El trabajo de búsqueda será intenso para cualquier ciudadano que quiera detectar a beneficiarios de este plan que hayan percibido el subsidio del gobierno mientras se desempeñaban como funcionarios públicos en el ámbito nacional o provincial.

Los cruces que la Unidad Fiscal solicitó a Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), lograron listar documentos, nombres, apellidos y dependencia que informó el registro. 

Hay 2245 en territorio bonaerense y los informes proceden de muy distintos ámbitos que van desde el Ministerio de Seguridad a la Dirección General de Cultura y Educación. 

Buscando un ejemplo al azar utilizando el CUIL, hay un docente de literatura que impartía clases los martes y los jueves de 9.40 a 10.40 en una escuela de La Matanza durante el año 2023. No se sabe si es provisional o suplente porque el portal ABC no lo detalla, pero estaba designado.

El ejercicio implica encontrar en que jurisdicción de la provincia hay más casos. Uno es el de una mujer a la que apodan “Chinita” y también depende de la Dirección de Cultura y Educación Provincial. Vive en Ituzaingó, se desempeña como acompañante terapéutica en un Jardín de Infantes. 

Créase o no, el ámbito de docentes y auxiliares es uno de los más numerosos en el listado. Lo que no está documentado es durante cuánto tiempo cada uno de los casi 10.000 detectados en todo el país estuvieron percibiendo este beneficio.

Una gran curiosidad despierta una beneficiaria cuyas iniciales son VMN y cuyo DNI termina en 793. En una búsqueda rápida aparece en un largo listado confeccionado en el año 2017 por el Banco Central de la República Argentina, comunicación “C” 73192 “Levantamiento suspensión de operaciones de cambio”. 

Es decir que fue habilitada a operar con moneda extranjera. Ahorrar en dólares trabajando en una institución educativa pudo haberla salvado de depender de un plan social.

En el ámbito de la educación muchos podrían justificar el cobro porque pueden haber sido nombrados como suplentes o temporarios. 

La lista marca la fecha en la que se hizo la consulta y el cruce a los organismos y todas datan de noviembre y diciembre de 2023 cuando el Fiscal Marijuan inició la investigación. Se aclara esta situación por si existe algún caso en que los identificados en esta nómina estén percibiendo su plan sin transgredir los requisitos, pero…

También hay bajas entre los empleados -valga la contradicción- de la Subsecretaria de Empleo Público y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Gabinete

Por ejemplo; una designación en el escalafón de suboficiales de la policía en la localidad de Avellaneda, encuentra al agente cuyas iniciales GVI en la nómina de designados en octubre de 2023 como calificado para poder desempeñarse como “motorista” de vehículos de la fuerza.  

Otro caso es el del efectivo ANE, designado en agosto de 2023 en Florencio Varela, también tras haber cumplimentado el curso de chofer de móvil identificable. 

El caso de quien lleva las iniciales de CJN, es el de un ingresante a estudiar como policía en la Escuela Juan Vucetich en junio del año 2022. 

El caso de la agente LPA figura registrado como una prestadora de servicios de belleza ante AFIP y nombrada también como chofer de vehículo en el Boletín N° 65 del Ministerio de Seguridad. 

Si bien tres casos no son suficientes como para conclusiones, se trata de personas que o han seguido cobrando sin declararlo o fueron incorporadas erróneamente al listado del Potenciar. En este caso, corresponde al municipio de Ituzaingó. 

Una última que va en línea con los egresados de la escuela de policía es el caso de la suboficial GBMS, que quedó asignada el 23 de septiembre de 2022 al Municipio de la Costa.

Luego de la suspensión de la entrega de zapatillas y guardapolvos sociales por parte de la Municipalidad, ante la detección de ofertas de esos artículos en grupos de compraventa de Facebook, el Gobierno articula con el sistema educativo para garantizar que lleguen a quienes necesitan.

Este jueves, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad que conduce Walter Sánchez hizo entrega de elementos a familias de La Tosquera, que fueron relevadas en los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) con los directivos de cada uno.

Sánchez informó a La Opinión que esta modalidad no se repetirá en otras escuelas con las mismas características que en la delegación municipal de Los Cazadores, sino que articularán con las autoridades educativas ante situaciones específicas.

"Vamos a trabajar con Educación para los casos que detecten los docentes", señaló el funcionario. En la sede de Desarrollo Humano y en el CIC suspendieron "hasta nuevo aviso" la entrega de guardapolvos y zapatillas tras detectar que los vendían a través de rede sociales.

El Gobierno municipal decidió suspender el operativo de entrega de zapatillas y guardapolvos que había comenzado esta semana para personas en situación de vulnerabilidad social que necesitaban para el comienzo de clases tras detectar que los vendían.

Tanto en la Secretaría de Desarrollo Humano como en el CIC había comenzado la entrega, por orden de llegada. Las familias que recibien ayuda social en esas dependencias municipales habían sido informadas del operativo.

El plan era entregar toda la semana hasta agotar el stock disponible que tenía la Municipalidad pero este miércoles decidieron suspender la entrega hasta nuevo aviso al detectar que hubo quienes ofrecieron a la venta los artículos entregados.

Por la mañana, cuando abrió el CIC ya había cola de varias horas de personas que esperaban para retirar zapatillas y guardapolvos, quienes se encontraron con la sorpresa de que la entrega había sido suspendida.

"Estoy en el CIC, ayer estuvieron entregando zapatillas y guardapolvos. Hoy hago la cola desde la 6.00 de la mañana y no entregan porque ayer vendieron las que entregaron", contó una vecina.

La coordinadora del CIC, la trabajadora social Belén Lacuadra, fue la encargada de informarles la situación a quienes esperaban. "Qué culpa tenemos nosotros, que realmente lo necesitamos", se quejó una vecina de la zona.

En grupos de compraventa en Facebook aparecieron ofertas de calzado igual a lo entregado. En uno de los casos, eran un par de zapatillas rosas, número 33, de la marca New Tilers, exactamente igual a las que distribuyó la Municipalidad, a 6.000 pesos.

-Por Lilí Berardi

Carina, Marta, Ludmila, Mariana, Blanca, María Fernanda, María del Carmen pueden ser los nombres de todas y cada una de las mujeres que sin trabajo ni recursos propios afrontan el absurdo de destinar gran parte de su energía para buscar atajos que les permitan sobrevivir y alimentar a sus hijos.

El caso de Carina sacudió la modorra de La Opinión. Hace tres décadas atrás cuando aún era habitual calificar hechos de violencia de género como “conflicto pasional”, nos ocupábamos personalmente de esas víctimas a las que lo primero que hay que reconstruirles es el amor propio y la fortaleza para afrontar una nueva vida lejos de su victimario.

Hoy, en medio de la confusión que se pretende instaurar como modalidad para la exclusión del hogar de papás a los que hasta se les impide por meses o años ver a sus hijos “hasta que la justicia determine” apelaremos una vez más al razonamiento sereno y el redireccionamiento de la verdadera solidaridad en la que debe participar el estado.

No basta con destinar cuarenta y cinco millones de pesos, alquilar un inmueble y nombrar personal en una Secretaría de Género para alimentar la fantasía de soluciones que no defienden a mujeres y niños de la condena de mendigar y peregrinar para rehacer sus vidas.

El viernes, una mujer que aún no ha cumplido cuarenta años y que acarrea un changuito con una baba bajo el sol donde una mamadera cargada de agua es lo único que tiene para volver a casa, quería conseguir un trabajo. Tomamos los datos, la consultamos sobre sus fortalezas y le indicamos que estaban buscando personal para un restaurante que está pronto a inaugurar.

Al alzar la visa, mostró su sonrisa con un desdentado prematuro, el pelo crespo y recogido, la ropa con señales de uso intenso. “Nadie la va a tomar si va con una beba” pensó quien esto escribe. Allí sobrevinieron las preguntas para ir más allá -como siempre que alguien llega a nuestras oficinas y necesita algo-.

Carina era una nena cuando a sus once años llegó a una frutería y verdulería donde ayudaba a seleccionar la mercadería hasta que cumplió 17 y llegó el primer embarazo. La crianza de cinco chicos que hoy tienen entre 16 años y un último de 18 meses le requirió todo su tiempo. “La mujer es para estar en la casa”, repetía su última pareja cada vez que ella informaba que el dinero no alcanzaba para llevar una vida medianamente agradable (no decimos placentera, tampoco feliz).

Paga 10.500 pesos de alquiler por un departamentito de esos #todojunto que tienen pieza, cocina y baño en poquitos metros cuadrados y que en enero costará 18.000 según le ha informado el propietario. Su ex pareja le deriva otros seis mil por mes para el sostén de los más chicos y con la AUH (Asignación Universal por Hijo) pagaba la renta hasta el mes pasado cuando tuvo que optar por saldar su deuda con el almacén donde le fiaban mercadería.

Carina relata que las discusiones eran frecuentes pero que “una sola vez hace dos años, él le levantó la mano y le partió el labio”. El trabaja de remisero, ella lo esperaba en esa casa pero entre ambos y las ayudas de Desarrollo Humano una vez al mes con una bolsa de mercadería más la caja de alimentos que entregan en las escuelas al menos se comía.

Hasta hace diez meses las discusiones eran frecuentes y varias veces ella le dijo que se vaya de la casa, que “era mejor estar separados” pero “como él no se quería ir” le aconsejaron ir a la Comisaría de la Mujer “y que haga una denuncia por violencia de género”. Allí empezó su “salvación/calvario”. Estuvo cinco días en el refugio hasta que la policía logró que el papá de sus niños se fuera a vivir con su padre en Baradero.

“Los dos más grandes están con el papá”, relató ese viernes, mucho antes de que le propusiéramos resumir su historia en el programa Sin Galera con el único propósito de mostrar cuanto invierte el estado para no obtener más resultado que una nueva desgracia, una preocupación más profunda, una nueva cuota de necesidades.

Cuando ya estaba sola comprendió que la pensión que había gestionado como discapacitado para su marido la privaría ahora de cualquier otra ayuda puesto que es él quien recibe una suma mucho menor a la anterior porque se trata de un porcentaje de lo que cobra “en blanco”. “En Anses ya me dijeron que no pueden hacer nada mientras él cobre la pensión”.

Tampoco puede tomar más créditos de los que anuncia el gobierno. Desarrollo Humano dejó de entregarle la bolsa con mercadería una vez por mes porque ahora es la Secretaría de Género la que se hace cargo, siempre y cuando vaya a la “reunión con el psicólogo una vez por semana”. Ella está agradecida porque “es lindo lo que dicen ahí de las mujeres” que son maltratadas. “A veces se me hace imposible ir pero igual me dan la bolsa”. Aclara que esa bolsa es la única que tiene azúcar y que es eso lo que más necesita porque en las cajas de la escuela vienen otras cosas que no le rinden para todo el mes.

A la noche no se cena. A veces un paquete de salchichas con fideos porque para el almuerzo manda a sus hijos a un Centro Educativo donde de lunes a viernes les sirven un plato con alimentos “aunque no les gusta mucho la comida”. Sábado y domingo se complica; un feriado largo, ni hablar. Ese viernes estaba todo cerrado porque habían decretado el asueto del Día del Trabajador Municipal.

Dos veces le dieron un bono de 2000 pesos para “ayudarla”. Ese bono miserable es el que otorga la secretaría que tiene cuarenta y cinco millones al año. “Ahora no lo dan más pero me dicen que me van a ayudar con el alquiler que ya lo pasaron pero que todavía no salió”. Carina no tiene feriados ni horario de 8 a 14 para resolver sus problemas.

-No salió de dónde?, preguntamos intrigados. No sabe, nunca le explicaron de qué modo acceder a los cinco o seis mil pesos que a veces reciben algunas víctimas para pagar alguna piecita en la que irán a dormir con un familiar o hacinadas con sus hijos o “enamoradas” de otro que les pueda dar albergue hasta que todo se arruine otra vez.

Para el sostén de Carina el estado ha inventado todo, pero sus hijos no comen folletería, protocolos, actos ni marchas. Hay una ordenanza de esas que promueven con plata de todos contratar un cupo de víctimas de violencia, otro de trans, otro… y así, sin pensar que el primer escalón para salir de un infierno humillante es reconstruir la autoestima. Esa de la que tanto hablan los psicólogos cuando diagnostican una depresión de las que requieren medicamentos aunque salud mental sea materia pendiente para los más pobres.

Luego alguien dirá “para que tuvo tantos chicos si no los va a mantener” o incluso agregará comentarios tales como “no quieren trabajar porque viven de planes y se ponen de novio con cualquiera para conseguir un techo”.

Reiteramos, esta es solo una historia. Tenemos cientos de actos discriminatorios como este porque claramente Carina tiene un nuevo amo que la oprime: el estado que dice que la va a salvar.

La bolsita, el bono, el subsidio sirve para los primeros días; después necesita una oportunidad. Necesita un jardín maternal para dejar a sus chiquitos e ir a trabajar; un dentista para recuperar su sonrisa; una asistente social que le indique cómo y con qué debe alimentar a sus hijos; una escuela que este abierta doce meses mañana y tarde. Y si es posible, necesita que nosotros pongamos en blanco sobre negro la hipocresía con la que los comisariatos del lenguaje inclusivo generan nuevas víctimas cuando las hacen esclavas de la dádiva a perpetuidad. Son mujeres resilientes; PUEDEN.

NOTA: Carina necesita trabajo, su teléfono no funciona con whapp. Si alguien puede ofrecerle un trabajo debe comunicarse al 3329 384767.