Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

“No todos tienen la misma antigüedad” respondieron desde UOCRA al ser consultados por los montos que se le reclaman a una empresa contratista que en julio decidió desvincular a todos sus trabajadores a los que les adeuda el “cese laboral y la última quincena”.

La protesta, que lleva ya más de una semana en las puertas de la central termoeléctrica lindera a la estación de rebaje de electricidad, ocasiona inconvenientes a la actual propietaria, SCC Power.

La firma que compró la inversión que Araucaria Energy emplazó en San Pedro durante el gobierno de Mauricio Macri, tenía ahora relación contractual su contratista DVS Construcciones que, por lo que refieren los trabajadores y el sindicato, no cumplió con los pagos.

“Llevamos un desgaste muy grande, algunos desde la mañana temprano, siempre con un delegado de la empresa con ellos, de la comisión interna. La realidad es que nosotros lo único que estamos pidiendo es cobrar la quincena, la segunda quincena de julio, y los ceses laborales que la empresa no pagó, que a las 72 horas del 31 de julio tendría que haber pagado cuando los echó”, dijo Horacio Azzoni a La Opinión.

“No estamos pidiendo reincorporación, simplemente los pagos, eso es otro reclamo”, confirman desde la Unión de Obreros de la Construcción.

DVS construcciones llegó a tener a su cargo unos sesenta operarios, todos para la concreción de una obra. Ese trabajo finalizó y los obreros esperan ahora lograr percibir lo que les adeudan.

María Pereyra es una de esas trabajadoras. Desde hace días se turna con sus compañeros para sostener la protesta. 

“No puedo decirte exactamente cuántos trabajadores somos, porque algunos estamos acá, otros se fueron a descansar, pero somos alrededor de 35, 40 personas. Lo que queremos es el cese laboral, que nos paguen todo lo adeudados y bueno, eso es lo que reclamamos como cualquier trabajador”, concluyó la mujer.

Este jueves, referentes del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) local bloqueaban el acceso a la planta de la empresa Arcor. "No entran ni salen vehículos", informaron.

El secretario general del STIA San Pedro, Orlando Noir, informó a La Opinión que en el marco de la discusión paritaria con las empresas del sector el sindicato dispuso el miércoles un paro de dos horas por turno y hoy el bloqueo a la planta.

Dispusieron un gazebo, automóviles, camionetas y motos, más banderas en el portón para impedir la circulación de todo tipo de vehículo desde y hacia el interior de la planta.

Antes de las 11.00 de la mañana, un móvil policial se acercó al lugar para tomar conocimiento de la situación.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación lanzó la medida de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la FIPAA, que nuclea a las empresas de la industria alimentaria, en procura de un aumento de sueldo "que preserve el poder de compra de los salarios", señalaron.

En abril pasado, las partes acordaron un incremento del 9 por ciento para el sueldo de ese mes y el 7 por ciento para marzo, que llevó a 304 por ciento el acumulado anual. 

Al menos tres denuncias quedaron radicadas en sede judicial firmadas por empresarios areneros. Los piquetes que habían montado los representantes del gremio a nivel local con participación de afiliados de otras regiones, se levantaron por la tarde.

Antes habían pedido, al menos al responsable de una de la firmas, que “levanten la denuncia”. No solo no sucedió sino que seguirán adelante para que la acción de bloqueo no se repita. 

Hay fotos, videos y cobertura periodística que muestran las filas de camiones que sufrieron demoras en sus cargas para solidarizarse con el sindicato que a nivel local lidera el Concejal Matías Franco.

Esta mañana había dicho que la medida de fuerza del gremio de Marina Mercante era por tiempo indeterminado y que exigían un incremento salarial. Por la tarde y tras ser puesto en conocimiento que había intervención judicial, abandonaron los piquetes que habían montado en las puertas de las areneras.

La Opinión llegó a Frers y la Bajada al Puerto, allí constató la situación y registró imágenes en las que se veía a los afiliados y al menos dos vehículos que impedían el acceso a la planta de Arenera del Litoral. 

Una de las denuncias a las que tuvo acceso este medio indica que  cuando el dueño del establecimiento llegó al lugar “personal que realiza su jornada laboral en la arenera, le mencionan que el gremio de Marina Mercante a cargo del secretario general San Pedro San Nicolas Matías Franco, se hallaban en una medida de fuerza en proximidad del predio de la arenera realizando un bloqueo, impidiendo el paso de los camiones para ingreso y egreso a la empresa”, una situación que tiene antecedentes en la zona y en la que tras la intervención de la Fiscal María del Valle Viviani, terminaron presos dos sindicalistas del gremio Camioneros. 

En el mismo texto el denunciante refirió que presumía que los motivos por los que esas personas estaban en el lugar obedecían al pedido de “la reapertura de paritarias que se hacen en el mes de Abril” y que esa situación debe dirimirse  "en el ámbito del ministerio de trabajo". 

En la denuncia el empresario relató que Matías Franco le dijo que “no iban a dejar salir ni entrar a cargar ningún camión pero que si transeúntes / empleado podían ingresar a su jornada laboral a la arenera y que la medida es por tiempo indeterminado”…

La cuestión más importante que deberá evaluar la fiscalía radica en lo que el titular de esta arenera indicó respecto a lo que le dijo el representante del gremio. Menciona que cuando intentó entablar un diálogo con Franco para pedirle que libere el lugar para poder trabajar, este le respondió que no lo iban a hacer y que sólo admitirían el desplazamiento de personas ya que la medida sería por tiempo indeterminado. 

Luego de que La Opinión revelara la orden de detención emitida por la Justicia para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa penal por “pedido de coimas” que comenzó con la denuncia de la empresa Rey Distribución, el Centro de Comercio volvió a respaldar a la firma comercial local y celebró la decisión de la Justicia.

“Más allá de las consecuencias definitivas que este fallo pueda generar, creemos que la valentía de los empresarios para visibilizar la violenta presión de la que fueron víctimas se ve recompensada parcialmente con la exposición de un modo de accionar que claramente es inadmisible”, señalaron desde la entidad que preside Raúl Cheyllada.

Cuando Camioneros bloqueó la planta de la empresa Rey Distribución, antes y después de la denuncia por extorsión, el Centro de Comercio se había expresado en defensa de la familia comerciante y hasta propició una reunión entre empresarios del sector con funcionarios del Gobierno y concejales.

“Nuestra entidad acompañó y acompañará siempre a las empresas que apuesten al trabajo, a la inversión y al desarrollo, respetando todas las leyes vigentes pero no admitiendo, bajo ninguna circunstancia, la extorsión y la violencia como una modalidad de reclamo”, señalaron.

Este lunes a las 20.00 se desarrollará en el Centro de Comercio una reunión especial convocada por la entidad que preside Raúl Cheyllada relacionada con la situación que atraviesan las empresas distribuidoras en su vínculo con el Sindicato de Camioneros, tras el conflicto de la semana pasada en Rey Distribución.

El Centro de Comercio convocó a los referentes del rubro y además cursó invitaciones formales a autoridades del Gobierno municipal —intendente, secretario de Gobierno y de Desarrollo Económico— y al Concejo Deliberante —presidenta y titular de la comisión de Desarrollo Económico— para debatir la problemática.

“Nos parece muy importante que participe el sector, que sea una fuente de consulta respecto de cómo ve estas situaciones, creo que puede ser contribuitivo para ir resolviendo estas cuestiones”, dijo Cheyllada en Radio Cuarentena.

En San Pedro, informó, hay “unas 12 o 14 distribuidoras, transportistas, el sector que estamos representando” y destacó que “los no socios pueden anotarse para participar”.

Sobre la invitación al Gobierno y al Concejo, dijo que el plan es “compartir opiniones, deferentes miradas, tratar de alcanzar consensos para que las cuestiones gremiales se resuelvan en los organismos competentes y no atenten contra la actividad” económica.

Cheyllada señaló que en el Centro de Comercio han recibido planteos similares sobre situaciones como las que le toca atravesar a la familia Rey, que denunció penalmente en la Justicia al Sindicato de Camioneros por “extorisón y pedido de coimas”.

La semana pasada se expidieron desde la institución para cuestionar el bloqueo como modalidad de reclamo y reclamar la intervención del Estado en el tema.

El presidente de la entidad señaló que es importante “que los planteos se canalicen por los organismos competentes y no de esta forma, con todas las consecuencias que traen estos conflictos cuando se dan de esta manera”.

Cheyllada consideró que estas situaciones perjudican al comercio, desalientan la inversión y cuando tienen repercusión nacional muestra una imagen pública de la ciudad que no es conveniente.

“Lo que necesitamos es un punto de encuentro para fomentar el desarrollo”, dijo Cheyllada y señaló: “Hay una distorsión respecto de cómo se plantean las supuestas soluciones”.

“Hay que trabajar en conjunto para resolver, porque si queremos promover el desarrolo esto es un camino contrario”, analizó el titular del CCI y destacó que la entidad es “un ámbito de comunicación, de debate, un primer paso para la solución”.

“Creemos que el Ejecutivo y el legislativo pueden involucrarse respecto de poner aquellos límites que el accionar gremial debe cumplimentar, generar las condiciones necesarias para que esto no ocurra”, sostuvo Raúl Cheyllada.

El Sindicato de Camioneros que conduce en la región el concejal del Frente de Todos de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro acordó con la empresa A. L. De Francesco S. A. el pase a su gremio de un grupo de trabajadores que estaban encuadrados en Comercio y la reincorporación de un empleado que había sido despedido.

Durante lunes y martes, el corralón ubicado en el kilómetro 4,6 de la ruta 1001 permaneció con trabajadores de paro y con bloqueo en las puertas de la planta tanto en San Pedro como en la central, ubicada en Arrecifes, en reclamo para que empleados que cumplen tareas que Camioneros consideraba dentro de su convenio sean encuadrados como tales.

La empresa estuvo durante esas dos jornadas sin cumplir con sus repartos habituales porque tenía seis trabajadores, todos afiliados al sindicato de la Uocra, de paro y la puerta bloqueada por Camioneros. Sólo pudo atender a clientes en su salón de ventas.

Finalmente, antes de la audiencia prevista para este jueves, hubo un acuerdo entre la empresa, el sindicato de Camioneros y el de la Uocra para levantar el piquete y el paro, de manera tal que el corralón pueda volver a trabajar.

El acuerdo preliminar, que será ratificado en acta de audiencia en la Delegación del Ministerio de Trabajo, implica, por un lado, la reincorporación del chofer del camión mezclador hormigonero, y por el otro el pase de un grupo de empleados al sindicato de Camioneros, que no tenía ningún representado en esta empresa.

En el marco del acuerdo, los seis trabajadores que estaban bajo el convenio de Uocra, incluido el reincorporado, seguirán bajo ese encuadre. Se trata de “paleros” y “hormigoneros”.

Por otro lado, quienes conducen autoelevadores tipo Yale y se desempeñan en tareas de logística y reparto pasarán de Comercio a Camioneros.

La audiencia estaba prevista luego de una inspección de seguridad e higiene de la Delegación local del Ministerio de Trabajo solicitada por el sindicato de Cabaleyro.

Allí, en esa instancia de mediación, se firmará el acuerdo entre la empresa y los gremios que permitió levantar el bloqueo a los corralones de la firma De Francesco en San Pedro y Arrecifes.