El Gobierno municipal intimará a deudores de la tasa por conservación de la red vial que deben al Estado local alrededor de 400 millones de pesos de los períodos que todavía no prescribieron.

Las deudas corresponden a propietarios de inmuebles rurales que son contribuyentes de la tasa de red vial y que deben desde 2019 a 2025.

Los 400 millones de deuda representan alrededor del 25 por ciento del total emitido en esos períodos, que suma unos 1497 millones. Ello da cuenta de una cobrabilidad del orden del 75 por ciento en los últimos seis años.

Entre los deudores hay montos que van de los 800 mil pesos a los 93 millones. La mayoría está entre 1,5 y 6,5 millones de deuda.

En el Gobierno aseguran que será prioridad cobrarles a grandes deudores, no sólo de tasa de red vial sino también de Servicios Sanitarios y ABL.

En muchos casos, los contribuyentes ya fueron notificados e intimados, por lo que Rentas está en condiciones de iniciar las acciones judiciales de apremio correspondientes.

El decreto que establece el régimen de bonificaciones para 2026 está en vigencia tras la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva por el Concejo Deliberante con los aumentos de entre el 50 y el 100 por ciento, según la tasa.

El Gobierno dispuso un 15 por ciento de descuento para Servicios Sanitarios, ABL y Red Vial para los contribuyentes que no registren deudas y se encuentren reempadronados.

Además, hay un 5 por ciento extra para quienes constituyan domicilio fiscal electrónico, de manera tal que no sea necesario enviarle factura en papel y adhieran a la recepción de la boleta en formato digital, siempre y cuando estén al día.

Comercios y empresas que paguen tasa de seguridad e higiene tienen un régimen de bonificaciones en particular. Quienes tengan certificado Pyme de AFIP recibirán un descuento del 20 por ciento; quienes no posean ese certificado, el 15 por ciento.

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deben estar al día, reempadronados y haber constituido domicilio fiscal.

Los vecinos que pagan patente automotor y abonen el año completo de contado obtendrán un 10 por ciento de descuento, dice el decreto firmado por el intendente. Además, si tiene al día VTV y seguro, obtendrán un 50 por ciento.

El beneficio rige también para quienes estén al día, no tengan deuda de otras tasas o derechos, se hayan reempadronado y tengan domicilio fiscal constituido ante la Municipalidad.

El decreto dispone que los comerciantes que vayan a iniciar el trámite de habilitación sin haber recibido intimación previa no pagarán la tasa correspondiente.

Los convenios de pago para regularizar deudas tendrán una tasa de interés de financiación del 2 por ciento mensual y del 2,5 por ciento resarcitorio para las que no hayan sido abonadas con anterioridad al vencimiento fijado.

La ordenanza impositiva aprobada mantiene las bonificaciones del 50 por ciento para jubilados, pensionados, empleados municipales, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios de Procrear.

En la página web del Municipio hay un espacio destinado a la renovación de los beneficios que estaban vigentes en el período anterior, para lo que se puede llenar un formulario online sin necesidad de ir a las oficinas. 

El Gobierno está facultado a suspender la aplicación parcial o total de los beneficios "cuando dichas medidas respondan a cuestiones económicas que puedan afectar los ingresos municipales de modo tal que hagan peligrar la prestación de los servicios".

La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante generó un nuevo tributo, denominado "derecho de vuelco" y que permite al Gobierno cobrar a quienes arrojen residuos en el Basural a cielo abierto de San Pedro.

El objetivo es "asegurar una adecuada gestión de los residuos que son dispuestos en el predio municipal" y obtener "recursos y mecanismos necesarios para garantizar su correcta recepción, manejo y control".

El Gobierno dispuso en la ordenanza que pagarán este tributo solo "quienes efectivamente lleven a cabo actividades de vuelco de residuos de forma continua, reiterada o con fines comerciales o lucrativos.

Están alcanzadas "las personas humanas o jurídicas, con o sin residencia" en San Pedro, que sean "titulares de dominio, poseedores, simples tenedores, inquilinos de inmuebles y/o titulares de la explotación comercial en cuyo ámbito se genere el hecho imponible".

También quienes "ejecuten obras, presten cualquier tipo de servicio y/o desarrollen actividades comerciales de cualquier naturaleza en el dominio público, cuando de dichas actividades se generen residuos cuyo volumen requiera su reacondicionamiento y disposición" en el Basural.

Para ejercer el control, el Gobierno podrá "verificar el cumplimiento de las condiciones previstas y requerir la documentación o declaraciones que resulten necesarias para acreditar la falta de habitualidad o profesionalidad en la actividad señalada".

Los tipos de vuelco que están permitidos y alcanzados por el gravamen son los de poda, desmontes, nivelación de terrenos, demolición o construcción.

Los que pueden ser reutilizados; y los que deban ser soterrados porque no puedanreutilizarse; y aquellos que están "compuestos por más de una corriente, que no permita su separación para su utilización".

El costo del tributo está fijado en módulos y cada módulo vale un litro de gasoil Infina Diesel de YPF en San Pedro

El costo varía de acuerdo a la cantidad de m3 arrojados. Las categorías se dividen en hasta 5, 8 y 25 m3.

Los residuos verdes pagarán entre 5 y 9 módulos (hoy, alrededor de entre 10 mil y 18 mil pesos); los que necesiten tratamiento para reutilización, entre 6 y 10; y los soterrados, entre 7 y 11.

Volcar tierra y excedentes de desmonte o nivelación de terreno, entre 5 y 10 para la primera categoría; entre 6 y 11 para la segunda; y entre 7 y 12 para la tercera.

El volcado de residuos de demolición o construcción, entre 5 y 11 módulos para la primera categoría; entre 6 y 12 para la segunda; entre 7 y 13 para la tercera.

Los domiciliarios o misceláneos en grandes volúmenes pagarán mil módulos, que son mil litros de gasoil Infinia Diesel de YPF, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza impositiva, lo que implica alrededor de 1 millón de pesos.

Este lunes, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, el Concejo Deliberante trató y aprobó el Presupuesto 2026, presentado por el Gobierno municipal.

Tras un 2025 con diversas dificultades para cumplir con los servicios básicos, la asamblea concluyó con 21 votos a favor y 14 en contra lo que derivó en la aprobación del aumento de las tasas.

Tras un cuarto intermedio, los concejales de cada bloque se dispusieron a tratar el cálculo de los recursos y gastos, dispuesto en el nuevo paquete de proyectos del Presupuesto 2026.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Cruz González, explicó cómo fue diagramado el Presupuesto 2026, que pretende garantizar “el funcionamiento general del Municipio” y establecer la base mínima para poder ofrecer “servicios básicos de la comunidad”. 

Indicó que la mayor cantidad de recursos se vuelca en salud y que refiere a una “definición política muy compleja” a nivel provincial y nacional. 

Consideró que el sistema de salud está atravesando una “situación compleja” y aseguró que es “inevitable” priorizar las prestaciones médicas. 

“Uno entiende que falta, pero estamos atravesando una crisis. Nos gustaría que esté lleno de obras, pero no están existiendo ese tipo de posibilidades”, esbozó. 

González explicó que, si bien discuten la eficiencia, primero aseguran la salud y después buscarán que la vida cotidiana sea un “poquito más fácil” para todos los sampedrinos. 

Por su parte, la presidenta del bloque Nuevos Aires, Paola Basso realizó un análisis sobre las bases del Presupuesto, que responden a la coparticipación de provincia y a los fondos afectados. 

“La verdad es que es muy bajo para asegurar el funcionamiento de la Municipalidad”, dijo. 

Contrariamente a lo que dijo el secretario de Hacienda, consideró que el "agujero de la salud" no está en la prestación sino en la distribución del personal por áreas. 

Detalló que el “83 % de los ingresos se van en sueldos” y consideró: “Lo asumimos como natural, en vez de achicarnos y mantener los servicios que tenemos, con el personal que tenemos”. 

Habló de su participación en la gestión de Cecilio Salazar (durante la alianza Cambiemos / Juntos por el Cambio) y le respondió a Rivas, con quien sostuvo un tenso intercambio durante la asamblea de Mayores Contribuyentes. 

“Tuve la dirección de personal a mi cargo, por ahí no sabe, no está estudiando mucho”, dijo al presidente de Acuerdo Vecinal y además agregó: “Durante mi gestión, las horas extras pasaron de 15.000 a 5.000; las guardias bajaron al 50 por ciento, por eso es que digo que sí se puede hacer”. 

“Lo pudimos hacer, con el acompañamiento necesario, se pudieron bajar los porcentajes, por eso pedimos ese gesto de austeridad al intendente”, sostuvo la abogada, que consideró a Rivas una clase de “opositor a la oposición”, durante el voto por el aumento de las tasas. 

Desde la Alianza La Libertad Avanza (González / Panatteri), el presidente de bloque expresó que, en los papeles, “todo parece dar”, pero que no vislumbra “el futuro de San Pedro” en el proyecto. 

Consideró que los recursos se destinan a “sostener estructuras” y catalogó al Presupuesto como un proyecto que “sólo mira hacia adentro de la Municipalidad y no hacia el vecino”. 

“Las inversiones en obras reales quedaron relegadas, votar a favor, sería creer que San Pedro llegó a su techo y conformarse con no chocar el barco”, dijo González, quien adelantó su voto negativo. 

Por su parte, Ariel Rey, explicó que el diagrama del proyecto va “absolutamente en contra” de las necesidades de los ciudadanos y enunció: “No tenemos un estado eficiente, que solucione".

“No encuentran una solución. En el Hospital no hay contraprestación de servicios y no encontramos una atención como la que se paga”, explicó el edil, que fue duramente criticado tanto por el bloque de Acuerdo Vecinal, como el por el oficialista. 

Rivas, catalogó los análisis de la doctora Paola Basso como de “bajo nivel” y la chicaneó por su participación en la gestión de Salazar, años atrás. 

Sostuvo que utilizó un “juego de palabras ridículo” e ironizó: “Creo que hay que ser una oposición responsable, que aporte propuestas”. 

Respecto de su voto positivo sobre la impositiva y el Presupuesto municipal, el edil sostuvo que “claramente es un presupuesto concebido para pagar sueldos y brindar servicios”, pero que “hay que medir consecuencias” porque no aprobarlo significa “castigar” a los ciudadanos. 

Apuntó contra Rey y consideró que sus palabras respecto del funcionamiento del Hospital Emilio Ruffa eran “una falta de respeto”.

“Tenemos quejas y el sistema es deficiente, pero quisiera saber cuál es la obra social del concejal Rey para escupir para arriba”, expresó con sorna.

Desde el oficialismo, Candelaria Cuscuela apuntó contra los concejales que representan al presidente Javier Milei y sostuvo que hay “incoherencias” en los planteos y que no deberían hablar tan “livianamente”. 

“Hablar de obras paralizadas, cuando lo ejecuta el Gobierno Nacional, es difícil. También lo es hablar de prioridades y ver cómo que se desfinancian áreas claves”, refirió. 

Lafalce, con nula participación durante el debate sobre el aumento de tasas, fue breve en su análisis en el que consideró que “las opiniones son importantes, pero que no todas son válidas”. 

De Rosa defendió a su compañero de bloque Rivas y dijo que las declaraciones en su contra fueron “una falta de respeto”. 

“Hay bloques que se agarran de la espalda de la doctora Basso (y su análisis a la impositiva) para hacer una argumentación”, dijo haciendo referencia a lo que señalado por Ariel Rey y sentenció: “Este bloque no traiciona el voto de la gente”. 

Finalmente, la edil de Nuevos Aires, la bioquímica, Belén Santos, tomó la palabra y analizó, en base a su experiencia, el funcionamiento del Hospital municipal. 

De esta manera, el recinto, entre peleas y argumentaciones que rozaban los ataques personales, aprobó el Presupuesto 2026, que dispondrá 57 mil millones que el Gobierno de Salazar administrará, de forma parcial, ya que, sin tener en cuenta los aumentos, los sueldos se llevan el 80 por ciento de los fondos. 

Este lunes tuvo lugar en el Salón Dorado de la Municipalidad la asamblea de Mayores Contribuyentes y concejales que trató la ordenanza impositiva 2026.

El expediente prevé aumento de tasas que, desglosado por áreas, comprende un incremento del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 100 por ciento para Cementerio; 60 por ciento para Servicios Sanitarios: 35 por ciento para Seguridad e Higiene; y un promedio de 50 por ciento para el resto de los impuestos.

Tal y como había adelantado La Opinión, el Gobierno contaba con los votos necesarios para aprobar el expediente.

En una votación que no estuvo excelsa de cruces entre ediles y mayores contribuyentes, se aprobó el proyecto con un total de 21 votos a favor y 14 en contra. 

Por parte del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela sostuvo que “hay que mantener los servicios” prestados, que deben garantizarse a través de las ordenanzas y afirmó: “No vamos a poner en juego la atención en el Hospital, la recolección de basura y el agua corriente”. 

Desde Nuevos Aires (integrado por Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera) esbozaron  su disconformidad con lo planteado y expresaron que “se va a generar un impacto más grande del que se plantea” en los papeles. 

Basso, presidenta del bloque, aclaró públicamente su error respecto de las cifras que arrojó durante la sesión impositiva, aunque hizo hincapié su negativa a otorgar facultades al Gobierno que “extralimiten lo concebido en la Constitución”. 

“Aprobar cuestiones por decreto es avasallar las facultades del Honorable Concejo Deliberante”, explicó la abogada. 

Desde San Pedro Puede, Ariel Rey tomó la palabra y fue crítico respecto del aumento de las tasas, que consideró un “tarifazo” que implica replicar la “misma” fórmula del 2025 y esperar “otro resultado”.  

Joaquín González y Melina Panatteri, de Alianza La Libertad Avanza, también se pronunciaron en contra del aumento y aludieron que "discutir una tasa" no remite a “un ataque institucional o a querer voltear al intendente”. 

Rivas, por su parte, protagonizó un fuerte intercambio con Paola Basso, donde la invitó “a leer” correctamente e ironizó con su participación en un tramo de la gestión de Cecilio Salazar, durante la alianza Cambiemos / Juntos por el Cambio. 

La presidenta de Nuevos Aires, le respondió y nombró al edil como “opositor a la oposición” y manifestó: “Necesitan una conferencia de prensa para aclarar el voto”.  

Por parte de los mayores contribuyentes, el productor agropecuario y secretario de la Sociedad Rural Martín Palazón, la exconcejala Sandra Mari, el exfuncionario de Vidal y excandidato a concejal en la lista de Rivas, Bruno Sciarra y el comerciante y expresidente del Foro de Seguridad, Juan Gutiérrez, tomaron la palabra.

“Hay víctimas de esto, los empleadores y los empleados, que ven cómo su trabajo se va desvaneciendo. Estamos hartos de que todos los años, en la misma época, un grupo de iluminados venga y nos diga cuánto tenemos que pagar”, dijo Roberto Gómez, quien también expresó su descontento. 

Sandra Mari, tal y como había adelantado, votó por la negativa, no sin antes desglosar la impositiva y señalar ciertos errores de redacción.

Por su parte, Juan Gutiérrez, propinó su posición como comerciante y pidió que “tomen conciencia” de las consecuencias que tienen los aumentos. 

“En los comercios, nos ajustamos como podemos, pero esta manera nos ahorcan constantemente”, dijo.

Tras el acalorado intercambio entre contribuyentes y ediles, que en el caso de los concejales continuó  en la votación por el presupuesto 2026, la asamblea concluyó con un margen de siete votos a favor del aumento de las tasas. 

Los 11 concejales, siete oficialistas a los que se sumaron De Rosa, Negrete, Lafalce y Rivas, quien fue criticado por su excompañero de lista, Bruno Sciarra, votaron a favor del incremento.

Los ediles que votaron en contra fueron aquellos que componen el bloque de Nuevos Aires, Damián Mosquera, Belén Santos, Paola Basso; San Pedro Puede, Ariel Rey y Mariana Reynoso; Alianza La Libertad Avanza, de Joaquín González y Melina Panatteri.  

Este lunes 29 de diciembre se desarrollará en el Salón Dorado de la Municipalidad la asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales para dar tratamiento a la ordenanza impositiva 2026, que prevé aumentos de tasas y otros tributos.

Los incrementos previstos son del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 60 por ciento para Servicios Sanitarios; 100 por ciento para Cementerio; 35 por ciento para Seguridad e Higiene; y un promedio de 50 por ciento para el resto de los gravámenes.

El Gobierno tiene los votos para aprobar el expediente. Entre los concejales, ya tuvo 11 manos levantadas —las siete de la bancada oficialista más las cuatro de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce— y entre los Mayores Contribuyentes cuenta con la mayoría.

Los inscriptos de manera voluntaria, como Sandra Mari, Fernando Bennazar, Bruno Sciarra, Martín Palazón y Juan Gutiérrez, votarán en contra. Algunos ya lo anunciaron públicamente y de otros se estima que así lo harán, pero serán minoría.

El secretario de Economía Roberto Borgo les dijo a los concejales que "no hay presupuesto posible sin ingresos" y que de no aprobarse el aumento de tasas estará en peligro, más de lo que ya está, el pago de sueldos.

Luego de la asamblea, los concejales tendrán sesión extraordinaria para tratar el cálculo de recursos y gastos para el año que viene, el Presupuesto 2026 propiamente dicho.

Son alrededor de 57 mil millones de pesos que el intendente Cecilio Salazar tendrá disponibles y de los que el 50 por ciento está destinado a los servicios de salud.

Del total, el 66 por ciento se va en salarios, porcentaje que aumenta al 80 por ciento si se cuentan sólo los recursos de libre disponibilidad, es decir sin fondos de afectación específica.

Como analizó La Opinión, muchas áreas municipales sólo tienen presupuesto para pagar sueldos, por lo que la planificación para el año que viene estará supeditada a las posibilidades financieras que surjan conforme pasan los meses.

A tan sólo horas de la asamblea de Mayores Contribuyentes que se llevará a cabo este lunes, el grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro volvió a manifestar su preocupación y rechazo por el aumento de tasas municipales.

“Este aumento impacta directamente en los precios, pone en riesgo puestos de trabajo y asfixia al comercio local. El comercio necesita alivio, no más carga”, expresaron en un comunicado en redes sociales.

En Sin Galera, el comerciante Leonardo Mascaró señaló que el grupo espera que los Mayores Contribuyentes logren que no se apruebe el incremento, aunque señaló que la situación es complicada.

“Lo vemos bastante difícil. Sabemos que por parte de los concejales no va a pasar. Ya están cantados más o menos los votos”, expresó y agregó que sienten que no es el momento adecuado para llevar adelante el proyecto debido al contexto económico que se atraviesa actualmente.

El grupo ya había manifestado su descontento con la situación el pasado 19 de diciembre luego de que se aprobara el aumento de tasas en el Concejo Deliberante. 

“Este incremento impacta directamente en el comercio local, que ya enfrenta caída del consumo, aumento de costos y una fuerte presión impositiva",  habían comunicado.

Por otro lado, comentó que desde el grupo señalan que la recaudación de las tasas no se verá reflejado en el arreglo y mejoras de ninguno de los servicios públicos. “Al aumento no lo vamos a ver reflejado en ninguna parte de la ciudad”, aseguró.

Mascaró aclaró que su postura no responde a ningún partido político, pese a ser excandidato a concejal por la Libertad Avanza en la lista de Ariel Rey.

“Esto no tiene nada que ver con eso. Yo sigo en el grupo de comerciantes, de la misma forma sin militar para ningún lado”, remarcó y aseguró que nunca fueron convocados por el Gobierno municipal para dialogar sobre el incremento.

“Lo intentamos varias veces y nunca pasó. El Centro de Comercio nunca nos representó”, señaló.  

Ahora todo quedará en manos de la asamblea de Mayores Contribuyentes, que tendrá lugar este lunes por la tarde, en un escenario donde el oficialismo contaría con los votos suficientes para aprobar el aumento de tasas.

El lunes a las 13.00 será la asamblea de Mayores Contribuyentes para tratar el aumento de tasas para el año que viene y todo indica que, como ocurrió en la preparatoria, el oficialismo tiene los votos para aprobar la ordenanza impositiva.

Antes de Navidad, la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante recibió al secretario de Economía, Roberto Borgo, quien fue convocado para responder consultas sobre el cálculo de recursos y gastos, aunque en el encuentro volvieron a dialogar sobre las tasas.

Borgo fue claro: "O tenemos presupuesto el 29 o no cobra nadie", les dijo en la reunión. Ese día pagaron guardias médicas, y los aguinaldos de trabajadores de carrera municipal y de carrera médica hospitalaria. Fueron 933 millones alcanzados con coparticipación, plan Sumar, fondos afectados y descubiertos bancarios.

La frase de Borgo está relacionada con el pago de los sueldos, que es el paso siguiente. El miércoles 31 hay asueto y el 2 de enero, también. Recién el lunes 5 volverá la administración pública y ese día esperan hacer efectivo el pago. Si llegan con los recursos.

Tras las modificaciones a la ordenanza impositiva que propuso el denominado "interbloque de la gobernabilidad" de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, el Gobierno tuvo que rehacer el presupuesto, que se redujo en alrededor de 1.400 millones de pesos.

"Trabajamos sábado y domingo para que ingrese el presupuesto el lunes. No tenemos mucho tiempo, pasamos el aguinaldo  pero pagar los sueldos será tanto o más difícil", dijo Borgo a La Opinión.

El secretario de Economía consideró que la reunión fue de "buen diálogo" con todos. Allí, los concejales que votaron en contra del aumento de tasas (los de Basso, Rey y LLA) plantearon la necesidad de que el Gobierno trabaje en mejorar la cobrabilidad.

"No hay presupuesto posible si no hay ingresos", sostuvo el funcionario. "Podés imaginarte una ciudad de maravillas, pero hay que tener los fondos para hacer las cosas", advirtió.

"Nos piden que mejoremos la cobranza y lo haremos. Estamos trabajando y tenemos el primer grupo. En el Concejo están a favor de ir un poco más a fondo en ese sentido", señaló Borgo.

El lunes el Concejo Deliberante, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, tratará el Presupuesto 2026, el cálculo de recursos y gastos que elevó el Gobierno para el año que viene.

Son poco más de 57 mil millones de pesos, de los que el 66 por ciento se va en sueldos. El área que más recursos insumirá será, una vez más, Salud, que se lleva el 50 por ciento.

Los ingresos por tasas previstos suman 5 mil millones, menos del 10 por ciento del total del presupuesto. En total, los recursos de origen municipal suman poco más de 12.500 millones, lo que representa alrededor del 22 por ciento de recursos propios sobre el presupuesto.

Como se dijo, el gasto en sueldos significa un 66 por ciento sobre los recursos totales. Pero descontando los fondos afectados el porcentaje se va al 80 por ciento.

Si se calcula el total de gasto en salarios sobre los recursos de libre disponibilidad, que son los que se pagan los salarios de municipales, médicos, funcionarios y concejales,el porcentaje asciente al 80 por ciento y sin contar aumentos para el año que viene, que seguro habrá.

El sueldo para calcular el salario del intendente y las dietas de concejales se fijó en 667.275 pesos. Así, el jefe comunal tendrá un haber de 9.352.083,94 más 10 por ciento de gastos de representación, lo que suma casi 10,3 millones, y la dieta pura queda en 2.335.462,5 a lo que hay que sumar antigüedad y bonificaciones para luego descontar cargas sociales e impuestos.

Salud se llevará el porcentaje mayor del presupuesto, como era previsible: son 28 mil millones, alrededor del 50 por ciento. De esos 28 mil millones, 24.600 son para el gasto en personal y el resto, unos 3400, para los insumos y demás gastos. Del total, más de 18500 millones son para el Hospital de San Pedro.

La secretaría de Desarrollo de la Comunidad que conduce Walter Sánchez tendrá disponibles 4500 millones de pesos, lo que representa apenas el 8 por ciento del total. Poco menos de la mitad es para salarios.

La Dirección de Deportes que conduce Pablo Guereta y que depende de esta secretaría, contará con 364 millones más 182,5 millones del Fondo de Promoción del Deporte. 

Educación, con Alan Ocampo al frente, tendrá 1256 millones, de los que mil millones gastará en personal, y se le sumarán 91,2 millones del fondo especial para educación.

La secretaría de Seguridad contará con casi 3 mil millones en total, poco más del 5 por ciento del presupuesto general de San Pedro para 2026. De ellos, 654 millones serán para el personal de la Dirección de Tránsito y 279,5 millones para el del Centro de Monitoreo. El Fondo de Seguridad aportará al total unos 456,3 millones más.

Unos mil millones tendrá Obras Públicas. De ellos 770 millones serán para sueldos. Además, contará con 1370 millones del fondo afectado. 

Servicios Públicos, por su parte, contará con 7500 millones, dividido en partes casi iguales entre salarios e insumos para la prestación de servicios.

Desarrollo Económico, en cuya órbita están las delegaciones municipales, Producción, Cultura y Turismo, contará con 4462 millones de pesos, de los que 4244 gastará en sueldos.

Para Producción, Industria y Comercio están previstos 377,6 millones, todo en sueldos, aunque contará con casi 130 millones del fondo de fortalecimiento productivo; para Modernización, 310,7 millones, también todo en sueldos; para Ambiente, 114 millones, también solo para sueldos.

Cultura tendrá 399,7 millones más alrededor de 90 millones del Fondo de Promoción Cultural; y Turismo, 936,4 millones más 91,5 millones del Fondo de Turismo.

Para las delegaciones, el presupuesto solo prevé gasto en sueldos: 500 millones para Gobernador Castro, que incluye a Vuelta de Obligado 467 millones para Santa Lucía, que incluye a Pueblo Doyle; 275 millones para Río Tala; y 68,4 millones para La Tosquera. Para todo lo demás, los recursos deberán salir de otro lado, porque no fueron asignados.

En la Secretaría de Gobierno, que tendrá 2 mil millones disponibles, destaca la subsecretaría de Género que conduce Laura Monfasani, con 544,5 millones presupuestados que solo serán para sueldos, puesto que no está previsto otro gasto para el área.

Algo similar ocurre con Defensa Civil, que tiene asignados 97 millones para sueldos y nada más. Suman 191 millones para Legal y Técnica; 99,6 millones para la Dirección General Administrativa; y 323 millones para la Dirección de Personal. Todo en sueldos.

El aumento de tasas que propuso el Gobierno de Cecilio Salazar para 2026 será tratado este lunes desde las 13.00 en asamblea de Mayores Contribuyentes, tras la aprobación de la ordenanza preparatoria por parte de los concejales.

La ordenanza impositiva prevé aumentos del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 60 % para Servicios Sanitarios; 35 % para Seguridad e Higiene; 100 % para Cementerio; y un promedio del 50 % para el resto de los tributos.

Además, autoriza al Gobierno a disponer aumentos bimestrales del 20 por ciento como mínimo, lo que despertó reclamos entre la oposición que votó en contra una votación que el oficialismo ganó gracias al acompañamiento de Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce.

En Sin Galera, la exconcejala y mayor contribuyente inscripta de manera voluntaria Sandra Mari adelantó que votará en contra y que pedirá la palabra en la asamblea para argumentar su posición.

"Quería participar, plantear algunas cosas que las venía planteando en redes y quería decirlas en el recinto", dijo y Mari y aseguró que analizó la Impositiva "desde el punto de vista de un vecino, porque soy un vecino más".

"Encontré errores y horrores. Primero, habla de bonificaciones previstas y cita ordenanzas que están derogadas. Hay entre un 32 y 37 por ciento de fondos afectados, es un montón. Son 13 fondos en total y no es el momento para que la gente esté pagando eso", señaló.

"Otro gran horror está en el artículo que faculta al Ejecutivo a aumentar de manera bimestral un 20 por ciento como mínimo. Qué sueldos aumentaron un 200 por ciento como para hacer frente a todo esto", cuestionó Mari.

Dijo, además, que otro sector "que está muy castigado" es el de los inquilinos, que generalmente es están obligados por contrato a pagar las tasas del inmueble que habitan.

"Hay muchos mayores contribuyentes que sé que están condicionados para votar a favor, que fueron convocados para eso, que tienen que seguir manteniendo sus recursos, sus ingresos", disparó Mari, que no se guardó nada.

"Este peronismo nauseabundo yo no lo quiero", dijo Sandra Mari sobre los concejales del oficialismo

Sandra Mari cuestionó a los concejales peronistas que "van a golpearse el pecho a la marcha de los jubilados y después vienen a votar este aumento".

Dijo que en vez de emitir "comunicados pedorros" en apoyo a Cristina, Kicillof o contra Milei, “se fijen a quiénes castigan”.

"No funciona el aumento de tasas, la gente no puede más. Ya se los dijo en septiembre", sostuvo Mari.  "La batalla hay que darla en el territorio, no se puede así", agregó.

"Basta de este peronismo nauseabundo que prioriza el kiosquito personal por sobre el pueblo. Hay que fijarse a quién castigás cuando levantas la mano. Así no es el peronismo", disparó.

El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Roberto Borgo, explicó los motivos que llevaron al Gobierno local a disponer un aumento del 80 % en las tasas municipales, una cifra que supera ampliamente la inflación proyectada para 2025, estimada en torno al 30 %.

En diálogo con Rafael Flaiman en el programa Sin Galera, el funcionario sostuvo que el incremento responde a un “importante retraso” en los valores actuales de las tasas, la baja cobrabilidad y el desfasaje existente entre los ingresos municipales y el costo real de los servicios que se prestan.

“El Municipio está aumentando significativamente las tasas debido a un notable atraso y al fuerte incremento de los costos, especialmente en servicios esenciales como la electricidad y la gestión de residuos”, explicó Borgo. En ese marco, mencionó la situación de Ashira S.A., la empresa encargada de la recolección y gestión de residuos, a la que el Municipio adeuda una suma considerable tras la renovación de la concesión.

Según detalló, durante años se operó con tasas que no lograron acompañar el aumento sostenido de los costos. “Se ha estado trabajando con un significativo retraso en las tasas, lo que no permitió seguir el ritmo de los gastos”, indicó, al tiempo que mencionó las dificultades cotidianas para brindar servicios en barrios con infraestructuras insuficientes.

Borgo también planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para afrontar los desafíos financieros de largo plazo. En ese sentido, remarcó que el área de salud representa el 57 % del gasto total del presupuesto municipal, debido al crecimiento de la demanda y a la incorporación de nuevos servicios, entre ellos los vinculados a la salud mental.

Otro de los puntos señalados fue el elevado costo del funcionamiento de las bombas de agua y del alumbrado público, particularmente por el incremento en el valor de la energía eléctrica. “El costo del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) casi se ha triplicado tras la finalización de un acuerdo con Ashira, lo que impacta directamente en la capacidad del Municipio para cubrir esos gastos”, afirmó.

Finalmente, el secretario retomó un debate recurrente en torno al presupuesto municipal: la necesidad de generar nuevos recursos, mejorar los niveles de recaudación y abordar los problemas vinculados al desarrollo territorial del distrito. “También necesitamos una política económica nacional que acompañe a las economías locales y promueva la producción nacional”, sostuvo, y llamó a fortalecer la colaboración entre el Departamento Ejecutivo, los trabajadores municipales y la comunidad para encontrar soluciones a los desafíos futuros.

El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro manifestó públicamente su rechazo al aumento del 100 % (en algunos casos fueron del 80 %) en las tasas municipales aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, al considerar que se trata de una medida “excesiva, abusiva y muy por encima de la inflación real” que atraviesa el país.

A través de un comunicado, el sector advirtió que “este incremento impacta directamente en el comercio local, que ya enfrenta caída del consumo, aumento de costos y una fuerte presión impositiva. Medidas de este tipo ponen en riesgo la continuidad de muchos negocios y los puestos de trabajo que estos generan, además de afectar de manera directa a toda la ciudadanía de San Pedro, que también deberá afrontar este aumento”.

Además, remarcaron que el aumento no solo afecta a los comerciantes, sino también a toda la ciudadanía de San Pedro, que deberá afrontar el traslado de estos mayores costos.

“Solicitamos a las autoridades municipales la revisión del aumento y la apertura de un espacio de diálogo para construir soluciones razonables y acordes a la realidad económica actual”, indicaron desde el grupo.

“Defender el comercio local es también defender a los vecinos y vecinas de San Pedro, que sostienen la economía diaria de nuestra ciudad”, expresaron finalmente desde la entidad.

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro sentó posición sobre el aumento de tasas que propuso el Ejecutivo y aprobó el Concejo Deliberante, que el 29 de diciembre próximo será tratado por la asamblea de Mayores Contribuyentes.

"Entendemos que todas las variables de la economía se han visto modificadas y que el Municipio debe hacerse cargo de una gran cantidad de servicios que, lamentablemente, no logran ser financiados en su totalidad con el aporte de todos los contribuyentes", señalaron desde la entidad que preside Daniel Churruarín.

En ese marco, expresaron preocupación por los porcentajes de aumento, que en las principales tasas es del 60 al 80 por ciento, y por la autorización para ajustes bimestrales por inflación, con un mínimo del 20 % y un máximo atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuestionaron "la escasa participación de entidades intermedias" en el análisis previo y señalaron que sería importante que haya un vínculo institucional mayor para este tipo de definiciones, "más aún teniendo en cuenta la celeridad con la que este tema será tratado en un contexto económico y social particularmente sensible".

Consideraron "imprescindible optimizar la igualdad de condiciones entre todos los contribuyentes" y pidieron políticas que tiendan a aumentar la cobrabilidad, de manera tal que se evite "que los mayores esfuerzos recaigan, una vez más, sobre quienes cumplen regularmente, en un escenario donde el año 2026 se proyecta aún como económicamente complejo".

"Valoramos el esfuerzo que se realiza para sostener el sistema de salud pública, al que cada vez más vecinos deben recurrir producto de la situación general. Al mismo tiempo, consideramos necesario un replanteo profundo sobre cómo y cuánto se gasta", indicaron.

Destacaron que el objetivo debe ser "administrar de manera eficiente los recursos de los sampedrinos y destinar una parte del presupuesto a estimular a quienes generan, proponen y desarrollan actividades productivas, comerciales y turísticas que permitan revertir la situación económica y generar mayores recursos genuinos para la ciudad".

El Concejo Deliberante aprobó este viernes las ordenanzas fiscal e impositiva, y con ellas el aumento de tasas para 2026 que antes del 31 de diciembre deben convalidar los Mayores Contribuyentes en la asamblea.

La sesión comenzó a las 9.00 de la mañana y terminó pasadas las 13.00 porque hubo un largo cuarto intermedio tras la solicitud de Acuerdo Vecinal San Pedro, el "interbloque de la gobernabilidad", para introducir modificaciones en algunas "tasas sensibles".

Tras dos horas en las que fueron y vinieron, hubo algunas discusiones y el oficialismo acordó con el bloque de Rivas, De Rosa y Negrete más Lafalce, en la Secretaría de Economía modificaron los valores para que los ediles regresaran al recinto a votar.

Las reducciones que propusieron los ediles cuyos votos fueron fundamentales para que el Gobierno tenga aprobado el aumento de tasas fueron ABL, que pasó del 100 al 80 por ciento; Servicios Sanitarios, que pasó al 60 %; Red Vial, que quedó en 80 %; y derechos de Cementerio, que pasó del 140 al 100 por ciento.

El resto de tasas y derechos quedó tal como estaba previsto en el proyecto de ordenanza impositiva, con incrementos que van del 30 al 50 por ciento, según el tributo.

Todos podrán ser actualizados bimestralmente en un porcentaje mínimo del 20 % y en un máximo de lo que resulte de aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec, dice el proyecto aprobado.

Los bloques Nuevos Aires (Basso, Mosquera, Santos), San Pedro Puede (Rey, Reynoso) y Alianza La Libertad Avanza (Joaquín González y Panatteri) votaron en contra tanto de la fiscal como de la impositiva para 2026 y expusieron sus motivos en sesión.

Basso fue una de las más críticas del aumento de tasas propuesto y dijo que su bloque estaba dispuesto a aprobar un incremento del orden del 31,4 por ciento, tal como la inflación informada por el Indec y cuestionó en duros términos la cláusula que habilita al Gobierno a aumentar "de manera bimestral el 20 % como mínimo" en el transcurso del año.

“El vecino de a pie tiene que afrontar un aumento de tasas del 100 por ciento, mientras que los dueños de empresas que tienen antenas van a tener un aumento del 30 por ciento", señaló.

"Me parece contradictorio que un gobierno peronista beneficie a los más poderosos y ataque a los contribuyentes que todos los días salen a pelearla porque no les alcanza el mango", dijo Basso.

"En momentos de recesión, el aumento de tributos hace que caiga la recaudación" y agregó: "Cómo se van a solventar a sí mismos los servicios si ahogás a los pocos que pagan". Fue la única vocera del bloque, que voto en contra.

Joaquín González, de La Libertad Avanza, sostuvo que "este proyecto propone aumentos desmesurados y desproporcionados en relación a la inflación anual y al crecimiento de los salarios. Aun con las rebajas que se propusieron, siguen siendo desmesurados".

"El sampedrino siente y ve que cada vez paga más y se le brinda menos, es lo que escuchamos a diario en la ciudad", dijo González antes de que él y Panatteri votaron en contra. Al igual que Basso, también él abogado, cuestionó la constitucionalidad del artículo que faculta al Ejecutivo a disponer aumentos a lo largo del año.

Ariel Rey fue el vocero del bloque San Pedro Puede, que votó en contra, y dijo que "se espera una inflación de entre un 10 y un 20 %" para el año que viene. Al igual que sus predecesores en el uso de la palabra, cuestionó el aumento bimestral propuesto por el Ejecutivo.

"No hay ningún salario de un ciudadano de San Pedro que tenga un incremento del 20 por ciento bimestral ni ninguna actividad que lo permita", dijo Rey y aseguró que el proyecto no contiene "incentivos a producir e invertir, que es lo que necesitamos en San Pedro".

A su turno, Rivas chicaneó a los concejales nuevos y les pidió que vayan "con el reglamento leído", tal como le planteaban a él en sus primeros meses como concejal. 

También aprovechó para cuestionar a Damián Mosquera, con quien tuvo un encontronazo durante el cuarto intermedio, que no pasó a mayores porque intervino Diego Lafalce.

“Entiendo y comparto la mirada de los vecinos sobre el deterioro, la falta de mantenimiento, pero también quiero que nos separemos del rol de vecinos y nos pongamos en el rol de legisladores”, dijo.

"Hoy es una coyuntura totalmente diferente con respecto al flujo de recursos de Nación a Provincia y por ende a los municipios. Los vecinos la semana que viene tienen que sacar los residuos y van a abrir la canilla, y necesitamos que salga el agua", agregó.

"Si no hay propuestas superadoras y no hay más que quejas, no estamos siendo serios para con los vecinos que representamos" y aseguró: "Esto no es un panel de televisión, acá legislamos y de esto sale si tenemos o no tenemos servicios, si le damos al intendente un mínimo de gobernabilidad o ponemos una bandera de remate".

"Si tienen otros empleos en el Estado y no le dan los tiempos, pidan licencia", chicaneó Rivas en el recinto.

Diego Lafalce también votó a favor. "San Pedro ha vivido crisis profundas provocadas por algunos opositores, en algunas oportunidades, de romper la institucionalidad, favoreciendo cuestiones ideológicas y políticas, y no se fijaron en el bien común de la sociedad", señaló.

"Debemos garantizar no sólo la gobernabilidad sino la prestación de servicios básicos, independientemente de si son tope de gama o no, por eso vamos a acompañar", sostuvo.

Mauro de Rosa hizo una vehemente defensa de la posición de su bloque de acompañar al Gobierno. "No toman dimensión de la situación que estamos viviendo", dijo en alusión a los que votaron en contra.

 "¿No se dan cuenta que no van a cobrar los empleados municipales, que no va a haber prestaciones en el Hospital? Se va a cortar la soga, ¿no se están dando cuenta?", dijo.

"Vamos a terminar en una crisis muy grave si no acompañamos al Ejecutivo", sostuvo y agregó: "Te quieren correr con que hay acuerdos personales e intereses creados. Déjense de joder con esos discursos berretas y pongan las pelotas que hay que poner y pónganse a laburar con propuestas, porque esto se va a cortar".

Candelaria Cuscuela, presidenta de la bancada oficialista, destacó "el trabajo conjunto" con Rivas, De Rosa, Negrete y Lafalce, así como "la responsabilidad institucional" para "garantizar los servicios básicos" que presta la Municipalidad. 

El proyecto de ordenanza impositiva que los concejales tratan este viernes en sesión extraordinaria prevé un aumento del 100 por ciento de las tasas de contraprestación directa, lo que provocó cuestionamientos de la Sociedad Rural, puesto que una de ellas es la de mantenimiento de la red vial.

En un comunicado, la entidad ruralista —cuyo secretario Martín Palazón se inscribió como mayor contribuyente— expresó "profunda preocupación" y se declaró en "estado de alerta" por los aumentos propuestos.

Además del incremento de la tasa de red vial, señalaron el 100 por ciento de aumento sobre el ABL y el 50 por ciento sobre control de marcas, lo que, consideraron "configura un escenario de fuerte presión fiscal que no encuentra justificación".

El aumento, sostiene la Sociedad Rural, "vuelve a recaer con fuerza sobre los contribuyentes y el sector productivo, sin que ello se traduzca en mejoras concretas en servicios o infraestructura".

Sobre la red vial, aseguraron "alarmante" que con los caminos "en un estado deplorable y sin el mantenimiento adecuado" se haya proyectado un incremento del 100 por ciento, a lo que se sumarán ajustes por inflación según lo que informe el Indec y de manera bimestral, como ocurrió en 2025.

“La ciudad muestra signos evidentes de deterioro, producto de años de falta de planificación y gestión. No solo el sector productivo se ve castigado: es toda la comunidad la que sufre las consecuencias”, dijeron.

"Sin embargo, una vez más, son quienes producen y generan trabajo quienes terminan absorbiendo los mayores costos, 'pagando la fiesta' y cubriendo la ineficiencia del Estado local", cuestionaron los ruralistas.

"Esperamos que las autoridades recientemente asumidas no se conviertan en socias de esta decadencia, sino que impulsen un cambio real en la forma de administrar los recursos públicos, priorizando la eficiencia, la transparencia y el acompañamiento al sector productivo", señalaron en el comunicado.

Pidieron "gestión responsable, servicios acordes a lo que se cobra" y "una visión de futuro que deje de castigar a quienes sostienen la economía local", porque "el desarrollo de la ciudad no puede construirse sobre aumentos desmedidos y permanentes".

El Concejo Deliberante dará un tratamiento exprés al aumento de tasas del 100 por ciento más ajustes bimestrales por inflación que propuso el Gobierno municipal para el año que viene.

Los expedientes fueron elevados por el Ejecutivo el lunes, ingresados formalmente en sesión extraordinaria el martes y serán votados este viernes para que estén listos para el tratamiento en asamblea de Mayores Contribuyentes antes de fin de año.

Son 71 páginas del proyecto de ordenanza impositiva y 63 de la ordenanza fiscal, que  contienen la política tributaria del Gobierno de Cecilio Salazar para su decimoprimer año de gestión.

Los ediles tuvieron, así, apenas 72 horas para analizar si acompañan o no el aumento de tasas del 100 por ciento para ABL, Servicios Sanitarios y Red Vial que propuso el Gobierno para 2026, más la autorización para ajuste por inflación.

Todos los tributos podrán ser actualizados bimestralmente en un porcentaje mínimo del 20 % y en un máximo de lo que resulte de aplicar el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec, dice el proyecto.

El intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía, Roberto Borgo, plantearon en el proyecto que esas tasas de contraprestación directa tienen un "fuerte impacto deficitario por el incremento de sus costos de determinación".

Ello, señalaron, se vio profundizado por la baja de la cobrabilidad, puesto que en el contexto económico actual muchos contribuyentes optaron por dejar de pagar las tasas como parte de los recortes presupuestarios hogareños.

Como analizó La Opinión en el transcurso del año, la recaudación no alcanzó a cubrir los costos y eso hacía prever que el Gobierno debería planificar una política tributaria acorde para el ejercicio siguiente.

La decisión fue incrementar esas tasas de contraprestación directa un 100 por ciento., con ajuste por IPC.

Para 2025, esas tasas aumentaron entre el 100 y el 150 por ciento, con ajustes bimestrales según inflación del Indec, planteo que se mantiene.

La tasa de seguridad e higiene, que es la de mayor recaudación en San Pedro, aumentará un 35 por ciento para todos los casos, mientras que Servicios Especiales de Limpieza subirá un 50 %, al igual que servicios varios, control de marcas, derechos de construcción, derechos de oficina y publicidad y propaganda.

Derecho de Cementerio es uno de los ítems que mayor aumento sufrirá, con un 140 por ciento. Derechos de ocupación o uso del espacio público, por su parte, subirá un 50 %.

Mismo porcentaje aumentarán las patentes de motos, mientras que las de automotores subirá un 24 por ciento. El canon por antenas tendrá aumento del 30 por ciento.

"Para el año 2026 se continuará con la misma política, procurando optimizarcada día más el nivel de recaudación y ampliar la base tributaria mediante fiscalizaciones permanentes y la aplicación de los convenios vigentes", indicaron en el expediente.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, y el director de Rentas, Christian Rial estuvieron en el Concejo.

En la reunión con los ediles que conforma la comisión de Presupuesto, los funcionarios explicaron que este incremento de tasas es fundamental para garantizar la prestación de los servicios en el contexto actual.  

El oficialismo tiene los votos para aprobar los expedientes, porque además de los siete de su bancada cuenta con los del “interbloque de la gobernabilidad” de Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete —habrá que ver qué hace Diego Lafalce—  que garantizará la aprobación del aumento de tasas.

Entienden que, más allá de las consideraciones sobre la administración Salazar, tener los recursos disponibles es necesario para que la Municipalidad funcione el año que viene, y así lo hicieron saber en la reunión de comisión.

Como hay cosas en las que expresaron desacuerdo y este jueves se tomaban la tarde en el campo para profundizar el análisis, se estima que el bloque de Rivas, De Rosa y Negrete podría proponer algunas modificaciones, que el oficialismo debería aceptar si quiere aprobar los proyectos.

Una interpretación es que ello, acaso, les permitiría justificar el cambio radical de mirada respecto de cómo votaron en los últimos años proyectos que, como dicen los propios expedientes, mantienen “la misma política” tributaria.

La otra, la que prefieren en el bloque, es que a partir de la nueva composición del Concejo buscarán encarnar una “oposición responsable” —así le llaman— para diferenciarse de Rey, LLA y Nuevos Aires. La sesión comienza a las 9.00.

El Concejo Deliberante da este martes ingreso formal, en sesión extraordinaria, al listado de Mayores Contribuyentes y a los expedientes relacionados con el Presupuesto 2026.

El Gobierno remitió alrededor de las 12.30 los proyectos de ordenanza fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos que los ediles comenzarán a analizar una vez escaneados y puestos a disposición de cada bloque.

Esos proyectos ingresarán formalmente para su tratamiento en la Comisión de Presupuesto. A su vez, estará disponible el listado de los vecinos que se inscribieron voluntariamente o fueron propuestos por el Gobierno para la asamblea de Mayores Contribuyentes.

Son 27 los que aparecen en el listado y que serán analizados por los ediles, para luego ser aprobados y quedar en condiciones de votar a favor o en contra del aumento de tasas que proponga el Ejecutivo. En la sesión participan 18 y los otros nueve son suplentes.

Los titulares del listado son: la exconcejala Sandra Mari; el exfuncionario y excandidato de Potencia, Fernando Bennazar; el exfuncionario de Vidal y excandidato a concejal en la lista de Rivas, Bruno Sciarra; el comerciante y expresidente del Foro de Seguridad, Juan Gutiérrez.

El excandidato de Rivas y asesor de su bloque Erick Aguilar Gartner; el histórico comerciante de la costanera Julio Olivera; el productor agropecuario y secretario de la Sociedad Rural Martín Palazón.

El expresidente del club Agricultores de Gobernador Castro Gerardo De Vincenzi; Iván Gonzalbo; Susana Ciucci (Vuelta de Obligado); Alejandro Caso (Gobernador Castro); el exconcejal y exsindicalista del Seda  Mauricio Preiti.

Sandra Centurión, Facundo Santiso y Luis Alberto González completan la nómina Mayores Contribuyentes titulares presentada en el Concejo Deliberante.

Los suplentes son: Analía Braillard; Rogelio Lina; Fernando Álvarez; Marcos Díaz (Gobernador Castro); la esposa del delegado de La Tosquera, Nancy Juliá; el exconcejal de la zona de Gobernador Castro Alberto Maroli; y el exsecretario privado del intendente durante 2016, Jonathan Galván.

Este lunes es la fecha límite de la prórroga que el Gobierno de Cecilio Salazar obtuvo en el Concejo Deliberante para entregar el paquete de proyectos del Presupuesto 2026.

Así, para las 14.00 deben haber sido elevados los expedientes de las ordenanzas fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos que la nueva composición del cuerpo deberá analizar en apenas dos semanas, puesto que deben ser aprobadas antes de fin de año.

La expectativa está puesta en el porcentaje de aumento de tasas que propondrá el Gobierno para el año que viene, tras un 2025 con serias dificultades para cumplir con los servicios básicos.

A la caída en la recaudación por la baja cobrabilidad se sumó que los costos para la prestación se elevaron muy por encima de las propias tasas, por lo que los ingresos no alcanzaron sino para cubrir porcentajes muy bajos de lo que insumieron los servicios prestados.

Tendrá poco tiempo el Gobierno para convencer a la oposición de la necesidad de un incremento de tasas acorde, aunque todo indica que contará con los cuatro votos del "interbloque de la gobernabilidad".

Rivas, De Rosa y Negrete más Lafalce son cuatro votos que se sumarían a los siete que tiene la bancada oficialista, por lo que con ellos superarían los 10 necesarios para aprobar los expedientes.

De todas maneras, habrá que ver qué sucede en las semanas siguientes, puesto que esos ediles supieron votar en contra y hasta ser muy críticos de los aumentos de tasas y de los presupuestos elevados por el Ejecutivo.

El aumento de tasas, además, debe ser tratado en asamblea de Mayores Contribuyentes, cuyo listado de vecinos también se conocerá en los próximos días.

El Concejo Deliberante recibió una nota de un contribuyente de la tasa por conservación de la Red Vial en la que advierte que el incremento para este año es mayor al que se había anunciado.

Cristian Arrigo relata en su texto que fue a Rentas a consultar, de donde se fue con la misma conclusión: la ordenanza impositiva dice que se aumenta esa tasa un 150 por ciento, pero a la hora de calcular según el valor por cada hectárea, el incremento es del 180,05 por ciento.

El contribuyente pidió "revisión y corrección si fuera el caso" de la ordenanza impositiva vigente, aunque la diferencia aparece entre lo que dicen los considerandos y los valores expresados en el articulado, que es lo que tiene vigencia.

La situación había sido advertida por la concejala Paola Basso durante las sesiones en las que se trataron tanto la preparatoria como la definitiva ordenanza impositiva.

Había señalado que existía esa diferencia entre lo que se decía que se iba a aumentar y lo que se aumentaba efectivamente, que es lo que después de todo debe pagar el contribuyente.

La tasa de Red Vial es, históricamente, una de las de mejor cobrabilidad en San Pedro. Aun así, también bajó en el úlitmo año el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Antes del tratamiento de la Impositiva vigente, el aumento provocó una polémica entre la Sociedad Rural local y el Gobierno municipal.

“Lili: el pago en cuotas, ajustable por IPC, la eliminación de las facturas en papel y por consiguiente, de los pagos en efectivo, la imposibilidad de cancelar anticipadamente el año (algo que hacían muchas personas mayores) y la suba de tasas por encima de los índices jubilatorios solo puede aumentar la morosidad”, indica Roberto en su mensjae.

“Si hasta ahora sólo pagaba un 30 - 35 % del padrón de propietarios, y no les alcanzaba para arreglar un solo bache, pues todo se iba en gastos de personal, ahora habrá más empleados ociosos, pero menos ingresos”, reflexionó.

"Hasta yo estoy pensando en dejar de pagar, total, cada dos años viene una moratoria, y con monedas se regulariza la deuda… Hasta el momento, siempre estuve al día. Pero se han empeñado en quitarle los pocos incentivos al contribuyente cumplidor de sus obligaciones".