El caso de la banda de policías que actuaba en la región cuyo juicio tendrá a algunos efectivos en debate oral y a otros en trámite abreviado, tuvo a un sampedrino involucrado: Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, quien fue investigado y sobreseído por falta de pruebas.

Camino a la elevación a juicio de una investigación que comenzó cuando un delincuente perdió un celular al momento de escapar tras un robo, el fiscal Patricio Múgica Díaz consideró que no había elementos probatorios suficientes para endilgarle participación en los hechos investigados.

La falta de pruebas de cargo idóneas fue fundamental para que el santalucense quedara afuera de la investigación que ahora va a juicio y el juez Román Parodi dispuso "sobreseer totalmente a Juan Ramón Reinoso en orden a los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública".

A su vez, además de la causa penal Reinoso enfrentó un sumario administrativo ante la  Auditoría General de Asuntos Internos, donde también fue sobreseído y evitó así una sanción, lo que le permitió continuar trabajando, como hasta hoy, como efectivo de la Policía Bonaerense.

Juan Reinoso había sido detenido por la Policía Federal el 21 de septiembre de 2023, cuando la Justicia ordenó alrededor de 25 allanamientos en toda la región. Un mes más tarde, recuperó la libertad por falta de mérito para la prisión preventiva.

En su declaración dijo que con la única persona de las involucradas en los hechos con los que tuvo contacto fue con Lucas Artioli, el jefe de calle de Ramallo sindicado como cabecilla de la banda investigada, porque habían sido compañeros y mantenían vínculo laboral cuando ocurrían hechos relacionados entre Baradero, su nuevo destino, y Ramallo.

En 2022, Artioli le mandó mensajes por WhatsApp para comentarle que tenía un cupo de horas Cores disponible para la Comisaría de Baradero, por si le interesaban. Tenía que hablar con un tercero, con quien no se comunicó porque "no quería tener inconvenientes".

Reinoso declaró que nunca le pidieron dinero por horas Cores y que las que cumplió siempre fueron controladas por planilla y libro por parte de la encargada de la oficina administrativa y el jefe de la policía de Baradero.

En la causa obraban tres transferencias de dinero de Artioli a la cuenta de Reinoso, quien señaló en su declaración que esos montos correspondían a una suma que el sindicado como jefe de la banda de policías delincuentes le debía, pero que nada tenía que ver con retorno de horas Cores o algún tipo de actividad ilícita.

Las medidas de prueba producidas en el marco de la investigación que lleva a la banda a juicio respaldaron la declaración de Reinoso, lo que motivó la solicitud de Fiscalía de sobreseer totalmente al santalucense, a lo que el juez de Garantías Román Parodi accedió.

El fiscal Patricio Múgica Díaz llevará a juicio a los policías y civiles involucrados en la banda que lideraba el exjefe de calle de la Bonaerense en Ramallo Lucas Rubén Artioli y que tuvo al sampedrino Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, entre los involucrados.

La semana pasada, cuando iba a desarrollarse el juicio oral, aparecieron propuestas ante el Tribunal para que algunos de los acusados sean juzgados mediante trámite abreviado, reveló El Norte.

Los imputados eran en total ocho policías y tres civiles, entre los que están quienes irán a debate y los que eligieron la modalidad abreviada. Entre los últimos, el propio Artioli, señalado como cabecilla de la banda. Además hubo efectivos que quedaron fuera de sospecha, entre ellos Reinoso.

Los demás están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, entre ellos robos a mano armada con encapuchados y privación ilegítima de la libertad; hurtos; custodias no registradas y manejo discrecional de horas adicionales (Core) a cambio de retornos, cobrados vía transferencias en billeteras virtuales.

La sospecha es que fueron parte de una serie de robos cometidos en la región y además hay otro grupo, vinculado a este, a quienes acusaron de vender droga que se quedaban de operativos.

El fiscal Múgica Díaz comenzó la investigación en julio de 2022 cuando analizó un celular que un grupo de delincuentes había olvidado al escapar tras cometer un robo.

La tarea investigativa logró mapear la estructura delictiva y un año después se ordenaron 25 allanamientos. En ese marco, un comisario se quitó la vida antes de que lo allanaran y dejó un video en el que reconocía ser parte de la banda "del teniente primero Artioli".

Entre esos allanamientos, uno tuvo lugar en Santa Lucía, en la casa del oficial Juan Ramón Reinoso, vecino de esa localidad de San Pedro que se desempeñaba en Baradero y además es abogado.

A Reinoso ese día lo detuvo la Policía Federal, encargada de los procedimientos. Fue involucrado en la trama relacionada con el cobro de "changas" de custodia sin aviso a los superiores y en el manejo discrecional de horas adicionales, pero no aparece en la causa relacionada con la venta de drogas. 

Juan Ramón Reynoso fue sobreseído tanto en la causa penal como en el expediente administrativo ante Asuntos Internos.

La Justicia ordenó la libertad para el policía oriundo de Santa Lucía Juan Ramón Reinoso, quien había sido detenido junto a otros 15 efectivos de la Bonaerense de toda la región en el marco de una investigación que desbartó dos bandas integradas por uniformados, dedicadas a la venta de drogas, la organización de asaltos a mano armada y la defraudación al Estado mediante la falsificación de horas Cores.

Fue el propio fiscal Patricio Múgica Díaz quien solicitó la libertad por falta de mérito para Reinoso y para otros dos detenidos, Walter Ramón Espinoza y Claidio David Báez, tras las declaraciones indagatorias que permitieron establecer el grado de participación de cada uno de ellos en los delitos investigados.

En el caso de Reinoso, a quien le atribuyeron ser parte de la organización para defraudar al Estado provincial con horas Cores apócrifas, la falta de mérito surgió luego de que el efectivo santalucense que se desempeña en Baradero declarar que le habían ofrecido ser parte de ese “negocio”, dijo a La Opinión su abogado, Paulo Cordara.

La investigación estableció que la banda de policías se dedicaba a cobrar “changas” como custodia sin dar aviso a los superiores y sin registrar, así como al manejo discrecional de horas adicionales, que se asignaban entre ellos o a efectivos que elegían y a los que les cobraban un retorno.

En ese marco, mensajes de Lucas Rubén Artioli, sindicado como el cabecilla, enviados a Reinoso para contarle que había “un cupo disponible” de horas Cores para asignar en Baradero lo terminó involucrando en el caso, aunque ahora la Justicia lo liberó por falta de mérito, explicó Cordara.

La causa que investiga Múgica Díaz tiene tres grandes aristas: la defraudación al Estado con las horas extras de la policía; la venta de drogas; y la organización de robos a mano armada. El santalucense sólo aparecía mencionado en la primera.

A Juan Ramón Reinoso lo allanaron el 21 de septiembre, en el marco de un megaoperativo que incluyó 25 allanamientos en San Nicolás, Ramallo, la casa y estudio jurídico de Reinoso en Santa Lucía, y hasta una celda de una Comisaría en Corrientes.

La falta de mérito implica la libertad inmediata “sin perjuicio de la prosecución de la causa”, según señala la resolución firmada por el juez de Garantías interviniente, Román Parodi.

“La libertad fue pedida por la fiscalía porque a esas personas no le vamos a pedir la preventiva que si ya solicitamos para los otros imputados”, dijo a La Opinión el fiscal Patricio Múgica Díaz y agregó: “No obstante, sigue la investigación respecto a todos y a otras personas, y una vez finalizada solicitaremos la elevación a juicio”.

El fiscal explicó que la situación de cada uno de los involucrados fue evaluada para la solicitud de prisión preventiva, que implica mantener detenidos a los acusados de un delito mientras dure el proceso, y que es “independiente el pedido de prision preventiva con la prosecución de la causa hasta solicitar en su caso la elevación”, por lo que “todos siguen imputados”.

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La detención de ocho policías, entre ellos Juan Ramón Reinoso en Santa Lucía, involucrados en una banda organizada para la comisión de diversos ilícitos, entre ellos la venta de drogas y el robo a mano armada, implicó el secuestro de una gran cantidad de celulares cuyas pericias serán fundamentales para la causa.

El fiscal Patricio Múgica Díaz, a cargo de la investigación, explicó en Sin Galera que la información que revelen esos teléfonos permitirá establecer qué robos a mano armada cometidos por encapuchados y con privación ilégitima de la libertad de las víctimas fueron responsabilidad de esta banda de policías delincuentes.

Múgica Díaz confirmó que los hechos que son materia de investigación y que se le sospecha a la asociación ilícita desbaratada fueron cometidos en San Nicolás, Ramallo y San Pedro. En el ámbito local, hay una serie de robos, sobre todo los cometidos en la zona rural próxima a Santa Lucía, que están bajo análisis.

La investigación que derivió en 25 allanamientos en la región comenzó con una entradera ocurrida en julio de 2022. El material probatorio reunido permitió “desentrañar que no se trataba de un simple hecho aislado”, dijo el titular de la Fiscalía 14 de San Nicolás.

Tras un año de trabajo, Múgica Díaz logró establecer que la banda estaba conformada por efectivos de la Policía Bonaerense y por civiles, bajo la conducción del exjefe de calle Ramallo, Lucas Artioli, para la comisión de diversos ilícitos.

Además de los detenidos, hay otros policías involucrados en cuyos domicilios hubo allanamientos para secuestrar, sobre todo, los celulares. “Lo que entendemos es que todos han brindado aportes, más que nada los policías, sin los cuales los delitos cometidos no los hubieran podido realizar”, dijo Múgica Díaz.

Además de organizar y protagonizar robos a mano armada, hurtos de diversa índole, otros delitos contra la propiedad y en algunos casos vender drogas, los policías integrantes de la banda están acusados de fraude a la administración pública por la distribución irregular de horas adicionales.

“Hay una gran cantidad de efectivos policiales comprometidos en lo de las horas cores, es vergonzoso”, consideró el fiscal y reveló que los retornos que les cobraban a quienes les asignaban esa horas de manera discrecional se hacían a través de billeteras virtuales, por lo que “quedaba totalmente registrado” el movimiento de ese dinero.