La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes, confirmó que el Municipio logró el embargo de una cuenta de la empresa Open Sports como consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en un expediente iniciado por una consumidora de San Pedro.

El reclamo se originó en julio de 2023, cuando una vecina compró un par de zapatillas por $ 33.999 para regalar. Antes de concretar la compra consultó si podrían cambiarse en caso de que el talle no fuera el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando regresó al local para realizar el cambio, le informaron que el calzado había sido usado y rechazaron el pedido.

Ante esa situación, la consumidora recurrió a la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para participar de una instancia conciliatoria, luego mediante una segunda intimación y, finalmente, durante el procedimiento sancionatorio. En ninguna de esas instancias presentó respuesta alguna.

Concluido el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la firma una multa de $ 10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al momento de la resolución, además de ordenar el pago de $ 400.000 en concepto de daño directo para la denunciante, monto que representaba el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició su ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. Ese proceso derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias de la firma, medida que se conoció en las últimas horas.

Durante la entrevista en el programa Sin Galera, Utreras Montes destacó que el caso constituye un ejemplo. Resaltó la importancia de sostener los reclamos hasta el final, que en definitiva es un consejo reiterado que se señala a todo cliente disconforme por una compra en comercios.

También remarcó que muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial.

La funcionaria recordó, además, que la resolución administrativa podía ser cuestionada únicamente mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción impuesta por el Juzgado de Faltas.

"so hacen los que no tienen ganas de mejorar el palacio. Rompen todo, es en la parte que da al frente de la Asesoría Letrada, no tienen cuidado, lo hacen de mala gana y se rompe todo", comentó quien envió la foto desde el interior del edificio municipal.

La llegada de Daniel Porta al gabinete de Cecilio Salazar tuvo, como primera reacción, la sorpresa que certifica que el Gobierno no se detiene en el incremento del número de designaciones políticas. 

En el caso del abogado y exintegrante del gabinete en la gestión de Pablo Guacone, el área pedía gritos por la presencia de un funcionario capaz de estar a la altura de responder las miles de cuestiones administrativas y los juicios pendientes que tiene el Estado local. 

Desde hace más de un año “vienen haciendo agua” por falta de asesoramiento adecuado y eso se traduce en más complicaciones. 

“¿Otro más para mantener?”, fue una de las primeras expresiones en las redes al conocerse la noticia.

Para darle trascendencia a su inserción en el equipo de Salazar, para Porta hay una Subsecretaría Legal y Técnica, un punto intermedio entre la Secretaría de Gobierno de Martín Baraybar —dependerá de él— y la Dirección de Asesoría Letrada, a cargo de Viviana Costa a quien no desplazaron para no generar otro conflicto.

Esto también significa que Baraybar tendrá que abarcar un poco más. Desde comienzo de año, la Secretaría de Gobierno absorbió el área de Seguridad y todo lo que depende de esta cartera: Coordinación Policial, Tránsito, Defensa Civil y Licencias de Conducir. 

También la Subsecretaría de Género, Mujeres y Diversidad, y todas las delegaciones y subdelegaciones de las localidades. 

Martín Baraybar en Gobierno, Roberto Borgo en Hacienda, Daniel Porta en la Subsecretaría Legal y Técnica, son nombres que se repiten de la era Pablo Guacone y de los que por entonces prefieriron apoyar a Fabio Giovanettoni, quien hoy también ocupa cargo en la gestión Salazar como director de Defensa Civil.

En cuanto al gabinete, nada más lejos de la realidad que se percibe en el país. Aquí el Estado se infla sin importar la flaqueza del erario. El staff salazarista supera los 50 funcionarios jerárquicos.

Para Daniel "Canito" Porta es un retorno a la función pública, aunque no solamente en San Pedro. También hizo una incursión en la Municipalidad de Neuquén hace pocos años, siempre en temas judiciales.

Aquí se lo recuerda por el acompañamiento a Pablo Guacone, aunque autocrítico de aquella gestión. En su momento lo expresó en la red X: “Culmina el peor gobierno municipal de la historia de San Pedro, y los funcionarios hacen ‘un balance positivo’. ¿Raro no? Hagámonos cargo”.

Luego, revistó como asesor letrado del sindicato de los médicos hospitalarios, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP). Desde allí es de donde surgieron los mayores señalamientos. Sienten que su repersentante los abandona a su suerte.

No fue la única designación, desde el 1 de octubre Adrián De Vito también tiene un ascenso como subsecretario pero en el área de Servicios Públicos.

El Gobierno de Cecilio Salazar decidió sumar a otro exintegrante de la era Guacone: Daniel "Canito" Porta asume en la Subsecretaría Legal y Técnica.

El abogado vuelve al cargo que tuvo durante su segunda participación en el gabinete del exintendente Pablo Guacone —primero fue director de Asesoría Letrada— para conducir el área de legales.

Porta fue el primer subsecretario de Legal y Técnica y Recursos Humanos, un cargo que se mantuvo en el organigrama y que ocupó durante los primeros mandatos de Salazar la concejala radical Paola Basso.

Al igual que Basso, Porta llega al gabinete de Cecilio tras ser asesor letrado del sindicato de los médicos, Cicop, con el que el Gobierno mantuvo un conflicto durante este año por el pago de una importante deuda relacionada con los aumentos otorgados por Provincia.

Daniel Porta conducirá el área de Legales, que depende de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar, y será superior de la directora Viviana Costa, que había ingresado al Gobierno como secretaria pero para el tercer mandato la desjerarquizaron.

La Dirección de Personal, a cargo de la empleada de carrera Sofía Fucci, depende ahora de la Jefatura de Gabinete de Alfredo Carrasco, por lo que todo indica que Porta no tendría injerencia allí.

El área de Legales tiene una serie de conflictos relevantes que atender, entre ellos el de las 84 viviendas, con un litigio con Arcor que tiene vigente una medida cautelar que el Gobierno no cumplió tal como estableció la jueza en lo Contencioso Administrativo, Isabel Fulgheri.

Además, hay litigios en el Contencioso que están paralizados, como el de Ashira por una deuda, el de la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales por la ordenanza de pirotecnia cero o el de la exconcesionaria del camping de Vuelta de Obligado.

También hay causas iniciadas por empresas nacionales y multinacionales que buscan evitar el pago del derecho de publicidad y propaganda por los carteles de su marca que están exhibidos en territorio sampedrino.

Tras la publicación de los honorarios regulados por la Justicia para todos los letrados que intervinieron en el litigio por la recuperación de los terrenos costeros de avenida España al 700, los exasesores letrados de la Municipalidad de San Pedro acreditaron por escrito su renuncia al cobro. 

Del mismo modo procedió la fiscala de Estado que tenía más de 13 millones adjudicados por mandato judicial.

A varios la aclaración les pareció “absurda”, pero como “lo que abunda no daña” ya están las notificaciones que informan que esas liquidaciones no corresponden. 

A la nota en la que el abogado Juan Benseny recordó su trabajo en ese expediente durante la gestión de Pablo Guacone le siguió el escrito que el actual Juez de Paz y exfuncionario municipal José Macchia remitió al juzgado.

La misma acción deben acreditar la abogada y concejala Paola Basso por 4.365.900 pesos y el exdirector de Asesoría Letrada Ricardo Uguet, a quien le fijaron 881.915 en concepto de 42,12 jus.

“Señor juez: Dr. José Ignacio Macchia por derecho propio con demás datos denunciados en esta causa, en actos caratulados: “CALOGNE RAÚL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO Y OTROS/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, en trámite bajo el n°102.484, antes V.S. respetuosamente digo: 1- Que habiendo recibido cédula de notificación a mi domicilio electrónico del Poder Judicial y advertido el alcance de la resolución puesta en conocimiento, vengo a señalar que corresponde dejar sin efecto la regulación al suscripto habida cuenta que no corresponde percibir honorarios, debiendo estarse al texto del art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, Dto ley N°6.769/58, lo que así Señor Magistrado solicito sea resuelto”, dice textualmente la comunicación al juzgado”.

Es la funcionaria más joven del gabinete de Cecilio Salazar y reemplaza a Ricardo Uguet en el seguimiento de expedientes judiciales, demandas al municipio, sumarios administrativos y resolución de estrategias para la gestión. Su familia estuvo en primera fila.

“Está mi mamá, mi marido, mi hijo. En primer lugar, agradecer a Cecilio por la confianza. Que haya confiado en mí me puso muy, muy feliz. En segundo lugar a mi familia, que me acompaña siempre. Y a mis compañeros, mi equipo de trabajo fundamental, que las adoro”, dijo en su discurso.