La Justicia hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por el caso de los agentes de UTOI que obligaron a un joven a hacer flexiones de brazos en el marco de un control en la vía pública y consideró la conducta como “abusiva” respecto de las atribuciones que tiene la policía.

Tras la audiencia que tuvo lugar el lunes, en la que el joven de 18 años víctima de la situación repasó lo ocurrido, y con el video que difundió La Opinión, la jueza Luciana Díaz Bancalri, del Juzgado Correccional 3, dictó la resolución.

La magistrada recordó que la normativa vigente establece que la policía debe actuar “de forma que no perjudique al detenido en su integridad física, honor, dignidad y patrimonio”.

Consideró que “lejos de ser preventivas”, las conductas registradas en el caso  encajan en aquellas que “provocan un real estado de perturbación, amenaza o temor en la pérdida de la libertad personal o ambulatoria”.

Ello implica que lo que hicieron los agentes de UTOI no se ajustó a los principios y procedimientos básicos de la profesión policial, que implican la necesidad de evitar “todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”.

Además, destacó que la policía tiene obligaciones de “responsabilidad y ética profesional” que implican “respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley” y que deben proteger, con su actuación, los derechos fundamentales de las personas.

“Toda intervención en los derechos de los requeridos por su accionar debe ser moderada, gradual y necesaria para evitar un mal mayor a bienes o derechos propios o de terceros, o para restablecer la situación de seguridad pública”, advirtó la jueza.

Así, Díaz Bancalari hizo lugar al hábeas corpus preventivo que interpuso el defensor oficial Joaquín Castro en representación de la familia del joven de 18 años víctima del acccionar abusivo de los agentes de UTOI, “al advertirse tal amenaza cierta y objetiva a la libertad personal del beneficiario de la acción”.

Ordenó a la Jefatura de la Policía Departamental que adopte “los recaudos pertinentes para que personal policial, especialmente de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), se abstenga de desplegar comportamientos que afecten o restrinjan, de modo ilegítimo, la libertad personal” del joven.

Todo ello, claro está, siempre y cuando no exista una razón legal que lo justifique, “en cuyo caso se deberán labrar actuaciones pertinentes y elevar a la autoridad judicial que corresponda”.

En la denuncia y durante la audiencia en el Juzgado, el joven relató que caminaba de regreso de su trabajo junto a su novia y su cuñada cuando los agentes de UTOI, que estaban en un operativo de interceptación de motocicletas, lo pararon para identificarlo.

A las chicas les dijeron que se vayan y a él le preguntaro nombre y apellido, sin requerirle el DNI, y le ordenaron hacer 20 flexiones de brazos bajo amenazas de trasladarlo a la Comisaría, en medio de burlas, risas, tirones de pelo y golpes.  

Eran cinco agentes varones y una mujer, indicó, quienes también son investigados por la Auditoría General de Asuntos Internos luego de que la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Gobierno provincial informara del caso al Ministerio de Seguridad.

Parte de la escena fue registrada en un video por vecinos de la zona, filmación que reveló La Opinión en una publicación que fue tenida en cuenta por el Juzgado Correccional para resolver el hábeas corpus a favor del joven.

El caso de los agentes de UTOI que obligaron a un joven de 18 años a hacer flexiones de brazos en el marco de un operativo de control en la vía pública llegó a la órbita del Gobierno provincial, que puso en marcha el andamiaje gubernamental correspondiente.

La Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia denunció el caso de oficio tras la publicación de La Opinión y lo presentó ante al Ministerio de Seguridad para que intervenga.

Así, la situación llegó por esa vía a la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo que controla el buen ejercicio de la profesión policial, para que instruya el sumario administrativo correspondiente.

Además, a ese organismo le tiene que haber llegado la denuncia que la madre radicó en Prefectura y que derivó en un pedido de hábeas corpus de Defensoría para evitar represalias policiales contra el joven.

Al igual que la Justicia, Asuntos Internos deberá identificar e individualizar a los responsables del episodio de abuso de autoridad del que fue víctima el muchacho el lunes 1 de septiembre en Depietri y San Martín.

El joven caminaba por esa zona junto a su novia y la hermana de ella cuando los interceptó el operativo de UTOI. A ellas les pidieron que se vayan y a él lo obligaron a hacer flexiones de brazos en medio de risas y burlas. La situación fue grabada por vecinos de la zona.

Un operativo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la nueva fuerza policial creada en la Provincia de Buenos Aires, terminó con dos mujeres detenidas, un joven hospitalizado y una denuncia por abuso de autoridad.

Los procedimientos se dispusieron en diversos puntos de la ciudad. En la zona próxima a la costanera, por ejemplo, secuestraron una moto que tenía pedido de secuestro activo en la provincia de Santa Fe.

En ese marco, hubo un conflicto en la zona del barrio Futuro, desde donde vecinos denunciaron "abuso de autoridad" por parte de los efectivos de UTOI.

La policía informó la detención de una mujer de 36 años y su hija de 18 por "resistirse a la identificación" y "agresión al personal" que tenía a su cargo el procedimiento.

La situación quedó registrada en videos que difundieron los vecinos, en los que se ven gritos, amenazas, exigencias de no filmar y también algunos intentos de tranquilizar la situación por parte de efectivos policiales locales.

Un joven fue hospitalizado y su madre, Joana Molina, informó en Sin Galera este sábado que "está bien" y que "sólo le quedaron el dolor y las marcas".

Todo se desató cuando controlaban vehículos. "Era todo aleatorio, al que pasaba en moto lo paraban o lo corrían", contó Joana. En el caso de su hijo, circulaba en la moto de la hermana, que tiene la documentación en regla.

"Por lo que me cuenta mi hijo, él estaba en el Boulevard, o sea, Mansa Life, arriba, y ellos ya venían como bajando. Los de la fuerza de UTOI venían corriendo a otro chico en moto y le venían tirando con balas de goma, entonces ellos, como vieron que doblaban para abajo, como para donde venían ellos, se asustaron y salieron corriendo en moto también", relató.

El hijo de Joana se dirigió al barrio Futuro, donde vive su abuela, y fue abordado por la policía. "Cuando llega a la entrada de la casa de mi mamá, un efectivo de esta UTOI se baja y para bajarlo de la moto le pega una patada a la moto, lo tira contra el paredón y ahí le pegan un par de patadas a mi hijo, una en la boca del estómago", contó.

La mujer lo llevó a la Guardia para que lo asistieran "porque empezó a gritar que le dolía mucho". En el Hospital, informó, “le pasaron suero” y "si bien no le fracturaron, el golpe estaba, la marca estaba".

Las mujeres detenidas eran su hermana y su sobrina. Aseguró que una mujer policía de la UTOI "le pegó una piña" a su sobrina y luego forcejeó con su hermana, hasta que las esposaron y las llevaron detenidas.

"Viene un policía varón y le pega una patada en la boca o sea, le rompe los labios y eso, así que la llevan detenida, cuestión que ellos en muchas oportunidades pedían respeto pero ellos no lo tuvieron", se quejó Joana.

La Justicia recibió el lunes la denuncia de un joven de 20 años que acusó a efectivos policiales de haberlo golpeado brutalmente durante un procedimiento, al punto de que le fracturaron la mandíbula y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis.

Además, en la denuncia el joven dejó asentado que los policía que lo abordaron junto a un amigo en la esquina de Saavedra y Benefactoras Sampedrinas le robaron dinero que llevaba en su billetera. Así lo confirmó este martes en Radio Cuarentena su hermana Cintia, quien repasó lo sucedido.

El joven viajó este martes a San Nicolás para ser atendido por médicos en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Allí le informaron que debe volver el jueves para que le coloquen unos sostenes hasta tanto llegue la prótesis que necesita para la operación.

El muchacho carece de obra social, por lo que su familia deberá gestionar ante el Estado local, que a través de la Secretaría de Salud deberá elevar la solicitud para conseguir esa prótesis.

La hermana del joven aseguró que los efectivos policiales lo golpearon sin mediar palabra y confirmó que todo se desencadenó cuando le hicieron abrir el baúl de la moto y en una bolsa de juguetes llevaba una pistola de plástico, de su hermanito menor, puesto que el rodado es de la madre.

“No tenía la documentación encima, la tenía acá en casa. Entonces ahí, automáticamente, no lo dejaron ni siquiera bajar de la moto y le pegan”, relató y aseguró: “Le pegaron por pegarle, no había motivos”.

“Mi hermano solo iba a la casa a una chica”, señaló. Cuando los interceptaron, la policía buscaba a dos jóvenes que momentos antes había asaltado a una pareja y le habían robado el celular.

Aseguró que los policías le pidieron revisar su teléfono, que era de la misma marca que el robado, y que él accedió a desbloquearlo. “Le revisaron los mensajes, las fotos y le decían cosas”, contó la hermana.

La joven indicó que su hermano no estaría en condiciones de reconocer a su agresor, porque siempre lo mantuvieron de espaldas, pero que su compañero sí pudo ver los rostros de los efectivos policiales que intervinieron. En la Comisaría, explicó, sólo quedó asentado el procedimiento del secuestro de la motocicleta, como una infracción de tránsito más.

“Les pegaron a los dos, pero más le pegaban a Ángel”, contó Cintia, hermana de la víctima, y agregó que luego los dejaron ir a pie y una vez que hicieron unas cuadras los policías se retiraron de la zona.

Cuando el joven llegó a la casa y les contó lo ocurrido, sus padres lo llevaron al Hospital. Mientras el padre aguardaba el resultado de la revisación médica, que constató que le habían quebrado la mandíbula, la madre y la hermana fueron a la Comisaría, donde les informaron que deberían denunciar el hecho en Fiscalía.

“Mi hermano no tiene antecedentes, no tiene entrada a la Comisaría. Con qué fin se lo iban a llevar si no estaban haciendo nada, simplemente se iban a noviar, son dos chicos de 20 años que se iban a andar de novio, nada más”, señaló Cintia.

“No solo fue una golpiza. A mi hermano le sacaron la plata que llevaba en la billetera, le quisieron sacar el reloj”, aseguró la joven. Todo lo denunciado obra en un expediente que la Fiscalía 11, que la tomó, deberá remitir a Baradero para que la causa la instruya el fiscal Hernán Granda.

Además, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense deberá instruir un sumario administrativo para deslindar o atribuir responsbilidades y del caso ya tomó conocimiento la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Derechos Humanos bonarense.

Un joven de 20 años denunció a la policía luego de haber recibido una golpiza en el marco de un operativo en el que fue interceptado cuando circulaba en moto, tras lo que terminó hospitalizado y con la mandíbula fracturada al punto de que necesitará una prótesis.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 22.00, en la zona de Saavedra y Benefactoras Sampedrinas. El muchacho iba en moto junto a un amigo cuando la policía los interceptó porque estaban en un operativo de urgencia en busca de delincuentes que habían robado un celular.

En ese marco, los revisaron y les solicitaron la documentación de la moto, de la que carecían porque el rodado es propiedad de la madre de uno de ellos. Cuando les solicitaron que abrieran el asiento para revisar el baúl, observaron que entre otros objetos había un arma que resultó ser de juguete y propiedad del hermanito del conductor.

Según consta en la denuncia penal, que tramitará en la Fiscalía de Hernán Granda y que obligará a un sumario en Asuntos Internos, el efectivo policial masculino, que estaba en el operativo junto a una compañera, le pegó una trompada en el rostro al ver el arma de juguete.

Luego, denunciaron, le pegaron una golpiza de espaldas, apoyado sobre el patrullero, le secuestraron la moto y los dejaron ir. A los pocos minutos, el joven golpeado fue trasladado por su familia a la Guardia del Hospital porque tenía lesiones importantes en el rostro.

Una vez asistido en el Servicio de Emergencias Médicas, quedó internado en observación hasta el domingo por la tarde y en estos días deberá viajar a San Nicolás para someterse a una intervención quirúrgica puesto que la fractura en la mandíbula obliga a que le coloquen una prótesis de maxilar.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás decidirán el lunes próximo, en juicio oral y público, qué responsabilidades penales tiene la expolicía Margarita Quintana, acusada de arrebatarle la bicicleta a una nena de 12 años porque pensó que era la que le habían robado a su hija.

El hecho ocurrió en 2017 en inmediaciones del Estadio Municipal, donde Quintana cubría servicios adicionales en un partido de fútbol. Desde entonces, la sargenta de la Policía Bonaerense está desafectada de servicio y enfrenta, por un lado, la causa penal caratulada “robo agravado”, que se resolverá este lunes, y por el otro el sumario en Asuntos Internos.

El 12 de noviembre de 2017, en el Estadio municipal, Banfield y Alsina disputaban un partido del torneo de la Alianza San Pedro Baradero organizado por la Liga Deportiva Sampedrina. Margarita Quintana, que se desempeñaba como policía en el destacamento de El Paraíso, en Ramallo, había ido a cumplir horas adicionales para cubrir la seguridad del evento deportivo.

Entre los hinchas del Taladro estaba la mamá de una nena de 12 años, que jugaba con una amiguita con discapacidad en su bicicleta Olmo rosa, que le habían regalado en la familia hacía varios años. Quintana vio la bicicleta, pensó que era la que le habían robado a su hija en esos días y se acercó.

La sargenta de la Bonaerense increpó a la niña y su amiguita. A pesar de la negativa de la nena, que insistía en que la bici era de ella y que se la habían regalado en su casa hacía tiempo, Quintana se enojó y le quitó la bicicleta. La policía estaba trabajando, es decir que estaba uniformada y con el arma visible en el costado de su cuerpo.

Quintana se llevó la bicicleta a la Comisaría. La madre de la nena fue al otro día, el lunes, con la documentación que acreditaba la propiedad del rodado, pero la bici ya no estaba.

Tras la denuncia, el fiscal Marcelo Manso solicitó al Juzgado un allanamiento, que Prefectura llevó adelante en la casa de la sargenta, ubicada en Magliotti, entre Rivadavia y Almafuerte. Allí encontraron la bicicleta Olmo rosa de la nena, que fue secuestrada y restituida a su propietaria.

Ahora, a casi tres años y medio después del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás encabezará el juicio en el que Margarita Quintana podría ser condenada a prisión por haberle arrebatado por la fuerza la bicicleta a una niña de 12 años que estaba acompañada por otra nena discapacitada en un evento deportivo público, uniformada y armada.

La actitud de Quintana ni siquiera sería justificada en el caso de que la bicicleta que pensó que era la de su hija efectivamente lo fuera: no tenía autoridad alguna para quitarle a una persona un elemento que consideraba robado sin seguir los pasos correspondientes que por su rol como policía debería conocer muy bien.