El abogado de los extrabajadores de la empresa Rey Distribución, absueltos junto al dirigente sindical de Camioneros Maximiliano Cabaleyro en el juicio por el bloqueo de 2021, anunció en Sin Galera que llevará a la firma comercial a la Justicia tributaria.

Gabriel Ruiz informó que llevará adelante acciones legales contra la empresa por presunta evasión fiscal e irregularidades en la contratación laboral de su personal. Ademas, anticipó que promoverá un pedido de destitución contra el concejal Ariel Rey, uno de los socios.

Ruiz fundamentó su postura en la documentación laboral vinculada a Edgardo Di Mayo, uno de los exempleados que había sido propuesto como delegado sindical. y que fue llevado a juicio. 

Según explicó, la empresa inscribió al trabajador bajo una categoría y modalidad que no reflejaba las tareas efectivamente desempeñadas, lo que formó parte de la pericia contable que se reveló en el proceso judicial.

Señaló que en el alta de Di Miayo, cuando lo registraron, “lo pusieron como maestranza y a tiempo parcial”, a pesar  de que era chofer de uno de los camiones de reparto.

“Tiempo parcial significa cuatro horas. Estuvo reconocido en el juicio que trabajaban jornada completa más horas extras”, advirtió Ruiz.

En ese sentido, el abogado señaló: "Quiere decir que no solo no le pagaba las horas extras, sino que lo hacía trabajar como si estuvieran inscriptos de esa manera; esto hace una evasión fiscal".

Ruiz recordó que “está demostrado ya por la pericia oficial que había deuda” y que ahora, "se duplica la deuda porque además hay que ver que no le pagaba en extras cuatro horas que los hacía trabajar como si fueran normales".

Por otra parte, confirmó que recurrirá judicialmente el fallo de primera instancia en lo relativo a la distribución a las costas del proceso, porque los trabajadores deben pagar honorarios.

"Vamos a apelar porque quedaron las costas para los trabajadores; las costas las tiene que pagar Rey, que perdió, y esto a nosotros la verdad que no nos cayó nada bien", sostuvo.

Al cierre de sus declaraciones, el abogado confirmó los pasos que seguirá la defensa: "Que sepan que vamos por la denuncia de la evasión fiscal y que sepan que vamos a pedir la destitución en el Municipio del concejal Rey, porque los trabajadores parieron durante cinco años que no se les reconociera su derecho a la huelga".

El diputado provincial por la segunda sección y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia confirmó que impulsará formalmente un pedido de juicio político (jury de enjuiciamiento) contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma Rey Distribución.

El legislador de Hechos aseguró que la resolución de López, que será apelada por Fiscalía y los abogados de Rey ante el Tribunal de Casación, sienta un “peligroso antecedente" para las pymes al considerar que el derecho a huelga primó en la situación de bloqueo de la planta en aquella semana de febrero de 2021.

Al detallar los fundamentos de su presentación ante los organismos competentes de la Legislatura bonaerense, Passaglia sostuvo que el argumento fundamental es que López “no explica por qué no sanciona el bloqueo”. 

“El mismo juez reconoce que hubo un bloqueo y que eso es un delito; lo que dice después es que la facultad de manifestarse de los trabajadores le permite hacer cualquier tipo de accionar”, cuestionó.

El diputado nicoleño consideró que la resolución judicial implica “el mensaje de que acá los sindicalistas hacen lo que quieren y que a los dueños de las empresas nadie los defiende”. 

“¿Cuál es el mensaje que dejó el juez para todos los empresarios, para todo el que quiere invertir? Bloquear una pyme dos semanas la funde, pierde todo el trabajo que hizo en toda la vida”, señaló.

Passaglia reconoció que su planteo en la Legislatura tendrá escollos para avanzar. “Esto es una decisión política, al final del día, y obviamente tengo muchas dudas de que el kirchnerismo nos acompañe y se ponga del lado del que labura”, advirtió.

Tras su anuncio acerca del jury contra el juez, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Juidicial bonaerense emitió un comunicado en respaldo de Alejandro López.

Advirtieron que el juicio político es un mecanismo válido, pero que "no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia" esgrimido por "quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático" para "condicionar las decisiones judiciales".

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto del juicio a Camioneros que juzgó al sindicaslista Maximiliiano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución: absolución para todos.

Los jueces consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados.

Maximiliano Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez fueron absueltos de todos los cargos.

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad.

En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

Junto con el resto, y con Fernando Espíndola, que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión” es decir de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta.

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Edgardo Di Mayo a La Opinión tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”.

El Tribunal dio a conocer el veredicto, pero todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

“Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció Gugger en Lo  Que Importa.

“Tenemos la fe total en que esto se revierta”, dijo Gustavo Rey.

“No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, dijo, por su parte, Gustavo Rey, que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. 

“Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

En el marco de la investigación judicial que terminó con la detención y procesamiento del titular del gremio de Camioneros y ex concejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, una escucha telefónica que contó con la aprobacion para su reproducción en la sala de audiencias compromete seriamente el rol activo que cumplió Cecilio Salazar, interviniendo con llamados a distintos funcionarios policiales, políticos e incluso al abogado de la empresa para simular que no hubo bloqueo en la planta de la Distribuidora Rey.

La reproducción del audio fue motivo de discusión puesto que los abogados intentaron restringirlo por haber sido obtenido de una conversación que era privada pero el tribunal entendió que “estando presentes” ambos, uno como imputado y el otro como testigo podía escucharse en la sala. Se sabe que el lunes, hubo otra discusión y otros audios que la defensa de Rey quería que se hagan públicos pero eso no sucedió. El relato quedó en boca de un efectivo policial que tuvo que apelar a su memoria para poder revelar que durante el bloqueo hubo llamados y amenazas a varios proveedores de la empresa para que no le entreguen mercadería. Esas escuchas también constituían una prueba importante para demostrar que la misión del sindicato era cercenar las posibilidades de todo tipo de actividad comercial. 

En la conversación, Cabaleyro y Salazar se tratan de "compañeros" y exhiben una estrecha sintonía gremial. Hablaban de la orden de desalojo dispuesta por la fiscala María del Valle Viviani ante el impedimento de entrada y salida de camiones en la distribuidora.

 El audio circuló el lunes por la noche en grupos de whatsapp y llegó a todos los medios de comunicación abriendo el dilema de la oportunidad de su publicación en coincidencia con la noche previa a la jornada de alegatos. Allí se escucha al intendente proporcionarle seguridad a Cabaleyro informándole que intervino en persona y a través de sus funcionarios más cercanos en ese momento: el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, el Comisario Juan Ramón Catalano y su amigo, el Dr. Daniel Spirópulos que por entonces era abogado de la familia Rey.

“Lo mandé a Roleri hace un rato y a que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal. Lo único que va a hacer ahí el comisario (...) va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está”, le detalla el jefe comunal al gremialista.

 En el mismo diálogo se menciona al comisario Juan Catalano, a quien acordaron encargarle la confección del acta policial que dejara asentado que la protesta era "amistosa" y sin conflicto. 

Durante la llamada, Salazar le relata a Cabaleyro la conversación que mantuvo con el abogado de Distribuidora Rey, Daniel Spiropulos. Lejos de garantizar la libre circulación y el amparo a la empresa local, el mandatario admitió haberle recriminado al letrado que la firma hubiera filmado y grabado a los sindicalistas para denunciar penalmente la extorsión.

"Le dije a Spiropulos: '¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. Vos tenés que aconsejar a la empresa que eso es no tener códigos. ¿Cómo van a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?'", afirmó Salazar en el diálogo telefónico.

Con la conclusión de los alegatos, La Opinión & Sin Galera decidieron darle difusión en el informativo Lo que Importa y transcribir textualmente la conversación entre ambos, incluídas las pausas que podrán escucharse en el archivo de audio completo una vez finalizada la audiencia de hoy y que abre el plazo de cinco días que ahora tiene el tribunal para expedirse.

Nota de la Editorial: La utilización política y partidaria de ese material correrá por cuenta de quienes ven en la justicia un instrumento de presión para satisfacer sus intereses. Los sótanos y los subsuelos del poder se alimentan de las injusticias que atormentan a la sociedad y empañan toda posibilidad de llegar a la verdad.

ESTO SE ESCUCHÓ EN EL TRIBUNAL Y EN PRESENCIA DE SALAZAR Y CABALEYRO

Cecilio Salazar: Hola.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Hola, Cecilio?

Cecilio Salazar: Sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo anda? Maxi Cabaleiro le habla, Cecilio.

Cecilio Salazar: ¡Ah! Querido, ¿cómo anda, compañero?

Maximiliano Cabaleyro: Bien, ¿usted? Ahí me mandó el audio que le mandó Fernando.

Cecilio Salazar: Ah, bien, bien, bien. ¿Vos estás por San Pedro, estás por allá?

Maximiliano Cabaleyro: No, me vine a San Nicolás porque tuve dos despedidos en San Nicolás y tenía una reunión con la empresa y los trabajadores a las 4 de la tarde.

Cecilio Salazar: Ah, bueno.

Maximiliano Cabaleyro: Recién termino de cerrar el sindicato. Ahora voy a casa, me pego un baño y ya salgo para San Pedro de vuelta, porque me vino a ver el comisario de la Distrital también, que la fiscal dictó un desalojo.

Cecilio Salazar: No, ya acordamos ahí, viste ya... Yo lo mandé a Roleri hace un rato y a Bueno que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal... Eh, lo único que va a hacer ahí el comisario, ya quedó hablado el comisario con Fernando, va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, ¿viste? Pero lo lo también hablé con el con el abogado. Hablé con el abogado, con Spiropulos, le dije que que lo que me dijo Fernando, ¿viste? Que en realidad se tiene que sentar la empresa con ustedes y acordar este tipo de cosas. Eh, lo que me dijo Spiropulos es lo siguiente: él estuvo hablando, me dice, con una abogada del gremio que le mandó eh a propuesta de ustedes eh no sé si son tres o cuatro puntos. Eh lo lo que recuerdo es que levanten la sanción de un delegado, ¿puede ser eso? O Ah, sí, está. Bueno, la empresa está de acuerdo con eso. Que en vez de nueve camioneros tengan 12, ¿algo así también?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, porque habían despedido a tres y no le reincorporaron nunca al convenio.

Cecilio Salazar: Bueno, lo van a reincorporar.

Maximiliano Cabaleyro: Ajá.

Cecilio Salazar: Lo van a reincorporar. Y hay otro punto, Maxi, que no me acuerdo cuál es ahora, porque quedó Spiropulos de mandarme...

Maximiliano Cabaleyro: El de enero y febrero, la diferencia salarial de enero y febrero. Y el cuarto, que yo te dije, que sí o sí está en el reclamo, es la diferencia salarial de los últimos 24 meses que están en el expediente, Cecilio.

Cecilio Salazar: Debe ser seguramente ese, sí.

Maximiliano Cabaleyro: Yo vengo a ver, yo vengo vengo con esto, Cecilio, derecho de enero. Tratar sin llegar a estar en el conflicto, sin llegar a generar esto, pero bueno... Usted como como yo lo ha vivido que es sindicalista, en el sindicato lo que lo que uno como sindicalista hace. Esta gente se puso muy vigilante, todas las reuniones que tuvimos nos grabaron...

Cecilio Salazar: No...

Maximiliano Cabaleyro: Y ellos no no se dan cuenta... Usted lo habrá vivido como yo, no se habrá... no se dan cuenta que por ahí tiene tiene una relación con el doctor, no me interesa tampoco, ni mucho menos, pero acá el único beneficiario y que está cobrando guita es el el doctor, por lo que trabaja. Y genera genera un conflicto gigante penal que no no se... nunca termina en nada, porque la la verdad usted con muchos más años de sindicalismo como yo, como... Me lo ha hecho Siderar una denuncia penal, me lo ha hecho Loma Negra... Imagínese que no me voy a asustar por Rey. (Risas) ¿Me explico?

Cecilio Salazar: No, pero escuchá... Le acabo de decir a Spiropulos: "¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. No no hagas esas cosas", digo, "vos tenés que aconsejar a la empresa que eso eh es no tener códigos. Sentar..."

Maximiliano Cabaleyro: Grabar no, Cecilio. Grabar no.

Cecilio Salazar: Claro, totalmente.

Maximiliano Cabaleyro: Grabar en una reunión y mandarlo a fiscalía lo que grabaron, ¡dejate de hinchar las bolas!

Cecilio Salazar: No, no va eso.

Maximiliano Cabaleyro: No te lo dice en junio... No le hice un reclamo de diferencia salarial en junio porque hablé con la empresa y le dije: "A ver, tenés que poner 3 millones de pesos si te reclamo 24 meses para atrás de los trabajadores. Convencionalo y pagale a partir de ahora lo que tenés que hacer", ¡y ahora me obliga a hacerlo!

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Porque haciéndome toda esta causa penal toda, yo me tengo que salir a cubrir el culo sindicalmente y con la con con los trabajadores más que nada, porque encima se me dicen los trabajadores, me vienen a picar la nuca a ustedes. "¿Te estás cagando, boludo?".

Cecilio Salazar: Ah, claro.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo cómo hago yo con el trabajador después para decirle que no? Le tengo que pedir todo. (Risas)

Cecilio Salazar: Totalmente. Totalmente. Tenés razón.

Maximiliano Cabaleyro: Me me me me deja sin herramientas.

Cecilio Salazar: No te deja margen para negociar. Claro, sí, sí, sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¡Y no! Pero claro.

Cecilio Salazar: Pero bueno, mirá, lo que yo veo ahora que la empresa va a aflojar. Pues yo le dije: "Mirá, yo te digo una cosa: no quiero quilombos, dejen de joder". Le dije a Spiropulos. Digo: "Daniel, vos tenés que sentarte con la empresa, decirle que ellos se sienten con los muchachos, tratar de evitar, si no estás vos, mejor", digo. "Decirle que se dejen de joder con andar grabando", digo, "eso es no tener códigos. ¿Cómo van a hablar va a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?", digo. "¿Qué clase de situación es esta?". Viste, bueno... Me dijo que...

Maximiliano Cabaleyro: La verdad no lo concibo, no me ha pasado jamás. Es la primera vez que me pasa.

Cecilio Salazar: Pero aparte vamos a ser reales, Maxi: estos son unos piojitos. Ustedes se han peleado con empresas mucho más poderosas...

Maximiliano Cabaleyro: Pero bien, Cecilio, la última causa penal me la hace Siderar por las vías...

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Y tuve delitos federales, no estamos hablando de la fiscal Viviani en San Pedro, ¿qué estamos hablando? (Risas)

Cecilio Salazar: Sí, no...

Maximiliano Cabaleyro: ¿Y no sucedió nada después?

Cecilio Salazar: La fiscal se fue a... ahora se fue a San Nicolás, está en San Nicolás, qué sé yo, porque yo quería hablar con ella. De todas maneras, habló Roleri con ella por teléfono. Le di... Le dijo que que era complicado hacer un un desalojo así por la fuerza y demás. Y bueno, lo que acordamos con Catarano que fuera a tomar la nota diciendo: "No, no hay ninguna obstrucción". Listo. Así que eso es lo que va a pasar ahora amistosamente, sin ningún tipo de de problemas.

Maximiliano Cabaleyro: Cecilio, yo mire lo que le digo: yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche voy a estar de vuelta en San Pedro. No sé si es horario para reunirnos o no. Si usted quiere que hagamos la reunión y tratar de trabar más esto lo más que se pueda, no tengo problema porque yo vine por otro conflicto que tengo acá en San Pedro... en San Nicolás. Y me baño, me cambio, dos minutos estoy en mi casa y vuelvo para allá. Yo estoy de una ya.

Cecilio Salazar: Yo le pedí... Ahora lo mandé a Roleri a hablar con la empresa. A decirles que se dejen de joder, que que se pongan de acuerdo con ustedes, que acuerden todo y que siga todo el trabajo normal.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, otra cosa que les quede bien claro: porque ahí hay un chico, sí, que nosotros lo sabíamos de ayer a esto, ahí hay un chico que la mamá o no sé está en el Consejo Escolar o en una escuela, en algo de esto de la comida que tienen ellos que tienen con ustedes, contrato con el Consejo Escolar, no sé bien cómo es, a mí no me interesa eso, la verdad...

Cecilio Salazar: No, no, no, el Consejo el Consejo... No, no, no.

Maximiliano Cabaleyro: O es directo con la Provincia...

Cecilio Salazar: Eso es con la Provincia.

Maximiliano Cabaleyro: Está bien, no tengo no no me interesa a mí, le digo la verdad, Cecilio, no tengo inconveniente ahí. Eh ayer ya sabíamos que se le había notificado a las escuelas que no iban a tener la mercadería hoy.

Cecilio Salazar: Sí, correcto. Mirá...

Maximiliano Cabaleyro: Y yo y yo no no no interrumpí la salida de ese camión ayer a hoy a la mañana.

Cecilio Salazar: El el servicio se hace de Provincia directamente con el Consejo Escolar, ellos le mandan la plata, el Consejo Escolar contrata, hace la licitación y licitan las empresas. El Municipio no tiene nada que ver. Pero bueno, eh...

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí.

Cecilio Salazar: Pero repercute en la ciudad, repercute en la ciudad importante, que no le llegue la comida a los chicos a la escuela, que le están dando lo que habían dado hoy en pandemia, ¿o no?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, no, está bien.

Cecilio Salazar: ¿Y a quién le voy a hacer, Cecilio? Se lo pongo a usted ahí, por más que venga del Consejo, de donde sea...

Maximiliano Cabaleyro: No, totalmente, ya lo sé.

Cecilio Salazar: No lo tome a mal, pero el comisario el comisario de la ciudad y es usted. (Risas)

Maximiliano Cabaleyro: Maxi, yo tengo una excelente relación ahí con con Fernando, nosotros tenemos buena relación con ellos, así que no hay problema. Creo que la empresa va a aflojar, por lo que tengo entendido van a aflojar. Yo, la verdad que hablé recién con Spiropulos, le dije: "Dejá de joder, tratá de hacer entender a la empresa que tienen que acordar con el sindicato, no pueden estar grabándolos, no pueden... Se tienen que sentar ahí sin grabador por medio y van a acordar las cosas", le digo, "quedate tranquilo, yo conozco cómo piensan los muchachos, si yo también he estado en estas cosas".

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo te van a venir a grabar?

Cecilio Salazar: Te van a venir a grabar...

Maximiliano Cabaleyro: Aparte ya una... Mire, lo último que pasó, creo que fue ayer, ayer martes: terminaron denunciando a la abogada también. Eh entre un colega que está denunciando a otro colega, en la causa penal lo involucró. Yo, la verdad, falta de códigos total, Cecilio. Porque que nos denuncien a nosotros como sindicato, a mí como persona, todo, pero ya entre colegas, abogado contra abogado... ¿Qué qué son? ¿Todos vírgenes? ¿Nunca se les va a caer... tienen que sacar plata son todos ellos?

Cecilio Salazar: No, no, quedate tranquilo...

Maximiliano Cabaleyro: Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿me está cargando? ¿Cómo que yo le haga una denuncia a usted? ¡Hola! Somos colegas. O sea, cualquier dirigente sindical, ¿cómo le voy a pisar la manguera yo a un a un colega? ¿Estamos todos locos?

Cecilio Salazar: Está bien. Bueno, mirá, yo cualquier cosa que pase en estos próximos momentos yo te... ¿Este es tu celular?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, sí, el mismo de siempre tengo, Cecilio. Hace 14 años que lo tengo.

Cecilio Salazar: Perfecto.

Maximiliano Cabaleyro: Y no lo voy a cambiar por esta causa, imagínese. (Risas)

Cecilio Salazar: No, claro, seguro. Más vale.

Maximiliano Cabaleyro: Yo tengo hace 14 años que tengo el mismo número, Cecilio.

Cecilio Salazar: Dale, listo. Yo cualquier cosa te llamo, mi querido.

Maximiliano Cabaleyro: Yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 voy a estar en San Pedro de nuevo.

Cecilio Salazar: Listo.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, detenido con prisión domiciliaria en el marco de la causa por “pedir coima” para “dejar trabajar” a la empresa sampedrina Rey Distribución fue suspendido preventivamente como concejal en San Nicolás.

Edil electo en 2019 por el Frente de Todos, Cabaleyro cumplirá mandato en diciembre. Luego de ser detenido el 8 de abril del año pasado, el sindicalista había pedido licencia en su banca en el HCD nicoleño.

Ahora, el oficialismo de esa ciudad, que responde al intendente de Juntos Manuel Passaglia, logró aprobar el proyecto para suspenderlo preventivamente mientras se resuelve la situación judicial que lo mantiene detenido con prisión preventiva a la espera del jucio oral y público, cuya elevación fue solicitada por la fiscala Viviani.

El bloque Juntos propuso la suspensión preventiva que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para miembros del Concejo Deliberante que se encuentren detenidos con prisión preventiva, como esl caso de Cabaleyro, aunque esa figura quedó firme contra él y contra el sindicalista sampedrino Fernando Espíndola en junio, semanas después de que le aprobaran la licencia.

Los ediles de Juntos San Nicolás consieraron “sumamente necesario brindar un mensaje claro a toda la sociedad sobre la responsabilidad institucional de esge Honorable Concejo Deliberante”. La LOM prevé la destitución de los concejales cuando hayan sido condenados con sentencia firme por algún tipo de delito doloso.

Desde la oposición a Passaglia, la concejala que preside el bloque Frente de Todos al que pertenece Cabaleyro consideró “un mamarracho” la medida. “No ay otra explicacion que no sea electoral”, dijo durante la votación y aseguró que el oficialismo decidió “hablar de esto sólo para aparecer en la tapa de un diario”.

“¿No les preocupa la inseguridad, la salud la educación? ¿Qué proyectos presntaron hoy para cambiarle la vida a las y los nicoleños?”, se preguntó en sesión la también presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás y precandidata a intendenta de Unión por la Patria.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui rechazó el pedido de excarcelación, cese de la prisión preventiva y cambio de carátula que el abogado Mauricio Gugger interpuso en defensa de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes seguirán detenidos acusados de extorsionar a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

Gugger había solicitado que se baje la calificación penal de manera tal que recuperen la libertad y para ello se basó en audios que forman parte de escuchas telefónicas que ordenó la Justicia pero que no habían sido aportadas al cuerpo de la causa.

Maiztegui consideró que en el devenir del proceso “no se vislumbra afectación alguna a la parte acusada ni a los principios y garantías constitucionales.

La jueza le dice a la defensa que desconoce el caudal probatorio que obra en la causa y que fue tenido en cuenta para dictar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola.

Considero que la pretensión de la defensa del cese de prisión preventiva o cambio de calificación de legal con consecuente excarcelación no pueden prosperar.

Maiztegui consideró que se encuentran reunidos los requisitos que exige la ley para mantener a Cabaleyro y Espíndola detenidos con prisión preventiva en esta etapa del proceso penal en su contra”, como pretendía la defensa y consideró “no brinda ningún argumento que permita el cambio de calificación”.

La jueza Sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, que “no se han agregado a la causa nuevos elementos de prueba” tendientes a reconsiderar esa situación y que los planteos de la defensa no alcanza para modificar el estado de cosas.

“No hay prueba que pudiera modificar el estado procesal de los imputados”, aseguró Maiztegui y recordó en su fallo que los delitos por los que están acusados tienen una pena en expectativa de entre cinco y 25 años de prisión, por lo que no resultan excarcelables.

Viviani se opuso al planteo de Gugger y en su escrito señaló que esas escuchas telefónicas aportadas “no fueron ocultadas sino que no eran de interés para la investigación”.

Esas conversaciones, dijo la fiscala, “son en términos pacíficos” y, señaló, “no se desprende (de ellas) elemento ilícito alguno que configure delito o que incorpore elemento desincriminante”.

“La víctima no hace otra cosa que tratar de salir adelante de la sitaución por miedo a volver a que se paralice la empresa, la afectación psicológica y la intimidación que sufrió”, dijo sobre los términos en los que Gustavo Rey conversa con Maximiliano Cabaleyro por teléfono.

Para Viviani hay abundante prueba para considerar que “se obligó a la empresa Rey Distribución SRL por medio de una intimidación al contador de la empresa a firmar un documento reconociendo la deuda”.

“El único que se beneficia es el propio sindicato, a expensas de los trabajadores”, acusó la fiscala, que sostiene que “está debidamente probado que la intimidación existió, el método extorsivo que utilizaron para lograr que la empesa arribe a ese convenio de pago en vez canalizar el reclamo por la vía legal”.

“La acción coercitiva por parte de los imputados sobre la empresa fue la que determinó la suscripción del convenio de pago reconociendo una deuda ilegítima”, acusó la fiscala.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.

Maximiliano Cabaleyro, sindicalista por herencia del gremio de Camioneros de San Nicolás y concejal por el Frente de Todos de esa ciudad que entró de licencia tras ser detenido, permanece alojado en una celda de la unidad penal 3 de San Nicolás a la espera de una resolución judicial sobre su pedido de prisión domiciliaria.

El sindicalista está detenido desde el 8 de abril, cuando la Justicia ordenó su captura en el marco de una causa que comenzó cuando los titulares de la empresa Rey Distribución lo denunció por “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” en medio de un conflicto laboral.

Cabaleyro está imputado por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión junto al sindicalista de Camioneros de San Pedro, Fernando Espíndola, cuya prisión domiciliaria ya fue rechazada en las dos instancias previstas por el sistema de Garantías penal.

Con la asistencia del abogado Mauricio Gugger, el planteo de Maximiliano Cabaleyro ante la Justicia para que le otorgue la posibilidad de atravesar el proceso penal camino al juicio detenido en su casa con pulsera electrónica está basado en cuestiones de salud y de malas condiciones de detención en la superpoblada cárcel nicoleña. El de Espíndola también, pero fue rechazado en las dos instancias.

Arraigo, contención familiar, domicilio conocido, mal estado de los establecimientos carcelarios, problemas de salud apoyados con certificados médicos, presencia de cámaras de seguridad en su casa y hasta fianza o caución real forman parte del planteo.

La propuesta de prisión domiciliaria es para que Cabaleyro la cumpla en su casa del barrio Avambae, donde convive con su esposa, vivienda que fue visitada por una asistente social. Cabaleyro y su pareja tienen una familia ensamblada: dos hijos son de él y una mujer con la que tuvo matrimonio anterior, y uno es de ella con su exmarido.

Los hijos viven de manera alternada entre el hogar de Cabaleyro y el de sus otros progenitores, una semana en cada vivienda. La casa del sindicalista está sobre una calle pavimentada alejada del radio céntrico de la ciudad.

La casa es de la esposa de Cabaleyro y él se mudó allí en 2019. Desde entonces, colaboró para refacción de la vivienda, que tiene dos pisos, con el dormitorio matrimonial en la planta alta y otros dos en la baja. El acceso es un amplio portón eléctrico. Además del living y la cocina-comedor unidos en un mismo ambiente, el inmueble tiene quincho y piscina.

Hay wi-fi, cable y cámaras de seguridad con monitoreo las 24 horas, además de todos los servicios básicos esenciales. No tiene telefonía fija pero sí hay celulares en el hogar. La perito que recorrió la casa fue recibida en la cocina por una “amable, respetuosa y abierta al diálogo” pareja de Cabaleyro.

La pareja del sindicalista, que se casó con él en octubre de 2018, expresó sus intenciones manifiestas de ayudarlo y de recibirlo de nuevo en la casa en caso de que se le otorgue la medida de atenuación de su privación de la libertad. Además, señaló su preocupación por la posibilidad de que su esposo recaiga en el consumo de drogas.

Cabaleyro dejó de consumir prácticamente cuando comenzó su relación con su actual pareja. En la sede de la vieja iglesia Pompeya concurría a un grupo de narcóticos anónimos. El encierro, consideró ella, podría devolverlo a la problemática.

En el escrito obra no sólo la situación de adicto a las drogas en recuperación de Cabaleyro, que además está en tratamiento por hipercolesterolemia. Como se dijo, el sindicalista está “limpio” del consumo de cocaína, marihuana y otros estupefacientes desde hace casi cinco años, período desde el que formaba parte de un grupo de autoayuda para el control de las adicciones. Había comenzado a consumir a los 21 años. Hoy tiene 43.

En la audiencia el propio Cabaleyro dijo que está “en riesgo en forma permanente” por la cantidad de drogas que circula dentro de la cárcel donde está alojado. Señaló además que pidió estar en contacto con los grupos de adictos en recuperación dentro de la unidad penal, sin respuesta.

Su situación cardíaca es normal, determinaron los estudios médicos. El aumento del colesterol fue consignado. Los antecedentes de dislipemia fueron señalados con la preocupación respecto de la falta de tratamiento, por lo que los médicos recomendaron que retome la rosubastatina diaria.

Cabaleyro acusó desde que está alojado en la UP3 un dolor torácico prolongado “con sensación de cosquilleo en su miembro superior izquierdo”. Cuando se pasa el dolor, dijo, le queda una sensación de fatiga como si lo “hubieran molido a palos”.

Maximiliano Cabaleyro mide 1,79 m y pesa alrededor de 105 kilos. Es decir que está en una situación de obesidad de primer grado. La recomendación médica tras la pericia fue “modificar hábitos higiénicos y dietéticos” que impliquen un régimen hipocalórico e hipograso sin ingesta de etanol y gaseosas dulces, con actividad física aeróbica de intensidad leve a moderada de frecuencia diaria.

Los estudios, en general, señalan que todo está “dentro de los valores normales”, con excepción del colestrol y los triglicéridos. Aconsejan que deje la única adicción que mantiene: el tabaquismo.

Para la fiscala María del Valle Viviani, de esas pericias surge que “no existe ninguna circunstancia que amerite la concesión de la medida” de prisión domiciliaria, por eso se opuso y logró el rechazo en primera instancia. No hay “un diagnóstico de enfermedad que no se esté siendo atendida en la UP3”, destacó la titular de la UFI 7.

La defensa de Cabaleyro hizo hincapié en las pésimas condiciones de detención que tanto él como los otros más de 900 detenidos padecen en la unidad penal 3 de San Nicolás. El sindicalista duerme en una cama en altura de la que se cayó varias veces. Cuestionó que le dan de comer “polenta y fideos incomibles” y que a veces aparecen cucarachas en la comida.

El Servicio Penitenciario, señalaron, no les provee de elementos de higiene y limpieza, los que recibe de su familia, así como alimentos de mejor calidad que la que ofrece el Estado a los detenidos. En el pabellón de Sanidad, donde se encuentra, hay 94 presos. Para todos ellos hay dos baños, dos duchas y una pileta para lavar ropa y utensilios.

En la audiencia, Cabalyero dijo que está “tranquilo” respecto de lo que se le acusa y sostuvo que sabe que “Dios y el poder superior tomarán sus riendas y le darán fuerzas”, no sin advertir que “quienes están haciendo las cosas mal, pagarán por ello.

Reclamó en la audiencia no poder compartir lo días con su padre, que estaba enfermo de cáncer y falleció el 7 de octubre pasado, y no haber podido compartir el cumpleaños de su hijo ni el propio con el resto de su familia.

Los abogados defensores insistieron durante la audiencia respecto de que Cabaleyro sí tiene una enfermedad, contra lo que planteó Viviani, en alusión a las adicciones a las drogas.

El Juzgado de Garantías, cuando rechazó el pedido inicial, destacó que la situación de Espíndola era más complicada desde el punto de vista de la salud y que todo ello fue tenido en cuenta para otorgarle la domiciliaria, aunque luego Cámara lo revocó y obligó a que permanezca en la cárcel.

La jueza que rechazó el pedido dijo no desconocer la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario, pero dejó en claro que otorgarle la prisión domiciliaria, a su entender, pondría en riesgo el proceso por lo que consideró que debe permanecer en la celda de la unidad penal.

Apelada la decisión de la jueza María Eugenia Maiztegui, ahora será el tribunal de Alzada, la Cámara de Garantías y Apelaciones, la que analice estos aspectos para resolver si otorga o no la prisión domiciliaria al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro.

El sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro seguirá detenido en la Unidad Penal 3 de esa ciudad en el marco de la causa por “pedido de coimas” que la Justicia tramita en su contra, puesto que el Juzgado de Garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria interpuesto por su defensa.

Al igual que en el caso del sampedrino Fernando Espíndola, el Juzgado no hizo lugar al planteo para que atraviese la prisión preventiva en su casa, con pulsera electrónica, a pesar de las cuestiones de salud que señaló el abogado defensor, Mauricio Gugger, y las malas condiciones de detención imperantes en la sobrepoblada cárcel de San Nicolás.

Gugger confirmó a La Opinión que, tras el fallo contrario al planteo, apelará para que la Cámara de Apelaciones y Garantías revise la decisión y se expida al respecto. Mientras tanto, Cabaleyro seguirá en una celda de esa unidad penitenciaria donde lo trasladaron cuando le dictaron la preventiva.

La Cámara ya había rechazado el planteo de Gugger respecto de Espíndola cuando el Juzgado denegó el arresto domiciliario. Ahora, el Tribunal deberá analizar lo resuelto en el caso de Cabaleyro y definir si sigue preso en la cárcelo o lo beneficia con una detención controlada en su casa.

Cabaleyro y Espíndola fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Tuvo lugar este martes en los Tribunales de San Nicolás la audiencia pautada para poner en análisis del Juzgado de Garantías el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros y concejal en uso de licencia por el Frent de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones había dejado firme el fallo que dispuso prisión preventiva para Cabaleyro y para el dirigente sindical de San Pedro Fernando Espíndola, pero había ordenado que las audiencias por el pedido de prisión preventiva, otorgado en primera instancia y luego anulado, se desarrollaran desde cero.

Este martes se desarrolló la correspondiente a Cabaleyro, cuyo defensor, el abogado sampedrino Mauricio Gugger, planteó cuestiones vinculadas a la salud del sindicalista preso para solicitar que atraviese el proceso camino al juicio con el beneficio de arresto domiciliario, es decir en condición de detenido pero en su casa, con tobillera electrónica.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a los planteo de Gugger y ahora el Juzgado de Garantías tiene hasta cinco días hábiles para expedirse, aunque se espera que lo haga antes del fin de semana, respecto de si otorga el beneficio o no.

Se espera que cualquiera sea el resultado de esta audiencia, la parte no favorecida apele la decisión del Juzgado, por lo que todo indica que será luego la Cámara de Apelaciones y Garantías la que defina el futuro procesal de Cabaleyro, tal como sucedió con Espíndola.

En el caso del sampedrino, a pesar de las diversas situaciones relacionadas con su salud que expuso el abogado Mauricio Gugger, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo del Juez de Garantías que había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

Así, Espíndola quedó alojado en una cela de la Unidad Penal 3 de San Nicolás mientras se sustancia el proceso en su contra en el marco de la causa por la que fue detenido el 8 de abril pasado junto a Maximiliano Cabaleyro.

Ambos fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola seguirá detenido en la cárcel. Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, que revocó el arresto domiciliario con que había sido beneficiado en primera instancia.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso y apeló la prisión domiciliaria con pulsera electrónica que por cuestiones de salud del detenido había aceptado conceder el juez de Garantías Román Parodi y el Tribunal hizo lugar al planteo.

Fernando Espíndola no llegó a ser trasladado a su casa para cumplir la prisión preventiva que la Justicia dictó en su contra en la causa en la que está acusado, junto a Maximiliano Cabaleyro, de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

La defensa de Espíndola había planteado la necesidad de que el imputado continuara el proceso en su casa con arresto domicilario y pulsera electrónica porque padece diabetes y las condiciones de detención en la Unidad Penal 3 agravarían su estado.

Viviani se opuso y apeló. La Cámara falló a favor del planteo de la titular de la UFI 7 y decidió revocar la resolución de primera instancia, por lo que el sindicalista seguirá alojado en la cárcel de San Nicolás mientras se sustancia la causa camino al juicio.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.