Mientras se aguarda la habilitación del sistema de fotomultas en San Pedro, la Justicia continúa la investigación sobre la relación entre el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y el titular de Cecaitra, empresa adjudicataria en nuestro distrito, Bernardino Antonio García.

La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta puso en evidencia distintas maniobras que implican la sospecha del montaje de un aceitado sistema de recaudación basado, principalmente, en las multas de tránsito.

La Justicia sospecha que un grupo de funcionarios, bajo la dependencia directa de D'Onofrio, actuó en connivencia con personas ajenas a la administración pública. 

Éstos operaban como "gestores" ofreciendo reducciones del 50% a los deudores de infracciones de tránsito, recaudación que mayormente no ingresaba a las arcas correspondientes.

Además, Garganta también avanza contra D'Onofrio por su presunto favorecimiento a la “asociación civil” —es una cámara que nuclea a empresas del sector— Cecaitra, que desde el 3 de enero de 2022 opera 155 cámaras de monitoreo en varios municipios. 

Aunque hubo debate acerca de si las cámaras contaban con las habilitaciones necesarias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia autorizó la continuidad de su utilización.

Ello permitió que el Gobierno municipal de San Pedro informara en comisión a los concejales que plantearon sus dudas que la continuidad del contrato con Cecaitra está garantizada, independientemente de la investigación judicial, porque “no hay impedimentos”.

El fiscal y el juez Juan Pablo Massi llevan a cabo una instrucción pormenorizada que incluyó allanamientos en la sede de Cecaitra, en la residencia de su presidente, García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en La Plata (intermediaria), con el fin de obtener documentos que validen la habilitación de los equipos y el flujo de fondos.

En total, la causa incluye a 16 imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector. 

Uno de los nombres destacados es el de Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata (la causa está caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ fraude en perjuicio de la Administración Pública”), quien fue  vinculado a viajes frecuentes al exterior junto a la concejala de Pilar Claudia Pombo, persona cercana a D'Onofrio (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, destituida por este escándalo).

Ambos podrían estar involucrados en dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según informes reservados que han llegado desde el extranjero para ser incorporados en la causa.

Aparte de su vínculo con Cecaitra, D'Onofrio enfrenta acusaciones relacionadas con la concesión irregular de servicios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que cobraba comisiones desproporcionadas por cada turno.

En el marco de la causa, no se descarta que las infracciones detectadas por cinemómetros cuestionados, puedan invalidarse legalmente y hasta ejecutar la devolución de lo recaudado por los municipios.

A su vez, otra faceta de la investigación alude a presuntas maniobras de desvío de fondos en 11 municipios, donde se supone que existieron acuerdos simulados para evitar licitaciones utilizando las universidades. 

Como si esto fuese poco, comenzó a surgir la participación de los gremios de los empleados municipales que, en consonancia con los intendentes, advirtieron que una eliminación del sistema de fotomultas implicaría postergar los aumentos salariales.

En San Pedro, Cecaitra fue la única oferente en la licitación, por lo que el convenio de adjudicación tuvo que ser validado por el Concejo Deliberante.

La Justicia de La Plata le dio un respaldo importante a la empresa Cecaitra tras ratificar el uso de los radares en la provincia de Buenos Aires, relacionados con el sistema fotomultas.

La determinación del juez de Garantías Juan Pablo Masi señala que no existe ningún impedimento legal que limite su funcionamiento a través de los cinemómetros instalados en decenas de distritos. 

Por lo tanto, seguirán operando con normalidad, controlando y sancionando infracciones de tránsito, como el exceso de velocidad, tanto en rutas provinciales como en calles municipales.

El sustento de esta determinación es que se descartó que exista alguna medida cautelar vigente que impida a la Provincia o a los municipios utilizar estos dispositivos para la recaudación por infracciones.

Después de la aclaración, Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), salió a ratificar que los dispositivos cuentan con su debida habilitación, cumpliendo con los procedimientos exigidos por la normativa vigente. 

A su vez, puntualizó que “no hay ninguna medida que le imposibilite, tanto al Gobierno bonaerense como a los municipios, la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros”.

La mayoría de estos aparatos pertenecen a esta Cámara, que aún enfrenta otra instancia judicial, de carácter penal, investigada por la conexión con el exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.

Cecaitra es la adjudicataria en San Pedro y ya ha colocado la mayoría del equipamiento a emplearse en la ciudad y las rutas de acceso.

Lo que resta es la puesta en funcionamiento. No sólo detectarán y sancionarán los límites de velocidad, sino también la falta de casco, el uso de celulares o cruzar un semáforo en rojo, entre otras infracciones.

Mientras tanto, en el Concejo Deliberante rechazaron el pedido de “suspensión preventiva inmediata” del contrato, solicitada hasta tanto se esclarezca la situación legal de la empresa, cuyo escándalo alcanzó niveles resonantes en el ámbito político.

El Municipio de San Isidro decidió suspender por un período de 180 días el funcionamiento del sistema de fotomultas, medida que surge a raíz de irregularidades detectadas en los convenios firmados con las Universidades Nacionales de San Martín (UNSAM) y Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO).

Las casas de altos estudios están bajo sospecha por actuar como intermediarias en muchas licitaciones. Según informaron fuentes oficiales, se identificaron inconsistencias significativas en la tercerización de funciones a empresas privadas, así como ambigüedades en los contratos establecidos, lo que generó preocupación sobre la transparencia y el uso adecuado de este sistema.

La suspensión dispuesta por el intendente Ramón Lanús es de carácter transitorio y tiene como objetivo garantizar que el sistema de fotografías múltiples cumpla con la normativa vigente y que sus aplicaciones no persigan multas recaudatorias, sino que se enfoquen verdaderamente en la seguridad vial.

Durante este lapso, se verán afectados un total de 268 dispositivos, de los cuales 229 son cámaras de semáforo. Las cámaras están diseñadas para registrar infracciones por el cruce en rojo y la invasión de la senda peatonal. 

Toman tres fotos: la primera, antes de que el semáforo se ponga rojo; la segunda, en el momento exacto del cambio; y la tercera, unos segundos después, lo que permite ver la posición del vehículo en cada una de las imágenes.

Luego el análisis es realizado por especialistas de la empresa que deciden si hubo alguna infracción de tránsito.

Una orden de allanamiento emitida por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás—, reavivó la causa una de las estafas que se investiga por el presunto desvío de fondos entre algunos municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), por el sistema de fotomultas.

En esta oportunidad el sitio apuntado fue la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La institución educativa está sospechada de ser intermediario entre los municipios y Cecaitra.

Aquí surgen vinculaciones sorprendentes. Empleados de Cecaitra también son funcionarios de la UTN y habrían suscripto distintos convenios participando de un lado y del otro.

También surgieron de la investigación cuentas bancarias, que en el momento de la distribución de los ingresos no cumplían con los pasos administrativos estipulados por la Universidad. El flujo de las grandes cifras iba directamente a Cecaitra.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con la Cámara “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido”, aprobado por el Concejo Deliberante.

Hace un mes el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, allanó Cecaitra porque “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

A su vez, las multas de Cecaitra tenían una mayor celeridad en los Juzgados de Faltas provinciales y, ante esa fluidez, se anticipaba la cobranza.

Todo lo señalado, y algo más, hizo que el entonces ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciara a su cargo. 

Quedó en medio de un escándalo que surgió a la opinión pública por la manera de facilitar el pago de las multas a través de gestores, que ofrecían descuentos, y que lo recaudado en su mayoría no llegaba al erario. Asimismo, la pareja de D'Onofrio, la concejala de Pilar Claudia Pombo, estaba involucrada en el caso.

Otra causa y con los mismos actores tramita en los Tribunales de Campana. El juez federal Adrián González Charvay investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

Uno de los tótems que Cecaitra está montando en estos días en los accesos a la ciudad se encuentra en el Camino Crucero General Belgrano, a la altura del puente de metal de acceso a la escuela Nº 27.

Habrá otros que se distribuirán entre la ruta 1001, la ruta 191 y ruta nacional 9. Las demás cámaras se ubicarán en seis esquinas con semáforos, de las cuales tres ya están colocadas para establecer infracciones como uso de casco, celulares, cinturones de seguridad y velocidad.

El allanamiento a Cecaitra, la organización que ganó la licitación del sistema de fotomultas en San Pedro, dejó comentarios en su gran mayoría irreproducibles, pero que evidencian el parecer de los sampedrinos con la contratación de una empresa altamente cuestionada.

Si la finalidad fuera contribuir con la seguridad vial, es razonable. Pero, para ello, habrá deberes que realizar como complementarlo: una correcta señalización, tanto vertical como horizontal, como lo expresa la Ley Nacional de Tránsito. 

Además de contar con equipos homologados, una de las bases en la que sustentan sus fallos algunos juzgados, para despejar dudas sobre los fines recaudatorios.

A eso tendrá que ajustarse el Municipio para evitar una catarata de cuestionamientos sobre la legalidad de las fotomultas.

Que la Justicia haya caído sobre Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) no es casualidad, pero sí es muy grave. 

La empresa está envuelta en un escándalo de corrupción con “arreglos” de multas, sospechas que recaen también al exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, quien renunció por el tema, jueces provinciales de Faltas que las avalaban, gestores y funcionarios de la misma cartera bonaerense.

Tras la requisa dispuesta días pasados desde un Juzgado de La Plata, que lleva a cabo una de las investigaciones -existen otras causas-, ahora es el gobierno de Axel Kicillof el que debe definir si avanzan con miles de infracciones sancionadas o se anulan.

La investigación judicial se orienta a que las cámaras utilizadas podrían carecer de la debida autorización, y que esto impacta sobre la legalidad de las multas registradas. Algo similar se dio en otros distritos, algunos con fallos judiciales como lo ocurrido en Cañuelas, donde muchas debieron dejarse sin efecto.

En cambio, muchas se cobraron, entraron en la red de la asociación ilícita de varios involucrados, quienes finalmente serían los acreedores de esa recaudación. Esta es la base de la investigación judicial.

La sede de la adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro, la Cámara de Empresas de Control y Administración de infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), fue allanada este lunes a pedido del fiscal Álvaro Garganta, de La Plata.

Según señaló Infobae, el operativo se realizaba en la sede de la mencionada asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. También se realizaba un operativo en el domicilio del presidente de esas cámaras, Bernardino García.

Para el fiscal Garganta, Cecaitra “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

Además, hay denuncias acerca de que las infracciones que detectaba Cecaitra tenían una mayor celeridad sobre el tratamiento en los Juzgados de Faltas provinciales, y con ello mayor fluidez en la cobranza.

Las irregularidades investigadas tienen relación con la gestión del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciante al cargo por el escándalo suscitado pocos meses atrás. 

En aquel momento se descubrió que parte de las fotomultas llegaban a un grupo de gestores, que tendrían vinculación con la expresidente del Concejo Deliberante de Pilar y pareja de D'Onofrio, la edila Claudia Pombo.

Supuestamente, Pombo facilitaba la gestión de estos individuos, quienes ofrecían saldar las deudas por multas de tránsito al 50 %, pero la recaudación no caía en el ámbito del Estado provincial.

Una causa similar, y con actores reiterados, se tramita actualmente en los Tribunales de Campana. En este caso, el juez federal Adrián González Charvay dispuso levantar el secreto bancario de todos los imputados para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con Cecaitra, “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6.661/24”, aprobada por unanimidad en el HCD al ser el único oferente. 

El acuerdo fue firmado junto a Esteban Pizarro, representante de la Cámara, que llegó acompañado por Gabriel Pini y Agustín Novero. “Esto marca un paso importante hacia la modernización del sistema de control de tránsito en la ciudad”, se señaló desde el Municipio en aquel momento.

También se dijo que la implementación de estos controles se vería en las calles en los próximos meses, lo que se aprecia en estos días con el montaje de las cámaras en algunos semáforos de la ciudad, aunque resta terminar la tarea, “un trabajo que viene llevando a cabo la Municipalidad en la prevención de accidentes, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas”.

“Lo que se va a instalar tiene que ver con el control del tránsito y con esto poder mejorar el tráfico en la ciudad, y por ende evitar posibles accidentes”, dijo el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, al explicar la finalidad de la instalación del sistema de fotomultas en la ciudad y los accesos.

“En principio se hizo un trabajo junto con esta empresa. Básicamente, los equipos instalados harán diferentes tipos de controles, en distintos lugares. Serán sobre la utilización de casco, el cinturón de seguridad, el uso de celular, la invasión de la senda peatonal, la velocidad y el cruce de semáforo en rojo”, explicó el funcionario.

“Lo que buscamos en el Municipio, con los controles tránsito que se realizan, con las charlas de capacitación y de concientización, y también con la aplicación de tecnología, es evitar accidentes”, explicó en Sin Galera.

En agosto del año pasado el Concejo Deliberante autorizó la aplicación de la tecnología para el control del tránsito en general, al aprobar a CECAITRA como única oferente de la licitación que el Departamento Ejecutivo había realizado.

En los últimos días se apreció que, en algunas esquinas de San Pedro, donde existen semáforos, se fueron colocando cámaras que estarán destinadas a la aplicación de este sistema.

“Los equipos que van a determinar distintas infracciones. Algunos sancionarán el cruce de semáforo en rojo y la senda peatonal. También va a haber dos equipos que determinen el uso del casco y otros dos que determinen sancionen el uso de celular y la falta de cinturón de seguridad”, agregó Baraybar.

CECAITRA recolectará la información, la procesará y determinará si hubo una falta. Luego serán los Juzgados quienes sancionen, puede ser el de Faltas local o el provincial, de acuerdo a donde se produzca la infracción.

Además de las seis cámaras que se dispondrán en la ciudad, habrá controles en los accesos a San Pedro. “Todos los que conducimos sabemos que debemos usar el cinturón de seguridad, que no debemos utilizar el teléfono celular mientras estamos manejando, que los que conducen motos tienen que utilizar el casco. Buscamos cambios de costumbres, que se respeten las normas de tránsito”, aseveró el secretario de Gobierno.

“Debemos cumplir las normas que contribuyen a vivir mejor. Hay una cuestión cultural que obliga cambiarla”, indicó.

Las tres primeras cámaras que conformarán el sistema de fotomultas que se ubicarán en el radio urbano y los accesos a San Pedro comenzaron a ser colocadas en los últimos días.

La empresa Cecaitra, única oferente en la licitación lanzada en agosto del año pasado, ya instaló dispositivos en las esquinas de Sarmiento y 3 de Febrero, 11 de Septiembre y Casella, y 3 de Febrero y Rómulo Naón, y próximamente lo hará en otras tres esquinas donde exista un semáforo.

Los dispositivos permtirán labrar infracciones de tránsito a conductores de todo tipo de vehículo.

El convenio también prevé la cobertura de los ingresos/egresos a la ciudad. Aquí se ubicarán tótems que permitirán registrar las patentes y la velocidad de los rodados, sin que se traduzcan en multas, en un principio.

En este caso se cubrirán las rutas provinciales 1001 y 191, como así también la ruta nacional 9.

Al ser la única empresa que se presentó en la licitación, Cecaitra tuvo su aprobación por el Concejo Deliberante, de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El pliego establecía la instalación de cuatro cinemómetros fijos para control de velocidad y tres lectores de patentes en los accesos. Asimismo, seis equipos de control en esquinas con semáforos.

El convenio estipula que las multas serán dirigidas al Juzgado de Faltas, y que la distribución de lo recaudado será la siguiente:

*Rutas 191 y 1001: 40 % para Cecaitra, 40 % para la Municipalidad, 20 % para la Dirección Provincial de Seguridad Vial.

*Ruta 9: 50 % para Cecaitra, 20 % para la Dirección Provincial de Seguridad Vial, 5 % Agencia de Seguridad Vial, y 25 % el Municipio.

*Ciudad de San Pedro: 100 porciento para el Municipio.

En cuanto al equipamiento, Cecaitra aporta la tecnología y el software, además del mantenimiento técnico.

“No le echo la culpa a la gente del cementerio pero la verdad es que no entiendo estas cosas”, dijo el tío de Morena Jazmín Cáceres, una nena de diez años que falleció hace pocos meses y a la que le prometió llegar todos los días hasta el lugar para recordarla.

Su familia lleva periódicamente juguetes, peluches, flores “y plantas que a ella le gustaban tanto”, comentaron a La Opinión como muchos otros deudos que ven dañado el lugar o no se explican el motivo de un vandalismo tan salvaje.

“No son cosas de valor, pero para nosotros tienen todo el valor porque eran de ella o para ella”, dijo angustiado el hermano del papá de la nena que falleció a consecuencia de una enfermedad.

“Le digo la verdad yo no entiendo mucho de esto y nunca llegué a esto. Pero necesito que alguien haga algo . No que quede en la nada como siempre. Que se tapa todo”, agregó Brian.“El tema es que se roban todo del cementerio, ni una flor le podés llevar a un familiar que se la roban y como siempre nadie ve nada y ni las cámaras ven nada”.“Lamentablementé si no tenés contactos o plata no somos nada, nadie ve la realidad de la cosas y el intendente mira para otro lado, como pasó hace poco con la tapa que se vendían en el cementerio y siguen trabajando”, concluyó este familiar que se suma a la larga lista de quienes han denunciado en la justicia y en el municipio los hechos de los que han sido víctimas.“Le agradezco por escucharme y estamos tratando de salir adelante por la pérdida de mi sobrina, nos dolió mucho, estuvimos luchando mas de 2 años con esa criatura, ella tubo un tumor cerebral y la luchó hasta lo último y ahora que nos pase esto y ella no pueda descansar en paz, solo pido eso”…“Quiero que se haga público y que el intendente se haga cargo. No solo promesas, como pasa siempre y como hizo con el barrio, que hace unos años estuvo acá en el barrio Bajo Cementerio y nos prometió el sol y la luna y todavía lo estamos esperando. Y qué hicieron por la gente del barrio que se inunda cada vez que lleve?, nada. Yo soy uno de ellos y lo único que hicieron es dar unos paquetes de fideos apolillados”. “Se cae de maduro si todos se quejan de los robos y todo lo que pasa en el cementerio y si pasa todo de día. Pusieron postes que supuestamente eran para las luminarias y cámaras, ahí están haciendo nidos los pájaros”, concluyó el tío de la nena.

El secretario de Coordinación del gabinete municipal, Hernán Contreras se refirió al sistema de cámaras de videovigilancia municipal luego de que surgieran dudas respecto de la cantidad de dispositivos que están funcionando en la ciuda.

Recordó que desde la última licitación son 48 cámaras que forman parte del sistema público de videovigilancia cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo ubicado en calle Mitre frente a la Comisaría, en el denominado “Polo de Seguridad” municipal.

“El 90 por ciento debería estar en fibra óptica”, dijo. Precisó que 43 están conectadas de esa manera y que el mantenimiento, cuya licitación se lanzó el año pasado, está adjudicada a Telecom, que es la misma empresa que las colocó cuando todavía se llamaba Cablevisión.

“Una vez por mes la empresa viene a reparar las que lo necesiten”, dijo Contreras y reveló que las cámatas que están alejadas del centro sufrieron daños y robos de cables. “Se ha tenido que reparar y para eso se tiene que requerir un equipo especializado y lleva tiempo”, señaló.

El funcionario señaló que durante la reunión con vecinos hubo quienes se refirieron al funcionamiento de pocas cámaras, algo que, aseguró, ocurría antes de que Salazar llegara al Gobierno y lanzara la licitación para la instalación del nuevo servicio, que ganó Cablevisión.

“Tenemos un contrato que la empresa cumple. El personal está. Es un gran desafío poder trabajar en la prevención y enviar información precisa a las fuerzas”, señaló y explicó que en el Centro de Monitoreo “hay distintos turnos de trabajo, dos o tres operadores por turno”.