La Justicia absolvió al sindicalista de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y a los extrabajadores de la empresa Rey Distribución de todos los cargos de los que fueron acusados tras los hechos desatados en el marco de un reclamo laboral que tuvo lugar en 2021 en la planta de esa firma sampedrina.

Tras conocer el fallo aboslutorio, Edgardo Di Mayo, uno de los seis exempleados que fueron llevados a juicio por el caso, celebró el veredicto y aseguró que “se hizo justicia”.

“Estamos todos los trabajadores acá reunidos y la verdad muy emocionados, muy contentos porque se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada, que hicimos todo lo correcto como manda la ley”, aseguró.

“No infringimos ninguna ley, solamente reclamamos en forma pacífica como nosotros entendíamos que tendríamos que reclamarlo. Tardó, pero se hizo justicia”, destacó Di Mayo. 

Consultado sobre el momento en que se dio lectura a la absolución, el extrabajador comentó sus sensaciones tras más de cinco años desde que comenzó el conflicto.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza desde hace cinco años: temas personales, todas las cosas que pasamos, por cómo nos trataron, cómo nos injuriaron, cómo nos hicieron quedar”, señalo´.

"Los Rey salieron por todos lados, por cadena nacional, diciendo barbaridades de los trabajadores, pero la gente común no sabe lo que nos pasó ahí los cinco años, la tortura que fue trabajar en esa empresa", sostuvo Di Mayo.

El fallo, además, dispuso la inmediata libertad de Maximiliano Cabaleyro, que estaba detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario desde hace cuatro años y medio.

La familia Rey anunció que apelará el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2, que consideró que los hechos denunciados no estaban debidamente acreditados por Fiscalía.

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

En el marco de la investigación judicial que terminó con la detención y procesamiento del titular del gremio de Camioneros y ex concejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, una escucha telefónica que contó con la aprobacion para su reproducción en la sala de audiencias compromete seriamente el rol activo que cumplió Cecilio Salazar, interviniendo con llamados a distintos funcionarios policiales, políticos e incluso al abogado de la empresa para simular que no hubo bloqueo en la planta de la Distribuidora Rey.

La reproducción del audio fue motivo de discusión puesto que los abogados intentaron restringirlo por haber sido obtenido de una conversación que era privada pero el tribunal entendió que “estando presentes” ambos, uno como imputado y el otro como testigo podía escucharse en la sala. Se sabe que el lunes, hubo otra discusión y otros audios que la defensa de Rey quería que se hagan públicos pero eso no sucedió. El relato quedó en boca de un efectivo policial que tuvo que apelar a su memoria para poder revelar que durante el bloqueo hubo llamados y amenazas a varios proveedores de la empresa para que no le entreguen mercadería. Esas escuchas también constituían una prueba importante para demostrar que la misión del sindicato era cercenar las posibilidades de todo tipo de actividad comercial. 

En la conversación, Cabaleyro y Salazar se tratan de "compañeros" y exhiben una estrecha sintonía gremial. Hablaban de la orden de desalojo dispuesta por la fiscala María del Valle Viviani ante el impedimento de entrada y salida de camiones en la distribuidora.

 El audio circuló el lunes por la noche en grupos de whatsapp y llegó a todos los medios de comunicación abriendo el dilema de la oportunidad de su publicación en coincidencia con la noche previa a la jornada de alegatos. Allí se escucha al intendente proporcionarle seguridad a Cabaleyro informándole que intervino en persona y a través de sus funcionarios más cercanos en ese momento: el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, el Comisario Juan Ramón Catalano y su amigo, el Dr. Daniel Spirópulos que por entonces era abogado de la familia Rey.

“Lo mandé a Roleri hace un rato y a que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal. Lo único que va a hacer ahí el comisario (...) va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está”, le detalla el jefe comunal al gremialista.

 En el mismo diálogo se menciona al comisario Juan Catalano, a quien acordaron encargarle la confección del acta policial que dejara asentado que la protesta era "amistosa" y sin conflicto. 

Durante la llamada, Salazar le relata a Cabaleyro la conversación que mantuvo con el abogado de Distribuidora Rey, Daniel Spiropulos. Lejos de garantizar la libre circulación y el amparo a la empresa local, el mandatario admitió haberle recriminado al letrado que la firma hubiera filmado y grabado a los sindicalistas para denunciar penalmente la extorsión.

"Le dije a Spiropulos: '¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. Vos tenés que aconsejar a la empresa que eso es no tener códigos. ¿Cómo van a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?'", afirmó Salazar en el diálogo telefónico.

Con la conclusión de los alegatos, La Opinión & Sin Galera decidieron darle difusión en el informativo Lo que Importa y transcribir textualmente la conversación entre ambos, incluídas las pausas que podrán escucharse en el archivo de audio completo una vez finalizada la audiencia de hoy y que abre el plazo de cinco días que ahora tiene el tribunal para expedirse.

Nota de la Editorial: La utilización política y partidaria de ese material correrá por cuenta de quienes ven en la justicia un instrumento de presión para satisfacer sus intereses. Los sótanos y los subsuelos del poder se alimentan de las injusticias que atormentan a la sociedad y empañan toda posibilidad de llegar a la verdad.

ESTO SE ESCUCHÓ EN EL TRIBUNAL Y EN PRESENCIA DE SALAZAR Y CABALEYRO

Cecilio Salazar: Hola.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Hola, Cecilio?

Cecilio Salazar: Sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo anda? Maxi Cabaleiro le habla, Cecilio.

Cecilio Salazar: ¡Ah! Querido, ¿cómo anda, compañero?

Maximiliano Cabaleyro: Bien, ¿usted? Ahí me mandó el audio que le mandó Fernando.

Cecilio Salazar: Ah, bien, bien, bien. ¿Vos estás por San Pedro, estás por allá?

Maximiliano Cabaleyro: No, me vine a San Nicolás porque tuve dos despedidos en San Nicolás y tenía una reunión con la empresa y los trabajadores a las 4 de la tarde.

Cecilio Salazar: Ah, bueno.

Maximiliano Cabaleyro: Recién termino de cerrar el sindicato. Ahora voy a casa, me pego un baño y ya salgo para San Pedro de vuelta, porque me vino a ver el comisario de la Distrital también, que la fiscal dictó un desalojo.

Cecilio Salazar: No, ya acordamos ahí, viste ya... Yo lo mandé a Roleri hace un rato y a Bueno que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal... Eh, lo único que va a hacer ahí el comisario, ya quedó hablado el comisario con Fernando, va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, ¿viste? Pero lo lo también hablé con el con el abogado. Hablé con el abogado, con Spiropulos, le dije que que lo que me dijo Fernando, ¿viste? Que en realidad se tiene que sentar la empresa con ustedes y acordar este tipo de cosas. Eh, lo que me dijo Spiropulos es lo siguiente: él estuvo hablando, me dice, con una abogada del gremio que le mandó eh a propuesta de ustedes eh no sé si son tres o cuatro puntos. Eh lo lo que recuerdo es que levanten la sanción de un delegado, ¿puede ser eso? O Ah, sí, está. Bueno, la empresa está de acuerdo con eso. Que en vez de nueve camioneros tengan 12, ¿algo así también?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, porque habían despedido a tres y no le reincorporaron nunca al convenio.

Cecilio Salazar: Bueno, lo van a reincorporar.

Maximiliano Cabaleyro: Ajá.

Cecilio Salazar: Lo van a reincorporar. Y hay otro punto, Maxi, que no me acuerdo cuál es ahora, porque quedó Spiropulos de mandarme...

Maximiliano Cabaleyro: El de enero y febrero, la diferencia salarial de enero y febrero. Y el cuarto, que yo te dije, que sí o sí está en el reclamo, es la diferencia salarial de los últimos 24 meses que están en el expediente, Cecilio.

Cecilio Salazar: Debe ser seguramente ese, sí.

Maximiliano Cabaleyro: Yo vengo a ver, yo vengo vengo con esto, Cecilio, derecho de enero. Tratar sin llegar a estar en el conflicto, sin llegar a generar esto, pero bueno... Usted como como yo lo ha vivido que es sindicalista, en el sindicato lo que lo que uno como sindicalista hace. Esta gente se puso muy vigilante, todas las reuniones que tuvimos nos grabaron...

Cecilio Salazar: No...

Maximiliano Cabaleyro: Y ellos no no se dan cuenta... Usted lo habrá vivido como yo, no se habrá... no se dan cuenta que por ahí tiene tiene una relación con el doctor, no me interesa tampoco, ni mucho menos, pero acá el único beneficiario y que está cobrando guita es el el doctor, por lo que trabaja. Y genera genera un conflicto gigante penal que no no se... nunca termina en nada, porque la la verdad usted con muchos más años de sindicalismo como yo, como... Me lo ha hecho Siderar una denuncia penal, me lo ha hecho Loma Negra... Imagínese que no me voy a asustar por Rey. (Risas) ¿Me explico?

Cecilio Salazar: No, pero escuchá... Le acabo de decir a Spiropulos: "¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. No no hagas esas cosas", digo, "vos tenés que aconsejar a la empresa que eso eh es no tener códigos. Sentar..."

Maximiliano Cabaleyro: Grabar no, Cecilio. Grabar no.

Cecilio Salazar: Claro, totalmente.

Maximiliano Cabaleyro: Grabar en una reunión y mandarlo a fiscalía lo que grabaron, ¡dejate de hinchar las bolas!

Cecilio Salazar: No, no va eso.

Maximiliano Cabaleyro: No te lo dice en junio... No le hice un reclamo de diferencia salarial en junio porque hablé con la empresa y le dije: "A ver, tenés que poner 3 millones de pesos si te reclamo 24 meses para atrás de los trabajadores. Convencionalo y pagale a partir de ahora lo que tenés que hacer", ¡y ahora me obliga a hacerlo!

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Porque haciéndome toda esta causa penal toda, yo me tengo que salir a cubrir el culo sindicalmente y con la con con los trabajadores más que nada, porque encima se me dicen los trabajadores, me vienen a picar la nuca a ustedes. "¿Te estás cagando, boludo?".

Cecilio Salazar: Ah, claro.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo cómo hago yo con el trabajador después para decirle que no? Le tengo que pedir todo. (Risas)

Cecilio Salazar: Totalmente. Totalmente. Tenés razón.

Maximiliano Cabaleyro: Me me me me deja sin herramientas.

Cecilio Salazar: No te deja margen para negociar. Claro, sí, sí, sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¡Y no! Pero claro.

Cecilio Salazar: Pero bueno, mirá, lo que yo veo ahora que la empresa va a aflojar. Pues yo le dije: "Mirá, yo te digo una cosa: no quiero quilombos, dejen de joder". Le dije a Spiropulos. Digo: "Daniel, vos tenés que sentarte con la empresa, decirle que ellos se sienten con los muchachos, tratar de evitar, si no estás vos, mejor", digo. "Decirle que se dejen de joder con andar grabando", digo, "eso es no tener códigos. ¿Cómo van a hablar va a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?", digo. "¿Qué clase de situación es esta?". Viste, bueno... Me dijo que...

Maximiliano Cabaleyro: La verdad no lo concibo, no me ha pasado jamás. Es la primera vez que me pasa.

Cecilio Salazar: Pero aparte vamos a ser reales, Maxi: estos son unos piojitos. Ustedes se han peleado con empresas mucho más poderosas...

Maximiliano Cabaleyro: Pero bien, Cecilio, la última causa penal me la hace Siderar por las vías...

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Y tuve delitos federales, no estamos hablando de la fiscal Viviani en San Pedro, ¿qué estamos hablando? (Risas)

Cecilio Salazar: Sí, no...

Maximiliano Cabaleyro: ¿Y no sucedió nada después?

Cecilio Salazar: La fiscal se fue a... ahora se fue a San Nicolás, está en San Nicolás, qué sé yo, porque yo quería hablar con ella. De todas maneras, habló Roleri con ella por teléfono. Le di... Le dijo que que era complicado hacer un un desalojo así por la fuerza y demás. Y bueno, lo que acordamos con Catarano que fuera a tomar la nota diciendo: "No, no hay ninguna obstrucción". Listo. Así que eso es lo que va a pasar ahora amistosamente, sin ningún tipo de de problemas.

Maximiliano Cabaleyro: Cecilio, yo mire lo que le digo: yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche voy a estar de vuelta en San Pedro. No sé si es horario para reunirnos o no. Si usted quiere que hagamos la reunión y tratar de trabar más esto lo más que se pueda, no tengo problema porque yo vine por otro conflicto que tengo acá en San Pedro... en San Nicolás. Y me baño, me cambio, dos minutos estoy en mi casa y vuelvo para allá. Yo estoy de una ya.

Cecilio Salazar: Yo le pedí... Ahora lo mandé a Roleri a hablar con la empresa. A decirles que se dejen de joder, que que se pongan de acuerdo con ustedes, que acuerden todo y que siga todo el trabajo normal.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, otra cosa que les quede bien claro: porque ahí hay un chico, sí, que nosotros lo sabíamos de ayer a esto, ahí hay un chico que la mamá o no sé está en el Consejo Escolar o en una escuela, en algo de esto de la comida que tienen ellos que tienen con ustedes, contrato con el Consejo Escolar, no sé bien cómo es, a mí no me interesa eso, la verdad...

Cecilio Salazar: No, no, no, el Consejo el Consejo... No, no, no.

Maximiliano Cabaleyro: O es directo con la Provincia...

Cecilio Salazar: Eso es con la Provincia.

Maximiliano Cabaleyro: Está bien, no tengo no no me interesa a mí, le digo la verdad, Cecilio, no tengo inconveniente ahí. Eh ayer ya sabíamos que se le había notificado a las escuelas que no iban a tener la mercadería hoy.

Cecilio Salazar: Sí, correcto. Mirá...

Maximiliano Cabaleyro: Y yo y yo no no no interrumpí la salida de ese camión ayer a hoy a la mañana.

Cecilio Salazar: El el servicio se hace de Provincia directamente con el Consejo Escolar, ellos le mandan la plata, el Consejo Escolar contrata, hace la licitación y licitan las empresas. El Municipio no tiene nada que ver. Pero bueno, eh...

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí.

Cecilio Salazar: Pero repercute en la ciudad, repercute en la ciudad importante, que no le llegue la comida a los chicos a la escuela, que le están dando lo que habían dado hoy en pandemia, ¿o no?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, no, está bien.

Cecilio Salazar: ¿Y a quién le voy a hacer, Cecilio? Se lo pongo a usted ahí, por más que venga del Consejo, de donde sea...

Maximiliano Cabaleyro: No, totalmente, ya lo sé.

Cecilio Salazar: No lo tome a mal, pero el comisario el comisario de la ciudad y es usted. (Risas)

Maximiliano Cabaleyro: Maxi, yo tengo una excelente relación ahí con con Fernando, nosotros tenemos buena relación con ellos, así que no hay problema. Creo que la empresa va a aflojar, por lo que tengo entendido van a aflojar. Yo, la verdad que hablé recién con Spiropulos, le dije: "Dejá de joder, tratá de hacer entender a la empresa que tienen que acordar con el sindicato, no pueden estar grabándolos, no pueden... Se tienen que sentar ahí sin grabador por medio y van a acordar las cosas", le digo, "quedate tranquilo, yo conozco cómo piensan los muchachos, si yo también he estado en estas cosas".

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo te van a venir a grabar?

Cecilio Salazar: Te van a venir a grabar...

Maximiliano Cabaleyro: Aparte ya una... Mire, lo último que pasó, creo que fue ayer, ayer martes: terminaron denunciando a la abogada también. Eh entre un colega que está denunciando a otro colega, en la causa penal lo involucró. Yo, la verdad, falta de códigos total, Cecilio. Porque que nos denuncien a nosotros como sindicato, a mí como persona, todo, pero ya entre colegas, abogado contra abogado... ¿Qué qué son? ¿Todos vírgenes? ¿Nunca se les va a caer... tienen que sacar plata son todos ellos?

Cecilio Salazar: No, no, quedate tranquilo...

Maximiliano Cabaleyro: Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿me está cargando? ¿Cómo que yo le haga una denuncia a usted? ¡Hola! Somos colegas. O sea, cualquier dirigente sindical, ¿cómo le voy a pisar la manguera yo a un a un colega? ¿Estamos todos locos?

Cecilio Salazar: Está bien. Bueno, mirá, yo cualquier cosa que pase en estos próximos momentos yo te... ¿Este es tu celular?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, sí, el mismo de siempre tengo, Cecilio. Hace 14 años que lo tengo.

Cecilio Salazar: Perfecto.

Maximiliano Cabaleyro: Y no lo voy a cambiar por esta causa, imagínese. (Risas)

Cecilio Salazar: No, claro, seguro. Más vale.

Maximiliano Cabaleyro: Yo tengo hace 14 años que tengo el mismo número, Cecilio.

Cecilio Salazar: Dale, listo. Yo cualquier cosa te llamo, mi querido.

Maximiliano Cabaleyro: Yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 voy a estar en San Pedro de nuevo.

Cecilio Salazar: Listo.

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

El Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de San Nicolás continúa este jueves con el relevamiento de cada una de las pruebas que la fiscalía reunió para fundamentar la comisión de los delitos  y por las que ahora sólo tiene en el banquillo al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de Distribuidora Rey ya que Fernando Espíndola accedió a un juicio abreviado. El miércoles fue señalado como el “recaudador” o “cajero” de los aportes o coimas que según las víctimas debían ser entregadas mes a mes “como lo hacen todos tus colegas” a razón de un sueldo por mes para “el kiosco de Cabaleyro”. 

El miércoles se vivieron momentos de máxima tensión procesal porque desde la defensa de los trabajadores hay intención plena de llegar a una etapa de careos donde puedan contrastarse los dichos de los empleadores con los ex empleados de la firma. 

Tras tres extensos días de debate, -solo se para media hora para comer y otros 15 minutos de pausa-  las declaraciones de los titulares de la empresa mostraron algunas fisuras que abrieron la puerta al escenario deseado: la confrontación cara a cara. 

Sin embargo no hay nada que puedan rebatir las imágenes que se grabaron durante el bloqueo ni que desmientan la presencia de la fiscal en el lugar cuando el motorhome de Camioneros estaba estacionado en el acceso a la planta.

Tanto los hermanos Ariel y Gustavo Rey como el contador de la firma Víctor Grabovieski y los letrados intervinientes quedaron legalmente reservados a pedido de las defensas para someterse a careos. La situación sobrevino cuando se detectaron contradicciones entre los convenios en los que estaban encuadrados los empleados y la pretensión de su derivación al gremio de los Moyano. En ese sentido el titular del estudio Ruiz que patrocina a seis trabajadores advirtió las diferencias y planteó la legalidad del reclamo de sus defendidos amparados por el derecho a huelga. 

Uno de los momentos de mayor fricción en la sala se produjo con el testimonio de la esposa de Ariel Rey. Durante las audiencias previas y en sus declaraciones iniciales en fiscalía, la testigo se había referido a las sumas de dinero entregadas —incluso en la recordada caja de Chocolino— bajo el concepto de “aportes”.

Sin embargo, ante los magistrados, la testigo calificó dichos montos directamente como “coimas”, atribuyéndolo a una confusión inicial. Esta rectificación fue capitalizada por las defensas técnicas, que sostienen que los desembolsos respondieron a acuerdos de recomposición salarial, liquidaciones adeudadas a los choferes y aranceles convencionales de la actividad, y no a una maniobra ilícita de extorsión.

Para esa hipótesis resultaron útiles las declaraciones del propio contador de la empresa Rey y de los peritajes: según trascendió en la sala, los pagos efectuados (que rondaron los 500.000 pesos) contaron con respaldo documental pero todos apuntan a que Espíndola llevará la peor parte porque su sanción ya está conlcuída y era quien según consta en el expediente, el que “pasaba a cobrar”.

El abogado Gabriel Ruiz, representante legal de los seis exempleados imputados (Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez), fue tajante al evaluar la declaración de Ariel Rey y cuestionar la selectividad de la acusación penal porque había mencionado a dos decenas de manifestantes y solo quedaron acusados seis.

El letrado también cargó contra la postura del empresario sampedrino ante fallos laborales previos: “Rey vive en su propio mundo; admitió en la cara del tribunal que desobedeció una orden judicial de reincorporación de Di Mayo simplemente porque a él le parecía que no correspondía. Pretenden convertir el derecho constitucional de huelga en un delito penal” y agregó que sus representados nunca ejercieron ninguna presión física.

En la misma jornada declararon otros testigos. Una vecina de la planta, citada para dar cuenta de la magnitud del corte, reconoció la presencia de manifestantes y molestias en la cuadra, pero al ser interrogada por la defensa descartó haber presenciado amenazas, extorsiones o agresiones.

Para este jueves, el debate oral retomará su cauce con testimonios del entorno familiar y comercial de los denunciantes —entre ellos se aguarda la comparecencia de Sofía Rotundo la titular de la Secretaría de Trabajo de San Pedro— y nuevos testigos ofrecidos por las partes. 

Nota: La Opinión & Sin Galera agradecen a la periodista del Diario El Norte, Silvia D'Angelo por su aporte en la cobertura de las audiencias.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

“No todos tienen la misma antigüedad” respondieron desde UOCRA al ser consultados por los montos que se le reclaman a una empresa contratista que en julio decidió desvincular a todos sus trabajadores a los que les adeuda el “cese laboral y la última quincena”.

La protesta, que lleva ya más de una semana en las puertas de la central termoeléctrica lindera a la estación de rebaje de electricidad, ocasiona inconvenientes a la actual propietaria, SCC Power.

La firma que compró la inversión que Araucaria Energy emplazó en San Pedro durante el gobierno de Mauricio Macri, tenía ahora relación contractual su contratista DVS Construcciones que, por lo que refieren los trabajadores y el sindicato, no cumplió con los pagos.

“Llevamos un desgaste muy grande, algunos desde la mañana temprano, siempre con un delegado de la empresa con ellos, de la comisión interna. La realidad es que nosotros lo único que estamos pidiendo es cobrar la quincena, la segunda quincena de julio, y los ceses laborales que la empresa no pagó, que a las 72 horas del 31 de julio tendría que haber pagado cuando los echó”, dijo Horacio Azzoni a La Opinión.

“No estamos pidiendo reincorporación, simplemente los pagos, eso es otro reclamo”, confirman desde la Unión de Obreros de la Construcción.

DVS construcciones llegó a tener a su cargo unos sesenta operarios, todos para la concreción de una obra. Ese trabajo finalizó y los obreros esperan ahora lograr percibir lo que les adeudan.

María Pereyra es una de esas trabajadoras. Desde hace días se turna con sus compañeros para sostener la protesta. 

“No puedo decirte exactamente cuántos trabajadores somos, porque algunos estamos acá, otros se fueron a descansar, pero somos alrededor de 35, 40 personas. Lo que queremos es el cese laboral, que nos paguen todo lo adeudados y bueno, eso es lo que reclamamos como cualquier trabajador”, concluyó la mujer.

Este jueves, referentes del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) local bloqueaban el acceso a la planta de la empresa Arcor. "No entran ni salen vehículos", informaron.

El secretario general del STIA San Pedro, Orlando Noir, informó a La Opinión que en el marco de la discusión paritaria con las empresas del sector el sindicato dispuso el miércoles un paro de dos horas por turno y hoy el bloqueo a la planta.

Dispusieron un gazebo, automóviles, camionetas y motos, más banderas en el portón para impedir la circulación de todo tipo de vehículo desde y hacia el interior de la planta.

Antes de las 11.00 de la mañana, un móvil policial se acercó al lugar para tomar conocimiento de la situación.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación lanzó la medida de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la FIPAA, que nuclea a las empresas de la industria alimentaria, en procura de un aumento de sueldo "que preserve el poder de compra de los salarios", señalaron.

En abril pasado, las partes acordaron un incremento del 9 por ciento para el sueldo de ese mes y el 7 por ciento para marzo, que llevó a 304 por ciento el acumulado anual. 

Al menos tres denuncias quedaron radicadas en sede judicial firmadas por empresarios areneros. Los piquetes que habían montado los representantes del gremio a nivel local con participación de afiliados de otras regiones, se levantaron por la tarde.

Antes habían pedido, al menos al responsable de una de la firmas, que “levanten la denuncia”. No solo no sucedió sino que seguirán adelante para que la acción de bloqueo no se repita. 

Hay fotos, videos y cobertura periodística que muestran las filas de camiones que sufrieron demoras en sus cargas para solidarizarse con el sindicato que a nivel local lidera el Concejal Matías Franco.

Esta mañana había dicho que la medida de fuerza del gremio de Marina Mercante era por tiempo indeterminado y que exigían un incremento salarial. Por la tarde y tras ser puesto en conocimiento que había intervención judicial, abandonaron los piquetes que habían montado en las puertas de las areneras.

La Opinión llegó a Frers y la Bajada al Puerto, allí constató la situación y registró imágenes en las que se veía a los afiliados y al menos dos vehículos que impedían el acceso a la planta de Arenera del Litoral. 

Una de las denuncias a las que tuvo acceso este medio indica que  cuando el dueño del establecimiento llegó al lugar “personal que realiza su jornada laboral en la arenera, le mencionan que el gremio de Marina Mercante a cargo del secretario general San Pedro San Nicolas Matías Franco, se hallaban en una medida de fuerza en proximidad del predio de la arenera realizando un bloqueo, impidiendo el paso de los camiones para ingreso y egreso a la empresa”, una situación que tiene antecedentes en la zona y en la que tras la intervención de la Fiscal María del Valle Viviani, terminaron presos dos sindicalistas del gremio Camioneros. 

En el mismo texto el denunciante refirió que presumía que los motivos por los que esas personas estaban en el lugar obedecían al pedido de “la reapertura de paritarias que se hacen en el mes de Abril” y que esa situación debe dirimirse  "en el ámbito del ministerio de trabajo". 

En la denuncia el empresario relató que Matías Franco le dijo que “no iban a dejar salir ni entrar a cargar ningún camión pero que si transeúntes / empleado podían ingresar a su jornada laboral a la arenera y que la medida es por tiempo indeterminado”…

La cuestión más importante que deberá evaluar la fiscalía radica en lo que el titular de esta arenera indicó respecto a lo que le dijo el representante del gremio. Menciona que cuando intentó entablar un diálogo con Franco para pedirle que libere el lugar para poder trabajar, este le respondió que no lo iban a hacer y que sólo admitirían el desplazamiento de personas ya que la medida sería por tiempo indeterminado. 

Luego de que La Opinión revelara la orden de detención emitida por la Justicia para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa penal por “pedido de coimas” que comenzó con la denuncia de la empresa Rey Distribución, el Centro de Comercio volvió a respaldar a la firma comercial local y celebró la decisión de la Justicia.

“Más allá de las consecuencias definitivas que este fallo pueda generar, creemos que la valentía de los empresarios para visibilizar la violenta presión de la que fueron víctimas se ve recompensada parcialmente con la exposición de un modo de accionar que claramente es inadmisible”, señalaron desde la entidad que preside Raúl Cheyllada.

Cuando Camioneros bloqueó la planta de la empresa Rey Distribución, antes y después de la denuncia por extorsión, el Centro de Comercio se había expresado en defensa de la familia comerciante y hasta propició una reunión entre empresarios del sector con funcionarios del Gobierno y concejales.

“Nuestra entidad acompañó y acompañará siempre a las empresas que apuesten al trabajo, a la inversión y al desarrollo, respetando todas las leyes vigentes pero no admitiendo, bajo ninguna circunstancia, la extorsión y la violencia como una modalidad de reclamo”, señalaron.

Este lunes a las 20.00 se desarrollará en el Centro de Comercio una reunión especial convocada por la entidad que preside Raúl Cheyllada relacionada con la situación que atraviesan las empresas distribuidoras en su vínculo con el Sindicato de Camioneros, tras el conflicto de la semana pasada en Rey Distribución.

El Centro de Comercio convocó a los referentes del rubro y además cursó invitaciones formales a autoridades del Gobierno municipal —intendente, secretario de Gobierno y de Desarrollo Económico— y al Concejo Deliberante —presidenta y titular de la comisión de Desarrollo Económico— para debatir la problemática.

“Nos parece muy importante que participe el sector, que sea una fuente de consulta respecto de cómo ve estas situaciones, creo que puede ser contribuitivo para ir resolviendo estas cuestiones”, dijo Cheyllada en Radio Cuarentena.

En San Pedro, informó, hay “unas 12 o 14 distribuidoras, transportistas, el sector que estamos representando” y destacó que “los no socios pueden anotarse para participar”.

Sobre la invitación al Gobierno y al Concejo, dijo que el plan es “compartir opiniones, deferentes miradas, tratar de alcanzar consensos para que las cuestiones gremiales se resuelvan en los organismos competentes y no atenten contra la actividad” económica.

Cheyllada señaló que en el Centro de Comercio han recibido planteos similares sobre situaciones como las que le toca atravesar a la familia Rey, que denunció penalmente en la Justicia al Sindicato de Camioneros por “extorisón y pedido de coimas”.

La semana pasada se expidieron desde la institución para cuestionar el bloqueo como modalidad de reclamo y reclamar la intervención del Estado en el tema.

El presidente de la entidad señaló que es importante “que los planteos se canalicen por los organismos competentes y no de esta forma, con todas las consecuencias que traen estos conflictos cuando se dan de esta manera”.

Cheyllada consideró que estas situaciones perjudican al comercio, desalientan la inversión y cuando tienen repercusión nacional muestra una imagen pública de la ciudad que no es conveniente.

“Lo que necesitamos es un punto de encuentro para fomentar el desarrollo”, dijo Cheyllada y señaló: “Hay una distorsión respecto de cómo se plantean las supuestas soluciones”.

“Hay que trabajar en conjunto para resolver, porque si queremos promover el desarrolo esto es un camino contrario”, analizó el titular del CCI y destacó que la entidad es “un ámbito de comunicación, de debate, un primer paso para la solución”.

“Creemos que el Ejecutivo y el legislativo pueden involucrarse respecto de poner aquellos límites que el accionar gremial debe cumplimentar, generar las condiciones necesarias para que esto no ocurra”, sostuvo Raúl Cheyllada.

El Sindicato de Camioneros que conduce en la región el concejal del Frente de Todos de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro acordó con la empresa A. L. De Francesco S. A. el pase a su gremio de un grupo de trabajadores que estaban encuadrados en Comercio y la reincorporación de un empleado que había sido despedido.

Durante lunes y martes, el corralón ubicado en el kilómetro 4,6 de la ruta 1001 permaneció con trabajadores de paro y con bloqueo en las puertas de la planta tanto en San Pedro como en la central, ubicada en Arrecifes, en reclamo para que empleados que cumplen tareas que Camioneros consideraba dentro de su convenio sean encuadrados como tales.

La empresa estuvo durante esas dos jornadas sin cumplir con sus repartos habituales porque tenía seis trabajadores, todos afiliados al sindicato de la Uocra, de paro y la puerta bloqueada por Camioneros. Sólo pudo atender a clientes en su salón de ventas.

Finalmente, antes de la audiencia prevista para este jueves, hubo un acuerdo entre la empresa, el sindicato de Camioneros y el de la Uocra para levantar el piquete y el paro, de manera tal que el corralón pueda volver a trabajar.

El acuerdo preliminar, que será ratificado en acta de audiencia en la Delegación del Ministerio de Trabajo, implica, por un lado, la reincorporación del chofer del camión mezclador hormigonero, y por el otro el pase de un grupo de empleados al sindicato de Camioneros, que no tenía ningún representado en esta empresa.

En el marco del acuerdo, los seis trabajadores que estaban bajo el convenio de Uocra, incluido el reincorporado, seguirán bajo ese encuadre. Se trata de “paleros” y “hormigoneros”.

Por otro lado, quienes conducen autoelevadores tipo Yale y se desempeñan en tareas de logística y reparto pasarán de Comercio a Camioneros.

La audiencia estaba prevista luego de una inspección de seguridad e higiene de la Delegación local del Ministerio de Trabajo solicitada por el sindicato de Cabaleyro.

Allí, en esa instancia de mediación, se firmará el acuerdo entre la empresa y los gremios que permitió levantar el bloqueo a los corralones de la firma De Francesco en San Pedro y Arrecifes.