El Gobierno provincial autorizó una serie de programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad relacionado con asistencia a niños y jóvenes de San Pedro, entre los que se incluyen subsidios por 30 millones de pesos para obras.

El secretario local del área, Walter Sánchez, mantuvo junto al intendente Cecilio Salazar una reunión con el ministro Andrés "Cuervo" Larroque, quien firmó los convenios en nombre del gobernador Axel Kicillof.

Sánchez detalló a La Opinión que obtuvieron dos subsidios de 15 millones de pesos cada uno para la puesta en marcha de dos obras de ampliación de espacios físicos destinados a los programas acordados.

Una corresponde a la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) para el Instituto Sarmiento, que aloja a chicos sin hogar en su sede de calle Salta y fue objeto de robo semanas atrás, para lo que el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, ya tiene instrucciones.

El otro es para "recuperar un espacio lindero al centro de Salud 1° de Mayo", donde instalarán una sede del programa Barrio Adentro, destinado a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años en situación de vulnerabilidad social o en conflicto con la ley penal que residen en el barrio donde se desarrolla.

El plan, informó Sánchez, es que ese nuevo espacio "pueda usarse también para la dirección de Salud Mental y para el Centro de Salud" ubicado en Boulevard Moreno y Benefactoras Sampedrinas.

Además, el ministro Larroque autorizó para San Pedro la creación de una nueva sede del programa Centros Juveniles, que ya funciona en Santa Lucía y que ahora será puesto en marcha en el CIC, para los barrios aledaños.

"También logramos una nueva sede para el programa Barrio Adentro, para Bajo Cementerio y Bajo Puerto. Vamos a usar el SUM de Villa Depietri para eso", detalló el funcionario sampedrino.

Además, San Pedro fue incluido por primera vez en el programa Operadores de Calle, que depende del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia como una red de detección y abordaje de situaciones de vulnerabilidad de derechos en menores de edad.

"También logramos el aumento de las becas para las casas del niño y los jardines municipales e incluimos ahí a La Colmenita, que están complicados con el tema de las trabajadoras y esto implica más recursos", agregó Sánchez.

Desde hace dos semanas La Opinión y Sin Galera consultan a los referentes del Movimiento Evita. Ni la concejal Rita Leguizamón ni su hijo, a quien todos mencionan como uno de los responsables de la administración, responden a los llamados de este medio.

La obra está parada y según refieren los vecinos del barrio, hace tiempo que los trabajadores que prestaban servicios por el plan Potenciar Trabajo no están en el lugar. Por las noches, tratan de garantizar la seguridad. El sábado 23 de marzo volvieron al predio y la propia líder del movimiento le negó a un cronista la posibilidad de referirse a la situación que atraviesan y como ha hecho en otras oportunidades se altera ante preguntas simples o curiosidades lógicas que le competen a cualquier ciudadano. 

El video y las fotos fueron registrados durante la primer semana de marzo y muestran un galpón de grandes dimensiones que se construye sobre terrenos ubicados en Mateo Sbert y Aulí, una propiedad que está catastrada a nombre de un particular y que Leguizamón dice haber adquirido con fondos propios.  El movimiento que a nivel nacional lidera Emilio Pérsico, quien también era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y fue denunciado por malversación de fondos públicos, tiene una gran cantidad de afiliados en San Pedro. 

Según se supo, todos los miembros deben tributar al sostén de la organización y los reclamos por los importes adeudados a los intermediarios se reclaman como “cuotas para pagar la computadora”. Quienes refieren esa modalidad son integrantes de una organización social que se identifica con e logo del Movimiento Nuestra América. Esos son los mensajes que cruzan y que se suman a los nombres de dos coordinadoras que ya fueron denunciadas para que el gobierno nacional las de de baja del beneficio que perciben. Todo confuso y preocupante, porque este medio sólo busca saber cuál será el destino del proyecto emplazado en el corazón de un barrio en el que el trabajo no abunda. También es cierto que parte de la organización de Leguizamón no solo milita sino que ha logrado montar emprendimientos genuinos y desplegar una labor que ayuda a muchas mujeres a poder planificar su sustento.

El container de obra montado en un trailer muestra la leyenda “Salud Comunitaria Barrio x Barrio”, Movimiento Evita, Segunda Sección. En el otro lateral lleva la sigla de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que es el sindicato que nuclea a todos los excluídos de la contratación registrada y el mercado laboral formal. Las publicaciones del movimiento recorren textos y lineamientos en procura de tierra, techo y trabajo con la estrategia que para los barrios populares plantea Juan Grabois. 

En este último intento de contacto que se produjo el sábado entre el cronista que llegó al lugar, Leguizamón le respondió que nada de lo que le contaba podía ser utilizado para una nota y que tampoco podía tomar imágenes. También le dijo que “no tiene por qué” dar explicaciones. Tras varias semanas de ser noticia, por la utilización de fondos públicos que se derivaron desde el Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos años, Rita señaló que dona la mitad de su dieta de concejal al movimiento.

La Opinión aguarda que en algún momento se remita algún comunicado oficial porque no son pocas las integrantes que preguntan si deben seguir aportando o no; tampoco son pocos los que no sienten miedo o angustia porque no saben si lo que están haciendo seguirá siendo un proyecto de vida o sólo militancia.

Con este galpón sucede algo que también pasa en otras obras. No hay carteles de obra, no hay permiso municipal de construcción exhibido ni el expediente que habilita la construcción en la Circunscripción I, Sección G, Quinta 15 que en ARBA figura como baldío.

En febrero pasado, el juzgado de Garantías que conduce Ricardo Prati suspendió una orden de desalojo que estaba firme contra vecinos de un asentamiento de Villa Igoillo porque fue notificado de la inclusión de ese barrio en un programa de integración urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A más de cuatro meses de aquella resolución, los vecinos del barrio elevaron una nota al intendente para pedir su intervención porque, aseguraron, los representantes de la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, que logró el desalojo del asentamiento precario denominado como “del callejón Pascual”, les advirtieron que la causa penal sigue en pie y que el reclamo por la propiedad de parte de donde tienen emplazadas sus viviendas está firme.

El barrio está delimitado por las calles Molina, Zanúccoli, su continuidad simbólica que corre por una traza irregular que bien podría ser denominada continuidad de 11 de Septiembre pues allí desemboca en dirección a Mansilla, y las vías del Ferrocarril.

El planteo de San Pedro Farm, la empresa de capitales chinos propiedad del supermercado mayorista, la nueva Terminal de Ómnibus y el predio desalojado en octubre del año pasado, es que tanto esa calle irregular denominada Zanuccoli bis como parte de los terrenos ocupados por los vecinos del barrio que se denomina “Don Pedro” están dentro de su propiedad.

Aunque Prati ordenó suspender el desalojo, la causa está en trámite porque la firma reclama esa porción de tierra. Los vecinos le enviaron una carta al intendente interino Ramón Salazar para ponerlo en conocimiento de la situación que atraviesan porque, informaron en la nota, fueron advertidos por representante de la empresa respecto de la continuidad del proceso penal en su contra.

“Luego de todos estos acontecimientos”, dicen en alusión a lo ocurrido a fines de febrero, “Alejandro Juan Bennazar nuevamente nos incrementa el temor a perder nuestras viviendas que tanto sacrificio nos costó”, indicaron. El martillero consignado en la nota es el representante inmobiliario de la empresa San Pedro Farm, cuyo abogado es José Benito Aldazabal.

Los vecinos señalaron que Bennazar les manifestó que “la causa se encuentra en juicio y que se podría producir un desalojo”, por lo que solicitaron al Gobierno municipal que “amparo yuna solución justa”.

Bennazar, señalan en la nota, se hizo presente en el barrio apra explicarles que como titular de la inmobiliaria que lleva su nombre “se encuentra con la gestión y trámite” de la situación y que las viviendas “se encuentran dentro del terreno” de la empresa de capitales chinos que representa.

Respecto del predio, los vecinos reconocen haber comprado a “un ciudadano que refería ser propuetario y que en este momento se encuentra fallecido” y que “frenta a la necesidad de vivienda” nunca le reclamaron documentación alguna.

“La mayoría de los vecinos que habitamos la zona resultamos ser ciudadanos de trabajo y nos resultaría imposible volver a construir una vivienda”, advirtieron en la nota que le enviaron al intendente interino Ramón Salazar este lunes.