Al igual que cuando denunció la cartelería de una inmobiliaria que puso en venta una gran porción de la zona costera que luego se vio obligada a retirar, Eduardo Génova alerta sobre lo que sucede en otros tramos de la ribera. En coincidencia con decenas de publicaciones de La Opinión & Sin Galera, no hay controles ni monitoreo de cumplimiento de normas que impiden el avance de privados en la costa. 

“Comenzaron las OBRAS para HERMOSEAR LA COSTANERA”, así en minúscula y mayúscula apareció el comentario de Génova, asombrado por el espectáculo que se abría frente a la bajada de Los Dos Pinos.

“Mientras en las ciudades vecinas hacen obras para atraer el turismo mejorando la ribera acá CUALQUIERA HACE LO QUE SE LE ANTOJA SIN NINGUN CONTROL. Propongo que SE PROHIBA CUALQUIER CONSTRUCCION O REFORMA EN LA COSTANERA”, dijo el hijo del ex concejal radical pese a que ya hay normativa que impide la apropiación que por lo general termina con trámites de posesiones.

.“Howard tapó con construcciones lo poco que se veía de agua., Tiro Federal coloco cien carteles con publicidad estropeando la vista de la barranca. No me opongo a qué esté el Club ahí, sino que se cuide el paisaje”, aclaró este vecino en el comentario que acompaña las fotos que envió a este medio.

Ese es el camino de Los Dos Pinos y de El Dueño del Tano, que desemboca abajo en la costanera, ahí en el riacho y bajando, la primera vista que tenés es eso. Es una cosa de locos. Bueno, al margen de los animales y de todo lo que hay, ¿no?"

También se refirió a diques y a un proyecto de puerto para los apicultores que también terminó con intervenciones sobre territorio que debe estar protegido. 

“No sé para qué son, en definitiva. Lo habían hecho para los de las abejas, para los barcos de las abejas, no sé bien qué era. La bajada de Chávez y otro que hay más adelante. Eso lo coparon todo, lo usan para guardar autos, para dejar cosas tiradas; todo un descontrol. Me parece un disparate total. 

Estas cosas se pagan después a la larga, ¿no? Porque, bueno, a la larga no, a la corta ya se está pagando, el turismo no viene. ¿Y qué va a venir? A ver mugre, a ver animales sueltos”, se preguntó Génova al igual que miles de sampedtinos que ya no tienen acceso al río. 

La nota que publicó La Opinión respecto de los honorarios millonarios que debe pagar el Municipio tras perder en la causa por los terrenos de avenida España al 600 desató una ola de comentarios por parte los sampedrinos. Si bien los pagos a los abogados que representaron al municipio ya fueron desestimados por la justicia, quedó el sabor amargo sobre la protección de los espacios públicos, los bienes de la población y el cuidado del patrimonio colectivo.

"Perdió. No sean caraduras. Los vendieron los políticos de turno, las inmobiliarias y los que estuvieron en planeamiento. Manga de delincuentes con complicidad de todos los que han ocupado una banca. Después se llevan preso a un tipo con cuatro paltas, dan risa", comenzó diciendo Ale.

Mauro continúo y propuso: "Lo que tienen que hacer es liberar toda la costa, la parte donde la gente pesca. Pasando la Bajada de Chaves está todo tomado, todo alambrado. Eso tiene que estar liberado y la gente tiene que tener acceso sin que nadie le tenga que dar permiso o que le quieran cobrar".

Otras personas se acordaron de las 84 viviendas, como Alejandra que dijo: "Y así les va a pasar con los terrenos de Arcor. Hicieron viviendas en terrenos que tenían dueño", Susana lo vio y le respondió: "Seguramente si van a juicio, el estado pierde y el pueblo paga".

"Y pensar que el hombre que ocupaba esos terrenos donde tenía su pequeño rancho y criaba chanchos fue y lo denunció varias veces a los concejales de ese momento y nadie hizo nada", expresó con pesar Luis.

Por último, Gastón compartió su opinión sobre la situación y dijo: "Hay que meter en presos a a los gobernantes que entregaron esos terrenos en manos de personas a las que no le interesa nada más que su propia ventaja y ganancia. Es fácil entregar lo que no sienten ni consideran que es de ellos (los gobernantes) y más fácil es para el resto de los parásitos (abogados) que están para sacar ventaja". 

Los terrenos que las familias del ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge, su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y que el resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez reclamaron como propios tras haber edificado varias viviendas y aducir derechos posesorios, nunca más serán de los sampedrinos. 

El litigio que comenzó en el año 2004 y sobre el que la concejal y ex Asesora Letrada Paola Basso advirtió en mayo de 2023, había quedado sin seguimiento, escribió su capítulo final en la justicia tras la determinación de los honorarios que le corresponden a cada letrado. Los inmuebles fueron tasados en 72.000.000 de pesos y sobre esa base que fue estimada en noviembre de 2023 ahora hay que liquidar lo que le toca a cada uno. En junio de 2023, el municipio había anunciado una apelación.

 La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad.

Están los que cobrarán por perder y el que cobra por ganar, más los beneficiados con los sucesivos fallos y ventajas que no todos los que usurpan tienen la dicha de concretar. Efectivamente, la usurpación mayor y emblemática quedó plasmada a la vista de toda la ciudadanía. La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad. Cuando se ven estos resultados, sobrevienen las dudas del verdadero afán que anima al funcionario público a la hora de defender los intereses de la población. 

Para el abogado de las familias que lograron pasar de la usurpación a ser propietarios, la justicia dispuso el pago de 13.365.000 pesos más 230,22 jus (unidad de medida que sirve como guía para los distintos trabajos que realiza un abogado) a un valor de 19.546 que totalizan otros 4.484.692 pesos. 

Si el letrado es responsable inscripto habrá que adicionarle el 21% de IVA. En total: 17.849.692 pesos. Corresponde porque es quien ganó el litigio y logró probar que los ocupantes podían hacer valer sus derechos.

La concejal y abogada Paola Basso al igual que todos los que desempeñaron durante las gestiones de Barbieri, Guacone, Giovanettoni y Salazar como asesores letrados será compensada de acuerdo a los tiempos en los que le tocó actuar. La justicia reguló para ella 4.365.900 pesos como compensación a su desempeño. Claro que este y todos los montos de funcionarios que cobraron su sueldo para resguardar los intereses de la comuna podrían ser apelados, algo que aún este medio no ha podido confirmar.

Le sigue el Dr. Juan Benseny, quien se desempeñó en esa asesoría durante el gobierno de Pablo Guacone. Para él fue regulado el importe de 1.746.360 pesos. Durante el siguiente mandato ese cargo quedó en manos del Dr. José Macchia que ahora es Juez de Paz de la ciudad. A él le corresponden 873.180 pesos más 42,15 jus que equivalen a 823.863. Para Ricardo Uguet, el monto fue fijado en 42.12 jus, por un total de 881.915 pesos. 

A la Fiscal de Estado, María Hiraldo le corresponden 9.355.500 pesos más 161.15 jus que equivalen a otros 3.149.837 pesos.

El arquitecto que tuvo a su cargo mensurar los terrenos y darles el valor acorde a su valuación primaria fue designado por sorteo y se llama Aníbal Julio Velasco. Por su tarea le corresponde cobrar 3.600.000 pesos a los que habrá que adicionarles el IVA.

Sin el impuesto al valor agregado, los sampedrinos tendrán que abonar como mínimo lo que corresponde a Bengolera, Hiraldo y Velasco que suman: 33.957.029 pesos. Si no se apelan los honorarios regulados a los abogados de la municipalidad, habrá que sumar 7.862.355 pesos. 

Ya no hay otras instancias para cursar y el privilegio de ocupar o simular derechos posesorios en la costanera acaba de sentar otro antecedente que derivará en una serie de actuaciones que esperan el mismo desenlace. Por solo pensar en los más recientes, ¿quién podrá ahora decirle a un intruso en un terreno fiscal o de la costa o de las islas sin catastrar que debe desalojarlos?

Como si fuese poco, hay concesiones que se hicieron a la iglesia y terminaron en manos privadas como “la casita de las monjas” que fue vendida con toda su documentación pero que estaba destinada a otros fines.

 Después el Tiro Federal, cuyos permisos se extendieron en otro siglo y hoy exhiben moles de cemento en pleno paseo costanera. 

Mansa Lyfe, también perdido a manos de Luz y Fuerza, Pesca y Casting, en manos de un grupo de “asociados” a los que el puerto nunca termina de desalojar y hasta el Paseo Público donde quien lo desea edifica una guardería de botes sólo porque se siente con derecho a apropiarse de un cuerpo de sanitarios que pertenecía a todos los sampedrinos. 

Pues bien, después de este resumen y catarsis por “todo lo que no volverá al igual que nuestra bella laguna” sobrevienen las deudas que todos y cada uno de los contribuyentes habremos de pagar de acuerdo a los honorarios que reguló la justicia sin que que en el Concejo Deliberante al menos dos de sus integrantes se disculpen por ser parte de esta vergonzosa situación.

Juan Cruz González es concejal de Unión por la Patria y ahora es dueño de una de las propiedades por las que litigó contra la comuna. Paola Basso, la concejal afiliada a la Unión Cívica Radical que cumple doble mandato porque aún no renunció al anterior, percibirá sus honorarios por haber “defendido” al Municipio al igual que otros funcionarios que por lo visto, fracasaron.

En mayo de 2023, durante el programa Sin Galera, se anunció el fallo favorable en el juicio Municipalidad de San Pedro C/Calonge Raúl y otros S/acción de restitución.

En la década del 90 quien desempeñaba tareas de remoción en el basural logró quedarse con un predio al pie de la barranca en zona privilegiada. Así, un pequeño sector se transformó con el tiempo en motivo de un largo pleito y una expansión edilicia que dio lugar a que otros vecinos lograran probar primero la posesión y ahora la propiedad de una gran porción de la costa.

Se trata de las familias de el ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge y su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y del resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez.

Hace pocas semanas la ex Asesora y ahora Concejal Paola Basso recordó una serie de acciones que habían quedado pendientes de decisión judicial y seguimiento cuando dejó su cargo. Este era uno de ellos, pero desde que el lugar fue usurpado y las edificaciones crecieron, pasaron varias gestiones de gobierno: Pángaro, Barbieri, Guacone y Salazar padre e hijo. Durante todo ese tiempo el litigio por la recuperación se mantuvo en favor de los sampedrinos.

Si bien los antecedentes se remontan a fines de la década del 80, el “error” que desencadenó el resultado adverso se cometió en 2017, cuando se modificó la definición de un bien público municipal por un bien privado. Sucedió en ocasión del recupero de todas las superficies costeras que van desde Mallorca al Tiro Federal a excepción del lugar que pertenece al obispado donde funcionó durante mucho tiempo la Dirección de Turismo Municipal. El estacionamiento de Pescadores es una concesión provincial y el resto era patrimonio público municipal y por ende propiedad de todos los vecinos de San Pedro.

El sábado por la mañana, el móvil de Sin Galera, recorrió el lugar y trazó la dimensión que se logró merced al avance de murallas y cercos que ampliaron el pequeño sector que ocupaban los habitantes originarios en pequeñas viviendas. De hecho, el primer litigante, Raúl Eduardo Calonge había comprado en el año 1987 los derechos posesorios a una familia de apellido Caffieri.

Desde el lugar, el periodista Rafael Flaiman explicó los alcances del fallo sobre el que además restan por fijar los honorarios de los abogados ya que serán fijados en relación a la valuación de los predios.

El litigio que tuvo su primer antecedente en diciembre del año 2004, entra ahora en el ritmo de las notificaciones y los derechos que puedan esgrimir todos aquellos que han construido en la zona. Otro capítulo triste para una ciudad que en lo que va del año ya sufrió dos impactos que involucran distracciones imperdonables: los terrenos de Arcor en la zona del Bajo Puerto y este sector estratégico para el turismo y la recreación.

Entre sus promesas de campaña en 2015, Cecilio Salazar había prometido pasar con la topadora por toda la costa para recuperar predios. No fue el único.