Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, detenido con prisión domiciliaria en el marco de la causa por “pedir coima” para “dejar trabajar” a la empresa sampedrina Rey Distribución fue suspendido preventivamente como concejal en San Nicolás.

Edil electo en 2019 por el Frente de Todos, Cabaleyro cumplirá mandato en diciembre. Luego de ser detenido el 8 de abril del año pasado, el sindicalista había pedido licencia en su banca en el HCD nicoleño.

Ahora, el oficialismo de esa ciudad, que responde al intendente de Juntos Manuel Passaglia, logró aprobar el proyecto para suspenderlo preventivamente mientras se resuelve la situación judicial que lo mantiene detenido con prisión preventiva a la espera del jucio oral y público, cuya elevación fue solicitada por la fiscala Viviani.

El bloque Juntos propuso la suspensión preventiva que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para miembros del Concejo Deliberante que se encuentren detenidos con prisión preventiva, como esl caso de Cabaleyro, aunque esa figura quedó firme contra él y contra el sindicalista sampedrino Fernando Espíndola en junio, semanas después de que le aprobaran la licencia.

Los ediles de Juntos San Nicolás consieraron “sumamente necesario brindar un mensaje claro a toda la sociedad sobre la responsabilidad institucional de esge Honorable Concejo Deliberante”. La LOM prevé la destitución de los concejales cuando hayan sido condenados con sentencia firme por algún tipo de delito doloso.

Desde la oposición a Passaglia, la concejala que preside el bloque Frente de Todos al que pertenece Cabaleyro consideró “un mamarracho” la medida. “No ay otra explicacion que no sea electoral”, dijo durante la votación y aseguró que el oficialismo decidió “hablar de esto sólo para aparecer en la tapa de un diario”.

“¿No les preocupa la inseguridad, la salud la educación? ¿Qué proyectos presntaron hoy para cambiarle la vida a las y los nicoleños?”, se preguntó en sesión la también presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás y precandidata a intendenta de Unión por la Patria.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui rechazó el pedido de excarcelación, cese de la prisión preventiva y cambio de carátula que el abogado Mauricio Gugger interpuso en defensa de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes seguirán detenidos acusados de extorsionar a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

Gugger había solicitado que se baje la calificación penal de manera tal que recuperen la libertad y para ello se basó en audios que forman parte de escuchas telefónicas que ordenó la Justicia pero que no habían sido aportadas al cuerpo de la causa.

Maiztegui consideró que en el devenir del proceso “no se vislumbra afectación alguna a la parte acusada ni a los principios y garantías constitucionales.

La jueza le dice a la defensa que desconoce el caudal probatorio que obra en la causa y que fue tenido en cuenta para dictar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola.

Considero que la pretensión de la defensa del cese de prisión preventiva o cambio de calificación de legal con consecuente excarcelación no pueden prosperar.

Maiztegui consideró que se encuentran reunidos los requisitos que exige la ley para mantener a Cabaleyro y Espíndola detenidos con prisión preventiva en esta etapa del proceso penal en su contra”, como pretendía la defensa y consideró “no brinda ningún argumento que permita el cambio de calificación”.

La jueza Sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, que “no se han agregado a la causa nuevos elementos de prueba” tendientes a reconsiderar esa situación y que los planteos de la defensa no alcanza para modificar el estado de cosas.

“No hay prueba que pudiera modificar el estado procesal de los imputados”, aseguró Maiztegui y recordó en su fallo que los delitos por los que están acusados tienen una pena en expectativa de entre cinco y 25 años de prisión, por lo que no resultan excarcelables.

Viviani se opuso al planteo de Gugger y en su escrito señaló que esas escuchas telefónicas aportadas “no fueron ocultadas sino que no eran de interés para la investigación”.

Esas conversaciones, dijo la fiscala, “son en términos pacíficos” y, señaló, “no se desprende (de ellas) elemento ilícito alguno que configure delito o que incorpore elemento desincriminante”.

“La víctima no hace otra cosa que tratar de salir adelante de la sitaución por miedo a volver a que se paralice la empresa, la afectación psicológica y la intimidación que sufrió”, dijo sobre los términos en los que Gustavo Rey conversa con Maximiliano Cabaleyro por teléfono.

Para Viviani hay abundante prueba para considerar que “se obligó a la empresa Rey Distribución SRL por medio de una intimidación al contador de la empresa a firmar un documento reconociendo la deuda”.

“El único que se beneficia es el propio sindicato, a expensas de los trabajadores”, acusó la fiscala, que sostiene que “está debidamente probado que la intimidación existió, el método extorsivo que utilizaron para lograr que la empesa arribe a ese convenio de pago en vez canalizar el reclamo por la vía legal”.

“La acción coercitiva por parte de los imputados sobre la empresa fue la que determinó la suscripción del convenio de pago reconociendo una deuda ilegítima”, acusó la fiscala.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.

Maximiliano Cabaleyro, sindicalista por herencia del gremio de Camioneros de San Nicolás y concejal por el Frente de Todos de esa ciudad que entró de licencia tras ser detenido, permanece alojado en una celda de la unidad penal 3 de San Nicolás a la espera de una resolución judicial sobre su pedido de prisión domiciliaria.

El sindicalista está detenido desde el 8 de abril, cuando la Justicia ordenó su captura en el marco de una causa que comenzó cuando los titulares de la empresa Rey Distribución lo denunció por “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” en medio de un conflicto laboral.

Cabaleyro está imputado por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión junto al sindicalista de Camioneros de San Pedro, Fernando Espíndola, cuya prisión domiciliaria ya fue rechazada en las dos instancias previstas por el sistema de Garantías penal.

Con la asistencia del abogado Mauricio Gugger, el planteo de Maximiliano Cabaleyro ante la Justicia para que le otorgue la posibilidad de atravesar el proceso penal camino al juicio detenido en su casa con pulsera electrónica está basado en cuestiones de salud y de malas condiciones de detención en la superpoblada cárcel nicoleña. El de Espíndola también, pero fue rechazado en las dos instancias.

Arraigo, contención familiar, domicilio conocido, mal estado de los establecimientos carcelarios, problemas de salud apoyados con certificados médicos, presencia de cámaras de seguridad en su casa y hasta fianza o caución real forman parte del planteo.

La propuesta de prisión domiciliaria es para que Cabaleyro la cumpla en su casa del barrio Avambae, donde convive con su esposa, vivienda que fue visitada por una asistente social. Cabaleyro y su pareja tienen una familia ensamblada: dos hijos son de él y una mujer con la que tuvo matrimonio anterior, y uno es de ella con su exmarido.

Los hijos viven de manera alternada entre el hogar de Cabaleyro y el de sus otros progenitores, una semana en cada vivienda. La casa del sindicalista está sobre una calle pavimentada alejada del radio céntrico de la ciudad.

La casa es de la esposa de Cabaleyro y él se mudó allí en 2019. Desde entonces, colaboró para refacción de la vivienda, que tiene dos pisos, con el dormitorio matrimonial en la planta alta y otros dos en la baja. El acceso es un amplio portón eléctrico. Además del living y la cocina-comedor unidos en un mismo ambiente, el inmueble tiene quincho y piscina.

Hay wi-fi, cable y cámaras de seguridad con monitoreo las 24 horas, además de todos los servicios básicos esenciales. No tiene telefonía fija pero sí hay celulares en el hogar. La perito que recorrió la casa fue recibida en la cocina por una “amable, respetuosa y abierta al diálogo” pareja de Cabaleyro.

La pareja del sindicalista, que se casó con él en octubre de 2018, expresó sus intenciones manifiestas de ayudarlo y de recibirlo de nuevo en la casa en caso de que se le otorgue la medida de atenuación de su privación de la libertad. Además, señaló su preocupación por la posibilidad de que su esposo recaiga en el consumo de drogas.

Cabaleyro dejó de consumir prácticamente cuando comenzó su relación con su actual pareja. En la sede de la vieja iglesia Pompeya concurría a un grupo de narcóticos anónimos. El encierro, consideró ella, podría devolverlo a la problemática.

En el escrito obra no sólo la situación de adicto a las drogas en recuperación de Cabaleyro, que además está en tratamiento por hipercolesterolemia. Como se dijo, el sindicalista está “limpio” del consumo de cocaína, marihuana y otros estupefacientes desde hace casi cinco años, período desde el que formaba parte de un grupo de autoayuda para el control de las adicciones. Había comenzado a consumir a los 21 años. Hoy tiene 43.

En la audiencia el propio Cabaleyro dijo que está “en riesgo en forma permanente” por la cantidad de drogas que circula dentro de la cárcel donde está alojado. Señaló además que pidió estar en contacto con los grupos de adictos en recuperación dentro de la unidad penal, sin respuesta.

Su situación cardíaca es normal, determinaron los estudios médicos. El aumento del colesterol fue consignado. Los antecedentes de dislipemia fueron señalados con la preocupación respecto de la falta de tratamiento, por lo que los médicos recomendaron que retome la rosubastatina diaria.

Cabaleyro acusó desde que está alojado en la UP3 un dolor torácico prolongado “con sensación de cosquilleo en su miembro superior izquierdo”. Cuando se pasa el dolor, dijo, le queda una sensación de fatiga como si lo “hubieran molido a palos”.

Maximiliano Cabaleyro mide 1,79 m y pesa alrededor de 105 kilos. Es decir que está en una situación de obesidad de primer grado. La recomendación médica tras la pericia fue “modificar hábitos higiénicos y dietéticos” que impliquen un régimen hipocalórico e hipograso sin ingesta de etanol y gaseosas dulces, con actividad física aeróbica de intensidad leve a moderada de frecuencia diaria.

Los estudios, en general, señalan que todo está “dentro de los valores normales”, con excepción del colestrol y los triglicéridos. Aconsejan que deje la única adicción que mantiene: el tabaquismo.

Para la fiscala María del Valle Viviani, de esas pericias surge que “no existe ninguna circunstancia que amerite la concesión de la medida” de prisión domiciliaria, por eso se opuso y logró el rechazo en primera instancia. No hay “un diagnóstico de enfermedad que no se esté siendo atendida en la UP3”, destacó la titular de la UFI 7.

La defensa de Cabaleyro hizo hincapié en las pésimas condiciones de detención que tanto él como los otros más de 900 detenidos padecen en la unidad penal 3 de San Nicolás. El sindicalista duerme en una cama en altura de la que se cayó varias veces. Cuestionó que le dan de comer “polenta y fideos incomibles” y que a veces aparecen cucarachas en la comida.

El Servicio Penitenciario, señalaron, no les provee de elementos de higiene y limpieza, los que recibe de su familia, así como alimentos de mejor calidad que la que ofrece el Estado a los detenidos. En el pabellón de Sanidad, donde se encuentra, hay 94 presos. Para todos ellos hay dos baños, dos duchas y una pileta para lavar ropa y utensilios.

En la audiencia, Cabalyero dijo que está “tranquilo” respecto de lo que se le acusa y sostuvo que sabe que “Dios y el poder superior tomarán sus riendas y le darán fuerzas”, no sin advertir que “quienes están haciendo las cosas mal, pagarán por ello.

Reclamó en la audiencia no poder compartir lo días con su padre, que estaba enfermo de cáncer y falleció el 7 de octubre pasado, y no haber podido compartir el cumpleaños de su hijo ni el propio con el resto de su familia.

Los abogados defensores insistieron durante la audiencia respecto de que Cabaleyro sí tiene una enfermedad, contra lo que planteó Viviani, en alusión a las adicciones a las drogas.

El Juzgado de Garantías, cuando rechazó el pedido inicial, destacó que la situación de Espíndola era más complicada desde el punto de vista de la salud y que todo ello fue tenido en cuenta para otorgarle la domiciliaria, aunque luego Cámara lo revocó y obligó a que permanezca en la cárcel.

La jueza que rechazó el pedido dijo no desconocer la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario, pero dejó en claro que otorgarle la prisión domiciliaria, a su entender, pondría en riesgo el proceso por lo que consideró que debe permanecer en la celda de la unidad penal.

Apelada la decisión de la jueza María Eugenia Maiztegui, ahora será el tribunal de Alzada, la Cámara de Garantías y Apelaciones, la que analice estos aspectos para resolver si otorga o no la prisión domiciliaria al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro.

El sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro seguirá detenido en la Unidad Penal 3 de esa ciudad en el marco de la causa por “pedido de coimas” que la Justicia tramita en su contra, puesto que el Juzgado de Garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria interpuesto por su defensa.

Al igual que en el caso del sampedrino Fernando Espíndola, el Juzgado no hizo lugar al planteo para que atraviese la prisión preventiva en su casa, con pulsera electrónica, a pesar de las cuestiones de salud que señaló el abogado defensor, Mauricio Gugger, y las malas condiciones de detención imperantes en la sobrepoblada cárcel de San Nicolás.

Gugger confirmó a La Opinión que, tras el fallo contrario al planteo, apelará para que la Cámara de Apelaciones y Garantías revise la decisión y se expida al respecto. Mientras tanto, Cabaleyro seguirá en una celda de esa unidad penitenciaria donde lo trasladaron cuando le dictaron la preventiva.

La Cámara ya había rechazado el planteo de Gugger respecto de Espíndola cuando el Juzgado denegó el arresto domiciliario. Ahora, el Tribunal deberá analizar lo resuelto en el caso de Cabaleyro y definir si sigue preso en la cárcelo o lo beneficia con una detención controlada en su casa.

Cabaleyro y Espíndola fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Tuvo lugar este martes en los Tribunales de San Nicolás la audiencia pautada para poner en análisis del Juzgado de Garantías el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia por el Frent de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones había dejado firme el fallo que dispuso prisión preventiva para Cabaleyro y para el dirigente sindical de San Pedro Fernando Espíndola, pero había ordenado que las audiencias por el pedido de prisión preventiva, otorgado en primera instancia y luego anulado, se desarrollaran desde cero.

Este martes se desarrolló la correspondiente a Cabaleyro, cuyo defensor, el abogado sampedrino Mauricio Gugger, planteó cuestiones vinculadas a la salud del sindicalista preso para solicitar que atraviese el proceso camino al juicio con el beneficio de arresto domiciliario, es decir en condición de detenido pero en su casa, con tobillera electrónica.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a los planteo de Gugger y ahora el Juzgado de Garantías tiene hasta cinco días hábiles para expedirse, aunque se espera que lo haga antes del fin de semana, respecto de si otorga el beneficio o no.

Se espera que cualquiera sea el resultado de esta audiencia, la parte no favorecida apele la decisión del Juzgado, por lo que todo indica que será luego la Cámara de Apelaciones y Garantías la que defina el futuro procesal de Cabaleyro, tal como sucedió con Espíndola.

En el caso del sampedrino, a pesar de las diversas situaciones relacionadas con su salud que expuso el abogado Mauricio Gugger, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo del Juez de Garantías que había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

Así, Espíndola quedó alojado en una cela de la Unidad Penal 3 de San Nicolás mientras se sustancia el proceso en su contra en el marco de la causa por la que fue detenido el 8 de abril pasado junto a Maximiliano Cabaleyro.

Ambos fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola seguirá detenido en la cárcel. Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, que revocó el arresto domiciliario con que había sido beneficiado en primera instancia.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso y apeló la prisión domiciliaria con pulsera electrónica que por cuestiones de salud del detenido había aceptado conceder el juez de Garantías Román Parodi y el Tribunal hizo lugar al planteo.

Fernando Espíndola no llegó a ser trasladado a su casa para cumplir la prisión preventiva que la Justicia dictó en su contra en la causa en la que está acusado, junto a Maximiliano Cabaleyro, de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

La defensa de Espíndola había planteado la necesidad de que el imputado continuara el proceso en su casa con arresto domicilario y pulsera electrónica porque padece diabetes y las condiciones de detención en la Unidad Penal 3 agravarían su estado.

Viviani se opuso y apeló. La Cámara falló a favor del planteo de la titular de la UFI 7 y decidió revocar la resolución de primera instancia, por lo que el sindicalista seguirá alojado en la cárcel de San Nicolás mientras se sustancia la causa camino al juicio.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás este martes al mediodía, en el marco de la causa por extorsión y coacción que los mantiene detenidos desde el 8 de abril pasado.

“Estábamos a la espera”, confirmó el abogado Mauricio Gugger, que representa a ambos dirigentes. El traslado estaba pedido por parte de la Justicia para que cumplan en un calabozo del Servicio Penitenciario Bonaerense. la prisión preventiva ratificada en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

A post shared by Diario El Norte (@diarioelnorte.sn)

Desde que fueron detenidos, Cabaleyro y Espíndola estaban alojados en la sede de la DDI de San Nicolás. Tras la resolución de Cámara, deberán pasar los meses que tienen por delante en una unidad carcelaria, aunque todavía resta una audiencia para que el Juzgado interviniente resuelva sobre el pedido de arresto domiciliario que interpuso la defensa y que la Cámara dispuso debe ser revisado desde cero.

El líder regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el referente del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, fueron detenidos en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió este miércoles respecto de la situación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y confirmó la prisión preventiva contra ambos y además anuló arresto domiciliario con el que habían sido beneficiados.

Los jueces Eduardo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Moreno resolvieron rechazar el recurso de apelación planteado por el abogado defensor Mauricio Gugger y dejar firme la medida de prisión preventiva contra ambos detenidos acusados de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

También resolvieron hacer lugar al pedido de la fiscala María del Valle Viviani y anularon la medida de atenuación de prisión, es decir que dejaron sin efecto el beneficio de arresto domiciliario otorgado.

Aun así, los magistrados dispusieron devolver al Juzgado de Garantías el expediente para que resuelva la petición de la Defensa, previa audiencia y vista de Fiscalía, como si analizara de cero, el incidente de arresto domiciliario solicitado por Gugger.

Así, los detenidos permanecen alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de que el Juzgado resuelva su situación respecto de dónde deberán cumplir los ocho meses de prisión preventiva que tienen por delante, si tras las rejas o en sus viviendas.

La Cámara de Apelaciones y Garantías entiende que existe “peligro de la frustración de lso fines del proceso” y que “de hallarse en libertad” Cabaleyro y Espíndola “podrían fugarse”. En ese sentido, señalaron que podrían “incidir en forma manifiesta” sobre “las restantes diligencias, testimonios y conductas de sus afiliados con el interés que talescondiciones resulten de sus respectivas conveniencias y temores”.

Respecto del arresto domiciliario con pulsera electrónica, los jueces indicaron que el juez Parodi, que subrogó a Maiztegui en la audiencia, no tuvo en cuenta la posición al respecto de la fiscala Viviani, por lo que decidieron anular el beneficio y devolverlo a Garantías para que se cumpla el procedimiento, por ello es que vuelve “a cero” la instancia de debate respecto de la morigeración.

Más de dos semanas pasaron desde que el juez de Garantías Román Parodi, subrogante de María Eugenia Maiztegui, dispuso que los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanezcan detenidos con prisión preventiva pero con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” que denunció la empresa Rey Distribución.

Ambos contiúan alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías, puesto que tanto la defensa, cargo del abogado sampedrino Mauricio Gugger, como la Fiscalía de María del Valle Viviani apelaron el fallo del juez de Garantías.

Consultado por La Opinión, Gugger informó que todavía están a la espera de la resolución de Cámara. La decisión podría aparecer este viernes o bien la semana que viene. Los magistrados deben definir si dejan firme lo que Parodi dispuso para ambos acusados.

En el caso de la Defensa, el planteo es de excarcelación. Gugger apeló la decisión que dispone que permanezcan detenidos con prisión preventiva porque considera que no hay riesgo de que Espíndola y Cabaleyro se fuguen o entorpezcan la investigación.

Por su parte, la fiscala Viviani apeló el beneficio de arresto domiciliario porque entiende que deberían permanecer detenidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense y no en sus viviendas, ya que de esa manera podrían interferir en el devenir de la causa.

El secretario General del Sindicato de Camioneros de la regional San Nicolás y concejal del Frente de Todos ahora de licencia Maximiliano Cabaleyro y su delegado en San Pedro, Fernando Espíndola, están acusados de bloquear la planta de la empresa Rey Distribución y de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos alojados en la sede de la DDI de San Nicolás y allí seguirán mientras se resuelven las apelaciones planteadas a la Cámara de Garantías por la defensa y la Fiscalía tras la decisión del juez Parodi de dictar la prisión preventiva para ambos.

El abogado defensor, Mauricio Gugger, apeló la prisión preventiva y consideró que si recuperaran la libertad no habría riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, motivos en los que debe fundarse la medida.

Por su parte la fiscala María del Valle Viviani apeló la decisión del juez Parodi de beneficiar a los detenidos con el arresto domciliario para que cumplan la preventiva en sus viviendas.

Ahora, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás deberá resolver ambos planteos y expedirse respecto de si Cabaleyro y Espíndola recuperan la libertad o siguen detenidos, y en caso de permanecer con prisión preventiva si lo hacen en la cárcel o en sus domicilios.

El abogado Mauricio Gugger señaló a La Opinión que esperan para la semana que viene la decisión de la Cámara y que mientras tanto sus defendidos permanecerán en las mismas condiciones de detención que hasta ahora.

Ambos sindicalistas están acusados de extorsión y coacción tras haber sido denunciados por los integrantes de la empresa Rey Distribuciones, quienes los acusaron de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.