El Gobierno, a través de Vialidad Nacional, lanzó la licitación de la autopista de la ruta 9, para el tramo denominado Portuario Sur, entre Campana y San Nicolás, y la ruta 188, entre San Nicolás y Realicó, en La Pampa.

El proceso forma parte de la Red Federal de Concesiones que se ha planificado para las carreteras más importantes del país, vinculadas al sector productivo.

El adjudicatario remplazará a Corredores Viales S.A. y tendrá la responsabilidad durante 20 años de realizar obras y el mantenimiento de las calzadas.

El Tramo Portuario Sur incluye 636,75 kilómetros de longitud, abarca las Rutas Nacionales 9 y 188, esta última con recorrido sobre el noroeste bonaerense y un corto tramo que atraviesa el norte La Pampa.

La primera licitación fue para la Mesopotamia, que incluyó dos tramos del ex Corredor Vial 18, que abarca las rutas nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario–Victoria.

Para la segunda fase, el cronograma preveía la apertura de la licitación de más de 4.400 kilómetros de rutas, entre ellas la ruta nacional 33 (Santa Fe y Buenos Aires), la ruta 35 (Córdoba), además de la 9 y la 188.

La tercera fase sumará otros 3.900 kilómetros, alcanzando en total 9.154,67 kilómetros licitados, lo que representa el 20 % de la red vial nacional, pero que concentra el 80 % del tránsito del país.

Respecto a la ruta 9, la licitación del Tramo Portuario Sur comprende desde el empalme Ruta A-024, acceso al Puerto de Campana, hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, que lo marca el arroyo del Medio. En total son 164,19 Km.

La ruta 188 a concesionar va desde el cruce con la ruta 9, en San Nicolás, hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en Realicó (La Pampa). El trayecto tiene una extensión de 472,56 Km.

También existe el Tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, que completa el sector de la ruta 9 hasta Rosario. A esto se le suma la Avenida Circunvalación de Rosario y la Ruta 33 que une Rosario con Trenque Lauquen.

Las exigencias para el concesionario consisten, entre otros aspectos, la reconstrucción de las colectoras pavimentadas de la Ruta 9, que solo se verán entre los kilómetros 93 y 108,50. Tan solo 24,500 km. Para el resto no existe nada previsto.

El mismo caso para la iluminación de los accesos. En el partido de San Pedro se obliga al mantenimiento lumínico de la única balanza, la ubicada en Río Tala, Km 152,30; y el puente del cruce con la ruta provincial 191, en el km. 162.

En cuanto a los peajes, pese a que en algún momento se aludió a la creación de más puestos, continuarán existiendo el Zárate, en el km. 88, y el de General Lagos, Km. 271. Estos tendrán la impronta de funcionar con el sistema Telepase.

También existen espacios adyacentes pertenecientes a Vialidad Nacional, como el campamento de Río Tala, sobre la ex ruta 9, que el programa Sin Galera visitó días pasados. El predio también figura en el pliego, pero con la aclaración de que será entregado en comodato al concesionario si éste lo requiere.

La fábrica de pastas “La Sampedrina” recibió la visita de los cacos en la madrugada de este sábado, quienes logaron ingresar al negocio después de violentar la puerta de acceso.

En calle Mitre 2075, donde funciona actualmente el comercio, sujetos ignorados forcejearon y rompieron una abertura de chapa, que en horas del mediodía mostraba como evidencia un cerrojo provisorio de cadena y candado.

Una vez en su interior, los ladrones pudieron apoderarse de una balanza electrónica, herramientas, mercadería diversa y hasta los postres.

#489 envió su reclamo: “Cada vez peor, por qué no se termina de una vez por todas esta burocracia. Nadie presentó un proyecto para que los camiones vayan por el camino del basural y poner la balanza en esa zona para descomprimir toda esta ruta antes de que alguien muera?”

El Gobierno comenzó a cobrar la tasa de pesaje de vehículos de transporte a camiones que no necesariamente cargan arena para salir de la ciudad, confirmaron transportistas.

El gravamen establecido en 2017, cuando lo incluyeron en la ordenanza impositiva, establece que debe pagarse un tributo por control en la balanza del peso de los vehículos que transportan mercadería.

La tasa fue creada prácticamente a medida de los camiones areneros luego de la repavimentación de la ruta 1001, cuyo deterioro antes de esa obra se atribuía al exceso de peso con que esos vehículos transitaban por allí.

El decreto reglamentario de ese año estableció la “obligatoriedad para todos los camiones que salen de nuestra ciudad el pesaje obligatorio en la balanza fija ubicada en calle Crucero General Belgrano y calle Independencia”.

El canon estuvo siempre apuntado a los areneros. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a pasar por la balanza otras cargas y el personal de la Dirección de Tránsito que conduce Ángel Jesús Burgos le informa a todos los camioneros que deben pesar y pagar.

“Hará un mes que empezamos a pagar”, informó al móvil de Radio Cuarentena un transportista que llevaba papel y esperaba para pesar en la balanza pública, quien se quejó por la falta de señalización en el lugar.

“Cuando salgo, pago, y luego tengo que pasar cada vez que salgo, pero pago la primera vez nomás”, indicó. Lo mismo refirió un transportista arenero, que se quejó por el mal estado del acceso a la balanza.

El acceso y la salida de la balanza están en el mismo lugar, por calle Independencia, lo que provoca que por momentos haya dificultades en el tránsito por esa vía que lleva desde Crucero General Belgrano hacia la zona industrial.

De la misma manera, la cantidad de camiones que pasan por el predio de la ex Coplac donde también funciona el depósito municipal de vehículos secuestrados hace que el camino que desemboca en ruta 1001 tenga una circulación importante de vehículos de gran porte.

“Por cada pesaje de camiones o camionetas que trasporten bienes”, dice la ordenanza impositiva vigente, deben pagarse 672 pesos. Por lo general, camionetas cargadas que pasen a pagar el canon no se ven.

“Areneros, cartoneros, chatarreros, tosqueros, los que llevan bobinas de hierro”, todos deben pagar esos 672 pesos “por única vez en el día”, según informaron fuentes de la Municipalidad, aunque se desconoce, por lo pronto, el instrumento administrativo que establece esa reglamentación.

Este viernes, en Radio Cuarentena, un camionero se quejó porque cargó en San Nicolás con destino Buenos Aires y pasó por San Pedro para ir a su casa. Cuando fue a estacionar el semi, inspectores le informaron que debía pasar por la balanza.

“Me encontré con esta sorpresa”, dijo y relató: Siempre ingreso por ruta 191, hago el mismo trayecto hasta la Puma, que es donde dejo el semi siempre, estoy estacionando y me encuentro con los dos móviles de los inspectores municipales que me dicen que tengo que ir a pesar, les expliqué que no cargo ni descargo acá, me dijeron que es una nueva legislación, el señor Burgos”.

“En algunas provincias cobran un canon cuando uno va a cargar, es la primera vez que escucho que le cobran a un residente de una ciudad por pasar por su casa”, indicó y cuestionó: “Me parece injusto tener que pagar para entrar a mi casa, yo paso a bañarme, a cambiarme, a buscar ropa”.

El reporte llegó a La Opinión en boca de varios camioneros sampedrinos que al llegar a San Pedro tuvieron que abonar el pesaje de sus camiones por “una nueva ordenanza”. Mauricio reportó: “Soy un camionero de San Pedro, desde ya hace mucho tiempo trabajo en una empresa de San Nicolás. Hoy ingresé por ruta 191 hacia la estación de servicio Puma, donde dejo el semi en playa. Cuando estoy haciendo la maniobra para estacionar me di cuenta que había unos móviles municipales, no entendía que había pasado y pregunto qué paso y me dicen que por una nueva ordenanza municipal tengo pesar y pagar para poder entrar a mi casa, a mi ciudad, donde yo nací, tengo pagar para poder ir a mi casa, no tienen vergüenza, yo no cargo en San Pedro vivo acá y tener pagar para poder ir a mi casa es una locura”.

#655 también reclamó: “Una vergüenza que para entrar a tu ciudad te cobren. Después de estar 15 días fuera de casa trabajando arriba del camión regreso a mi casa y cuando estoy entrando con el camión me paren y me cobren para poder entrar a San Pedro. Una vergüenza. No pueden cobrar para entrar a mi casa, esto en otras ciudades no pasa, solo acá es una vergüenza”

El 27 de diciembre de 2019, la empleada municipal Carolina Moré, responsable de trasladar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones areneros ubicada en el predio de Coplac en camino Crucero General Belgrano, denunció que esa madrugada un motochorro le había robado un bolsín donde llevaba parte de la recaudación de varios días de la tasa que se cobra a cada transporte de cargas que sale de San Pedro.

El episodio, conocido como “el escándalo de la balanza”, provocó intensos debates porque reveló una manejo que el Gobierno reconoció al menos “desprolijo” en la modalidad de cobro de una tasa creada a medida de los camiones areneros luego de que se repavimentaran la ruta 1001 y el camino Crucero General Belgrano.

En materia judicial, dos novedades relevantes ocurrieron en las últimas semanas, de acuerdo a lo informado por la fiscala Viviana Ramos a La Opinión.

Por un lado, ante la falta de elementos probatorios para avanzar en la causa por el robo, decidió archivarla. Por el otro, las “desprolijidades” del manejo de esos recursos provocaron que la titular de la UFI 11 ordenara la conformación de una nueva causa para investigar si el Gobierno cometió algún tipo de delito respecto de esos fondos.

El robo es imposible esclarecerlo, al menos con los elementos obrantes hasta el momento.

Carolina Moré dijo que el 26 de diciembre de 2019, alrededor de las 22.00, fue a retirar el dinero con la recaudación de los últimos días, que eran varios porque hubo feriados de Navidad en el medio. Colocó los billetes en una mochila y se fue.

Pero no se fue a hacer el depósito, porque ya había pasado el horario bancario. Fue a un cumpleaños y luego a su casa, donde, relató, fue sorprendida por una pareja de motochorros armados que la apuntaron y le arrebataron el bolso. Habían pasado alrededor de tres horas desde que se fue de la balanza.

No hay pruebas que permitan imputar a nadie. Nada alcanzó para establecer sospechas respecto de quiénes le robarn el dinero a la empleada a la que la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri le confió el retiro de los billetes para su posterior depósito.

Ese aspecto del famoso “escándalo de la balanza” pasó a archivo en la Justicia y sólo volverá a abrirse el expediente si aparece algo o alguien que pueda aportar elementos contundentes para sostener una acusación.

La otra causa, la que Ramos ordenó abrir y que deberá tramitarse en una Fiscalía de Baradero porque allí van los expedientes en los que hay funcionarios públicos locales involucrados, trasciende el asalto a Moré y pone el ojo en otros puntos.

La modalidad de recuadación, los procesos para depositar el dinero en el banco y la rendición de los tickets, cuyo talonario desordenado fue reconocido como “desprolijo” por el Gobierno en más de una oportunidad tras el hecho están ahora en la mira de la Justicia.

Para Ramos, esa forma de manejar esos recursos públicos podría ser pasible de calificar como delito.

Por ello lo que ordenó que se abra una investigación en procura de establecer si caben responsabilidades penales al intendente Cecilio Salazar, al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y a quienes ellos hayan delegado tareas relacionadas con la recaudación de la tasa por pesaje de camiones.

Lo que Ramos sospecha es lo que los concejales del Frente de Todos expusieron en la sesión extraordinaria de febrero de 2020 en la que discutieron con el oficialismo por el tema. Gastón Casco dijo que hubo en el tema “una tremendo irregularidad” y una “improvisación” que provocó “un hecho demasiado grave”.

Sin cortapisas, acusó: “Estamos hablando del manejo imprudente y delictivo de los fondos municipales”.

Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, las palabras de Casco habían sido “imprudentes”. En ese momento, el concejal opositor reveló que la fiscala Ramos había informado acerca de una “demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia”. En efecto, la Fiscalía tardó seis días en tomar conocimiento de uno de los hechos delictivos más graves que involucran el Estado municipal.

Tras el episodio, la Municipalidad aseguró que dispondía modalidades distintas para la recaudación y posterior depósito del dinero, aunque el mecanismo vigente que implicaba que cada empleado tuviera un talonario y que los números entre turno y turno no sean correaltivos persistió.

En noviembre del año pasado, La Opinión reveló en exclusiva que el Gobierno de Cecilio Salazar había tomado la decisión de privatizar el servicio de pesaje de camiones.

Así, en lugar de alquilar la balanza a un privado y poner personal propio para la cobranza, recaudación y depósito del dinero, habrá una empresa administradora que se ocupará de todo el proceso. Buscan, aseguraron en ese momento a este medio, “veri si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”.

El jueves pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para ser autorizado a llamar a la licitación. El plan es que la empresa transfiera todo lo recaudado —en 2019, último dato disponible, fueron casi 9 millones de pesos— y a cambio reciba una remuneración mensual.

La firma adjudicataria también deberá ocuparse de la custodia de vehículos incautados, compactación y disposición final una vez vencidos los plazos vigentes para el reclamo por parte de los propietarios.