En junio de 2022 se firmó el contrato por 142 millones de pesos para la construcción de 25 viviendas en Río Tala. El plazo para terminarlas: un año. O sea que deberían haber sido entregadas a sus adjudicatarios —aquí no hubo sorteo— en julio de 2023. 

El dinero venía del Ministerio de Hábitat de Nación. Ramón Salazar como intendente, Javier Silva como secretario de Obras, Fabián Rodríguez como secretario de Economía y la empresa APCO rubricaron el compromiso.

No sólo no cumplieron sino que en septiembre de 2023, un mes después de las elecciones primarias comenzaron los problemas. Apareció la UOCRA, “sorprendida” por la falta de pago a los monotributistas sociales. 

Las cifras fueron actualizadas de acuerdo al índice de construcción y, aun así, continuaban las demoras. 

Al igual que en las 84 viviendas, los obreros eran contratados por las mismas personas pese a que pertenecían a adjudicatarios diferentes.

Cecilio Salazar había vuelto a la Intendencia, Javier Silva seguía como secretario de Obras Públicas, el secretario de Hacienda era Alfredo Carrasco y la empresa adjudicataria ya llevaba otro nombre “al menos para los obreros que debían ir a cobrar a la misma sede de otras cooperativas”. 

Pese a que no cumplieron, no fueron denunciadas por los funcionarios ni investigadas por los concejales. Las rendiciones son un misterio y los materiales se esfumaron. Hoy el lugar es blanco de robos y saqueos.

La Opinión y Sin Galera recorrieron en dos etapas la manzana en la que se emplazan estas “viviendas sociales”, que así les llamaban cuando las anunciaron. El primero video es sobre calle San Martín, ahí llegaban las inspecciones y se observan avances más importantes.

El segundo video es sobre la calle transversal, limitada por un zanjón hediondo y que solo conduce a un anegamiento con agua podrida. 

Allí están las casas más postergadas, las que en muchos casos ni siquiera pudieron ser revocadas. 

Se repite la historia de las 84 viviendas, sólo que en estas no están las ventanas con vidrios que fueron fabricadas en una medida que obligaba a “achicar” las aberturas, como lo relató un proveedor a este medio.

Las imágenes fueron registradas el domingo 23 de junio en horas de la tarde. No necesitan de comentarios ni conclusiones. 

Es dinero de todos los argentinos que administra el Gobierno nacional y debía supervisar el Gobierno local. Ambos han incurrido en groseras irregularidades, sea quien sea el que lleva adelante la gestión. 

El director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, reconoció en Sin Galera que el Gobierno discontinuó los análisis de agua potable, que por ordenanza deben informarse cada mes. Lo que no dijo fue que el año pasado, para retomar esa obligación habían contratado a un laboratorio pero nunca le pagaron.

Este lunes, en Radio Cuarentena, el titular de ese laboratorio, el bioquímico Fabián Rodríguez, reveló lo ocurrido a mediados de 2022, dos años después de la última publicación de análisis de agua potable disponible, que data de mayo de 2020.

El profesional informó que los resultados nunca fueron entregados al Municipio por falta de pago de los honorarios correspondientes, que rondaban los 140 mil pesos. “No es caro. Si bien tiene un costo significativo, no es caro por pozos, y no se hicieron todos porque hay que hacer un grupo, después otro”, explicó.

Las muestras se toman en los pozos que alimentan la red, sobre las que se practican los análisis que se requieran. “Se dividen en dos grandes grupos, el análisis fisicoquímico (arsénico, nitratos, nitritos, pureza) y el microbiológico, que, como lo dice la palabra, está asociado con todo lo que es bacterias por decirlo de una manera”, detalló.

Desde el día de la toma de muestras, los resultados del análisis demoran alrededor de un mes. El costo de 140 mil pesos corresponde a la deuda del año pasado. Hoy, reconoció Rodríguez, el precio dependerá “de cuánto tarde en pagar el Municipio”.

El resultado señalará si el agua de o los pozos analizados es apta para consumo humano o no.

Rodríguez analizó una muestra particular que encargó una familia por cuestiones de salud, que reveló, por ejemplo, que en ese domicilio hay valores de arsénico al límite de lo tolerable por normativa.

Esa muestra fue tomada desde la canilla de la cocina de la vivienda. Rodríguez explicó que no necesariamente en todo el barrio el agua presente los mismos valores. “Depende de dónde tomen la red”, dijo y detalló que se replicaría en todas las casas en las que el agua provenga del mismo pozo.

Un análisis particular como ese cuesta entre 20 y 25 mil pesos. El profesional dijo que en su casa analiza el agua habitualmente y que los valores son aceptables. “Yo tomo agua de la canilla”, aseguró.

Rodríguez advirtió que “hay zonas en San Pedro que tienen muchísimas concentraciones de nitrato y nitrito”.

El laboratorio del bioquímico Fabián Rodríguez es el único en la ciudad con capacidad para hacer este tipo de análisis. Por eso es el que contratan el Consejo Escolar para tomar muestras en escuelas y jardines, y las cooperativas de las localidades, donde hay medidores.

Aunque “en general en la población mayor no pasa nada”, señaló que la presencia de esos compuestos químicos puede generar complicaciones en personas que padecen alguna enfermedad o en niños.

Además, el profesional indicó que si en una vivienda detectan que el agua sale turbia de la canilla, antes de encargar un análisis es importante que se verifique la limpieza de los tantes. “Lo ideal sería limpiarlo o controlarlo, como mínimo, una vez por año”, dijo.