera de facilitar el pago de las multas a través de gestores, que ofrecían descuentos, y que lo recaudado en su mayoría no llegaba al erario. Asimismo, la pareja de D'Onofrio, la concejala de Pilar Claudia Pombo, estaba involucrada en el caso.

Otra causa y con los mismos actores tramita en los Tribunales de Campana. El juez federal Adrián González Charvay investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

La sede de la adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro, la Cámara de Empresas de Control y Administración de infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), fue allanada este lunes a pedido del fiscal Álvaro Garganta, de La Plata.

Según señaló Infobae, el operativo se realizaba en la sede de la mencionada asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. También se realizaba un operativo en el domicilio del presidente de esas cámaras, Bernardino García.

Para el fiscal Garganta, Cecaitra “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

Además, hay denuncias acerca de que las infracciones que detectaba Cecaitra tenían una mayor celeridad sobre el tratamiento en los Juzgados de Faltas provinciales, y con ello mayor fluidez en la cobranza.

Las irregularidades investigadas tienen relación con la gestión del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciante al cargo por el escándalo suscitado pocos meses atrás. 

En aquel momento se descubrió que parte de las fotomultas llegaban a un grupo de gestores, que tendrían vinculación con la expresidente del Concejo Deliberante de Pilar y pareja de D'Onofrio, la edila Claudia Pombo.

Supuestamente, Pombo facilitaba la gestión de estos individuos, quienes ofrecían saldar las deudas por multas de tránsito al 50 %, pero la recaudación no caía en el ámbito del Estado provincial.

Una causa similar, y con actores reiterados, se tramita actualmente en los Tribunales de Campana. En este caso, el juez federal Adrián González Charvay dispuso levantar el secreto bancario de todos los imputados para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con Cecaitra, “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6.661/24”, aprobada por unanimidad en el HCD al ser el único oferente. 

El acuerdo fue firmado junto a Esteban Pizarro, representante de la Cámara, que llegó acompañado por Gabriel Pini y Agustín Novero. “Esto marca un paso importante hacia la modernización del sistema de control de tránsito en la ciudad”, se señaló desde el Municipio en aquel momento.

También se dijo que la implementación de estos controles se vería en las calles en los próximos meses, lo que se aprecia en estos días con el montaje de las cámaras en algunos semáforos de la ciudad, aunque resta terminar la tarea, “un trabajo que viene llevando a cabo la Municipalidad en la prevención de accidentes, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas”.

La empresa que desde sus inicios planificó su crecimiento a partir del esfuerzo de llevar internet a las zonas que no cuenta con conexión comenzó a instalar nuevos sistemas de seguridad y para probarlos dotó de cuatro nuevas cámaras a la transmisión de las elecciones que La Opinión y Sin Galera TV programaron para el domingo 22 de Octubre.

Las ubicaciones fueron anunciadas en el programa de Lilí Berardi y durante toda la jornada del domingo la población podrá observar las imágenes de distintas locaciones.

“Las cámaras que estamos utilizando para cubrir las escuelas son HD tienen Inteligencia Artificial, micrófono, parlante para que se escuche lo que le hablás a la cámara, visión nocturna, reflector led disuasivo”, dijo Emmanuel como responsable técnico de la empresa. Ese dispositivo que se enciende ante cualquier movimiento funciona como alerta para situaciones de inseguridad.

Para esta etapa de propuestas, Simak armó un abono que es menor a lo que cuesta un celular y que se puede pagar por mes con el servicio que prestan de mantenimiento. Lo único que se necesita es tener conexión a internet y a la electricidad, pero para quienes viven en la zona rural sin esos servicios cuentan con una opción innovadora: las cámaras que se alimentan con energía solar.

Quién instale estos sistemas puede observar todo lo que sucede en su campo, su quinta o su casa desde el celular y desde cualquier lugar del mundo.